PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Resolución 538/2018
Buenos Aires, 15/11/2018
En Buenos Aires, a los 15 días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho, sesionando en la Sala de Plenario del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación “Dr. Lino E. Palacio”, con
la Presidencia del Dr. Miguel A. Piedecasas, los señores consejeros
presentes, y
VISTO:
El expediente nº 10-19474/18 “Informe Proyecto de modificación al Reglamento de Contrataciones”; y,
CONSIDERANDO:
1°) Que vienen las presentes actuaciones a esta Comisión de
Administración y Financiera, a efectos de ser tratadas las
modificaciones propuestas por la Administración General al Reglamento
de Contrataciones del Consejo de la Magistratura de la Nación, que
fuera oportunamente aprobado mediante Resolución CM n° 254/15 (v. fs.
11).
2°) Que la Ley n° 24.937 y sus modificatorias, en su artículo 18°
inciso j), otorga al Administrador General la facultad de “…Proponer
los reglamentos internos necesarios para su funcionamiento, los
reglamentos para la administración financiera del Poder Judicial y los
demás que sean convenientes para lograr la eficaz administración de los
servicios de justicia, incluyendo la supresión, modificación o
unificación de las oficinas arriba enumeradas…”.
Que el citado cuerpo normativo, fija entre las atribuciones del
Plenario del Consejo de la Magistratura: “Artículo 7°… 2°) Dictar los
reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le
atribuye la Constitución Nacional y esta ley a fin de garantizar una
eficaz prestación del servicio de justicia…”.
3°) Que, entre las modificaciones formuladas, se propone un
procedimiento que permita atender las circunstancias apremiantes de una
forma eficiente y eficaz, ampliando en este sentido, el campo de uso de
la partidas especiales.
Para ello, la Administración General propone la supresión del apartado
e) del inciso 1° del artículo 199° del Reglamento de Contrataciones del
Consejo de la Magistratura de la Nación, a efectos de que las
mencionadas partidas especiales puedan ser instrumentadas para atender
las necesidades de todos los Tribunales del país.
4°) Que, asimismo, se sugiere un Procedimiento Simplificado de
Aprobación de Gastos, debido a que en repetidas ocasiones se presentan
situaciones de urgencia que conllevan a una paralización de juzgados,
tribunales y de otras dependencias del Poder Judicial de la Nación, o
cuanto menos, a un entorpecimiento en el desarrollo de sus funciones,
lo que deriva en una afectación del servicio de administración de
justicia.
Que dada la situación descripta, resulta imperioso implementar un
procedimiento que permita atender estas circunstancias excepcionales en
el menor tiempo posible, sin que se entorpezca ni afecte el normal
desenvolvimiento de los tribunales, atendiendo las necesidades de
manera eficiente y transparente, de modo tal de lograr una eficaz
administración de los recursos y la efectiva prestación del servicio de
justicia.
En razón de ello, se recomendó incorporar, como inciso 6° del artículo
22° del citado cuerpo normativo, el siguiente texto: “Aprobación de
gastos”.
Asimismo, propuso incorporar como artículo 36° bis, de acuerdo al
siguiente texto: “ARTICULO 36 BIS.- PROCEDENCIA DEL TRÁMITE DE
APROBACIÓN DE GASTOS. Se podrá utilizar este procedimiento en los casos
de impostergable necesidad que se presenten o cuando resulte necesario
continuar con la prestación de un determinado servicio o adquirir
determinados bienes para no afectar el normal desenvolvimiento de
juzgados, tribunales u organismos bajo la órbita del Consejo de la
Magistratura, justificando las razones que acrediten la imposibilidad
de recurrir a los demás procedimientos previstos en el presente
Reglamento”.
Así también, la incorporación como artículo 167° bis, conforme el
siguiente texto: “ARTICULO 167 BIS: “TRÁMITE DE APROBACION DE GASTOS.
