EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO

LEY 22.385

Empresa Flota Fluvial del Estado Argentino. Dispónese la privatización total, de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 22.177.

Buenos Aires, 28 de enero de 1981.

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 5° del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional,
 

Artículo 1°. - Dispónese la privatización total de la Empresa Flota Fluvial del Estado Argentino, de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 22.177 y las contenidas en la presente.

Artículo 2°. - La venta de los bienes de la Empresa Flota Fluvial del Estado Argentino se condicionará de modo de mantener sin interrupción los siguientes servicios que actualmente presta dicha empresa, según el detalle que establezca el decreto reglamentario:

a) Transporte de pasajeros, vehículos y cargas entre Buenos Aires y Colonia (República Oriental del Uruguay);

b) Cruces de balsas hasta tanto se completen los cruces terrestres en las mismas zonas;

c) Remolque de maniobra;

d) Carga general, de combustibles y graneles por empuje (excepto arena y piedra) en la Cuenca del Plata.

Dicha venta implicará, para los bienes afectados a los servicios señalados en a), b) y c), el otorgamiento del pertinente permiso de explotación.

Artículo 3°. - Los servicios indicados en los incisos a) y b) del artículo anterior, se declaran "Servicio Público" y se regirán por las disposiciones de la Ley 21.892.

Artículo 4°. - Los buques y artefactos navales que se vendan con destino al mantenimiento de los servicios a que se refieren los incisos a), c) y d) del Artículo 2° sólo podrán ser adquiridos por aquellas personas que hayan iniciado el trámite de inscripción al momento de la apertura de las ofertas y estén inscriptas al momento de la adjudicación en el Registro de Armadores Nacionales de la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos.

Artículo 5°. - Los buques y artefactos navales que se vendan sin cese de bandera en cumplimiento de las disposiciones de la presente ley no podrán ser eliminados de la matrícula de la Marina Mercante Nacional, salvo para su desguace o por resolución fundada de la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos.

Artículo 6°. - Los acuerdos de tráficos o fletes y asociaciones de cualquier naturaleza referidos a los bienes y servicios que se privaticen, realizados por los titulares de los mismos con personas públicas o privadas extranjeras, deberán ser previamente autorizados por la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos.

Artículo 7°. - La Secretaría de Estado de Intereses Marítimos y la Prefectura Naval Argentina, ante la sola notificación del funcionario a cargo de la privatización, autorizarán el desguace, cancelarán la matrícula y darán de baja del elenco de la Marina Mercante a los buques y artefactos navales endidos bajo condición de desguace. A los efectos anteriormente indicados se prescindirá de los certificados de la Administración General de Puertos, de la Administración Nacional de Aduanas y del permiso previo de la Dirección Nacional de Recaudación Previsional.

Artículo 8°. - En caso de fracaso del proceso de venta de los bienes afectados a los servicios señalados en el Artículo 2° de la presente ley, según los modos previstos en el Artículo 12 de la Ley N° 22.177, no será de aplicación el procedimiento de liquidación administrativa.

En tal caso el Ministerio de Economía propondrá al Poder Ejecutivo Nacional las medidas a adoptar para asegurar la continuidad de dichos servicios.

En ningún caso la venta o la transferencia podrá realizarse en favor de empresas del Estado Nacional o Provincial, empresas con participación mayoritaria estatal, sociedades del Estado o sociedades de economía mixta. Se exceptúan de esa prohibición, los bienes que se enajenan con destino a satisfacer el servicio de cruces de balsas.

Artículo 9°. - El funcionario encargado de la privatización queda autorizado para vender los muebles no registrables que sean declarados fuera de uso, sin necesidad de tasación previa. Asimismo podrá donar esos bienes a instituciones educativas oficiales.

Artículo 10. - Al personal que reúne los requisitos exigidos para obtener el porcentaje máximo del haber de jubilación ordinaria, le será aplicable el art. 252 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20.744 y modificado por las Leyes 21.297 y 21.659.

