Disposiciones penales y normas procesales.

Sancionada: Agosto 9 de 1984.

Promulgada: Agosto 22 de 1984.

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC.,

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

TITULO I

ARTICULO 1º – Deróganse los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 10, 11 y 12 de la Ley Nº 20.840, y las leyes de facto números 21.259, 21.264, 21.267, 21.268, 21.272, 21.322, 21.325, 21.449; los artículos 1º, 2º, 3º y 7º de la Ley Nº 21.459; 21.460, 21.461, 21.463, 21.634, 21.886, 22.928 y 21.338, con excepción de las disposiciones a que se refiere el artículo 2º de la presente en cuanto a esta última ley. Las normas que hubieren sido derogadas, reemplazadas y modificadas por ellas recuperan su vigencia.

ARTICULO 2º – Continúan en vigencia los artículos 19, 20 bis, 21 ter, 22 bis, 55, 56, 67, 80, 84, 94, 106, 127 ter –el que quedará incorporado como 127 bis–, 178, 300 y 301 del Código Penal agregados y modificados por la Ley de facto 21.338.

ARTICULO 3º – Sustitúyese el Artículo 62 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 62. – La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:

1. A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua;

2. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años;

3. A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua;

4. Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal;

5. A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa.

ARTICULO 4º – Sustitúyese el Artículo 65 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 65. – Las penas se prescriben en los términos siguientes:

1º –La de reclusión perpetua, a los veinte años;

2º –La prisión perpetua, a los veinte años;

3º – La de reclusión o prisión temporal, en un tiempo igual al de la condena.

4º – La de multa, a los dos años.

ARTICULO 5º – Modifícase el acápite del capítulo I del título X del libro II del Código Penal, reemplazando la expresión rebelión por la de atentados al orden constitucional y a la vida democrática.

ARTICULO 6º – Modifícase el artículo 226 del Código Penal, conforme al siguiente texto:

Artículo 226. – Serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del Gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales.

Si el hecho descrito en el párrafo anterior fuese perpetrado con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático de Gobierno, suprimir la organización federal, eliminar la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de la persona humana o suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente, la independencia económica de la Nación, la pena será de ocho a veinticinco años de prisión.

Cuando el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieren estado, empleo o asimilación militar, el mínimo de las penas se incrementará en un tercio.

ARTICULO 7º – Agrégase al Código Penal como Artículo 226 bis, el siguiente:

Artículo 226 bis. – El que amenazare pública e idóneamente con la comisión de alguna de las conductas previstas en el Artículo 226, será reprimido con prisión de uno a cuatro años.

ARTICULO 8º – Agrégase al Código Penal como artículo 227 bis, el siguiente:

Artículo 227 bis. – Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, con la disminución del Artículo 46, los miembros de alguno de los tres poderes del Estado nacional o las provincias que consintieran la consumación de los hechos descritos en el artículo 226, continuando en sus funciones o asumiéndolas luego de modificada por la fuerza la Constitución o depuesto alguno de los poderes públicos, o haciendo cumplir las medidas dispuestas por quienes usurpen tales poderes.

Se aplicará de uno a ocho años de prisión o reclusión e inhabilitación absoluta por el doble de la condena, a quienes, en los casos previstos, en el párrafo anterior, aceptaren colaborar continuando en funciones o asumiéndolas, con las autoridades de facto, en algunos de los siguientes cargos; ministros, secretarios de estado, subsecretarios, directores generales o nacionales o de jerarquía equivalente en el orden nacional, provincial o municipal, presidente, vicepresidente, vocales o miembros de directores de organismos, descentralizados o autárquicos o de bancos oficiales o de empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades de economía mixta, o de sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, o de entes públicos equivalentes a los enumerados en el orden nacional, provincial o municipal, embajadores, rectores o decanos de universidades nacionales o provinciales, miembros de las fuerzas armadas o de policía o de organismos de seguridad en grado de jefes o equivalentes, intendentes municipales, o miembros del ministerio público fiscal de cualquier jerarquía o fuero, personal jerárquico del Parlamento Nacional y de las legislaturas provinciales.

Si las autoridades de facto crearen diferentes jerarquías administrativas o cambiaren las denominaciones de las funciones señaladas en el párrafo anterior, la pena se aplicará a quienes las desempeñen, atendiendo a la análoga naturaleza y contenido de los cargos con relación a los actuales.

ARTICULO 9º – Intercálase como tercer párrafo al Artículo 67 del Código Penal lo siguiente:

El curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos previstos en los artículos 226 y 227 bis se suspenderá hasta el restablecimiento del orden constitucional.

ARTICULO 10. – Agrégase como Artículo 227 ter. del Código Penal, el siguiente:

Artículo 227 ter. – El máximo de la pena establecida para cualquier delito será aumentado en un medio, cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional.

Esta disposición no será aplicable cuando las circunstancias mencionadas en ella se encuentren contempladas como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate.

