MINISTERIO DE SEGURIDAD

Resolución Nº 1181/2011

Bs. As., 24/11/2011

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que a partir de la reforma constitucional de 1994, diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos adquirieron jerarquía constitucional, conforme el Artículo 75 inciso 22 de la CONSTITUCION NACIONAL, y en ellos se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Como así también, consagran el derecho a la igualdad ante la ley, a la integridad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la protección de la honra y la dignidad.

Que la CONSTITUCION NACIONAL expresa en su Artículo 19 que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.

Que a partir de un modelo de identidad sexo-genérica basado en el binomio mujer-varón nuestra sociedad históricamente legitimó una única concepción del género y la sexualidad, generando diversas formas de discriminación y exclusión que conforman situaciones de violencia y agresión hacia las personas que en el desarrollo de su personalidad conforman una identidad que no coincide con el sexo morfológico con el que fueron inscriptas al nacer.

Que la identidad de género se refiere a cómo cada persona transita interna e individualmente el género, lo cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones.

Que la identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad.

Que los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género establecen que los Estados “asegurarán que la detención evite una mayor marginación de las personas en base a su orientación sexual o identidad de género o las exponga al riesgo de sufrir violencia, malos tratos o abusos físicos, mentales o sexuales” (cfr. Principio Nº 9, Principios de Yogyakarta del 26 de marzo de 2007, ratificados por la Comisión Internacional de Juristas).

Que el Plan Nacional contra la Discriminación aprobado mediante el Decreto Nº 1086/05, da cuenta de que cuando no se toman medidas desde el Estado para clarificar las creencias y valoraciones negativas homofóbicas, se produce la exclusión y marginación de estos grupos, vulnerando sus garantías legales, civiles y políticas, con el agravante de que no se previenen situaciones potenciales de violencia y agresión.

Que existen numerosos avances normativos en el ámbito municipal, provincial, nacional e internacional que indican que el respeto de la identidad de género requiere la adopción de medidas específicas por parte del Estado.

Que, asimismo, el poder legislativo cuenta con una serie de proyectos de Ley de Identidad de Género que se llevaron a cabo con la participación e iniciativa de organizaciones de Travestis, Transexuales, Transgénero, Lesbianas, Gays y Bisexuales. (Expedientes: 8126-D-2010, 7644-D-2010, 1879-D-2011 y 7243-D-2010).

Que un modo de garantizar el derecho a la identidad de las personas trans, es que las mismas sean nombradas y registradas respetando el derecho a la propia identidad y la expresión de género, fomentando el uso del nombre adoptado, es decir, el nombre que han elegido para sí, sin la necesidad de realizar diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni de intervenciones quirúrgicas compulsivas, como se expresa en el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E “V., M.R s/INFORMACION SUMARIA” 30/06/08: “(…) nadie puede ser objeto de injerencia arbitrarias o abusivas en su vida privada (art. 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Más cuando no se advierte que la injerencia estatal se encuentre justificada por la protección a algún interés relevante de orden público o que la modificación de la partida de nacimiento cause un daño a los derechos de terceros, en tanto existen justos motivos para la alteración del nombre asignado al nacimiento (art. 15 de la ley 18.248)”.

Que disponer medidas con el fin de prevenir y combatir situaciones de discriminación dentro de las FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD y en su vínculo con la sociedad en general, no solamente garantiza un mejor tránsito para quienes las conforman, sino que también es el camino para asegurar a los/las integrantes el respeto a la diversidad sexual y afirmar su obligación como funcionarios/as públicos el respeto hacia la comunidad en general, fortaleciendo el papel inclusivo que dichas instituciones poseen como articuladoras entre el Estado y la Sociedad Civil.

Que, en atención a ello, resulta imperioso establecer un procedimiento para la administración interna de las FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD, para que tanto el personal que las integra como el público en general, pueda solicitar la utilización del nombre de pila con el cual se identifica, respetando la identidad de género adoptada o autopercibida.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la MINISTRA DE SEGURIDAD es competente para el dictado de la presente resolución, conforme lo dispuesto por los artículos 22 bis y 4º de la Ley de Ministerios (T.O. 1992) y sus modificaciones.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD

RESUELVE:

ARTICULO 1º — Será obligación del personal de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, la GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA, la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA referirse tanto a las personas que integran la Institución como a las ajenas a ella según el género y nombre de pila adoptado e informado de acuerdo a las directivas establecidas en los Anexos I y II de la presente Resolución. El uso del género y nombre de pila informados serán adoptados para el trato personal, incluyendo, el ámbito de aplicación de esta directiva, a los respectivos Institutos de Formación.

ARTICULO 2º — Instrúyese al Señor Jefe de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, al Señor DIRECTOR NACIONAL de la GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA, al Señor PREFECTO NACIONAL NAVAL de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y al Señor DIRECTOR NACIONAL de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA a arbitrar los medios para que se realice la adecuación en el trato del personal que lo solicite con el propósito de que concuerde con su identidad de género adoptada o autopercibida. La adecuación solicitada y concedida se consignará en los legajos y en todo registro de la Fuerza, de conformidad con las directivas contenidas en el Anexo I.

