JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS
Decisión Administrativa 85/2018
Lineamientos de Buen Gobierno para
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria de Argentina. Aprobación.
Ciudad de Buenos Aires, 09/02/2018
Visto el Expediente N° EX-2018-03021753-APN-JGM, y
CONSIDERANDO:
Que a partir del año 2003 se inició un proceso de incorporación al
Estado Nacional de un número significativo de empresas y sociedades,
tal el caso de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A., Fábrica Argentina
de Aviones “Brig. San Martín” S.A., Tandanor S.A.C.I. y N., Correo
Oficial de la República Argentina S.A., Aerolíneas Argentinas S.A.,
entre otras, que fueron total o parcialmente estatizadas.
Que de igual modo fueron creadas nuevas empresas de propiedad estatal,
como Energía Argentina S.A., la Empresa Argentina de Navegación Aérea
S.E. y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.
Que de acuerdo a relevamientos efectuados, la gestión de dichas
empresas y sociedades no se caracterizó por el seguimiento de prácticas
de buen gobierno corporativo ni por promover la utilización sustentable
y transparente de los recursos públicos.
Que como consecuencia de una gestión ineficiente, las empresas
comenzaron a incurrir en déficits operacionales significativos, lo que
requirió la transferencia de importantes aportes del Estado Nacional.
Que salvo limitadas excepciones, las empresas estatales carecían de
esquemas de buen gobierno que les permitieran despolitizar el proceso
de toma de decisiones, atraer recursos humanos profesionales y promover
la transparencia en procesos como las compras de bienes y servicios.
Que como consecuencia de dicha situación, a partir de diciembre de 2015
el Gobierno Nacional incluyó dentro de su Plan de Gobierno el
Ordenamiento de la Gestión de las Empresas Públicas como una iniciativa
prioritaria.
Que en cumplimiento de la iniciativa prioritaria se avanzó con
resultados concretos en tres pilares vinculados al desempeño de las
empresas de mayoría estatal. El primer pilar con foco en la mejora del
seguimiento del desempeño de las empresas, el segundo en el armado de
planes estratégicos y el tercero en la mejora de la gobernanza
corporativa de las empresas.
Que, en este último sentido, se avanzó con la evaluación del gobierno
corporativo de las empresas públicas por parte de la ORGANIZACIÓN PARA
LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE), con la creación
conjuntamente con la OFICINA ANTICORRUPCIÓN (OA) y la SINDICATURA
GENERAL DE LA NACION (SIGEN), de una Red de Integridad de Empresas
Públicas en donde se discuten políticas anticorrupción y se
intercambian prácticas de buen gobierno entre las empresas, con
asistencia del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), en iniciativas
destinadas a mejorar las políticas de compras y abastecimiento de las
empresas.
Que las acciones mencionadas anteriormente tuvieron por objetivo
concientizar a las empresas sobre la importancia del buen gobierno,
capacitarlas para una mejor gestión de sus recursos, y generar
comunidades de práctica con la finalidad de intercambiar experiencias.
Que, no obstante lo expuesto, al no existir un marco ni un instrumento
a nivel interno que defina estándares generales de buen gobierno, las
empresas continúan administrándose según sus propios criterios y
reglas, por lo que con el objetivo de establecer un marco institucional
desde el cual promover estándares generales de buen gobierno para las
empresas de mayoría estatal, se decidió avanzar, conjuntamente con los
actores relevantes en cuestiones institucionales de empresas, en la
redacción de lineamientos que reunieran principios y recomendaciones de
buenas prácticas en las áreas de gobernanza y gestión.
Que la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, conjuntamente con la OFICINA ANTICORRUPCIÓN,
la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES,
desarrollaron los Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de
Participación Estatal Mayoritaria de Argentina.
Que a través de tales Lineamientos el Estado Nacional pretende fijar
sus expectativas con relación a cómo espera que sus empresas se
organicen y gestionen en materia de gobernanza.
Que los beneficios de las políticas de buen gobierno alcanzarán, por un
lado, a los ciudadanos, ya que los mismos recibirán un mejor servicio
gestionado de manera transparente, y por el otro, al Estado Nacional,
en la medida en que fortalecerá la sustentabilidad e integridad de sus
empresas y sociedades.
Que con el objetivo de implementar los Lineamientos de Buen Gobierno
que se aprueban, las empresas podrán elegir el diseño institucional que
crean más conveniente a sus contextos de actuación.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas
por el artículo 100, inciso 1, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse los “Lineamientos de Buen Gobierno para
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria de Argentina” que como
ANEXO (IF-2018-06684086-APN-MI) forma parte integrante de la presente
medida.
ARTÍCULO 2º.- Los lineamientos aprobados por el artículo 1º de la
presente serán de aplicación para las empresas y sociedades consignadas
en el artículo 8º, inciso b) de la Ley de Administración Financiera y
de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y para
todos aquellos Organismos Descentralizados cuyo objetivo esencial sea
la producción de bienes o servicios.
ARTÍCULO 3º.- La SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS coordinará, conjuntamente con los
demás organismos competentes, las acciones destinadas a la
implementación de la presente medida, pudiendo dictar las normas
aclaratorias que resulten pertinentes.
ARTÍCULO 4º.- Instrúyese a la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a llevar adelante las
acciones necesarias para promover la amplia difusión de los
Lineamientos aprobados por el artículo 1° entre las empresas y
sociedades alcanzadas, el sector público nacional y la sociedad civil.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Marcos Peña. — Rogelio Frigerio.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa se
publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-.
e. 14/02/2018 N° 8039/18 v. 14/02/2018
(Nota
Infoleg: Los
anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la
edición web de Boletín Oficial.)
Introducción
¿Qué son los Lineamientos y por
qué son importantes?
Los Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de Mayoría Accionaria
del Estado constituyen un conjunto de buenas prácticas de gobernanza y
gestión de empresas en donde el Estado es accionista. Su principal
objetivo es comunicar a las empresas las expectativas que el Estado
tiene con relación a cómo las mismas deben organizarse y funcionar.
La buena gestión y gobernanza de las empresas es una prioridad para el
gobierno nacional. En efecto, el Presidente de la Nación ha establecido
el ordenamiento de la gestión de las empresas de mayoría estatal entre
sus Iniciativas Prioritarias. Establece la Iniciativa 82 de los
Objetivos de Gobierno:
"82.