ARTICULO 11. – Incorpórase como Artículo 210 bis del Código Penal, el siguiente:

Artículo 210 bis. – Se impondrá reclusión o prisión de cinco a veinte años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna por lo menos dos de las siguientes características:

a) Estar integrada por diez o más individuos.

b) Poseer una organización militar o de tipo militar.

c) Tener estructura celular.

d) Disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo.

e) Operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país.

f) Estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad.

g) Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior.

h) Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos.

ARTICULO 12. – Modifícanse las penas de multa del Código Penal y de las leyes que se indican, en la siguiente forma:

1. Fíjase en pesos argentinos setecientos cincuenta como mínimo y en pesos argentinos treinta mil como máximo el monto de las penas de multa establecidas por los artículos 94, 99, inciso 1º, 103, 155, 159, 175, 203, 281 y 284 del Código Penal.

2. Fíjase en pesos argentinos cuatrocientos cincuenta como mínimo y en pesos argentinos veinticinco mil como máximo el monto de las penas de multa establecidas por los artículos 108, 129, 136, 204, 245, 247, 249, 252, 253, 254, 255, 286, 290 del Código Penal.

3. Fíjase en pesos argentinos cuatrocientos como mínimo y en pesos argentinos quince mil como máximo el monto de la pena de multa establecida por el artículo 242 del Código Penal.

4. Fíjase en pesos argentinos cuatro mil quinientos como mínimo y en pesos argentinos cuarenta y cinco mil como máximo el monto de la pena de multa establecida por el primer párrafo del Artículo175 bis del Código Penal; y en pesos argentinos veintidós mil quinientos como mínimo y en pesos argentinos ciento treinta y cinco mil como máximo el monto de la pena de multa establecida por el tercer párrafo del citado artículo.

5. Fíjase en pesos argentinos dos mil como mínimo y en pesos argentinos cincuenta mil como máximo el monto de las penas de multa establecidas por los artículos 270 y 271 del Código Penal.

6. Fíjase en pesos argentinos cuatro mil quinientos como mínimo y en pesos argentinos cien mil como máximo el monto de la pena de multa establecida por el artículo 269 del Código Penal.

7. Fíjase en pesos argentinos mil como mínimo y en pesos argentinos cien mil como máximo el monto de las penas de multa establecidas por los artículos 110 y 156 del Código Penal.

8. Fíjase en pesos argentinos cuarenta mil el monto máximo de la pena de multa establecida por el artículo 22 bis del Código Penal.

9. Fíjase en pesos argentinos treinta como mínimo y en pesos argentinos doscientos como máximo el monto que en concepto de multa establece el artículo 24 del Código Penal.

10. Fíjase en pesos argentinos setecientos cincuenta como mínimo y en pesos argentinos cuarenta mil como máximo el monto de la pena de multa establecida por la disposición incorporada al capítulo V del título XII, del Código Penal, por el decreto ley 6601/63.

11. Fijase en pesos argentinos trescientos como mínimo y en pesos argentinos cuarenta mil como máximo el monto de la pena de multa establecida por el artículo 1º de la Ley Nº 13.944.

12. Fíjase en pesos argentinos seiscientos como mínimo y en pesos argentinos ciento veinte mil como máximo el monto de las penas de multa establecidas por los artículos 2º y 4º de la Ley Nº 20.771.

13. Fíjase en pesos argentinos tres mil como mínimo y en pesos argentinos seiscientos mil como máximo el monto de la pena de multa establecida por el artículo 3º de la Ley Nº 20.771.

14. Fíjase en pesos argentinos seiscientos como mínimo y en pesos argentinos sesenta mil como máximo el monto de la pena de multa establecida por el artículo 5º de la Ley Nº 20.771.

15. Fíjase en pesos argentinos sesenta como mínimo y en pesos argentinos tres mil como máximo el monto de la pena de multa establecida por el artículo 6º de la Ley Nº 20.771.

16. Fíjase en pesos argentinos trescientos como mínimo y en pesos argentinos seis mil como máximo el monto de la pena de multa establecida por el artículo 7º de la Ley Nº 20.771.

17. Fíjase en pesos argentinos ochocientos como mínimo y en pesos argentinos cuarenta mil como máximo el monto de las penas de multa establecidas por los artículos 73 y 74 de la Ley Nº 11.723.

18. Fíjase en pesos argentinos cuatrocientos cincuenta como mínimo y en pesos argentinos nueve mil como máximo el monto de la pena de multa establecida por el artículo 4º del decreto ley 6618/57.

19. Fíjase, respecto del artículo 5º del decreto Ley Nº 6618/57, las siguientes multas en pesos argentinos: primer párrafo: treinta mil; segundo y tercer párrafos: cincuenta mil.

20. Fíjase en pesos argentinos setecientos cincuenta como mínimo y en pesos argentinos quince mil como máximo el monto de la pena de multa establecida por el artículo 7º del decreto ley 6618/57.

21. Fíjase en pesos argentinos cuatrocientos cincuenta el monto de la pena de multa establecida por el artículo 18 de la Ley Nº 10.903.

22. Fíjase, respecto de la Ley Nº 9643, los siguientes montos en pesos argentinos: artículo 34: cuatro mil quinientos; artículo 35: cuarenta y cinco mil, doscientos veinticinco mil y veintidós mil quinientos, respectivamente.