ARTICULO 3º — Instrúyese al Señor Jefe de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, al Señor DIRECTOR NACIONAL de la GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA, al Señor PREFECTO NACIONAL NAVAL de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y al Señor DIRECTOR NACIONAL de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA para que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar el respeto de la identidad de género adoptada o autopercibida de las personas que sean registradas, asistidas o detenidas por las instituciones mencionadas, de acuerdo a las directivas establecidas en el Anexo II.

ARTICULO 4º — La adecuación del trato al género y cambio de nombre acordada no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la adecuación.

ARTICULO 5º — Instrúyese al Señor Jefe de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, al Señor DIRECTOR NACIONAL de la GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA, al Señor PREFECTO NACIONAL NAVAL de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y al Señor DIRECTOR NACIONAL de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA para que adopten en los Institutos de Formación correspondientes a cada Fuerza, las capacitaciones en materia de identidad de género de acuerdo a los lineamientos que la DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS de este MINISTERIO DE SEGURIDAD oportunamente dicte.

ARTICULO 6º — Instrúyese al Señor Jefe de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, al Señor DIRECTOR NACIONAL de la GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA, al Señor PREFECTO NACIONAL NAVAL de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y al Señor DIRECTOR NACIONAL de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA para que en un plazo máximo de 30 (treinta) días informen al MINISTERIO DE SEGURIDAD las medidas adoptadas para la implementación de la presente Resolución.

ARTICULO 7º — Comuníquese publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. — Dra. NILDA GARRE, Ministra de Seguridad.


Directivas para la adecuación de trato del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad:

1. TRAMITACIÓN. A fin de garantizar la adecuación de trato a la identidad de género autopercibida y al nombre de pila adoptado, el personal deberá tramitar la actualización de toda la documentación personal que obre en el ámbito de las fuerzas, a través del Centro Integral de Género de la fuerza que integre.

El personal deberá expresar en su presentación:

a. el género y el nombre de pila con el que desea que se rectifique el trato que le dispensará la Fuerza.

b. si solicita que se le tome una nueva fotografía, para incorporar a los legajos y registros que lleva la Fuerza.

c. si solicita un cambio de área o destino con posterioridad a la adecuación.

d. si prefiere que el Centro Integral de Género arbitre los medios para dar a conocer la adecuación en su lugar de trabajo.

En ningún caso se exigirá cirugía de reasignación sexual, tratamiento hormonal ni psicológico para realizar la adecuación.

El Centro Integral de Género tendrá a su cargo el desarrollo de instancias de sensibilización en el espacio laboral en el que se desempeñe el personal que haya requerido la adecuación de trato.

2. RESPETO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO. Utilización del nombre y género adoptados. El personal de las fuerzas deberá dirigirse a quien haya tramitado la adecuación, utilizando el género y nombre de pila adoptados, tanto en el trato personal, así como para cualquier tipo de trámite, comunicación y publicación al interior de las Fuerzas Policiales y de Seguridad.

Este trato debe garantizarse tanto en las comunicaciones orales como escritas, independientemente de si se ha realizado o no, el cambio de nombre y sexo registral en el Documento Nacional de Identidad (DNI). En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9° de la Ley N° 26.743, en ningún caso se dará publicidad a la rectificación registral de sexo y cambio de nombre de pila, salvo autorización de quien detente la titularidad de los datos.

3. TRATO DIGNO. En aquellos casos en que la persona no haya modificado su documentación y la naturaleza de la gestión haga necesario registrar aquellos datos, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento antecedido, por el nombre de pila elegido por razones de identidad de género. En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público, deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada.

4. VESTIMENTA Y UNIFORME. El personal utilizará la vestimenta y el uniforme adecuados a su identidad de género.

5. UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DIFERENCIADAS. Se garantizará al personal la utilización de las instalaciones diferenciadas por género, que se correspondan con su identidad de género.

6. PASES. El personal podrá solicitar el otorgamiento de un cambio de destino o asignación de tareas por motivos relacionados a su identidad de género u orientación sexual. En ningún caso se realizará de manera compulsiva afectando su carrera o cualquier otra circunstancia que agrave su situación de servicio.

7. CENTROS INTEGRALES DE GÉNERO. El Centro Integral de Género de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad tendrá a cargo la recepción, orientación y análisis de las consultas del personal, vinculadas al ejercicio de sus derechos o relacionadas con situaciones de violencia en razón de su identidad de género, su expresión y/u orientación sexual. Los Centros Integrales de Género contarán con una guía de recursos de derivación. Deberán, asimismo, brindar asesoramiento y organizar charlas, jornadas y talleres, en articulación con la Subsecretaría de Derechos, Bienestar y Género del MINISTERIO DE SEGURUDAD, quien a su vez articulará con las organizaciones de la sociedad civil, a fin de capacitar al personal acerca de cuestiones de género y diversidad, con el objetivo de consolidar espacios libres de violencia y discriminación basada en la identidad de género y/u orientación sexual.