(Nota
Infoleg:
Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la
edición web de Boletín Oficial)
PLAN ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE
INTRODUCCIÓN / FUNDAMENTOS
Durante los últimos años, la Argentina observó un proceso de deterioro
económico y social, manifestado en un considerable aumento de la
pobreza, la indigencia y el desempleo. Según datos del INDEC para el
primer semestre de 2019, la pobreza subió a 35,4%, esto es, 14,4
millones de personas en condición de pobreza (INDEC 2019)[1].
Entre el período 2014-2016 y el correspondiente a 2016-2018, el
porcentaje de población que experimentó inseguridad alimentaria
moderada o grave pasó del 19,1 % al 32,1% o, lo que es lo mismo, de 8,3
millones de personas a 14,2 millones. Este incremento en 5,9 millones
de personas equivale a una suba del 71 por ciento en el total de
individuos con falta de acceso continuado a los alimentos (FAO, FIDA,
OMS, PMA y UNICEF 2019/ [2].
En consecuencia, existe en el país un amplio sector de la población que
presenta barreras de acceso a una alimentación sostenible. Tal es así,
que la Ley 27.519 sancionada durante el 2019 por el Honorable Congreso
de la Nación reconoce la crisis alimentaria existente y prorroga la
Emergencia Alimentaria dispuesta por el Decreto 108 del año 2002, hasta
diciembre del año 2022.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tiene como principales
objetivos: promover el desarrollo social; fortalecer las capacidades
humanas, individuales y colectivas; atender a la población en situación
de vulnerabilidad social; promover los derechos de los sectores más
vulnerables y la construcción de ciudadanía, promover el trabajo a
través de la capacitación laboral y la actividad productiva
fortaleciendo la economía social, solidaria y popular, como así también
abordar un proceso de reorientación gradual de la estrategia de gestión
de los Programas alimentarios. Dicho cambio obedece a la necesidad de
modificar la modalidad de acceso de las familias a los alimentos y,
consecuentemente, de enriquecer las acciones de contención, orientación
y acompañamiento de las familias.
El padecimiento de la inseguridad alimentaria, afecta directamente las
posibilidades de alcanzar un desarrollo humano integral, repercutiendo
negativamente en diferentes dimensiones de la vida de las personas como
lo son la educación, la salud, el trabajo, condicionando las
posibilidades de alcanzar el desarrollo de una vida plenamente
productiva, activa y saludable (FAO 2006) [3] .
Hacer efectivo el derecho a una alimentación de calidad es fundamental
conforme lo que establecen diversos Instrumentos Internacionales a los
que la Constitución Nacional, mediante el inciso 22 del Artículo 75,
les otorgó jerarquía constitucional, como el Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El derecho a la alimentación es una pieza clave para garantizar el
cumplimiento de otros derechos fundamentales, en tanto su cumplimiento
posibilita satisfacer necesidades vitales, sin las cuales las funciones
básicas de la vida se encuentran disminuidas, sobre todo durante los
primeros años de vida. La ausencia de una alimentación saludable
durante la infancia, incide en el crecimiento psicofísico, cognitivo y
el desarrollo integral de niñas y niños a futuro (OMS y UNICEF 2018)[4].
La realidad que afrontan millones de argentinos y argentinas en la
actualidad, expresada en la reducción del consumo de leche o reducción
de las ingestas alimentarias, requiere de manera urgente, mejorar los
ingresos de las familias argentinas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, ya sea por su condición de pobreza, indigencia, o por
transitar situaciones de desocupación o informalidad.
La inseguridad alimentaria, es el problema social más importante que
hoy debe enfrentar la Argentina, frente al cual el gobierno ha asumido
el compromiso social y político, de brindar una respuesta de manera
urgente.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ha definido como
lineamiento central de su política social, la atención inmediata del
hambre en la Argentina, impulsando acciones que, de forma urgente,
atiendan la situación de inseguridad y soberanía alimentaria[5] en la
que se encuentra un importante sector de la población, a causa de la
crisis social y económica que atraviesa el país.
Atender la problemática del hambre, exige un enfoque integral, en tanto
la seguridad alimentaria está asociada al bienestar social y su
expresión en diferentes dimensiones como la económica, y aquellas
relativas al ámbito del cuidado, de la salud y la educación. Dicha
problemática, se encuentra asociada, entre otros factores, al nivel de
ingreso de las familias, los precios, la cantidad y la calidad de los
alimentos, a los que cada persona o grupo puede acceder.
El PLAN ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE, constituye una política de Estado
basada en un enfoque integral, guiada por el consenso y la
participación de distintos actores de la sociedad. La implementación
del Plan involucra el trabajo conjunto de diversos organismos y niveles
del Estado nacional, provincial, y municipal, y actores de la sociedad
civil que acompañan acciones para la atención de la población
destinataria y el logro de los objetivos planteados.
Toda política alimentaria es entendida como parte de una política de
promoción y protección de la infancia resignificando el sentido de
promoción del desarrollo infantil autónomo y seguro y su vinculación
con la organización familiar. En tal sentido, la estrategia del Plan
Argentina Contra el Hambre se asienta en el fortalecimiento del
protagonismo de las familias como espacio vital en la resolución de los
aspectos alimentarios y de los factores que inciden en el desarrollo
infantil integral y de sus comunidades.
I. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN
Garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población y
familias argentinas con especial atención en los sectores de mayor
vulnerabilidad económica y social.