ARTICULO 13. – Sustitúyese el Artículo 219 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 219. – Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que por actos materiales hostiles no aprobados por el Gobierno nacional, diere motivos al peligro de una declaración de guerra contra la Nación, expusiere a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes o alterare las relaciones amistosas del Gobierno argentino con un gobierno extranjero.

Si de dichos actos resultaren hostilidades o la guerra, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión.

ARTICULO 14. – Sustitúyese el Artículo 5º de la ley de facto 21.265 por el siguiente:

Serán penados con prisión de seis meses a dos años los responsables de las empresas y los particulares que infrinjan lo dispuesto en los artículos 1º y 4º in fine.

TITULO II

COMPETENCIA

ARTICULO 15. – Juzgarán en instancia única los delitos previstos en el artículo 210 bis y en el título X del libro II, del Código Penal, las Cámaras Federales de Apelaciones con competencia en el lugar del hecho.

El juicio se llevará a cabo, conforme el artículo 102 de la Constitución Nacional, en aquella provincia o territorio donde el hecho punible se hubiera cometido, para lo cual el Tribunal se constituirá en el lugar que aparezca como más conveniente para la eficacia del juicio y de la defensa.

ARTICULO 16. – La instrucción estará a cargo de los jueces federales de sección con competencia en el lugar donde se haya cometido el hecho imputado o, en su caso, de los jueces de primera instancia en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

ARTICULO 17. – Ninguna cuestión de competencia interrumpirá el curso de la instrucción. Cuando el juez interviniente, de oficio o por declinatoria, entienda que no es competente, continuará la instrucción y planteará la cuestión al juez que considere competente, proporcionándole toda la información necesaria para que pueda decidir al respecto.

El juez que previno y se declaró incompetente remitirá los autos cuando el juez requerido acepte su propia competencia o, si se plantea la cuestión, cuando el Tribunal Superior la resuelva definitivamente.

ARTICULO 18. – De ordinario, actuará como representante del ministerio público.

a) Durante la instrucción, el agente o procurador fiscal federal de primera instancia con competencia ante el juez federal de sección o juez federal en lo criminal y correccional que la dirija.

b) Durante el juicio y la etapa preparatoria de éste, el fiscal de la Cámara Federal que entienda en él, quien a su vez podrá delegar su función en el agente fiscal que haya intervenido durante la instrucción, o en otro integrante del ministerio público.

ARTICULO 19 – En el procedimiento que regula la presente ley, el particular ofendido por el delito no podrá ejercer la acción civil ni la facultad conferida por el artículo 170 del Código de Procedimiento en Materia Penal.

LA INSTRUCCION

ARTICULO 20. – La autoridad que prevenga deberá poner de inmediato el hecho en conocimiento del juez federal al que corresponda intervenir, para que éste disponga la iniciación del sumario.

ARTICULO 21. – Las diligencias sumariales deberán quedar finalizadas en un plazo de veinte (20) días corridos, contados desde la fecha de iniciación.

Este plazo puede ser prorrogado fundamentalmente sólo cuando el número de imputados, la complejidad de la causa o la dificultad en obtener la prueba así lo requieran.

La primera prórroga puede ser dispuesta por el magistrado instructor, las ulteriores por la Cámara interviniente.

ARTICULO 22. – Sólo se harán constar en el sumario los resultados fundamentales de los medios de prueba recibidos, incluso en una sola acta que contenga la realización de varios medios de prueba o de varias declaraciones de órganos de prueba, o en varias actas, según las necesidades propias de la investigación.

ARTICULO 23. – Las actas que se labren deberán contener: la fecha; el nombre y apellido de las personas que intervengan; la síntesis de las declaraciones recibidas; la firma del juez, testigos o peritos y la constancia del juramento de estos dos últimos.

ARTICULO 24. – La declaración del imputado será recibida por el juez conforme a las reglas del Código de Procedimientos en Materia Penal.

ARTICULO 25. – Las decisiones sobre excarcelación, eximición de prisión, prisión preventiva y libertad por falta de mérito, serán apelables sin que el trámite suspenda la sustanciación del sumario.

El recurso deberá deducirse fundadamente dentro del tercer día de dictado el auto; el incidente será elevado dentro de las veinticuatro (24) horas a la Cámara que resolverá dentro de los tres (3) días de recibido.

ARTICULO 26. – Salvo lo previsto en los artículos anteriores, resultarán de aplicación supletoria durante la instrucción las disposiciones del Código de Procedimientos en Materia Penal.

PROCEDIMIENTO INTERMEDIO

ARTICULO 27. – Concluidas las diligencias del sumario, el juez a cargo de la instrucción remitirá las actuaciones al fiscal de la Cámara que resulte competente para que se expida sobre su mérito.

ARTICULO 28. – Dentro del plazo de cinco (5) días, el fiscal deberá decidir si solicita la clausura de la persecución penal, si practica diligencias complementarias o si requiere la apertura del juicio.

ARTICULO 29. – Si estima que no existe mérito para acusar y que corresponde pedir el sobreseimiento, así lo hará en petición fundada.