En las contrataciones que se encuadren en el artículo 36 bis del
presente Reglamento, se deberá seguir el siguiente procedimiento: 1.-
Se deberán contar previamente con al menos 3 (tres) presupuestos
relativos a los bienes o servicios que se pretendan contratar,
debiéndose cursar invitaciones para cotizar por medios efectivos y
comprobables, salvo que no existieran suficientes oferentes en el caso
concreto, lo que deberá justificarse adecuadamente; 2.- La Aprobación
del gasto procederá siempre que el monto no exceda de 200 módulos; 3.-
A los fines de garantizar la transparencia y el control, la Oficina de
Administración deberá dar a publicidad las adjudicaciones que se lleva
a cabo a través del presente procedimiento”.
5°) Que conforme los motivos expuestos ut supra -Considerandos 3°) y
4°)-, respecto a las modificaciones sugeridas en relación al
Procedimiento de Partidas Especiales y del Procedimiento Simplificado
de Aprobación de Gastos, concernientes al Reglamento de Contrataciones
del Consejo de la Magistratura, se estima que resultan de suma
importancia para obtener un mejor y efectivo servicio de justicia.
Por esta razón, esta Comisión de Administración y Financiera no
encuentra objeciones de índole legal que formular a las modificaciones
propuestas.
6°) Que, asimismo, la Administración General entendió necesario
modificar el régimen de locaciones de inmuebles del Poder Judicial de
la Nación, con el objeto de encontrar edificios aptos para la función
jurídica en el menor tiempo posible.
En ese sentido, la Administración General, propuso la sustitución del
inciso 2° del artículo 27° por el siguiente texto: “ARTICULO 27.-
PROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA […] 2.- Las contrataciones
directas por adjudicación simple serán aquellas en las que, ya sea por
cuestiones legales, por determinadas circunstancias de hecho, por
causas vinculadas al objeto del contrato o con el sujeto contratante,
no se pueda contratar sino con una determinada persona, o esté
facultado para elegir un co-contratante de naturaleza pública, y cuando
la situación de hecho se encuadre en los artículos 31, 32, 33, 34, 35 y
35 bis de este Reglamento”.
En relación a ello, solicitó la incorporación como artículo 35° bis,
del siguiente texto: “ARTICULO 35 BIS.- PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACION
SIMPLE POR LOCACION DE INMUEBLES. La selección por contratación directa
–adjudicación simple- será procedente en la locación de inmueble, en
los casos en los que el Poder Judicial de la Nación actué como
locatario. Para ello, deberá valorarse las dificultades en la selección
del inmueble, sea por la escasez de oferta, la conveniencia en la
concentración de las sedes judiciales u otras circunstancias que
configuren hallarse en presencia de una situación excepcional”.
En forma concordante, propuso la regulación del procedimiento mediante
la incorporación del artículo 179° bis, de acuerdo el siguiente texto:
“ARTICULO 179 BIS.- TRÁMITE DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLE POR LOCACIÓN DE
INMUEBLES. En el caso en que la locación de inmuebles se encuadre en lo
prescripto en el artículo 35 bis del presente reglamento se deberá
seguir el siguiente procedimiento:
1.- Se deberá formular el pedido respectivo, detallando: a)
individualización del inmueble (tipo de inmueble, ubicación, etc.); b)
destino; c) razones que motivan el pedido (vencimiento de alquileres,
implantación de nuevas sedes/oficinas o ampliación de superficie de las
ya existentes); d) dotación del personal que se afectaría a los nuevos
espacios o elementos que se destinarían el inmueble; e) superficie; f)
características (de la zona, del edificio, etc.); g) proyecto de pliego
de bases y condiciones particulares detallando las especificaciones
técnicas del inmueble requerido, plazo de duración del contrato,
precio, eventual prórroga y proyecto de contrato de locación a
suscribir; h) un informe en los términos del artículo 183 de este
reglamento; i) todo otro dato adicional que se considere útil a fin de
determinar el tipo de inmueble requerido.
2.- Una vez formulado el pedido se consultará a la Agencia de
Administración de Bienes del Estado sobre la existencia y
disponibilidad de bienes inmuebles propiedad del Estado Nacional de
características similares a las requeridas.
3.- En el caso de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado
no cuente con un inmueble con las características requeridas o, en su
caso, no conteste la consulta dentro de los 10 días de realizada se
podrá continuar con la contratación directa por adjudicación simple.