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Implementar un sistema que complemente los ingresos del hogar para la
compra de alimentos, priorizando en los mismos a padres y/o madres con
niños y niñas de hasta 6 años, mujeres embarazadas a partir de los 3
meses y personas con discapacidad que se encuentren en situación de
vulnerabilidad social.
Fortalecer las prestaciones alimentarias dirigidas a provincias,
municipios, comedores comunitarios, comedores escolares y
organizaciones sociales.
Favorecer la participación de las familias y las comunidades en la
producción de alimentos a fin de diversificar y mejorar sus consumos en
pos de una alimentación saludable.
Promover sistemas de producción de alimentos a través del
fortalecimiento de la economía solidaria, social y popular, el
cooperativismo y la agricultura familiar.
Propiciar la participación de redes comunitarias para el acompañamiento
y seguimiento de las familias en la incorporación de hábitos saludables
de alimentación, higiene y nutrición.
Diseñar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación de resultados e impactos de las acciones que componen el Plan.
III. POBLACIÓN DESTINATARIA
Las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y
padecen inseguridad alimentaria. Se atenderá a las familias y
comunidades en situación de pobreza priorizando aquellos hogares con
niños y niñas menores de 6 años, mujeres embarazadas y personas con
discapacidad. Asimismo se prestará especial atención a los y las
adultos mayores y adolescentes que presenten dificultades para acceder
a una alimentación adecuada.
IV. MODELO DE GESTIÓN
El Plan será implementado desde el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación en articulación con otros organismos públicos, para
garantizar la coordinación interjurisdiccional e intersectorial de los
distintos componentes del Plan.
V. COMPONENTES
El Plan Argentina Contra el Hambre consta de los siguientes componentes:
A. SEGURIDAD ALIMENTARIA
El objetivo de este componente consiste en garantizar a las familias
más vulnerables el acceso a los alimentos. Este componente incluye:
1. Tarjeta Alimentar.
2. Prestaciones para comedores escolares.
3. Prestaciones para merenderos y comedores comunitarios.
B. ASISTENCIA ALIMENTARIA EN SITUACIONES CRITICAS Y/O DE EMERGENCIA
El objetivo de este componente consiste en brindar asistencia
alimentaria frente a situaciones criticas, de emergencia social,
económica, y/o climática que afecten el bienestar de las familias y de
las comunidades.
Este componente incluye la distribución de prestaciones alimentarias a
las personas y/o grupo familiar en forma directa y/o a través de
organismos gubernamentales y no gubernamentales.
C. APOYO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS
El objetivo de este componente es favorecer la producción y
comercialización de alimentos de la economía solidaria, social y
popular, el cooperativismo y la agricultura familiar. Este componente
incluye:
1. Creación y fortalecimiento de mercados populares.
2. Financiamiento a productores de la economía solidaria, social y popular.
3. Apoyo a la producción de la agricultura familia
D. FORTALECIMIENTO DE REDES COMUNITARIAS
El objetivo de este componente es fortalecer las redes de actores
comunitarios para que operen de manera integrada en el fortalecimiento
de las familias en el cuidado de la primera infancia, la seguridad
alimentaria, la salud y la educación.
E. MONITOREO Y EVALUACIÓN
El objetivo de este componente es implementar un sistema integrado de
monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan. Se promocionará la
aplicación de las ciencias y de las tecnologías para mejorar la calidad
alimentaria y nutricional de la población y se realizarán
capacitaciones interdisciplinarias a promotoras y promotores de
seguridad alimentaria y nutricional.
VI. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
La implementación del Plan involucrar acciones de diversos organismos y
niveles del Estado, organizaciones sociales y comunitarias, sindicatos,
organizaciones empresariales, instituciones religiosas, etcétera.
Compete al Ministerio de Desarrollo Social: diseñar e implementar los
programas sociales que componen el Plan según su competencia y
coordinar acciones con ANSES, Banco de la Nación Argentina, bancos
provinciales y otros organismos públicos nacionales, provinciales, y
municipios para dar cumplimiento a los lineamientos del Plan.
Instar a las provincias y municipios a llevar adelante actividades para
la implementación de los componentes del Plan en coordinación con el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; promover prácticas de
consumo saludables desde el ámbito de la salud y la educación.
Las organizaciones sociales y comunitarias participaran de las actividades asociadas a la ejecución del Plan.
[1] Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2019).
Informes Técnicos. Vol. 3, n° 182. Condiciones de vida. Vol. 3, n° 13.
Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos.
Primer semestre de 2019.
[2] FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. (2019). El estado de la seguridad
alimentaria y la nutrición en el mundo 2019. Protegerse frente a la
desaceleración y el debilitamiento de la economía. Roma, FAO.
[3]
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de
1996, la Seguridad Alimentaria "a nivel de individuo, hogar, nación y
global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen
acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo,
para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el
objeto de llevar una vida activa y sana". FAO. 2006. Seguridad
alimentaria. Informe de políticas, 2.
[4] Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. (2018). The
extension of the 2025 Maternal, Infant and Young Child nutrition
targets to 2030. WHO/UNICEF Discussion paper.
[5] Food Secure Canada. 2012. The Six Pillars of Food Sovereignty,
Developed at Nyéléni, 2007 (disponible en
https://www.globaljustice.org.uk/six-pillars-food-sovereignty). La
soberanía alimentaria descansa en seis pilares: 1. se centra alimentos
para los pueblos poniendo la necesidad de alimentación de las personas
en el centro de las políticas; 2. pone valor en los proveedores de
alimentos; 3. localiza los sistemas alimentarios; 4. sitúa el control a
nivel local; 5. promueve el conocimiento y las habilidades; y 6. es
ambientalmente sostenible.