ARTICULO 30. – Si el juez estuviese de acuerdo con el sobreseimiento requerido por el fiscal lo decretará en la forma que corresponda. En caso contrario pasará la causa al procurador general de la Nación cuyo dictamen será obligatorio.

ARTICULO 31. – En caso de pronunciarse por la prosecución de la causa, el Procurador General dará las instrucciones que considere necesarias así como los fundamentos de la acusación y podrá designar el representante del Ministerio Público que la sostendrá.

ARTICULO 32. – Si el fiscal de Cámara estimare que las diligencias practicadas, por el juez no agotan la investigación, practicará la información sumaria complementaria que considere pertinente, obrando como sus auxiliares los funcionarios de policía, en la forma prevista para la instrucción judicial. Sin embargo, deberá solicitar al juez la realización de los actos que importen intervención en las libertades personales del imputado o de terceros (ampliación de la indagatoria, inspección personal o domiciliaria –allanamiento de domicilio–, secuestro, interceptación y apertura de correspondencia) o que, por su naturaleza, no puedan ser reproducidos en el debate. Esta autorización no será necesaria cuando medien las circunstancias en cuya presencia el Código de Procedimientos en Materia Penal vigente autoriza la coerción directa de las autoridades policiales.

ARTICULO 33. – La realización de esa información sumaria podrá ser delegada en el fiscal de primera instancia que haya intervenido durante la instrucción a quien el fiscal de Cámara dará directivas precisas.

ARTICULO 34. – Una vez cumplida la información sumaria, el fiscal de Cámara dispondrá de un plazo igual al señalado más arriba para decidir si requiere el sobreseimiento o formula acusación.

ARTICULO 35. – El requerimiento de la elevación a juicio (acusación) deberá contener:

a) Determinación de la persona del acusador bastando con su firma y sello aclaratorio.

b) Individualización de la persona del acusado o acusados con mención expresa de todos los datos de identidad e identificación obrantes en autos.

c) Clara descripción del hecho punible con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que surjan de la investigación practicada y con especificidad cuando se tratare de acusación de contenido objetivo complejo.

d) Calificación legal del hecho punible con mención de las normas penales aplicables, incluso las referentes a concurso, grado delictivo o participación, agravación o atenuación de la responsabilidad penal, etcétera.

e) La mención del Tribunal competente para el juicio con cita de las normas legales que fundamenten la misma.

f) Las motivaciones que fundamenten la actividad persecutoria en todas sus conclusiones.

g) Expresión de la pretensión punitiva no siendo necesario pedido de pena concreta o que se fije un quantum.

JUICIO

ARTICULO 36. – Recibido el proceso por la Cámara y verificado el cumplimiento, según corresponda, de la corrección formal de la acusación, el Presidente citará al Fiscal, al imputado y su defensor para que, en el término común de diez días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, documentos o cosas secuestradas, ofrezcan pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes.

Si la instrucción se hubiera cumplido en un juzgado con asiento distinto al del Tribunal, el término se extenderá a quince días.

ARTICULO 37. – Nulidad – Si no se hubieran observado las formas, necesarias para la validez de la acusación, la Cámara declarará de oficio la nulidad de los actos respectivos y devolverá el expediente, según proceda, al juez de instrucción o al ministerio público, salvo que pueda reproducirlos ella misma o pueda prescindir de ellos por no ser esenciales para el juicio.

ARTICULO 38. – Ofrecimiento de prueba – Al ofrecer prueba, el ministerio fiscal y las partes presentarán la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre, profesión y domicilio.

Solo podrá requerirse la designación de peritos nuevos para que dictaminen sobre puntos que anteriormente no fueron objeto de examen parcial formal salvo los psiquiatras o psicólogos que deban dictaminar sobre el estado mental o personalidad psíquica del imputado.

Cuando se ofrezcan testigos nuevos deberá expresarse, bajo pena de inadmisibilidad los hechos sobre los que serán examinados.

ARTICULO 39. – Admisión y rechazo de la prueba – El presidente ordenará la recepción oportuna de las pruebas ofrecidas. Si el ministerio público, el imputado y su defensor estuvieren de acuerdo con la lectura de las declaraciones o informes prestados durante la instrucción, a lo que podrán ser invitados, no se hará la citación de los peritos y testigos correspondientes.

Si nadie ofreciere prueba, el presidente dispondrá la recepción de aquella pertinente y útil que se hubiera producido en la instrucción.

La Cámara podrá rechazar, por auto, la prueba evidentemente impertinente o superabundante.

ARTICULO 40. – Instrucción suplementaria – Antes del debate, con noticia del Fiscal, del imputado y su defensor, el presidente podrá ordenar los actos de instrucción que se hubieran omitido, los que fuera imposible cumplir en la audiencia, como las pericias psiquiátricas o psicológicas sobre el estado mental o la personalidad del imputado; o recibir declaración a las personas que presumiblemente no podrán concurrir al debate, por enfermedad, otro impedimento o por residir en lugares muy distantes o de difícil comunicación. Los actos se producirán, en tal caso, con citación de todos los interesados.

