LEY
DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES
Ley 27437
Alcances.
El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
Ley:
LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES
CAPÍTULO I
Sujetos alcanzados
ARTÍCULO 1°.- Los siguientes sujetos deberán otorgar preferencia a la
adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional, en los
términos dispuestos por esta ley y en las formas y condiciones que
establezca la reglamentación:
a) Las entidades comprendidas en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus
modificatorias;
b) Las personas humanas o jurídicas a quienes el Estado nacional
hubiere otorgado licencias, concesiones, permisos o autorizaciones para
la prestación de obras y servicios públicos;
c) Los contratistas directos de los sujetos del inciso b) precedente,
entendiendo por tales a los que son contratados en forma inmediata en
ocasión del contrato en cuestión;
d) El Poder Legislativo de la Nación, el Poder Judicial de la Nación y
el Ministerio Público de la Nación;
e) La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.
(CAMMESA);
f) La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.
(CAMMESA), exceptuando los beneficios del régimen establecido en la ley
26.190 y sus modificatorias.
En función de lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 26.741, quedan
excluidos del alcance de la presente ley los sujetos comprendidos en
dicha norma. Tales sujetos deberán implementar un programa de
Desarrollo de Proveedores Nacionales, en los términos establecidos en
el artículo 25 de la presente ley.
Para el caso de los sujetos mencionados en el inciso c) del presente
artículo, la preferencia sólo deberá otorgarse en el marco de las
licencias, concesiones, permisos o autorizaciones para la prestación de
obras y servicios públicos en las que participen como contratistas
directos.
CAPÍTULO II
Preferencias para bienes de origen nacional
ARTÍCULO 2°.- Se otorgará preferencia a las ofertas de bienes de origen
nacional cuando el monto estimado del procedimiento de selección sujeto
a la presente ley sea igual o superior al monto establecido por la
reglamentación vigente del apartado 1 del inciso d) del artículo 25 del
decreto delegado 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
La preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional se otorgará
de acuerdo a las siguientes pautas:
a) Cuando para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de
pago contado, el precio de las ofertas de bienes de origen nacional sea
igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen
nacional, incrementados en un quince por ciento (15%), cuando dichas
ofertas sean realizadas por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MiPyMEs), de acuerdo a la ley 27.264 y sus modificatorias, y en un
ocho por ciento (8%) para el resto de las empresas;
b) Cuando en el marco de lo establecido por la presente ley resulte una
comparación de precios entre ofertas que no sean de origen nacional, se
otorgará un margen de preferencia del uno por ciento (1%) cada cinco
(5) puntos porcentuales de integración local sobre el valor bruto de
producción de los bienes alcanzados, hasta un margen de preferencia
máximo de ocho por ciento (8%), conforme los criterios de cálculo que
defina la autoridad de aplicación a tal efecto.
En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los
bienes de origen no nacional deberá incluir, entre otros, los derechos
de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande
su nacionalización a un importador particular no privilegiado, en las
formas y condiciones que establezca la reglamentación.
Las cooperativas que se encuentren inscriptas en el Registro del
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) del
Ministerio de Desarrollo Social y cumplan con lo establecido en la
presente ley, tendrán los mismos beneficios y se les otorgarán las
mismas preferencias que las previstas para las pequeñas y medianas
empresas.
En las contrataciones de las entidades contratantes referidas en el
inciso a) del artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias, para
la provisión, locación o leasing de bienes por hasta la suma de módulos
veinte mil (M 20.000), las empresas oferentes de bienes de origen
nacional que califiquen como MiPyMEs de acuerdo a la ley 27.264 y sus
modificatorias que, aplicando la preferencia prevista en el inciso a)
del presente artículo, no hayan podido alcanzar el mejor precio
ofertado, podrán mejorar su oferta, siempre y cuando su precio
original, en condiciones de contado, no haya superado en más de un
veinte por ciento (20%) a la mejor cotización.
ARTÍCULO 3°.- En los procedimientos de selección cuyo monto estimado
resulte inferior al establecido por la reglamentación vigente del
apartado 1 del inciso d) del artículo 25 del decreto delegado 1.023/01
y sus modificatorios y complementarios, resultará optativa la
aplicación de la preferencia prevista en el artículo 2°. La decisión de
aplicar el margen de preferencia deberá constar en los respectivos
pliegos de bases y condiciones particulares aplicables a los
procedimientos de selección.
En caso de no preverse su aplicación, la preferencia al bien de origen
nacional estará limitada al caso de igualdad de precio.
