RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO Y DEUDAS INCOBRABLES

TÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1°.- Este régimen se aplicará a las obligaciones pecuniarias en las que la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, resulte acreedora. Están excluidas de este régimen las obligaciones pecuniarias que tengan carácter impositivo, aduanero, previsional, u origen en subsidios, subvenciones o cualquier tipo de ayuda pública.

TÍTULO II. INTIMACIÓN FEHACIENTE DE PAGO

ARTÍCULO 2°.- El área responsable de la gestión administrativa de cobros y pagos de cada jurisdicción o entidad deberá, en todos los casos, intimar fehacientemente al deudor el pago de la suma líquida y exigible debida, salvo que concurran circunstancias de excepción que no permitan o no justifiquen su realización. La intimación de pago al deudor se realizará con carácter de único aviso por un plazo no superior a los quince (15) días, salvo disposición en contrario. En la intimación se indicará el concepto, el monto adeudado con más sus intereses, el lugar y la forma de pago y, de corresponder, el plan de facilidades de pago disponible.

TÍTULO III. PLAN DE FACILIDADES DE PAGO

IF-2018-26480471 -APN-CGN#MHA página 1 de 6

ARTÍCULO 3°.- La autoridad competente de cada jurisdicción o entidad deberá establecer, dentro de los cuarenta y cinco (45) días de publicada esta medida, un plan de facilidades de pago que esté disponible con carácter permanente - excepto para deudas que se encuentren reclamadas judicialmente - y en el que se observen las siguientes pautas:

a) El monto de la deuda no podrá superar, por todo concepto, el valor equivalente al de veinticinco (25) módulos, conforme el artículo 35 del Anexo al decreto 1344 del 4 de octubre de 2007.

b) Cada cuota del plan de facilidades de pago no podrá ser inferior al diez por ciento (10 %) de la totalidad.

c) El capital de la deuda devengará un interés de financiación equivalente a la tasa activa publicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones a treinta (30) días.

d) El área responsable de cobros y pagos de cada jurisdicción o entidad deberá entregar, a solicitud del deudor, la correspondiente liquidación del plan de facilidades de pago.

e) El deudor deberá abonar la primera cuota del plan de facilidades de pago al momento de solicitarlo, y cancelar las cuotas restantes mensualmente, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes.

f) El deudor podrá cancelar la totalidad o una parte de la deuda mediante transferencia o depósito en las cuentas bancarias de la jurisdicción correspondiente. En su caso, el área de cobros y pagos de cada jurisdicción reliquidará el saldo de cuotas e intereses.

g) El incumplimiento de dos (2) cuotas consecutivas, o tres (3) del total de las acordadas hará caducar automáticamente el plan de facilidades de pago concedido y hará exigible de inmediato el total adeudado. El área responsable de cobros y pagos de la jurisdicción registrará la caducidad del plan en la Central de Regímenes de Facilidades de Pagos y Deudas Incobrables.

TÍTULO IV. DEUDAS INCOBRABLES

ARTÍCULO 4°.- Transcurridos treinta (30) días desde la intimación fehaciente de pago sin que la deuda fuera cancelada o haya sido incluida en un plan de facilidades de pago, la autoridad competente podrá declarar su incobrabilidad cuando:

a) hubieren prescripto,

b) el costo estimado del procedimiento para su cobro no guarde relación o superase el monto del recupero, o

c) se hubieren agotado los procedimientos judiciales para su cobro por el organismo acreedor, sin que ello implique renuncia del derecho.