4.- La Dirección General de Administración Financiera elaborará el
contrato, cuyos términos y condiciones deberán adecuarse -en la medida
que corresponda- a las previsiones del artículo 180 del Reglamento de
Contrataciones, el que será sometido a consideración del eventual
locador y, una vez consensuados todos sus términos, se continuará con
el presente trámite. Además, en esta oportunidad se contemplarán los
trabajos que propone ejecutar el eventual locador en el inmueble
ofrecido, de conformidad con lo previsto en el inciso 5 del artículo
181 del Reglamento de Contrataciones;
5.- Una vez cumplido el punto que antecede, se proseguirá de igual
manera que en lo previsto en los puntos 2 y siguientes del artículo 163
del Reglamento de Contrataciones, debiéndose procurar -a los efectos de
la prosecución del trámite-: un informe técnico de la Dirección General
de Infraestructura Judicial que se expida en los términos prescriptos
en el artículo 182 del Reglamento de Contrataciones y la opinión del
tribunal o dependencia que ocupará el inmueble;
6.- Previo a la suscripción del contrato respectivo, se deberá dar
cumplimiento con lo establecido en el inciso 5 del artículo 180 e
incisos 2 y 3 del artículo 181 del Reglamento de Contrataciones”.
En relación con las tasaciones de los inmuebles y la pauta de equidad
de ofertas, propuso la sustitución de los artículos 183° y 184° del
Reglamento de Contrataciones por los siguientes textos,
respectivamente: “ARTÍCULO 183.- TASACIÓN. Una vez efectuada la
evaluación y como requisito previo a la adjudicación, se requerirá la
tasación del inmueble seleccionado por el Tribunal de Tasaciones de la
Nación o el Cuerpo de Peritos Tasadores de la justicia Nacional u
organismos oficiales o empresas estatales o entidades públicas no
estatales (v. gr. colegio de martilleros)”; y el “ARTICULO 184.-
EQUIDAD ECONÓMICA DE LAS OFERTAS. Se juzgarán equitativas las ofertas
que no superen en más de un VEINTE POR CIENTO (20%) el valor locativo
indicado en la tasación. Para el supuesto que las ofertas superen los
valores que surgen de la tasación del inmueble, deberá propulsarse un
mecanismo formal de mejora de precios a los efectos de alinear la mejor
oferta en los valores de mercado que se informan. Fracasado el
mecanismo de mejora, la autoridad competente podrá decidir la
adjudicación, expresando en el acto administrativo de adjudicación del
contrato, las razones que justifiquen la decisión.”.
Así, la propuesta elevada por la Administración General incluyó la
posibilidad de gestionar tasaciones de inmuebles por ante otras
entidades estatales o públicas no estatales, de acuerdo a las
posibilidades de cada zona.
No obstante, cabe aclarar que corresponde supeditar la consideración de
tasaciones “no oficiales” a un real impedimento para la obtención de
informes provenientes del Cuerpo de Peritos Tasadores de la CSJN o del
Tribunal de Tasación; como así también, se considera más conveniente
solicitar que, la tasación efectuada, estime el monto total del
contrato, previendo los posibles escalonamientos en la locación; lo que
permitiría el mantenimiento de la pauta de admisibilidad del 10%,
contemplado en la actual normativa.
Finalmente, en el marco de las renovaciones de alquileres, recomendó la
sustitución del artículo 190° del cuerpo normativo, por el siguiente
texto: “ARTÍCULO 190.- RENOVACIÓN. Vencido el plazo contractual
originario y, en su caso, la prórroga estipulada, podrá renovarse el
contrato sin necesidad de recurrir a un nuevo procedimiento
licitatorio, por un plazo equivalente al originario, siempre que por
razones de funcionamiento se tornara inconveniente el desplazamiento de
los servicios y el nuevo precio no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) de
la nueva tasación. Ello se cumplirá con arreglo a las condiciones del
contrato original, sin perjuicio de lo que se pacte en dicha
oportunidad respecto a la inclusión de los trabajos de conservación que
resulten necesarios. Para el supuesto que la propuesta del locador
supere los valores que surgen de la tasación del inmueble, deberá
propulsarse un mecanismo formal de mejora de precios a los efectos de
alinear la mejor oferta en los valores de mercado que se informan.