ARTÍCULO 4°.- Las entidades contratantes referidas en el inciso a) del
artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias y en el inciso d) del
artículo 1° de la presente ley, deberán adjudicar sus contrataciones a
empresas locales, según la ley 18.875, que ofrezcan bienes u obras de
origen nacional, según lo dispuesto en el artículo 5° de la presente
ley, y que califiquen como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas,
conforme lo dispuesto por la ley 27.264, sus modificatorias y
complementarias, en los siguientes casos:
a) Contrataciones para la adquisición locación o leasing de bienes por
montos menores a un mil trescientos módulos (M 1.300), cuando el precio
de la oferta adjudicada no supere en un veinte por ciento (20%) al
monto estimado de la contratación, en los términos del artículo 27 del
decreto 1.030/2016;
b) Obra Pública destinada exclusivamente a construcción de viviendas y
edificios públicos, en los términos de la ley 13.064, por montos
menores a cien mil módulos (M 100.000), cuando el precio de la oferta
adjudicada no supere en un veinte por ciento (20%) al monto estimado de
la contratación, en los términos del artículo 27 del decreto 1.030/2016.
CAPÍTULO III
Definición de bien y obra pública de origen nacional
ARTÍCULO 5°.- Se entiende que un bien es de origen nacional cuando ha
sido producido o extraído en el territorio de la República Argentina,
siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales
importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su
valor bruto de producción.
Se entiende que la provisión de obra pública es de origen nacional
cuando al menos el cincuenta por ciento (50%) de los materiales
utilizados en la obra cumplan con el requisito de bienes de origen
nacional y la empresa además cumpla con los requisitos para ser
considerada como empresa local de capital interno, según lo establecido
en la ley 18.875.
ARTÍCULO 6°.- En las contrataciones alcanzadas por el presente régimen,
los bienes que no sean de origen nacional se entregarán en las mismas
condiciones y en el mismo lugar que correspondan a los bienes de origen
nacional, y deberán cumplir con todas las normas aplicables a los
bienes originarios del mercado nacional, como así también encontrarse
nacionalizados con todos los impuestos y gastos correspondientes
incluidos. La autoridad de aplicación entregará, dentro de los quince
(15) días hábiles de solicitado, un certificado donde se verifique el
valor de los bienes no nacionales a adquirir.
CAPÍTULO IV
Publicidad de las contrataciones e intervención de la autoridad de
aplicación en proyectos de pliego
ARTÍCULO 7°.- La publicidad de las contrataciones que lleven a cabo los
sujetos mencionados en el artículo 1°, inciso a) de la presente ley se
ajustará a las normas generales de cada régimen de contrataciones en
particular.
Los demás sujetos alcanzados por la presente ley publicarán sus
procedimientos de contratación según lo establezca la reglamentación,
de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno
a la información que permita su participación.
ARTÍCULO 8°.- Los proyectos de pliegos de bases y condiciones
particulares necesarios para realizar cualquiera de las contrataciones
alcanzadas por la presente ley se elaborarán adoptando las alternativas
técnicamente viables que permitan la participación de la oferta de
bienes de origen nacional. Se considera alternativa técnicamente viable
aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado
y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.
Las entidades contratantes referidas en los incisos a) y b) del
artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias deberán remitir a la
autoridad de aplicación para su aprobación, los proyectos de pliegos de
bases y condiciones particulares de los procedimientos de selección que
tengan por objeto la adquisición, locación o leasing de bienes por un
monto estimado igual o superior a ochenta mil módulos (M 80.000),
acompañados por un informe de factibilidad de participación de la
producción nacional, a fin de garantizar que los mismos contemplen las
pautas establecidas en el párrafo anterior.
La autoridad de aplicación deberá expedirse en un plazo no superior a
los quince (15) días hábiles administrativos desde que fuera recibido
el proyecto de pliego de bases y condiciones particulares. En caso de
no expedirse en el plazo fijado, se considerará que no hay objeción en
lo referente a las pautas establecidas en los párrafos anteriores.
CAPÍTULO V
Exigencia de acuerdos de cooperación productiva
ARTÍCULO 9°.- En las formas y condiciones que establezca la
reglamentación, los acuerdos de cooperación productiva consistirán en
el compromiso cierto por parte del adjudicatario de realizar
contrataciones de bienes y servicios locales vinculados al contrato
objeto de la licitación.
La compra de acciones de empresas locales, los gastos asociados a
actividades de mercadeo, promoción publicitaria o similares no serán
considerados cooperación productiva a los fines del presente artículo.