Ordenamiento de la Gestión de las Empresas Públicas. El Estado argentino controla unas 41
empresas, con niveles muy variables de profesionalismo y estándares
administrativos. Para ayudarlas a generar valor, estamos implementando
un conjunto de iniciativas para mejorar el desempeño de las empresas de
capital estatal, tanto en la calidad del servicio como en la
efectividad y transparencia con que operan. Además, estamos
implementando las mejores prácticas existentes en países de la OCDE en
lo que concierne al buen gobierno y gestión de empresas públicas".
Desde diciembre de 2015 hemos llevado adelante un ambicioso programa de
mejora del desempeño de las empresas de mayoría estatal. Dicho
programa, coordinado desde la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación y conjuntamente con organismos como la Oficina Anticorrupción y
la Sindicatura General de la Nación, ha avanzado en distintas líneas de
acción. Por ejemplo, se han mejorado los sistemas de monitoreo del
desempeño de las empresas, se ha avanzado en la elaboración de planes
estratégicos por parte de estas últimas, y se han promovido buenas
prácticas de transparencia, gestión, y gobierno corporativo.
En este mismo contexto, Argentina ha sido admitida como miembro del
Comité de Gobernanza Corporativa de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización que hoy lidera la
conceptualización de mejores prácticas de gobierno corporativo en
empresas de capital estatal. Las empresas de mayoría estatal de
Argentina se encuentran actualmente en proceso de evaluación de su
gobierno corporativo por parte de OCDE.
Estamos convencidos que estos Lineamientos constituyen el camino
correcto a seguir por las empresas en pos de mejores estándares de
gestión y gobernanza, los cuales redundarán en empresas mejor
administradas, transparentes y prestadoras de servicios de calidad a
los ciudadanos.
¿Cuál es su Naturaleza?
A través de los Lineamientos, el Estado como accionista comunica a las
empresas lo que éste espera de las mismas en términos de prácticas de
gobierno y gestión. A los efectos de dicho cumplimiento, las empresas
cuentan con libertad para elegir el diseño institucional que crean más
conveniente para implementar los lineamientos.
Los Lineamientos no reemplazan competencias legales establecidos en
instrumentos normativos aplicables a las empresas de propiedad
mayoritaria estatal. Consiguientemente, los organismos de gobierno con
competencias sobre las empresas de mayoría estatal mantienen sus
responsabilidades y funciones existentes. Dado que los Lineamientos
abarcan un abanico significativo de áreas, esperamos que los organismos
de gobierno los consideren como un marco de referencia en materia de
gobernanza de empresas de mayoría estatal.
¿Cuáles son y cómo se definen?
La primera sección de este documento describe seis (6) Principios de
Buen Gobierno. Los Principios son los fundamentos bajo los que se
estructuran los Lineamientos, de modo que ante cualquier conflicto de
interpretación entre los lineamientos entre sí y entre éstos y los
principios, prevalecerán los últimos. Los principios son los de
Eficiencia, Transparencia, Integridad, Generación de Valor, Estándar de
Empresa Listada y Roles Diferenciados del Estado.
La segunda sección establece siete (7) lineamientos de buen gobierno.
Los lineamientos constituyen diferentes aspectos que el Estado nacional
como accionista entiende se encuentran vinculados al buen gobierno y
gestión de las empresas. Por un lado, establecen buenas prácticas de
organización y funcionamiento de los Directorios y gerencias de las
empresas, incluyendo prácticas de evaluación del desempeño,
transparencia e integridad. Por el otro, contienen componentes
relacionados a políticas específicas de auditoría y control, desempeño
económico, compras y abastecimiento y sustentabilidad.
Cada lineamiento contiene cinco (5) principales aplicaciones prácticas.
Estas aplicaciones permiten visualizar la imple mentación práctica de
la definición conceptual de cada lineamiento, lo cual facilitará el
diseño de políticas específicas por parte de las empresas. Por ejemplo,
el lineamiento de Transparencia destaca la relevancia de desarrollar y
publicar información vinculadas al desempeño de las empresas.
Recomienda que en el primer trimestre las empresas publiquen un informe
de gestión dando cuenta a la sociedad sobre cómo cumplieron los
objetivos y acciones del plan estratégico. También recomienda la
publicación en la página web de las empresas de información vinculada a
la conformación, responsabilidades y antecedentes profesionales de los
miembros del Directorio y principales gerentes.
¿Cómo evaluaremos el
cumplimiento por las empresas?
Llevaremos adelante distintas medidas destinadas a observar la adopción
de los Lineamientos por las empresas. En particular, con frecuencia a
definir, preguntaremos a las empresas sobre su gobernanza y sobre cómo
las mismas implementan las recomendaciones definidas en este documento.
En el caso de que una empresa no cumpla con alguno de los lineamientos,
invitaremos a la misma a que justifique porqué no lo está haciendo y a
manifestar qué eventual otro camino está siguiendo para garantizar la
vigencia de mejores prácticas de buen gobierno.
Esperamos que, a través del diálogo, el trabajo en equipo, y la
articulación de esfuerzos entre los distintos actores, las empresas
alcancen estándares identificados con mejores prácticas internacionales.
Principios
de Buen Gobierno
Los siguientes principios de buen gobierno constituyen la base
conceptual de los lineamientos y los criterios orientadores de la
implementación de estos últimos. Son valores referidos al gobierno y
gestión de las empresas de mayoría estatal. Los lineamientos son
implementados teniendo en consideración su consistencia y armonía con
los principios definidos en esta página.
Eficiencia: el Estado
como accionista de las empresas promueve la utilización eficiente de
sus recursos propios y de los que reciba del Tesoro y/o Ministerio
sectorial. La utilización eficiente de los recursos significa maximizar
cada peso invertido en bienes de capital y/o destinado a gastos
corrientes con el objetivo de producir mejores bienes y servicios a un
costo consistente con valores de mercado. Cuando la empresa se
encuentre sujeta a obligaciones de tipo social o alineadas con
políticas públicas, el origen y monto del financiamiento de tales
obligaciones será cuantificado y reportado de manera explícita por la
empresa.