Fracasado el mecanismo de mejora, la autoridad competente podrá decidir
la renovación, expresando en el acto administrativo respectivo las
razones que justifiquen la decisión”.
A su respecto corresponde señalar que no resulta necesaria, conforme los argumentos ut supra citados, su modificación.
7°) Que, ese mismo orden de ideas y en pos a dar mayor celeridad a los
procedimientos, se propone implementar un sistema más riguroso para
aquellos oferentes que formularan impugnaciones al dictamen de
preadjudicaciones, por entender que existen oferentes que persiguen
solamente fines dilatorios.
De esta forma, la propuesta de la Administración General estableció un
recaudo de admisibilidad de tipo formal que actúe como tamiz para
separar aquellas presentaciones que suponen un interés genuino de rever
fundadamente un acto preparatorio de las que tienen una finalidad
dilatoria.
Sobre ello, solicita la sustitución de los artículos 116°, como
también, del inciso 4° del artículo 126° por los siguientes textos:
“ARTÍCULO 116.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN. Dentro del plazo fijado en el
artículo anterior, deberá constituirse la garantía de impugnación en el
porcentaje establecido en el inciso 3) del artículo 126 del presente
Reglamento, siendo la constancia del depósito un requisito de
admisibilidad de la impugnación. Dicho depósito se efectuará en el
Banco de Depósitos Judiciales a la orden del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, en una cuenta que la OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA deberá abrir para todos los casos
similares. Si se omitiere el depósito o se lo efectuare en forma
insuficiente, la impugnación se tendrá por no presentada. En el caso de
que la impugnación resulte procedente, la garantía deberá ser devuelta
a solicitud del impugnante. La resolución que declare improcedente la
impugnación causará la pérdida de la garantía constituida a favor del
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN”.
En tal sentido, la modificación que impulsada por la Administración
General contempla elevar el monto de la garantía actualmente
establecido del 1% al 3% del valor de la oferta del impugnante como una
suerte de arancelamiento por la actividad adicional que despliega este
Consejo de la Magistratura para evaluar cuestionamientos sobre actos
preparatorios de carácter no vinculante y la eventual devolución del
importe para el caso de admitirse la procedencia de la impugnación.
A su turno, y de manera concordante, el artículo 126º proyectado
establece: “ARTÍCULO 126.- CLASES DE GARANTÍAS. Los oferentes o los
co-contratantes deberán constituir las siguientes clases de garantías:
4.- De impugnación al dictamen de evaluación dé las ofertas: TRES POR
CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo
favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato”.
Sobre este punto en particular, es necesario soslayar que si bien la
doctrina y la jurisprudencia tienen distintos criterios para abordar
esta cuestión, este Consejo de la Magistratura entiende que en la
exigencia de una garantía de impugnación subyace una valoración
negativa del ejercicio del derecho de defensa de los oferentes y eso,
es en sí mismo, cuestionable.
Ello, en cuanto puede constituir un exceso reglamentario en desmedro de
los derechos constitucionales y los principios del procedimiento
administrativo, tales como la gratuidad, el debido procedimiento y la
verdad jurídica objetiva, desatiende el principio de colaboración,
afecta la selección de la oferta más conveniente y tiende a desalentar
las impugnaciones en desmedro de la transparencia y el control público.
Además, se debe tener en cuenta que el Decreto n° 1023/01, conforme el
artículo 3°, establece los principios generales a los que deberá
ajustarse la gestión de las contrataciones, a saber: razonabilidad,
concurrencia, transparencia, publicidad, responsabilidad e igualdad;
que se verían afectados con la exigencia de la garantía de impugnación.
La celeridad en el procedimiento podría lograrse implementando medidas
menos restrictivas del derecho de los particulares, tales como el
acortamiento de plazos a mínimos razonables, la sanción ante
impugnaciones maliciosas e incluso la exclusión del registro de
proveedores a aquellos oferentes que realicen impugnaciones infundadas
o manifiestamente improcedentes.
Por lo tanto, no se advierte causa justificada que permita la
regulación de la garantía de impugnación fuera de los términos del
artículo 116 en su actual redacción.