En todos los casos, los acuerdos deberán promover la participación de
empresas consideradas MiPyMEs según ley 27.264 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 10.- Cuando las entidades alcanzadas por el presente régimen
comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 8° de la ley 24.156 y
sus modificatorias procedan a la adquisición, locación o leasing de
bienes no producidos en el país que representen un valor igual o
superior a doscientos cuarenta mil módulos (M 240.000), deberá
incluirse expresamente en el respectivo pliego de bases y condiciones
particulares de la contratación la obligación a cargo del adjudicatario
de suscribir acuerdos de cooperación productiva por un porcentaje no
inferior al veinte por ciento (20%) del valor total de la oferta. Para
los suministros que se efectúen en el marco de estos acuerdos de
cooperación, deberán promoverse el mayor componente de valor agregado
de los mismos. En los casos que no resulte factible alcanzar el monto
exigido mediante la contratación mencionada, la autoridad de aplicación
podrá autorizar que dicho monto pueda completarse mediante la
radicación de inversiones en el territorio nacional, transferencia
tecnológica, inversiones en investigación o desarrollo e innovación
tecnológica.
Para el caso de que el monto de dichos acuerdos resultara superior al
mínimo exigido en el párrafo anterior, el valor correspondiente a dicho
excedente podrá ser utilizado por el mismo adjudicatario en futuras
contrataciones para integrar dicho valor mínimo, siempre y cuando el
porcentaje de la cooperación productiva de tales contrataciones sea de
un mínimo de veinte por ciento (20%), en las formas y condiciones que
establezca la reglamentación. El excedente no podrá computarse cuando
el porcentaje del Acuerdo de Cooperación Productiva sea disminuido
según lo establecido en el artículo 15 de la presente ley.
ARTÍCULO 11.- La aprobación de los pliegos de bases y condiciones
particulares de las contrataciones alcanzadas por el artículo 10 de la
presente ley, también deberán contar con la previa conformidad de la
autoridad de aplicación en lo referido al acuerdo de cooperación
productiva.
La autoridad de aplicación deberá expedirse en oportunidad de la
intervención establecida en el artículo 8° de la presente ley.
Previamente a la adjudicación, la propuesta de acuerdo de cooperación
productiva deberá ser aprobada por la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 12.- En las formas y condiciones que establezca la
reglamentación, la autoridad de aplicación deberá requerir al
adjudicatario la constitución de garantías sobre el monto total de los
compromisos asumidos en los acuerdos de cooperación productiva.
CAPÍTULO VI
Valor del módulo
ARTÍCULO 13.- A los efectos de lo dispuesto por la presente ley, el
valor del módulo (M) será de pesos un mil ($1.000), el cual podrá ser
modificado por la autoridad de aplicación, con la aprobación de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
(Nota
Infoleg: por art. 1° de la Resolución
N° 88/2022
de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo B.O. 23/11/2022, se establece que el
valor del módulo (M) consignado en el presente artículo asciende a la
suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000). Vigencia: comenzará a regir a los CINCO (5) días
hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial y será de aplicación a los procedimientos de
selección que a partir de esa fecha se autoricen. Valor del módulo (M) anterior: art. 8° de la Resolución
N° 185/2019
de la Secretaría de Industria B.O. 27/09/2019)
CAPÍTULO VII
Autoridad de aplicación
ARTÍCULO 14.- La autoridad de aplicación de la presente ley será
designada por el Poder Ejecutivo nacional y tendrá las siguientes
facultades y atribuciones:
a) Emitir los certificados de verificación previstos en el artículo 6°
de la presente ley;
b) Aprobar los proyectos de pliegos de bases y condiciones
particulares, de conformidad con el artículo 8° de la presente ley;
c) Verificar la inclusión de los acuerdos de cooperación productiva
aludidos en el artículo 10 de la presente ley en el proyecto de pliego
de bases y condiciones particulares, proponiendo modificaciones cuando
lo considere pertinente, así como el efectivo cumplimiento de dichos
acuerdos;
d) Colaborar con el organismo contratante para el diseño y la
implementación de los acuerdos de cooperación productiva referidos en
el artículo 10 de la presente ley;
e) Requerir a los sujetos alcanzados en el artículo 1° de la presente
ley información relativa a la adquisición, locación o leasing de
bienes, así como toda otra información que considere pertinente, en el
marco de lo dispuesto por la presente ley.