Transparencia: el Estado
promueve el rol activo de las empresas en la publicación de información
financiera y no financiera vinculada a su desempeño. La transparencia
tiene efectos positivos directos tanto en mejora de gestión, por
ejemplo, abriendo los procesos de compras a más proveedores, como en
materia de rendición de cuentas de los recursos del Estado. Como Estado
accionista esperamos de nuestras empresas la adopción de mejores
prácticas de transparencia.
Integridad: el Estado
como accionista promueve la adopción y cumplimiento por parte de las
empresas de políticas destinadas a prevenir y castigar el fraude. Es
nuestro deseo como Estado accionista que las empresas de mayoría
estatal sean ejemplo de integridad en el uso de sus recursos. A tales
fines, es no solo importante cumplir con la normativa y directivas
nacionales sobre anticorrupción sino también desarrollar procesos
destinados a garantizar la gestión transparente e íntegra de los
recursos.
Generación de Valor: el
Estado como accionista promueve la maximización del impacto que las
empresas de mayoría accionaria estatal tienen en la economía. Las
empresas deben promover la generación de valor (social y económico) a
lo largo de toda la cadena del negocio, siempre considerando los
principios de transparencia y eficiencia de los recursos. En dicho
sentido, cobra especial relevancia la definición de propuestas de valor
para los distintos actores involucrados.
Estándar de empresa listada:
el Estado espera que las empresas en donde el mismo es accionista
adopten estándares de gobierno corporativo alineados con los de
empresas listadas en la Bolsa de Valores. La adopción de dichos
estándares debería constituir para las empresas una preocupación
constante y requerir de esfuerzos sostenidos en el tiempo.
Roles diferenciados: el
Estado no sólo cumple el rol de accionista o dueño de las empresas,
sino que también puede desarrollar actividades como formulador de
políticas públicas y como regulador de la calidad de los servicios
prestados por las empresas. Esperamos que los ministros sectoriales
desempeñen dichos roles manteniendo la independencia de los mismos. Es
decir, que puedan ejercer distintas funciones (regulador, formulador de
políticas, prestador de servicios) aunque se trate de la misma
autoridad.
Lineamiento
1: Transparencia
Las empresas de mayoría estatal
deben mantener altos estándares de transparencia y acceso a su
información, según buenas prácticas y exigencias establecidas en la
legislación. Recomendamos la publicación en la página web de la empresa
de información financiera y no financiera vinculada al desempeño de su
actividad. Las empresas deberán ser especialmente diligentes en la
publicación, y provisión de información, de indicadores de ejecución de
sus recursos, de impacto en la prestación de sus servicios, de
desempeño financiero, y de organización de su gobernanza.
1. Relevancia de desarrollar y
publicar información vinculada al desempeño de las empresas
Siendo que el Estado nacional es el accionista mayoritario de las
empresas, adquiere extremada relevancia la publicación de la
información sobre cómo las empresas administran sus recursos y cumplen
con los objetivos establecidos en sus planes estratégicos o de
negocios. A tales efectos, sería deseable que las empresas publicaran
al inicio del año fiscal sus objetivos estratégicos y durante el primer
trimestre del año entrante un informe anual de gestión sobre cómo las
mismas cumplieron con tales objetivos y demás políticas y acciones
ejecutadas durante el año.
El informe de gestión anual debiera ser de extensión reducida y contar
con información que sea medible y que permita evaluar el cumplimiento
de objetivos y metas. Debiera tener un formato que permita su lectura
clara y el entendimiento por parte de la sociedad de la gestión de la
empresa.
La información de desempeño de las empresas varía por sector y, por lo
tanto, esperamos que las empresas cumplan con indicadores de calidad,
estratégicos y operativos propios del sector de la economía en donde
operan. En ningún supuesto la publicación de información de desempeño
debería afectar la situación de las empresas con relación a sus
competidores.
2. Relevancia de publicar la
organización de la gobernanza corporativa de la empresa y sus políticas
Sería recomendable que las empresas compartan con la sociedad, y
actores vinculados al negocio, su estructura y políticas de toma de
decisiones. Dicha práctica se traduce en la publicación en la página
web de la empresa de la conformación, responsabilidades y antecedentes
de los miembros que conforman el Directorio como así también de los
gerentes y/o directores con responsabilidades ejecutivas. También se ve
reflejada en la publicación de aquellas políticas de gestión de las
empresas tales como de transparencia, integridad, compras y
abastecimiento, por mencionar algunas. Sería del mismo modo deseable
que la empresa publique en su página web el organigrama de la empresa,
con definición de funciones, jerarquías y nombres de directores,
gerentes y/o jefes de cada área.
La publicación de dicha información debiera ser compartida y/o provista
de manera clara, completa, y ser útil para la sociedad en general y los
actores vinculados a la operación de la empresa en particular. Así, por
ejemplo, la redacción de los antecedentes de los miembros del
Directorio debiera ser breve y describir aquellas funcionesy/o
especialidades que motivaron su contratación. Del mismo modo, las
diferentes políticas debieran ser fácilmente descargables de la página
web por parte de los ciudadanos y/o actores específicos.
3. Relevancia de organizar la
estructura destinada a cumplir con la Ley de Acceso a la Información
Las empresas de mayoría estatal se encuentran sujetas a la Ley 27.275
de Acceso a la Información, que las obliga a establecer la
infraestructura necesaria para cumplir con las obligaciones de
transparencia activa y pasiva definidas en la ley. Esperamos que las
empresas trabajen junto con la Agencia de Acceso a la Información en
pos de buenas prácticas de transparencia.
4. Relevancia de publicar los
procesos y resultados de contratación de bienes y servicios
Como Estado accionista promovemos la transparencia de los procesos de
contrataciones de bienes y servicios por parte de las empresas.
Recomendamos la implementación de portales web de compras que permitan
la participación amplia y efectiva de proveedores y el conocimiento por
parte de la sociedad de los participantes, sus antecedentes, y
resultado final de la adjudicación.
5. Relevancia de publicar la
convocatoria a contratación de recursos humanos
Como accionista deseamos contar con el mejor talento humano en nuestras
empresas. Recomendamos que ante la ocurrencia de una vacante las
empresas definan el perfil deseado como sus responsabilidades y
actividades y lleven adelante búsquedas abiertas destinadas a contratar
aquellos con las mejores habilidades para cumplir con dicho perfil.