8°) Que atento a las razones expuestas para mejorar la tramitación de
los procedimientos de contratación, contando con mecanismos ágiles que
puedan dar respuesta inmediata a las necesidades de los tribunales del
país, la Comisión de Administración y Financiera consideró oportuna la
modificación del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación -dictamen 76/18-.
9º) Que la Comisión de Administración y Financiera remitió para
consideración de la Comisión de Reglamentación el Dictamen 76/2018.
10º) Que en la sesión del día de la fecha, el Plenario se constituyó en
Comisión de Reglamentación y sometió a consideración el proyecto de
dictamen 3/18, el que resultó aprobado.
11º) Que, seguidamente, el Plenario procedió a aprobar el dictamen 3/18
de la Comisión de Reglamentación, en concordancia con el dictamen 76/18
de la Comisión de Administración y Financiera.
Por ello, y de conformidad con los dictámenes 76/18 de la Comisión de
Administración y Financiera y 3/18 de la Comisión de Reglamentación
SE RESUELVE:
1°) Aprobar la supresión del apartado e) del inciso 1° del artículo
199° del “Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación” aprobado por la Resolución CM n°
254/15.
2°) Aprobar la incorporación como inciso 6° del artículo 22° del
“Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nación” aprobado por Resolución CM n° 254/15, el cual
quedará redactado del siguiente modo:
“ARTÍCULO 22.- PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN. La selección del
co-contratante podrá realizarse mediante los siguientes tipos de
procedimientos:
1.- Licitación o concurso público;
2.- Subasta pública;
3.- Licitación o concurso privado;
4.- Contratación directa por compulsa abreviada o por adjudicación simple;
5.- Trámite simplificado;
6.- Aprobación de gastos”.
3°) Aprobar la incorporación como artículo 36° bis del “Reglamento de
Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación” aprobado por Resolución CM 254/15, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 36 BIS.- PROCEDENCIA DEL TRÁMITE DE APROBACIÓN DE GASTOS. Se
podrá utilizar este procedimiento cuando se presenten casos de
impostergable necesidad o cuando resulte necesario continuar con la
prestación de un determinado servicio o adquirir determinados bienes,
para no afectar el normal desenvolvimiento de juzgados, tribunales u
organismos bajo la órbita del Consejo de la Magistratura, justificando
las razones que acrediten la imposibilidad de recurrir a los demás
procedimientos previstos en el presente Reglamento”.
4°) Aprobar la incorporación como artículo 167° bis del “Reglamento de
Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación” aprobado por Resolución CM 254/15, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
“ARTICULO 167 BIS.- TRÁMITE DE APROBACION DE GASTOS. En las
contrataciones que se encuadren en el artículo 36º bis del presente
Reglamento, se deberá seguir el siguiente procedimiento:
1.- Se deberán contar previamente con al menos 3 (tres) presupuestos
relativos a los bienes o servicios que se pretendan contratar,
debiéndose cursar invitaciones para cotizar por medios efectivos y
comprobables, salvo que no existieran suficientes oferentes en el caso
concreto, lo que deberá justificarse adecuadamente.
2.- La Aprobación del gasto procederá cuando el monto no exceda de 200 módulos.
3.- A los fines de garantizar la transparencia y el control, la Oficina
de Administración deberá dar a publicidad las adjudicaciones que se
lleva a cabo a través del presente procedimiento”.
5º) Aprobar la modificación del inciso 2º del artículo 27 conforme la siguiente redacción:
“ARTICULO 27.- PROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA […] 2.- Las
contrataciones directas por adjudicación simple serán aquellas en las
que, ya sea por cuestiones legales, por determinadas circunstancias de
hecho, por causas vinculadas al objeto del contrato o con el sujeto
contratante, no se pueda contratar sino con una determinada persona, o
esté facultado para elegir un co-contratante de naturaleza pública, y
cuando la situación de hecho se encuadre en los artículos 31, 32, 33,
34, 35 y 35 bis de este Reglamento”.
6º) Aprobar la incorporación como artículo 35° bis del “Reglamento de
Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación” aprobado por Resolución CM 254/15, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
“ARTICULO 35 BIS.- PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLE POR LOCACIÓN
DE INMUEBLES. La selección por contratación directa –adjudicación
simple- será procedente en la locación de inmuebles, en los casos en
los que el Poder Judicial de la Nación actúe como locatario. Previa
autorización de la Comisión de Administración y Financiera, para ello
deberá valorarse las dificultades en la selección del inmueble ya sea
por la escasez de oferta, conveniencia en la concentración de las sedes
judiciales u otras circunstancias que configuren situaciones
excepcionales”.