A tal efecto podrá actuar uno de los miembros de la Cámara o librarse los exhortos necesarios.

ARTICULO 41. – Excepciones – Antes de fijada la audiencia para el debate, el ministerio público, el imputado y su defensor podrán deducir las excepciones que no hubieran planteado con anterioridad o que se funden en nuevos hechos, pero el Tribunal podrá rechazar sin trámite las que fueren manifiestamente improcedentes.

ARTICULO 42. – Designación de audiencia – Vencido el término de citación a juicio y cumplida la instrucción suplementaria o tramitadas las excepciones, el Presidente fijará día y hora para el debate, con intervalo no menor de diez días, y ordenará la citación del fiscal, del imputado y del defensor, y de los testigos peritos e intérpretes que deban intervenir.

Las citaciones se podrán efectuar telegráficamente o con el auxilio de la policía.

Si el imputado no estuviere en su domicilio o en la residencia que se hubiere fijado, se ordenará su detención, revocando incluso la excarcelación acordada.

ARTICULO 43. – Unión y separación de juicios – Si por el mismo delito atribuido a varios imputados hubieran formulado diversas acusaciones, la Cámara podrá ordenar la acumulación, aun de oficio, siempre que ésta no determine un grave retardo.

Si la acusación tuviere por objeto varios delitos atribuidos a uno o más imputados, el Tribunal podrá disponer que los juicios se realicen separadamente, pero en lo posible, uno después del otro.

ARTICULO 44. – Sobreseimiento – La cámara dictará de oficio sentencia de sobreseimiento, si nuevas pruebas acreditaren que el acusado es inimputable, o se hubiere operado la prescripción de la pretensión penal, según la calificación legal del hecho admitida por el Tribunal, o existir otra causa extintiva de aquéllas, siempre que para establecer estas causales no fuere necesario el debate.

ARTICULO 45. – Indemnización y anticipación de gastos – La Cámara fijará prudencialmente la indemnización que corresponda a los testigos que deban comparecer, cuando éstos la soliciten. Se adelantarán los gastos necesarios para el viaje.

AUDIENCIAS

ARTICULO 46. – Oralidad y publicidad – El debate será oral y público bajo pena de nulidad, pero el tribunal podrá resolver, aun de oficio, que total o parcialmente se realice a puertas cerradas cuando la publicidad afecte la moral o la seguridad pública.

La resolución será fundada, se hará constar en el acta y será irrecurrible.

Desaparecida la causa de la clausura, se deberá permitir el acceso del público.

ARTICULO 47. – Prohibiciones para el acceso – No tendrán acceso a la sala de audiencias los menores de 18 años, los condenados por delitos contra las personas o la propiedad, los dementes y los ebrios.

Por razones de orden, higiene, moralidad o decoro, la Cámara podrá ordenar también el alejamiento de toda persona, cuya presencia no fuere necesaria o limitar la admisión a un determinado número.

ARTICULO 48. – Continuidad y suspensión – El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su terminación; pero podrá suspenderse por un término máximo de diez días, en los siguientes casos:

1. Cuando deba resolverse alguna cuestión incidental que por su naturaleza no pueda decidirse inmediatamente.

2. Cuando sea necesario practicar algún acto fuera del lugar de la audiencia, y no pueda verificarse en el intervalo entre una y otra sesión.

3. Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea indispensable salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el ausente sea conducido por la fuerza pública o declara conforme al Artículo 40.

4. Si algún fiscal o defensor se enfermare hasta el punto de no poder continuar su actuación en el juicio, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados.

5. Si el imputado se encontrare en la situación prevista por el inciso anterior, caso en que deberá comprobarse su enfermedad por los médicos forenses, sin perjuicio de que se ordene la separación de juicios.

6. Si alguna revelación o retractación inseparada produjere alteraciones sustanciales en la causa, haciendo indispensable una instrucción suplementaria.

7. Cuando el defensor lo solicite conforme al artículo 63.

En caso de suspensión, el presidente anunciará el día y hora de la nueva audiencia, y ello valdrá como citación para los comparecientes. El debate continuará enseguida del último acto cumplido cuando se dispuso la suspensión.

Si ésta excediere el término máximo antes fijado, todo el debate deberá realizarse nuevamente, bajo pena de nulidad.

Durante el tiempo de suspensión, los jueces y fiscales podrán intervenir en otros juicios.

ARTICULO 49. – Asistencia y representación del imputado – El imputado asistirá a la audiencia libre en su persona, sin perjuicio de la vigilancia y cautelas necesarias que se dispongan para impedir su fuga o violencias.

Si después del interrogatorio de identificación el imputado deseare alejarse de la audiencia, se procederá en lo sucesivo como si estuviera presente, será custodiado en una sala próxima y para todos los efectos será representado por el defensor; pero si la acusación fuere ampliada con arreglo al artículo 63, el presidente lo hará comparecer a los fines de la intimación que corresponda.

Cuando el imputado se hallare en libertad, aun caucionada, la Cámara podrá ordenar su detención para asegurar la realización del juicio.