La publicación de las vacantes debiera llevarse adelante en los sitios
webde las empresas, siendo dicha convocatoria publicitada de manera
visible y clara para garantizar los máximos niveles de participación
posibles.
Lineamiento
2: Integridad
La integridad en las empresas
de propiedad o mayoría accionaria estatal demanda que el interés de la
organización prevalezca sobre intereses sectoriales o particulares. La
integridad corporativa mejora el desempeño financiero y no financiero
de las empresas, además de dotar de transparencia a la utilización de
los recursos públicos. Para lograr un ecosistema empresario íntegro se
recomienda la adopción de mecanismos y políticas concretas que
promuevan altos estándares de conducta ética y prevengan la corrupción.
Éstos deben articularse en un programa de integridad dentro de la
estructura organizacional de cada empresa, que cuente con el total
compromiso y apoyo de la alta gerencia. Es igualmente relevante que las
empresas coordinen sus esfuerzos en materia de integridad con los
organismos de control y anticorrupción del sector público nacional.
1. Relevancia de contar con un
programa de integridad transversal a todas las actividades e integrantes de la
empresa
Se recomienda que las empresas de mayoría accionaria estatal
implementen un programa de integridad que articule el conjunto de
acciones orientadas a la promoción de la integridad y la supervisión
con el fin de prevenir, identificar y corregir irregularidades y actos
ilícitos.
En esta línea, la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas por
delitos de corrupción promovida por el Poder Ejecutivo Nacional, en
cuyo ámbito de aplicación se encuentran expresamente incluidas las
empresas con participación estatal, regula la implementación de
programas de integridad diseñados según los riesgos y dimensión de cada
empresa.
Se sugiere que el programa sea aprobado por el Directorio y que incluya
componentes tales como: identificación de un responsable interno,
estrategias de implementación de políticas (que pueden cristalizarse en
un código de ética), prevención de los conflictos de interés,
procedimientos de compras transparentes, análisis de riesgos,
capacitaciones, canales de denuncia y sistemas de protección de los
denunciantes, procedimientos de monitoreo y evaluación continua del
programa.
2. Relevancia de contar con
instancias de cumplimiento dentro de la estructura de la empresa:
responsable interno
El Poder Ejecutivo Nacional como accionista de las empresas recomienda
la creación de instancias específicas de cumplimiento dentro de la
empresa. Es altamente recomendable la designación de un responsable
interno que tenga nivel jerárquico equivalente al gerencial o directivo
y que posea formación y antecedentes en la materia. Además, el área a
cargo de la implementación y evaluación del Programa de Integridad debe
contar con recursos presupuestarios suficientes y con un nivel adecuado
de autonomía e independencia respecto de la gestión. Es asimismo
relevante que el responsable interno sea depositario de la confianza y
el apoyo del Directorio.
3. Relevancia de promover una
cultura de integridad dentro de la empresa
Fomentar una cultura ética y de integridad desde las más altas
jerarquías de la empresa es clave para la adecuada implementación y
credibilidad del programa. En este sentido, la Alta Gerencia deberá
cumplir con las conductas éticas esperadas para todos los miembros de
la empresa, como así también expresar su compromiso explícito e
inequívoco con el programa y las políticas de integridad.
Las campañas de comunicación, la capacitación y el entrenamiento
continuo de los empleados constituyen herramientas fundamentales en el
proceso de concientización y en el compromiso con el programa y las
políticas. Es deseable que tales actividades hagan especial énfasis en
las áreas más sensibles al fraude y la corrupción, que planteen dilemas
éticos y que se extiendan a proveedores, inversores y demás terceros
relacionados.
4. Relevancia de contar con un
sistema de denuncias
Las líneas de denuncia, en particular cuando permiten la denuncia
anónima, son los mecanismos más confiables para detectar patrones de
conducta irregulares como primer paso para su determinación y
remediación posterior. Se recomienda que las empresas cuenten con
múltiples canales independientes y efectivos (vía web, correo
electrónico, línea telefónica) y que sean accesibles a todos los
empleados, así como a terceros y partes relacionadas. Deben prever,
además, que cuando la denuncia sea dirigida contra la Dirección, los
miembros del Comité de Ética o alguna otra alta autoridad o responsable
interno de integridad y control, esta pueda ser atendida y tratada por
un tercero independiente, como la Oficina Anticorrupción (OA). La OA
cuenta con una Guía del Denunciante disponible en su web institucional
(https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion) y recibe denuncias de los
ciudadanos de modo personal, a través del teléfono 0800-444-4462, o a
partir del formulario de denuncias web disponible en
http://denuncias.anticorrupcion.gob.ar/
5. Relevancia de coordinación
con autoridades de control
Se recomienda especialmente la coordinación continua y la habilitación
de canales de diálogo con las agencias estatales especializadas en las
políticas de transparencia e integridad, como la Oficina Anticorrupción
y la Agencia de Acceso a la Información Pública, así como con
organismos de control como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
La Oficina Anticorrupción es el organismo competente dentro del Estado
que tiene como uno de sus objetivos la promoción de la integridad. Para
efectuar consultas es posible dirigirse al 5167-6400 o al correo
electrónico anticorrupcion@jus.gob.ar. Una buena coordinación permitirá
promover las mejores prácticas en materia de integridad, identificando
y mitigando potenciales riesgos de fraude y/o corrupción.
Lineamiento
3: Sustentabilidad
Las iniciativas y políticas de
sustentabilidad revisten importancia significativa en términos sociales
e institucionales tanto para las empresas del sector privado como para
las empresas que tienen participación estatal mayoritaria. Las mismas
han evolucionado, entre otros aspectos, en términos de políticas
inclusivas, de mayor transparencia, de protección del medio ambiente y
de promoción de la diversidad. El Estado como accionista de sus
empresas espera que las mismas adhieran a prácticas sustentables
reconocidas internacionalmente y que al mismo tiempo reflejen sus
particulares circunstancias, tanto sectoriales como de empresas de
propiedad estatal.
