(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial)

ANEXO I

ARTÍCULO 1°.- Deberá considerarse que las tierras propiedad del Estado Nacional, sus empresas y entes descentralizados o de otro ente donde el Estado Nacional tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias a las que hace referencia el artículo 1° de la Ley N° 23.967, son aquellas ocupadas por personas humanas cuyo destino principal sea el de vivienda única, familiar y de habitación permanente.

Dichos inmuebles podrán ser transferidos a los Estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su posterior venta a los actuales ocupantes. Asimismo, de conformidad con la normativa vigente en materia de administración y disposición de bienes del Estado, podrán ser transferidos a los Estados municipales con cargo de transferir las tierras a favor de sus actuales ocupantes y/o a estos últimos para su radicación definitiva.

ARTÍCULO 2°.- Serán beneficiarios del presente régimen de regularización dominial, los ocupantes que, al momento de efectuarse el relevamiento, cumplan las siguientes condiciones esenciales:

1) Detentar una ocupación actual, pública, pacífica, continua y de buena fe del inmueble.

2) Destinar el inmueble a vivienda única, familiar y de habitación permanente.

3) Que ninguno de los miembros del grupo familiar conviviente posea inmuebles a su nombre que puedan satisfacer la necesidad habitacional o sea beneficiario de algún otro programa destinado a los mismos fines.

4) Que sobre el inmueble no exista controversia de derechos alguna.

La violación y/o incumplimiento de alguna de las condiciones esenciales precedentemente establecidas ocasionará la pérdida de todo derecho sobre el inmueble, como así también de los importes abonados. ARTÍCULO 3°.- La AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO será el organismo de ejecución designado para la aplicación de la Ley N° 23.967 y determinará las condiciones respecto del uso, mensura y subdivisión de los inmuebles a tasar que deberán ser tenidas en cuenta por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN. El precio de venta se fijará considerando el estado de ocupación del inmueble y libre de las mejoras realizadas por sus habitantes. El organismo de ejecución quedará facultado a otorgar planes de pago y financiación del precio, cuando las condiciones personales, sociales y familiares del adquirente así lo ameriten. El interés compensatorio que se fije no podrá superar la tasa nominal anual fija más baja aplicada para los Préstamos Hipotecarios del Banco de la Nación Argentina. El adjudicatario del inmueble podrá solicitar la cancelación anticipada de la deuda, abonando únicamente el saldo de capital.

ARTÍCULO 4°- La AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, en su carácter de organismo de ejecución, tendrá las siguientes facultades:

a) Suscribir, en el marco de la regularización dominial de las tierras nacionales, la aprobación y/o las modificaciones que resulten necesarias en toda instrumentación de compraventa de inmuebles a favor de determinados grupos familiares o aquellas entidades asociativas que los representen en su totalidad, que se hubieren celebrado con anterioridad al dictado de la presente reglamentación.

b) Resolver, rescindir, revocar o dejar sin efecto, cuando se estime corresponder, aquellas operatorias de enajenación de inmuebles enmarcadas en los programas de regularización dominial que aún no han sido perfeccionadas donde la titularidad de dominio de los inmuebles aún resulte en cabeza del ESTADO NACIONAL.

c) Suscribir en nombre y representación del ESTADO NACIONAL, las escrituras públicas traslativas de dominio, de constitución y levantamiento de garantías hipotecarias y de reconocimiento de deudas, por las cuales se formalicen operaciones de enajenación de inmuebles en el marco de la Ley N° 23.967 y normas afines.

d) Celebrar convenios de colaboración recíproca con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades, asociaciones profesionales, organizaciones sociales, organismos internacionales de cooperación y universidades y entidades públicas o privadas afines, tendientes a la regularización dominial.

ARTÍCULO 5°.- El organismo de ejecución estará facultado, por sí o por aquellos entes públicos que designe a tal efecto, a realizar las acciones y trámites necesarios para la obtención de toda la documentación técnica, dominial y catastral de los inmuebles, a los fines de efectivizar la regularización dominial de las tierras nacionales.

Todas las tramitaciones, diligencias y demás tareas conducentes a efectuar la regularización pertinente se realizarán sin cargo a los ocupantes.

ARTÍCULO 6°.- En aquellos casos de venta directa al ocupante, se adjudicará a cada grupo familiar la fracción del inmueble que ocupa, generada a partir de la subdivisión o fraccionamiento del mismo. Asimismo, cuando se estime procedente o cuando los adjudicatarios así lo requieran, se podrá transferir un mismo lote, parcela o fracción a más de un grupo familiar en carácter de condóminos.

ARTÍCULO 7°.- El relevamiento y verificación de ocupación de los inmuebles reglamentados en el presente régimen de regularización dominial será realizado por la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO o por quien esta designe. Toda la información suministrada por los ocupantes a tales fines tendrá carácter de declaración jurada y deberá incluir, sin excepción, las siguientes manifestaciones:

1) Que conoce y acepta las condiciones establecidas en la Ley N° 23.967 y su decreto reglamentario.

2) Que no es propietario de otro bien que pueda satisfacer sus necesidades de vivienda única y permanente.

3) Que no ha sido beneficiario de ningún régimen de regularización dominial o plan de vivienda social.

4) Que acepta adquirir el inmueble y abonar el precio fijado, conforme la modalidad de pago y financiación que se pacte al momento de la adjudicación del inmueble.

En caso de constatarse la falsedad de alguno de los datos incluidos en la declaración jurada o de la documentación acompañada, será causal suficiente para la pérdida del carácter de beneficiario, exclusión del régimen de regularización dominial y revocación de cualquier instrumento emitido en relación con el mismo, sin perjuicio de las acciones judiciales o administrativas que pudieran iniciarse.

ARTÍCULO 8°.- Una vez efectuada la constatación de ocupación y la revisión de antecedentes de los inmuebles a regularizar, la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, publicará los listados de los adjudicatarios de conformidad con las prescripciones previstas en el artículo 42 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 - T.O. 2017. ARTÍCULO 9°.- El emplazamiento deberá contener:

1. Número de expediente y datos del adjudicatario.

2. Coordenadas geográficas del inmueble.

3. Ubicación del bien (calle, número; unidad funcional; número de manzana y/o casa, en caso de corresponder).

ARTÍCULO 10.- Aquellos terceros que se consideren con un anterior y mejor derecho sobre el inmueble en cuestión, podrán deducir oposición ante el organismo de ejecución dentro del término de QUINCE (15) días hábiles administrativos contados desde la fecha de la última publicación. Cuando la oposición se encontrara suficientemente fundada, aportando elementos e indicios graves, precisos y concordantes que otorguen verosimilitud a la oposición formulada, el órgano de ejecución promoverá las correspondientes actuaciones administrativas a efectos de determinar la realidad de los hechos denunciados, suspendiendo preventivamente el proceso de regularización dominial hasta su resolución.

ARTÍCULO 11- La AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, en virtud de la presente reglamentación, otorgará las escrituras traslativas de dominio a favor de los adjudicatarios y dará a conocer a los mismos el régimen previsto en el Libro Primero, Título III, Capítulo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 12.- El presente régimen también será aplicable a aquellos inmuebles enajenados por el ESTADO NACIONAL, en el marco de los programas de regularización dominial, que se encuentren pendientes de escrituración y cuya ocupación actual no sea ostentada por los adjudicatarios originalmente consignados. En estos casos, el organismo de ejecución podrá continuar el proceso escriturario, cuando estime corresponder, llevando adelante el saneamiento dominial y demás actos administrativos conducentes a dichos fines.