ARTÍCULO 15.- Cuando en las previsiones de adquisición de bienes
referidas en el segundo párrafo del artículo 8° de la presente ley se
incluyan bienes de alto contenido científico-tecnológico, según lo
establezca la reglamentación, a instancias de la autoridad de
aplicación, y con la intervención del organismo contratante y la
Jefatura de Gabinete de Ministros, se podrán modificar, a través de los
mecanismos que establezca la reglamentación, las siguientes condiciones:
a) Elevar o disminuir el porcentaje referido en el artículo 5° de la
presente ley hasta un total del setenta por ciento (70%) y del treinta
por ciento (30%), respectivamente, del valor bruto de producción;
b) Disminuir el margen de preferencia referido en el artículo 2° de la
presente ley hasta un mínimo de cinco por ciento (5%);
c) Elevar o disminuir el porcentaje referido en el artículo 10 de la
presente ley hasta un total del treinta por ciento (30%) y del diez por
ciento (10%) respectivamente del valor total del contrato.
En todos los casos, la autoridad de aplicación deberá elaborar un
informe técnico que sustente las modificaciones propuestas en los
términos del presente artículo. En los casos previstos en los incisos
a) y c), la autoridad de aplicación deberá justificar que la
modificación propuesta resulta favorable a la mayor posibilidad de
participación de la producción nacional. En el caso previsto en el
inciso b), la autoridad de aplicación deberá verificar que las
condiciones de competitividad de la producción de bienes de origen
nacional justifican la modificación propuesta. Dicho informe deberá ser
enviado a la Comisión Bicameral referida en el artículo 16 de la
presente y dado a publicidad, conforme lo establezca la reglamentación.
La autoridad de aplicación no podrá reducir los márgenes de preferencia
aplicados a MiPyMEs, según ley 27.264 y sus modificatorias, por el
término de tres (3) años desde la vigencia de la presente ley.
CAPÍTULO VIII
Comisión Bicameral de Seguimiento Legislativo
ARTÍCULO 16.- Incorpórese a la Comisión Bicameral de Seguimiento de
Contratos de Participación Público-Privada, creada por el artículo 30
de la ley 27.328 la función de verificar el cumplimiento de las
obligaciones y requisitos de la presente ley por parte de los sujetos
obligados, en particular la efectiva participación de la producción
nacional.
A los efectos de cumplimentar su cometido, la Comisión Bicameral:
a) Recibirá por parte de la autoridad de aplicación toda información y
documentación que estime pertinente;
b) Convocará al titular de la autoridad de aplicación, con periodicidad
semestral, a los efectos de brindar un informe fundado sobre el
cumplimiento de los preceptos de la presente ley;
c) Solicitará el asesoramiento técnico que crea conveniente por parte
de las asociaciones de empresarios industriales;
d) Pondrá en conocimiento a la autoridad de aplicación y a sus
respectivos cuerpos las observaciones, propuestas y recomendaciones que
estime pertinentes.
CAPÍTULO IX
Sanciones y recursos
ARTÍCULO 17.- En caso de configurarse el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la presente ley y su reglamentación por
parte de las entidades comprendidas en el artículo 1°, incisos a), d) y
e) de la presente, se notificará a las autoridades de dichas entidades,
a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la
Nación.
ARTÍCULO 18.- En caso de configurarse el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la presente ley y su reglamentación por
parte de las personas comprendidas en el artículo 1°, incisos b) y c)
de la presente podrán aplicarse las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa de entre el cinco por ciento (5%) y el cincuenta por ciento
(50%) del monto del contrato, en cuyo marco se verificare el
incumplimiento. Dicha multa podrá reducirse hasta en un cincuenta por
ciento (50%) si la sancionada rectificare su falta dando cumplimiento
inmediato al presente régimen;
c) Suspensión para resultar adjudicatario de futuros contratos,
concesiones, permisos o licencias, por un plazo de tres (3) a diez (10)
años. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado
al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la
Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Modernización
Administrativa del Ministerio de Modernización.
ARTÍCULO 19.- La sanción que se imponga ante la verificación de una
infracción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la misma, la
capacidad económica del infractor y el grado de afectación al interés
público.
ARTÍCULO 20.- Cuando el oferente que hubiere resultado adjudicatario en
un procedimiento de selección por la aplicación de la preferencia
establecida en la presente ley no cumpla con las condiciones de la
contratación o con los porcentajes de integración nacional declarados
en los bienes ofrecidos, deberá reintegrar la suma equivalente a la
preferencia obtenida, consistente en la diferencia del porcentual
mediante el cual obtuviera la adjudicación del contrato, sin perjuicio
de las demás sanciones que le pudieran corresponder.