En los supuestos previstos en los incisos a y b, la declaración de incobrabilidad obrará como eximente de la obligación de iniciar la acción judicial de cobro. ARTÍCULO 5°.- En el supuesto del inciso b del artículo precedente, la autoridad competente considerará todas las deudas no prescriptas y de igual naturaleza que tuviera el deudor respecto de cada jurisdicción, con observación a las siguientes pautas:

a) Cuando las deudas no superen, por todo concepto, el valor equivalente a cinco (5) módulos podrá impulsar, sin más trámite, un proyecto de acto de declaración de incobrabilidad.

b) Cuando las deudas superen, por todo concepto, el valor equivalente a cinco (5) módulos y no excedan el de veinticinco (25) módulos, previo a impulsar un proyecto de acto de declaración de incobrabilidad, deberá meritar:

(i) los antecedentes documentales que respalden la existencia de la acreencia, junto con la estimación de los costos que conllevaría realizar los procedimientos administrativos y judiciales para perseguir su cobro, y

(ii) la situación económica del deudor y sus recursos patrimoniales, debiendo dejar constancia del resultado de la consulta acerca de su titularidad de bienes registrables o de otros bienes que se obtengan de otras bases de datos a las que se tuviere acceso y que pudieran tener relevancia a esos fines.

c) Cuando las deudas superasen el valor equivalente a veinticinco (25) módulos se presumirá que el costo del procedimiento para su cobro no supera el monto del recupero, salvo prueba en contrario y con cumplimiento de lo dispuesto en el apartado precedente.

ARTÍCULO 6°.- El acto administrativo que declare la incobrabilidad de una deuda deberá ser dictado por el titular de cada jurisdicción o entidad, previa intervención favorable del servicio jurídico y de la Unidad de Auditoría Interna, según lo previsto en el artículo 40 del Anexo al decreto 1344/2007.

ARTÍCULO 7°.- La declaración de incobrabilidad de una deuda no implicará renuncia alguna de derechos por la Administración Pública Nacional.

ARTÍCULO 8°.- Podrá declararse la incobrabilidad de acreencias originadas en multas y sanciones administrativas cuando el deudor hubiere fallecido.

TÍTULO V. CENTRAL DE REGÍMENES DE FACILIDADES DE PAGO Y DEUDAS INCOBRABLES

ARTÍCULO 9°.- Créase en el ámbito de la Contaduría General de la Nación la "Central de Regímenes de Facilidades de Pago y Deudas Incobrables". ARTÍCULO 10.- El área responsable de la gestión administrativa de cobros y pagos de cada jurisdicción alcanzada por este régimen procederá a la anotación en la Central de Regímenes de Facilidades de Pago y Deudas Incobrables -en la modalidad en que indique la Contaduría General de la Nación- de todo plan de facilidades de pago que se hubiese concedido, su estado de cumplimiento (vigente, cancelado o caduco) y de toda deuda que se declare incobrable, así como de toda modificación en la información previamente proporcionada.

ARTÍCULO 11.- Las jurisdicciones y entidades alcanzadas por este régimen deberán consultar la Central de Regímenes de Facilidades de Pago y Deudas Incobrables, previo a todo trámite de regularización de deudas, gestión de cobro, o contratación de bienes y servicios que se inicie en su ámbito; debiendo dejar constancia en las respectivas actuaciones de la consulta efectuada y de su resultado.

De encontrarse el interesado incluido como deudor en la Central de Regímenes de Facilidades de Pago y Deudas Incobrables, el área consultante comunicará de inmediato a la jurisdicción o entidad acreedora el inicio del trámite de que se trata, afin de que esta última evalúe la adopción de medidas tendientes a satisfacer su crédito. Dicha comunicación se incorporará a las actuaciones. ARTÍCULO 12.- Los funcionarios competentes serán responsables por el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en este régimen y, en consecuencia, podrán ser pasibles de sanciones.

TÍTULO VI - OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 13.- La Contaduría General de la Nación, dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de esta Secretaría, estará facultada a:

a) dictar normas complementarias, aclaratorias e interpretativas, como también a instar mecanismos interinstitucionales para la implementación y el cumplimiento del presente régimen;

b) reglar el funcionamiento de la "Central de Regímenes de Facilidades de Pago y Deudas Incobrables" que se crea por en el título precedente;

c) reglar la forma y los plazos en que deberá asentarse toda concesión y caducidad de planes de facilidades de pago y declaración de incobrabilidad de una deuda;

d) reglar la modalidad en que las jurisdicciones deberán realizar la consulta previa obligatoria establecida en el artículo 11 de este régimen.