ARTICULO 50. – Compulsión – Si fuere necesario practicar un reconocimiento del imputado, éste podrá ser compelido a la audiencia por la fuerza pública

ARTICULO 51. – Postergación extraordinaria – En caso de fuga del imputado, la Cámara ordenará la postergación del debate, y en cuanto sea detenido, fijará nueva audiencia.

ARTICULO 52. – Poder de policía y de disciplina – El presidente ejercerá el poder de policía y disciplina en la audiencia, y podrá corregir en el acto, con multa hasta de cinco mil pesos argentinos o arresto hasta los ocho días, las infracciones a lo dispuesto en el artículo siguiente, sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala de audiencia.

La medida será dictada por la Cámara cuando afecte al fiscal, al imputado o a su defensor. Si se expulsare al imputado, su defensor lo representará para todos los efectos.

ARTICULO 53. – Obligación de los asistentes – Los que asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio; no podrán llevar armas u otras cosas aptas para molestar u ofender, ni adoptar una conducta intimidatoria, provocativa o contraria al decoro, ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos.

ARTICULO 54. – Delito en la audiencia – Si en la audiencia se cometiere un delito, el Tribunal ordenará levantar un acta y la inmediata detención del presunto culpable; éste será puesto a disposición del ministerio público, a quien se le remitirán las copias y los antecedentes necesarios para que proceda como corresponda.

ARTICULO 55. – Forma de las resoluciones – Durante el debate las resoluciones se dictarán verbalmente, dejándose constancia de ellas en el acta.

ACTOS DEL DEBATE

ARTICULO 56. – Dirección – El presidente dirigirá el debate, ordenará las lecturas necesarias, hará las advertencias legales, recibirá los juramentos y declaraciones, y moderará la discusión impidiendo derivaciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por esto el ejercicio de la acusación y la libertad de defensa.

ARTICULO 57. – Apertura – El día fijado y en el momento oportuno constituido el Tribunal en la sala de audiencia y después de comprobar la presencia del fiscal y del imputado y su defensor, testigos, peritos e intérpretes que deban intervenir el presidente declarará abierto el debate, advirtiendo al imputado que esté atento a lo que va a oír y ordenando la lectura de la acusación.

ARTICULO 58. – Cuestiones preliminares – Inmediatamente después de abierto por primera vez el debate, se podrán deducir, bajo pena de caducidad, las nulidades producidas durante los actos preliminares del juicio.

Las cuestiones referentes a la incompetencia por razón del territorio, a la unión o separación de juicios, a la admisibilidad o incomparecencia de testigos, peritos o intérpretes y a la presentación o requerimiento de documentos, podrán plantearse en la misma oportunidad, con igual sanción, salvo que la posibilidad de proponerlas no surja sino en el curso del debate.

ARTICULO 59. – Trámite de los incidentes – Todas las cuestiones incidentales serán tratadas en un sólo acto, a menos que el Tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna, según convenga al orden del proceso.

En la discusión de las cuestiones incidentales, el fiscal y el defensor de cada parte hablarán solamente una vez por el tiempo que establezca el Presidente.

ARTICULO 60. – Declaraciones del imputado – Después de la apertura del debate o de resueltas las cuestiones incidentales en el sentido de la prosecución del juicio, el presidente recibirá declaración al imputado, bajo pena de nulidad, y le advertirá que el debate continuará aunque no declare.

Si el imputado se negare a declarar o incurriere en contradicciones, las que se le harán notar, el presidente ordenará la lectura de las declaraciones prestadas por aquél ante los jueces de instrucción, siempre que se hubieran observado las normas de la instrucción.

Posteriormente, en cualquier momento del debate, se le podrán formular preguntas aclaratorias.

ARTICULO 61. – Declaración de varios imputados – Si los imputados fueren varios, el presidente podrá alejar de la sala de audiencia a los que no declaren, pero después de todas las declaraciones deberán informarles sumariamente de lo ocurrido durante su ausencia.

ARTICULO 62. – Facultades del imputado – En el curso del debate, el imputado podrá hacer todas las declaraciones que considere oportunas –incluso si antes se hubiere abstenido– siempre que se refieran a su defensa. El presidente le impedirá cualquier divagación y si persistiere, aun podrá alejarlo de la audiencia.

El imputado tendrá también la facultad de hablar con su defensor sin que por esto la audiencia se suspenda; pero no durante su declaración o antes de responder a preguntas que se le formulen. En estas oportunidades nadie le podrá hacer sugestión alguna.

ARTICULO 63. – Ampliación del requerimiento fiscal – Si de la instrucción o del debate resultare un hecho que integre el delito continuado atribuido a una circunstancia agravante no mencionados en la acusación el fiscal podrá ampliar la acusación.

En tal caso, con relación a los nuevos hechos o circunstancias atribuidos, el Presidente procederá, bajo pena de nulidad, a recibir nueva declaración al imputado sobre el punto e informará al defensor del imputado que tiene derecho de pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa.

Cuando este derecho sea ejercido, el Tribunal suspenderá el debate por un término que fijará prudencialmente, según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la defensa, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 48.

El nuevo hecho que integre el delito continuado o la circunstancia agravante sobre que verse la ampliación, quedarán comprendidos en la imputación y el juicio.