1. Relevancia de que las
empresas incorporen la sustentabilidad a su negocio
Una política de sustentabilidad aprobada por el Directorio de la
empresa constituye el documento por medio del cual la empresa será
evaluada en términos del cumplimiento de estándares sociales, de
gobernanza y ambientales. Si bien los Lineamientos establecen
principios y dan a las empresas libertad para elegir el diseño
institucional que mejor se acomode a sus necesidades, esperamos que las
políticas de sustentabilidad de las empresas definan como mínimo a) el
perfil corporativo de la empresa (misión, visión, valores), b) su
enfoque en materia de diversidad de sus recursos humanos, c) la
distribución de sus recursos entre los distintos actores (por ejemplo,
trabajadores, pago de impuestos, dividendos), d) sus esfuerzos en
materia ambiental, e) su desempeño como empleador, f) su contribución
al desarrollo del sector y del país en general, g) la comparación de su
desempeño en todas estas variables con empresas similares de la
Argentina y otros países.
2. Relevancia de que las
empresas promuevan la diversidad en sus políticas de recursos humanos
El gobierno argentino promueve abiertamente la diversidad en la
integración de sus recursos humanos. Esta política incluye tanto a la
administración pública como a aquellas empresas en donde el mismo es
accionista. Entendemos por diversidad los perfiles que diferencian a
las personas y que tienen un impacto en el comportamiento grupal.
Hay diversidades visibles y diversidades no visibles las cuales deben
gestionarse para potenciar su contribución a la gestión de la empresa.
1
Como accionista esperamos ver una participación mayor de las mujeres
tanto en posiciones jerárquicas como no jerárquicas.
3. Relevancia de que la
definición de sustentabilidad de las empresas refleje las
características propias de las empresas de mayoría estatal
Es muy importante que las empresas en donde el Estado es accionista
definan la sustentabilidad según el contexto, obligaciones, y
circunstancias en las que operan. Dado que muchas de ellas prestan
actividades definidas como de política pública, sería conveniente que
dichas actividades sean cuantificadas permitiendo evaluar el impacto de
la empresa en la comunidad y en el desarrollo de la infraestructura.
También recomendamos su publicación en la página web de las empresas.
Las políticas de sustentabilidad en ningún caso debieran generar
incrementos significativos de costos para las empresas.
4. Relevancia de que la empresa
publique la distribución y utilización de sus recursos
Creemos relevante que las empresas publiquen la composición de sus
ingresos y egresos generados por su actividad. Recomendamos, entre
otros, la inclusión de los siguientes ítems: a) ingresos de la
operación por unidad de negocio b) transferencias recibidas del Tesoro,
ministerio y otros organismos del Estado c) ingresos financieros d)
préstamos y/o asistencias técnicas recibidas de organismos de
desarrollo e) otros ingresos no operativos f) remuneraciones por
distintas categorías g) honorarios del Directorio h) gastos en bienes
y/o servicios, incluyendo publicidad, viáticos y servicios de
comunicaciones i) gastos en inversiones de obras j) adquisición de
bienes de capital k) cancelación de deudas.
5. Relevancia de que las
empresas promuevan la interacción y vínculo frecuente con actores institucionales y no
institucionales beneficiados y/o afectados por la actividad de la
empresa
Un aspecto crítico de las políticas de sustentabilidad es el vínculo de
la empresa con la comunidad y actores relevantes del sector. Este
aspecto cobra aún más relevancia en el caso de las empresas de mayoría
accionaria estatal por tener el usuario el doble carácter de ciudadano
y usuario y ser el Estado precisamente el accionista.
Las mejores prácticas indican varios formatos y diseños de
relacionamiento con actores externos a la empresa y las empresas objeto
de estos Lineamientos cuentan con la libertad para elegir aquellos más
apropiados a su negocio.
Sería, por último, recomendable que las empresas desarrollen la
propuesta de valor para cada uno de sus clientes y actores relevantes.
1 Instituto Europeo para la Gestión de la
Diversidad.
Lineamiento
4: Desempeño económico
Promovemos empresas gestionadas
en base a un plan estratégico que contenga las acciones, metas y
resultados a alcanzar en un período determinado y que explicite los
fundamentos relevantes de la actividad en el largo plazo. El plan
estratégico debe ser consistente con los recursos asignados a la
empresa en el presupuesto nacional, buscando siempre la sustentabilidad
financiera y económica. La gestión basada en resultados es la mejor
forma de evaluar el desempeño y mostrar a la sociedad la utilización de
recursos gestionados por las empresas.
1. Relevancia de basar la
gestión en resultados alineados con un plan estratégico vinculado al
presupuesto
Como Estado accionista creemos en empresas gestionadas en base a
resultados. La identificación de resultados medibles y evaluables
permite no sólo aumentar la eficiencia de la empresa sino también la
supervisión por su accionista y por la sociedad en general. La gestión
por resultados en nuestras empresas debe estar vinculada a un plan
estratégico, ser conocida y reconocida por todos los integrantes de la
empresa, ser promovida desde la alta gerencia, y ser evaluada
constantemente a los efectos de identificar progresos, oportunidades de
mejora y riesgos.
El presupuesto de las empresas cumple un rol crítico tanto en lo
relativo a la definición estratégica de la gestión como a la asignación
de sus recursos. El plan estratégico y el presupuesto necesitan estar
alineados tanto en contenido como en su coincidencia temporal. Un plan
estratégico anclado en un presupuesto permite no sólo una discusión
efectiva sobre la necesidad y asignación de recursos sino también la
evaluación del cumplimiento de las metas presupuestarias, según
objetivos identificadosen el plan estratégico. En los supuestos en que
el plan estratégico proyecte resultado/s negativo/s, dicha proyección
deberá verse reflejada en el monto de transferencias fiscales
contenidas en el presupuesto.