7º) Aprobar la incorporación como artículo 179° bis del “Reglamento de
Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación” aprobado por Resolución CM 254/15, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
“ARTICULO 179 BIS.- TRÁMITE DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLE POR LOCACIÓN DE
INMUEBLES. En el caso en que la locación de inmuebles se encuadre en lo
prescripto en el artículo 35 bis del presente reglamento se deberá
seguir el siguiente procedimiento:
1.- Se deberá formular el pedido respectivo, detallando: a)
individualización del inmueble (tipo de inmueble, ubicación, etc.); b)
destino; c) razones que motivan el pedido (vencimiento de alquileres,
implantación de nuevas sedes/oficinas o ampliación de superficie de las
ya existentes); d) dotación del personal que se afectaría a los nuevos
espacios o elementos que se destinarían el inmueble; e) superficie; f)
características (de la zona, del edificio, etc.); g) proyecto de pliego
de bases y condiciones particulares detallando las especificaciones
técnicas del inmueble requerido, plazo de duración del contrato,
precio, eventual prórroga y proyecto de contrato de locación a
suscribir; h) un informe en los términos del artículo 183 de este
reglamento; i) todo otro dato adicional que se considere útil a fin de
determinar el tipo de inmueble requerido.
2.- Una vez formulado el pedido se consultará a la Agencia de
Administración de Bienes del Estado sobre la existencia y
disponibilidad de bienes inmuebles propiedad del Estado Nacional de
características similares a las requeridas.
3.- En el caso de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado
no cuente con un inmueble con las características requeridas o, en su
caso, no conteste la consulta dentro de los 10 días de realizada se
podrá continuar con la contratación directa por adjudicación simple.
4.- La Dirección General de Administración Financiera elaborará el
contrato, cuyos términos y condiciones deberán adecuarse -en la medida
que corresponda- a las previsiones del artículo 180 del Reglamento de
Contrataciones, el que será sometido a consideración del eventual
locador y, una vez consensuados todos sus términos, se continuará con
el presente trámite. Además, en esta oportunidad se contemplarán los
trabajos que propone ejecutar el eventual locador en el inmueble
ofrecido, de conformidad con lo previsto en el inciso 5 del artículo
181 del Reglamento de Contrataciones;
5.- Una vez cumplido el punto que antecede, se proseguirá de igual
manera que en lo previsto en los puntos 2 y siguientes del artículo 163
del Reglamento de Contrataciones, debiéndose procurar -a los efectos de
la prosecución del trámite-: un informe técnico de la Dirección General
de Infraestructura Judicial que se expida en los términos prescriptos
en el artículo 182 del Reglamento de Contrataciones y la opinión del
tribunal o dependencia que ocupará el inmueble;
6.- Previo a la suscripción del contrato respectivo, se deberá dar
cumplimiento con lo establecido en el inciso 5 del artículo 180 e
incisos 2 y 3 del artículo 181 del Reglamento de Contrataciones”.
8º) Aprobar la modificación del artículo 183º del “Reglamento de
Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación” aprobado por Resolución CM 254/15, de conformidad con la
siguiente redacción:
“ARTÍCULO 183.- TASACIÓN. Una vez efectuada la evaluación y como
requisito previo a la adjudicación, se requerirá la tasación del
inmueble seleccionado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación o el
Cuerpo de Peritos Tasadores del Poder Judicial de la Nación. En su
defecto y acreditada la imposibilidad de efectuar la tasación por los
dos organismos anteriormente citados, podrá recurrirse a otros
organismos oficiales, entidades públicas no estatales o empresas
estatales.
La tasación deberá incluir, además del canon locativo mensual, la
cotización estimada por el período total de contratación y contemplar
los posibles incrementos periódicos de los valores locativos”.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina y oportunamente archívese. Miguel A. Piedecasas
e. 22/11/2018 N° 88720/18 v. 22/11/2018