ARTICULO 64. – Recepción de pruebas – Después de la declaración del imputado, el Presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes, salvo que considere necesario alterarlo.

ARTICULO 65. – Normas de la instrucción – En cuanto sean aplicables y no se disponga lo contrario, se observarán las normas de la instrucción relativas a la recepción de las pruebas.

ARTICULO 66. – Dictamen pericial – El presidente hará leer la parte sustancial del dictamen presentado por los peritos, y si éstos hubieran sido citados responderán bajo juramento a las preguntas que se les formularen.

El Tribunal podrá disponer que los peritos presencien los actos del debate.

ARTICULO 67. – Testigos – Enseguida, el presidente procederá al examen de los testigos en el orden que estime conveniente, pero comenzando por el ofendido.

Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en la sala de audiencias. Después de hacerlo, el presidente dispondrá si continuarán incomunicados en antesala.

ARTICULO 68. – Examen en el domicilio – El testigo o perito que no compareciere a causa de un impedimento legítimo, será examinado por el presidente en el lugar donde se hallare, podrán asistir los vocales de la Cámara, el fiscal, el imputado y su defensor.

En todo caso, el acta que se labre será leída durante el debate.

ARTICULO 69. – Elementos de convicción – Los elementos de convicción secuestrados se presentarán, según el caso, a las partes y testigos, a quienes se les invitará a reconocerlos y a declarar lo que fuere pertinente.

ARTICULO 70. – Interrogatorios – Los vocales de la Cámara, el fiscal, el imputado y el defensor, con la venia del presidente y en el momento oportuno, podrán formular preguntas a las partes, testigos y peritos.

El presidente rechazará toda pregunta inadmisible; su resolución podrá ser recurrida sólo ante la Cámara, por reposición que se resolverá inmediatamente.

ARTICULO 71. – Lectura de las declaraciones testificales – Las declaraciones testificales recibidas de acuerdo con las normas de la instrucción, sólo se podrán leer, bajo pena de nulidad, en los siguientes casos:

1. Si el ministerio público, el imputado y su defensor, hubieran prestado conformidad o lo consintieren cuando no comparezcan el testigo cuya citación se ordenó.

2. Si hubiere contradicciones entre ellas y las prestadas en el debate, o fuere necesario ayudar la memoria del testigo.

3. Si el testigo hubiera fallecido, estuviere ausente del país, se ignorare su residencia o se hallare inhabilitado por cualquier causa para declarar.

4. Si el testigo hubiera declarado por medio de exhorto o informe, siempre que se hubiese ofrecido el testimonio de conformidad a los artículos 40 ó 68.

ARTICULO 72. – Lectura de actas y documentos – El Tribunal podrá ordenar, aun de oficio, las siguientes lecturas: de la denuncia, informes técnicos suministrados por auxiliares de la Policía Judicial u otros documentos; de las declaraciones prestadas por coimputados absueltos, condenados o prófugos, si aparecieron como partícipes del delito que se investiga o de otro conexo

También se podrán leer las actas de inspección, registro domiciliario, requisa personal y secuestro que hubieran practicado, conforme a las normas de la instrucción, incluso los oficiales o auxiliares de la Policía Judicial; pero si éstos hubieran sido citados como testigos, la lectura sólo podrá efectuarse, bajo pena de nulidad en los casos previstos por los incisos 2º y 3º del artículo anterior, a menos que el fiscal y las partes lo consientan.

ARTICULO 73. – Inspección judicial – Si para investigar la verdad de los hechos fuere indispensable una inspección, el Tribunal podrá disponerla, aun de oficio, y la practicará de acuerdo con el artículo 68.

ARTICULO 74. – Nuevas pruebas – El Tribunal podrá ordenar, aun de oficio, la recepción de nuevos medios de prueba si en el curso del debate resultaren indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad.

También podrá citar a los peritos si sus dictámenes resultaren insuficientes; las operaciones periciales necesarias se practicarán acto continuo en la misma audiencia, cuando fuere posible.

ARTICULO 75. – Falsedades – Si un testigo, perito o intérprete incurriere en falsedad, se procederá conforme al artículo 54.

ARTICULO 76. – Discusión final y sorteo – Terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al ministerio público y al defensor del imputado, para que en este orden emitan sus conclusiones.

Si intervinieren dos fiscales o dos defensores del imputado todos podrán hablar, dividiéndose sus tareas.

El ministerio público y el defensor del imputado podrán replicar; corresponderá al segundo la última palabra.

La réplica deberá limitarse a la refutación de los argumentos adversarios que antes no hubieran sido discutidos.

En último término, el Presidente preguntará al imputado si tiene algo que manifestar y cerrará el debate.

A continuación se establecerá por sorteo el orden en que los miembros del Tribunal emitirán sus votos.

ACTA DEL DEBATE

ARTICULO 77. – Contenido – El secretario levantará un acta del debate, bajo pena de nulidad.