2. Relevancia de rendir cuentas
sobre la ejecución del presupuesto y el cumplimiento de metas
El Estado como accionista espera de las empresas una efectiva rendición
de cuentas del cumplimiento presupuestario y de sus objetivos
estratégicos. Para lograrlo, recomendamos que las empresas:
o Establezcan indicadores de gestión que sean a)
específicos a un área o espacio de mejora, b) medibles de modo que
permitan identificar progresos, c) atribuibles a los efectos de que
haya un área o responsable por su cumplimiento, d) realistas en el
sentido de que sean realmente alcanzables teniendo en cuenta recursos
existentes y e) temporales en la medida que establezcan las fechas y
tiempos para cumplir con las metas. o Utilicen herramientas y
ejercicios de "benchmarking" que permitan a la empresa identificar
indicadores de la industria y comparar su desempeño.
o En los supuestos en que la empresa se encuentre
obligada a cumplir con políticas públicas, sugerimos que la misma
publique el costo y origen del financiamiento para cumplir con dicha
obligación.
o Monitoreen periódicamente su desempeño,
proyectando sus resultados y comparando la ejecución real contra años
anteriores y contra lo presupuestado o meta establecida. o Detecten y
comuniquen desvíos y elaboren planes de readecuación.
o Cuenten con herramientas específicas de software
para monitorear y consolidar los resultados, evitando el ingreso manual
de datos.
3. Relevancia de establecer
consecuencias por el no cumplimiento de objetivos
Mucho ha sido discutido sobre el tipo de incentivos necesarios para el
cumplimiento de metas en empresas en donde el Estado es accionista
mayoritario. Como accionista preferimos dejar en manos de las propias
empresas la definición de los mismos, teniendo en consideración algunos
elementos que necesariamente deberían estar presentes:
o Que los incentivos tengan fuerte contenido
motivacional de tipo moral. Es decir que sean reconocimientos ante sus
pares, y posiblemente de otras empresas, del esfuerzo y motivación por
alcanzar sus metas. Debiera premiarse aún más cuando las metas son
alcanzadas en equipo y destacar esa circunstancia como valor a ser
premiado. o Que el reconocimiento cuente con la mayor publicidad
posible; creemos fuertemente en el establecimiento de una cultura
meritocrática centrada en el talento del empleado, su motivación y
compromiso con la gestión de su empresa.
4. Relevancia de que las
empresas lleven adelante sus mejores esfuerzos para cobrar deudas por
parte de otras empresas de mayoría estatal y organismos del Estado
Las deudas generadas entre empresas de capital estatal y/o con
organismos del Estado son tan exigibles como las deudas que las
empresas mantengan con sus pares del sector privado. A tales fines
deben extremar los recaudos y acciones para proceder al cobro de las
mismas. Las excepciones debieran ser aplicadas e interpretadas de
manera estricta.
5. Relevancia de una
elaboración coordinada del presupuesto
Recomendamos que la empresa coordine la elaboración del plan
estratégico y de su presupuesto con el ministerio de línea, el de
Hacienda y con la Jefatura de Gabinete de Ministros. Aspectos
relevantes en materia de coordinación incluyen: contenido del plan
estratégico de la empresa, restricción presupuestaria, obras que
requieren aportes de capital por parte del Estado, endeudamiento, otras
políticas o normas que impacten en la ley de presupuesto.
Sería deseable que las empresas que reciban transferencia del Tesoro
planifiquen su calendarización mensual y coordinen su programación con
su accionista, el Ministerio de Hacienda y la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
Lineamiento 5: Alta Gerencia
Directorios profesionalizados
agregan valor al proceso de toma de decisiones de las empresas. Con el
objetivo de agregar valor, los mismos deben contar con la suficiente
autoridad, competencias y objetividad para realizar sus funciones de
orientación estratégica y supervisión de la gestión. Deben actuar con
integridad y asumir la responsabilidad por sus acciones. Del mismo modo
deben actuar directores ejecutivos y gerentes, de los cuales se espera
una gestión orientada a resultados, basados en la eficiencia y la
sustentabilidad.
1. relevancia de establecer
requisitos para la designación de directores y gerentes
El liderazgo es un factor de éxito tanto en empresas de propiedad
privada como en empresas en donde el Estado tiene una participación
accionaria mayoritaria. Otorgar autonomía a las empresas es sólo
provechoso para el Estado cuando el mismo, como accionista, puede
descansar en una gestión enfocada en la eficiencia y transparencia de
los recursos. El liderazgo en empresas de mayoría estatal se da
principalmente a través del Directorio -en los supuestos en donde los
hay- y de los gerentes o mandos medios. El establecimiento de
requisitos de designación de ambos se ha convertido en una buena
práctica reconocida por los gobiernos de la región y por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El establecimiento de requisitos previos de designación de los miembros
del Directorio y/o de un presidente/interventor, en los casos de
empresas con cargos unipersonales, es una política que desde el Poder
Ejecutivo recomendamos incorporar entre las empresas de mayoría
accionaria estatal. Varios países de la región se han inclinado por
destacar la relevancia de contar con un proceso de selección de
directores y gerentes transparente y orientado a la excelencia
profesional de los candidatos. Del mismo modo, han destacado la
relevancia de contar con porcentajes de directores llamados
independientes, los cuales carecen de vínculos directos o indirectos
con el gobierno y/o con la empresa en donde cumplen funciones. La
incorporación de requisitos para la designación de la alta gerencia es
deseable tanto para los miembros del Directorio como para los gerentes.
2. Relevancia de prevenir las
situaciones de conflicto de intereses
La aprobación de la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas,
conjuntamente con regulaciones pro-integridad como el Decreto 202/2017,
indican la decisión del Poder Ejecutivo de promover la integridad en el
proceso de toma de decisiones de las empresas.
Se recomienda a las empresas establecer mecanismos tendientes a
prevenir la ocurrencia de conflictos de interés por parte de la alta
gerencia. Dichas políticas, como, por ejemplo, la publicación por parte
de los directores de la empresa de manifestaciones de conflicto de
interés, contribuirían no sólo a generar confianza en la sociedad sino
también a atraer talentos.
No podrán ser contratados, bajo modalidad jerárquica y/o no jerárquica,
aquellas personas que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea
recta como en línea colateral hasta el segundo grado con el Presidente
y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros
y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan
incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial.
2
3. Relevancia de evaluar el
desempeño de la alta gerencia
La gestión de las empresas de mayoría accionaria estatal amerita el
establecimiento y utilización efectiva de mecanismos destinados a
evaluar el desempeño de la alta gerencia. Evaluar el desempeño es una
práctica consolidada en el sector privado y que cobra mayor relevancia
y sentido en el sector público dada la necesidad de maximizar la
eficiencia y efectividad de los recursos del Estado.