ARTÍCULO 21.- Cualquier persona, humana o jurídica, que alegue un
derecho subjetivo, un interés legítimo, un interés difuso o un derecho
colectivo, podrá recurrir contra los actos que reputen violatorios de
lo establecido en la presente ley, dentro de los diez (10) días hábiles
contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del
acto presuntamente lesivo.
El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la
requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado
o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones
correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su
interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la
administración pública o su naturaleza jurídica, a la autoridad de
aplicación que será el órgano competente para su sustanciación y
resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días
hábiles administrativos desde su recepción.
La resolución de la autoridad de aplicación establecerá la
ratificación, el rechazo del recurso interpuesto, o la procedencia del
mismo y, en su caso, de corresponder, la anulación del procedimiento o
acto impugnado o de la contratación de que se trate y agotará la vía
administrativa.
ARTÍCULO 22.- Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código
Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los
funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea
su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1°
sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las
provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir,
no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la
presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en
el ámbito provincial.
ARTÍCULO 23.- El que por informes falsos o reticentes, declaraciones
incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o
cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere
obtener a otro, o de cualquier modo, aún sin ánimo de lucro, facilitare
a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la
presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o
el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la
sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.
CAPÍTULO X
Desarrollo de proveedores
ARTÍCULO 24.- Créase el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores,
cuyo objetivo principal será desarrollar proveedores nacionales en
sectores estratégicos, a fin de contribuir al impulso de la industria,
la diversificación de la matriz productiva nacional y la promoción de
la competitividad y la transformación productiva.
Para la consecución de sus objetivos, el Programa Nacional de
Desarrollo de Proveedores favorecerá la articulación entre la oferta de
productos y servicios, existentes y potenciales, con la demanda del
Sector Público Nacional y personas jurídicas operadoras de sectores
estratégicos demandantes de dichos bienes, con el propósito de
canalizar demandas y desarrollar proveedores capaces de aprovisionarlas.
El Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores identificará las
oportunidades para los proveedores locales a través del relevamiento de
la oferta existente o de la factibilidad técnica de abastecimiento
local de esos productos y/o servicios con la asistencia de herramientas
técnica y financieras para favorecer la mejora de los proveedores
nacionales.
ARTÍCULO 25.- Los sujetos comprendidos en la ley 26.741 deberán
implementar un programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales cuyo
objetivo será la ampliación del impacto de los proveedores locales en
la cadena de suministros a efectos de una mejora de la productividad,
competitividad y calidad de los mismos (competitividad de la oferta),
identificando y articulando oportunidades para mejorar la
competitividad, eficiencia y productividad de las actividades
productivas de los sujetos comprendidos en la ley 26.741
(competitividad de la demanda).
La autoridad de aplicación, con la participación de los organismos que
la reglamentación establezca, aprobará los programas de Desarrollo de
Proveedores Nacionales a los fines de que el Ministerio de Producción
desarrolle las políticas públicas y planes de competitividad
correspondientes. Los programas de desarrollo de proveedores nacionales
deberán tener una duración mínima de tres (3) años, sin perjuicio del
seguimiento anual en la forma que se determine por vía reglamentaria.
CAPÍTULO XI
Disposiciones generales
ARTÍCULO 26.- El Poder Ejecutivo nacional invitará a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen de la presente
ley.
Los bienes producidos en las provincias que adhieran al régimen en
todos sus términos tendrán, en los primeros tres (3) años desde su
entrada en vigencia, una preferencia adicional del uno por ciento (1%)
con respecto a la preferencia establecida en el artículo 2° de la
presente ley.
ARTÍCULO 27.- Derógase el decreto-ley 5.340 de fecha 1° de julio de
1963 y la ley 25.551. En todas aquellas normas en que se haga
referencia a la aplicación de la ley 25.551, así como al Régimen de
Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos
“Compre Trabajo Argentino” y a los regímenes de “Compre Argentino,
Compre Nacional y Contrate Nacional”, se aplicará en lo sucesivo la
presente ley.
Mantiénese la vigencia de la ley 18.875, en todo aquello que no se
oponga a la presente ley.
CAPÍTULO XII
Reglamentación y vigencia
ARTÍCULO 28.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley
dentro del término de noventa (90) días de su promulgación.
ARTÍCULO 29.- La presente ley comenzará a regir a los noventa (90) días
de su publicación.
ARTÍCULO 30.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
— REGISTRADA BAJO EL N° 27437 —
MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZO. — Eugenio Inchausti. — Juan P.
Tunessi.
e. 10/05/2018 N° 32318/18 v. 10/05/2018