El acta contendrá:

1. El lugar y fecha de la audiencia con mención de la hora en que comenzó y terminó y de las suspensiones dispuestas.

2. El nombre y apellido de los jueces, fiscales y defensores.

3. Las condiciones personales del imputado.

4. El nombre y apellido de los testigos, peritos e intérpretes, con mención del juramento y la enunciación de los otros elementos probatorios incorporados al debate.

5. Las instancias y conclusiones del ministerio público, del defensor y del imputado.

6. Otras menciones prescriptas por la ley, o las que el presidente ordenara hacer, o aquellas que solicitaren el ministerio público, o el imputado y su defensor.

7. El resultado del sorteo previsto en el artículo anterior.

8. La firma de los miembros del Tribunal, del fiscal, defensor y secretario, previa lectura.

La falta o insuficiencia de estas enunciaciones no causa nulidad, salvo que ésta sea expresamente establecida por la ley.

ARTICULO 78. – Resumen o versión – Cuando en las causas de prueba compleja la Cámara lo estimare conveniente, el Secretario resumirá al final de cada declaración o dictamen, la parte sustancial que deba tenerse en cuenta. También podrá ordenarse la grabación o la versión taquigráfica total o parcial del debate.

SENTENCIA

ARTICULO 79. – Deliberación – Inmediatamente después de terminado el debate y sin interrupción, bajo pena de nulidad, los jueces que intervengan pasarán a deliberar en sesión secreta, a la que sólo podrá asistir el secretario.

Sin embargo, podrá interrumpirse el acto por fuerza mayor o si alguno de los jueces se enfermara hasta el punto de que no pueda continuar actuando. En tal caso se hará constar en acta el impedimento y se informará a la Corte Suprema.

En cuanto al término de la suspensión regirá el artículo 48.

ARTICULO 80. – Normas para la deliberación – El Tribunal resolverá todas las cuestiones que hubieran sido objeto de juicio, fijándolas, si fuere posible, en el siguiente orden: las incidentales que hubieran sido diferidas, las relativas a la existencia del hecho delictuoso, con discriminación de las circunstancias jurídicamente relevantes, participación del imputado, calificación legal y sanción aplicable, restitución y costas.

Las cuestiones planteadas serán resueltas sucesivamente por mayoría de votos, valorándose los actos del debate conforme a la libre convicción.

En caso de duda sobre las cuestiones de hecho se estará a lo más favorable al imputado.

Si en votación sobre las sanciones que correspondan se emitieren más de dos opiniones, se aplicará el término medio.

ARTICULO 81. – Reapertura del debate – Si el Tribunal estimare, durante la deliberación, absolutamente necesario recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, conforme al artículo 74, podrá disponer a ese fin la reapertura del debate. La discusión quedará limitada entonces al examen de los nuevos elementos.

ARTICULO 82. – Requisitos de la sentencia – La sentencia contendrá:

1. La mención del Tribunal y fecha en que se dictare; el nombre y apellido de los jueces, fiscales y defensores que hubieran intervenido en el debate; las condiciones personales del imputado y la enunciación del hecho que haya sido objeto de la acusación

2. El voto de los jueces sobre las cuestiones planteadas en la deliberación, con exposición concisa de los motivos de hecho y de derecho en que se basen, sin perjuicio de que adhieran específicamente a las consideraciones y conclusiones formuladas por el magistrado que votare en primer término.

3. La determinación precisa y circunstanciada del hecho que el Tribunal estime acreditada.

4. La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicadas.

5. La firma de los jueces, pero si uno de los miembros del Tribunal no pudiere suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación, esto se hará constar y aquél valdrá sin esa firma.

ARTICULO 83. – Lectura – Redactada la sentencia, el Tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser convocados verbalmente el fiscal, el imputado y sus defensores, y el documento será leído, bajo pena de nulidad, ante los que comparezcan.

Si la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora hicieren necesario diferir la redacción de la sentencia, en dicha oportunidad se leerá tan solo su parte dispositiva y un miembro del Tribunal expondrá oralmente los fundamentos fijándose audiencia para la lectura integral; ésta se efectuará bajo pena de nulidad, en el plazo máximo de tres días hábiles a contar del cierre del debate.

La lectura valdrá siempre como notificación para los que hubieran intervenido en el debate.

ARTICULO 84. – Sentencia y acusación – En la sentencia, el Tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la del requerimiento fiscal o auto de elevación a juicio aunque deba aplicar penas más graves o medidas de seguridad, siempre que el delito no sea de competencia de un tribunal distinto.

ARTICULO 85. – Absolución – La sentencia absolutoria ordenará, cuando fuere el caso, la libertad del imputado y la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente o la aplicación de medidas de seguridad y las restituciones que corresponda.

ARTICULO 86. – Condena – La sentencia condenatoria fijará las penas y medidas de seguridad que correspondan y resolverá sobre el pago de las costas.

Dispondrá también la restitución del objeto material del delito y las demás medidas que correspondan sobre las cosas secuestradas.

ARTICULO 87. – La sentencia sólo será recurrible por vía del artículo 14 de la Ley Nº 48, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTICULO 88. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de agosto del año mil novecientos ochenta y cuatro. J.C. PUGLIESE – E. OTERO – Carlos A. Bravo – Antonio J. Macris.