Son diversos los mecanismos destinados a evaluar el desempeño de la
alta gerencia. Así algunas empresas se inclinan por mecanismos de
autoevaluación, otras por la evaluación externa mediante, por ejemplo,
las auditorías integrales y/o de esquemas de gestión por resultados.
Más allá del diseño institucional que la empresa decida adoptar, es
recomendable que el mismo cuente con una evaluación que sea imparcial y
que se base en metas medibles y vinculadas al plan estratégico de la
empresa.
4. Relevancia de directorios
con responsabilidades estratégicas
Para que el Directorio contribuya con valor agregado al proceso de toma
de decisiones es necesario que su tiempo sea utilizado en los aspectos
vinculados a la definición y monitoreo de la estrategia de la empresa.
Es decir, que sus integrantes se organicen, de acuerdo a "expertise" y
liderazgo, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos
del plan estratégico de la empresa y de evitar y/o mitigar los riesgos
que puedan impedir dicho cumplimiento. Los ministros accionistas de las
empresas deberían maximizar sus esfuerzos para escoger directores con
los perfiles adecuados al rol estratégico de los Directorios.
5. Relevancia de comités de
asesoramiento del Directorio
Otra forma de profesionalizar los directorios es a través de la
constitución de comités especiales dentro de su estructura. El objetivo
de los comités es dividir el trabajo entre los miembros del directorio,
aprovechando los conocimientos especializados y tratando los temas
críticos con mayor profundidad
3. Las responsabilidades de
los comités son de asesoramiento, ya que sólo es responsabilidad del
directorio tomar decisiones que le competen por su estatuto.
Comités comúnmente existentes en empresas son los de Estrategia, de
Auditoría (exigidos por Resolución SIGEN 37/2006), de Buen Gobierno y
"Compliance", de Remuneraciones y de Gestión. La conformación de los
Comités varía según las empresas, aunque se recomienda su composición
mixta por miembros del directorio (preferentemente independientes),
gerentes, y/o expertos externos (también independientes).
2 Decreto 93/2018.
3
Corporación Nacional del Cobre de Chile (2017).
Lineamiento 6: Políticas de
Compras y Abastecimiento
Políticas y procesos de
abastecimiento orientados a la generación de ahorros y a la adquisición
de bienes y servicios de calidad constituyen un pilar crítico para el
buen gobierno de empresas en donde el estado es accionista mayoritario.
Igualmente relevantes son las estrategias destinadas a promover la
transparencia e integridad de los procesos de abastecimiento y la
competencia entre los proveedores del mercado. Las empresas deberán
extremar las medidas para evitar estrategias de cartelización por parte
de proveedores. Las empresas se beneficiarían de un área de compras con
funciones estratégicas, cuyas actividades se encuentren planificadas de
antemano, y con evaluaciones de su desempeño según indicadores
designados al efecto.
1. Relevancia de promover la
transparencia en todas las etapas de los procesos de compras y
abastecimiento
El Estado como accionista promueve la aplicación permanente de
estándares y buenas prácticas de transparencia en la adquisición de
bienes y servicios por parte de las empresas de mayoría accionaria
estatal. La transparencia en los procesos de abastecimiento refiere a
la necesidad de que a proveedores existentes y potenciales se les
garantice la posibilidad real y efectiva de participar en procesos de
contratación. Del mismo modo, refiere a la necesidad de que las
empresas estructuren sus procesos decisorios en el área de compras
justificando ex ante, según criterios económicos/financieros, la
necesidad y conveniencia de llevar adelante la compra específica.
Entre las prácticas destinadas a garantizar la transparencia
recomendamos la elaboración de la metodología de evaluación de ofertas
de manera previa al pliego y/o documento de contratación y la
digitalización de los procesos de compras y abastecimiento.
2. Relevancia de promover la
integridad en todas las etapas del proceso de compras y abastecimiento
El Estado como accionista promueve la integridad de los procesos y del
comportamiento de los integrantes de las empresas involucrados en la
adquisición de bienes y servicios. La integridad en los procesos de
compras y abastecimiento refiere a la necesidad de que las empresas
reduzcan los espacios pasibles de corrupción, sea entre los integrantes
de la propia empresa o entre los integrantes de la empresa y los
proveedores externos. Del mismo modo refiere a la importancia de
sancionar dichas conductas.
Entre las prácticas destinadas a garantizar la integridad de los
procesos de abastecimiento recomendamos que el área de Auditoria evalúe
periódicamente el funcionamiento e impacto de los procesos de compras y
que la empresa cuente con una política específica de integridad
transversal a toda la empresa y que incluya los procesos de compras y
abastecimiento.
3. Relevancia de fomentar la
competencia justa y abierta antes de cada adjudicación
Desde el Estado promovemos la competencia justa y abierta en las
contrataciones que realicen las empresas de mayoría estatal. Sólo la
libre competencia de oferentes permitirá reducir el costo de las
adquisiciones y aumentar su calidad.
Entre otras políticas destinadas a mejorar la competencia recomendamos
que las empresas desarrollen análisis frecuentes de mercado,
identificando jugadores principales, historia, y otros aspectos
relevantes por rubros principales de compras; que cuenten con
instancias colectivas de deliberación sobre adjudicaciones y
seguimiento de políticas de compras; que establezcan Comités de
trabajos de Compras-Usuario donde se fomente la empatía y el trabajo
conjunto.
4. Relevancia de un área de
abastecimiento que brinde valor a la compañía
La política de abastecimiento de las empresas debiera estar alineada
con su negocio y plan estratégico y estar enfocada tanto en la
generación de ahorros como en la adquisición de bienes y servicios de
calidad al menor costo posible. De ese modo, el área de compras
generaría valor a la compañía en tanto contribuiría a alcanzar sus
objetivos estratégicos y de eficiencia.
Entre posibles prácticas, recomendamos a) que las gerencias/direcciones
de compras tengan un rol estratégico contando con recursos y perfiles
de recursos humanos adecuados a los desafíos del área, b) que las
empresas planifiquen anualmente los insumos y productos esperados para
el funcionamiento de la empresa, c) que las áreas de compras
desarrollen indicadores para evaluar el cumplimiento de la estrategia
del área de compras, monitoreando el gasto por rubro de compra y la
salud del proceso de abastecimiento, d) que se evalúe regularmente el
desempeño de los proveedores según criterios e indicadores
prestablecidos.