En el supuesto de que las medidas de privatización no permitan la prosecución de la relación laboral durante el lapso determinado en el citado artículo, los agentes continuarán percibiendo la totalidad de los haberes como si estuvieran en actividad hasta un lapso máximo de Doce (12) meses contados a partir de la intimación para obtener su jubilación que les efectúe la empresa, permaneciendo durante dicho período en situación de separados del servicio.

Artículo 11. - El personal terrestre que cuente como mínimo con Cincuenta y siete (57) años de edad los varones y Cincuenta y dos (52) años las mujeres, y Veintisiete (27) años de servicios computables, de los cuales Diez (10) por lo menos deben haber sido prestados en la empresa, podrán optar por cobrar las indemnizaciones previstas en el artículo 18 de la Ley 22.177 o percibir una asignación hasta que alcance el derecho a obtener la jubilación ordinaria o por invalidez en las condiciones determinadas por la Ley N° 18.037 (t.o. 1976) y por los plazos máximos que se determinan en el artículo siguiente.

Artículo 12. - La asignación establecida en el artículo anterior consistirá en el pago de una suma equivalente al Cien por ciento (100%) del total de la remuneración regular normal y permanente de su última categoría de revista durante los primeros Doce (12) meses,el Setenta y cinco por ciento (75%)los siguientes Doce (12) meses y el Cincuenta por ciento (50%) los últimos Doce (12) meses. Esta asignación se actualizará de acuerdo con las pautas salariales que fije el Poder Ejecutivo Nacional para el personal de la Administración Pública Nacional, sin incluir el concepto de jerarquización.

Artículo 13. - El haber mensual de las jubilaciones ordinaria y por invalidez del personal que hubiere optado por percibir la asignación, se determinará sobre la base del promedio de las remuneraciones actualizadas percibidas durante los tres (3) años calendarios más favorables, continuos o discontinuos, comprendidos en el período de Cinco (5) años, también calendarios inmediatamente anteriores al año en que tenga derecho a la jubilación ordinario o por invalidez de acuerdo con la Ley número 18.037 (t.o 1976).

Artículo 14. - El tiempo que transcurra hasta que el personal al que se refiere el artículo anterior alcance el derecho a la jubilación ordinaria o por invalidez será considerado como de prestación de servicios con aportes a los efectos jubilatorios.

Artículo 15. - A solicitud y previo informe fundado del Ministerio de Economía, Secretaría de Estado de Intereses Marítimos, el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado para declarar de interés nacional a los efectos previstos en el Artículo 13 de la Ley N° 20.447, y Artículo 9° del Decreto N° 4.780 de fecha 22 de mayo de 1973, a aquellos servicios de transporte por agua que se privaticen de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.

Artículo 16. - Sin perjuicio de la facultad acordada al Poder Ejecutivo Nacional por el artículo anterior, el servicio a que se refiere el inciso d) del artículo 2° se declara de interés nacional en los términos del artículo 13 de la Ley N° 20.447 y su decreto reglamentario.

Artículo 17. - A los fines de la transferencia de dominio de los bienes, tiénese por cumplida, legal y formalmente la transferencia de dominio de los inmuebles, buques y artefactos navales, afectados al servicio de la Empresa Flota Fluvial del Estado Argentino, a su favor del Estado Argentino, considerándose instrumento suficiente a las leyes, decretos, resoluciones y ordenanzas que hayan sido dictadas en su oportunidad. A los fines de su escrituración no serán necesarios los certificados de la Administración General de Puertos, de la Administración Nacional de Aduanas, ni el permiso previo de la Dirección Nacional de Recaudación Previsional.

El funcionario encargado de la privatización suscribirá las escrituras públicas correspondientes para perfeccionar las transferencias de dominio necesarias con el fin de poner en condiciones los bienes objetos de la privatización o para ejecutar éstas.

Los escribanos intervinientes dejarán constancia marginal en los títulos originales, de la traslación de dominio efectuada a favor del Estado Nacional.

Artículo 18. - La presente Ley es de orden público y regirá desde la fecha de su sanción.

Artículo 19. - Derógase la Ley número 17.097.

Artículo 20. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.