5. Relevancia de comprometer a
los proveedores en el cumplimiento de estándares de conducta
La vigencia de buenas prácticas de compras en las empresas de mayoría
estatal no es suficiente si las mismas no son al mismo tiempo
observadas por los propios proveedores de las empresas. Las mejores
prácticas internacionales informan la relevancia de que las empresas
exijan de sus proveedores el cumplimiento de distintos estándares de
buen gobierno y gestión.
Entre posibles prácticas, recomendamos que las empresas proveedoras
desarrollen compromisos de comportamiento ético en sus negocios y que
cuenten con sistemas de gestión que faciliten el cumplimiento de las
leyes aplicables y fomenten la mejora continua en lo relativo a las
expectativas de las empresas de mayoría estatal.
Lineamiento 7: Auditoría y
Control
La profesionalización de la
función auditoría permite no sólo que las empresas vigilen el
cumplimiento de normas y legislación vigente sino también que las
mismas cuenten con una arquitectura de control destinada a identificar
y evaluar riesgos críticos y el impacto de las políticas corporativas.
Complementando la labor de la Sindicatura General de la Nación,
recomendamos que las empresas de mayoría estatal cuenten con políticas
y capacidades destinadas a llevar adelante actividades de auditoría que
sean efectivas y que generen valor al proceso decisorio de la empresa.
Es vital que todos en la empresa asuman el control interno como parte
inherente a sus responsabilidades. Recomendamos, asimismo, que los
auditores externos sean contratados según procesos abiertos y
competitivos y que a través de los mismos auditen tanto el balance
contable como el cumplimiento del plan estratégico de la empresa.
1. Relevancia de contar con una
Unidad de Auditoría Interna independiente y profesionalizada
El área de auditoría debe ser liderada por un profesional con las
calificaciones necesarias para llevar adelante el control interno de la
empresa. En particular, sería recomendable valorar aptitudes como la
inexistencia de conflictos de interés en la industria específica y con
la alta gerencia de la empresa como así también contar con experiencia
profesional relevante para la posición. El auditor interno debería
reportar funcionalmente al Comité de Auditoría de la empresa.
El área de auditoria interna también se beneficiaría de la integración
de profesionales con experiencia en distintos aspectos del control
interno como la gestión y evaluación de riesgos, el buen gobierno
corporativo, estándares de transparencia interna y externa a la
empresa, y la evaluación de impacto de normas y gestión.
Esperamos que la empresa, y en particular el auditor interno,
desarrollen una relación de beneficio mutuo con la Sindicatura General
de la Nación (SIGEN), responsable por Ley 24.156 del control interno
del sector público nacional incluidas las empresas en donde el Estado
es accionista mayoritario.
2. Relevancia de contar con una
auditoría basada en riesgos y enfocada en el negocio de la empresa
Recomendamos que las empresas lleven adelante un proceso anual de
identificación de riesgos, los cuales sugerimos monitorear con
frecuencia. Dicha actividad incluye el establecimiento de los objetivos
a alcanzar (como, por ejemplo, estratégicos, operacionales, de
gobernanza), la identificación de eventos que puedan afectar (positiva
o negativamente) el logro de los objetivos, la evaluación de dichos
riesgos (medición de su probabilidad e impacto) y las respuestas
destinadas a evitarlos, mitigarlos, compartirlos o aceptarlos.
Sería deseable que las empresas cuenten con un "Mapa de Riesgos" que
identifique y permita evaluar los riesgos financieros y no financieros.
El "Mapa de Riesgos" debería ser aprobado por el Directorio, de forma
que este último sea consciente del conjunto de riesgos a los que está
expuesta la empresa, permitiendo supervisar la implementación de
acciones concretas para la correcta gestión de los mismos.
Sin perjuicio de los riesgos propios del negocio de la empresa,
sugerimos la inclusión de los riesgos de corrupción y de uso
ineficiente de los recursos.
3. Relevancia de contar con
auditorías externas de tipo integral
Es de vital importancia que los procesos de auditoría externa de la
empresa sean integrales, teniendo en cuenta tanto el análisis de los
balances y estados contables como el cumplimiento por parte de la
empresa de su plan estratégico.
Recomendamos que la contratación del auditor externo se lleve adelante
mediante un proceso abierto y competitivo en donde se prioricen los
criterios de independencia y calidad profesional. Recomendamos,
asimismo, la rotación de las firmas contratadas de modo que no se
excedan cinco ejercicios económicos.
Las empresas deberán contar con sus estados contables auditados por
auditor externo transcurridos los tres meses siguientes al cierre de su
ejercicio.
4. Relevancia del comité de
auditoría
De acuerdo con lo establecido en la Resolución SIGEN 37/2006, sugerimos
que las empresas constituyan Comités de Auditoría en la estructura del
Directorio. El objetivo de dichos Comités es supervisar el cumplimiento
de las políticas de auditoría, corporativas y de buen gobierno de las
empresas. El Comité debiera contar con un Reglamento que organice tanto
su funcionamiento como de la política de auditoría de la empresa.
Es recomendable que el Comité de Auditoría se integre con mayoría de
miembros independientes, los cuales no necesariamente deben ser parte
del Directorio de la empresa. Los criterios de independencia de los
miembros del Comité, junto a sus responsabilidades, se encuentran
definidos en la Resolución 37/2006 de SIGEN.
5. Relevancia de establecer una
dinámica de reporte sobre el cumplimiento del plan de auditoría
El Directorio de la empresa, como responsable del mantenimiento de un
adecuado sistema de control interno, debería mantenerse periódicamente
informado del avance en el cumplimiento del Plan de Auditoría, como así
también de eventos que pudieran afectar el cumplimiento de los
objetivos de la empresa. Del mismo modo debería ser informado el Comité
de Auditoría, como instancia de supervisión de la política de auditoría
y riesgos de la empresa.
Recomendamos que el reporte de cumplimiento del plan de auditoría sea
de frecuencia mensual y que contenga las principales acciones tomadas
para gestionar los riesgos identificados.
IF-2018-06684086-APN-MI