MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJOResolución 55/2020RESOL-2020-55-APN-SRT#MTCiudad de Buenos Aires, 17/06/2020
VISTOel Expediente EX-2020-36396466-APN-GAJYN#SRT, las Leyes N° 24.557, Nº
27.348, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 54 de fecha 20 de enero
de 2017, las Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO (S.R.T.) N° 760 de fecha 28 de julio de 2017, N° 4 de fecha 11
de enero de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que con el objeto de
evitar un eventual colapso del Sistema de Riesgos del Trabajo, así como
con la explícita finalidad de reducir los elevados índices de
confrontación judicial existente entre los distintos actores del
sistema productivo nacional, mediante la sanción de la Ley N° 27.348
Complementaria de Riesgos del Trabajo se dispuso la intervención de las
Comisiones Médicas -creadas por el artículo 51 de la Ley N° 24.241 y
sus modificatorias- como una instancia administrativa previa, de
carácter obligatorio y excluyente de cualquier otra intervención, para
que el trabajador afectado, contando con el patrocinio letrado que
garantice el debido proceso legal, solicite la determinación del
carácter profesional de su enfermedad o contingencia de naturaleza
laboral y el otorgamiento de las prestaciones dinerarias previstas en
la Ley sobre Riesgos del Trabajo, en forma previa a dar curso a
cualquier acción judicial por ante los tribunales locales, fundada
tanto en la Ley N° 24.557 como en la opción por la vía del derecho
civil expresamente autorizada en el artículo 4°, último párrafo de la
Ley N° 26.773.
Que en lo que atañe al tratamiento de
indemnizaciones derivadas de daños psicofísicos por causa laboral, la
norma complementaria creó un sub órgano de conciliación en el ámbito de
las aludidas comisiones médicas denominado Servicio de Homologación (de
acuerdos transaccionales) ante supuestos de incapacidades permanentes y
consolidadas, así como de fallecimientos causados por el desempeño de
dichas actividades.
Que la experiencia recogida tras los
numerosos planteos de inconstitucionalidad deducidos con anterioridad a
la sanción de la citada Ley N° 27.348 hicieron aconsejable que
inmediatamente después de su entrada en vigencia se habilitara una base
registral inteligente a los fines de obtener y conocer tempranamente el
detalle de las acciones judiciales ordenadas a poner en entredicho la
constitucionalidad de los preceptos contenidos en la referida Ley N°
27.348, y promovidas con la finalidad última de evadir la mentada
instancia administrativa conciliatoria, previa y obligatoria, por ante
las Comisiones Médicas.
Que, a tal fin, esta SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) dictó la Resolución N° 760 de fecha 28 de
julio de 2017, por medio de la cual se creó el “SISTEMA INTEGRAL DE
REGISTRO PARA EL ESTUDIO DE LA LITIGIOSIDAD DEL SISTEMA DE RIESGOS DEL
TRABAJO” (S.I.R.E.L.).
Que a tales fines registrales se previó
que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y/o Empleadores
Autoasegurados (E.A.) y/o Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Mutual
(ART - Mutual) debieran remitir a esta S.R.T. la información relativa a
los aludidos planteos de inconstitucionalidad, opuestos contra la
validez de la Ley Complementaria sobre Riesgos del Trabajo y el Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 54 de fecha de 20 de enero de 2017, así como
también las novedades que se produzcan en el desarrollo de los
mencionados procesos.
Que corresponde señalar que el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 54/17, citado precedentemente, se había
anticipado a introducir las mismas reformas normativas que fueran luego
ratificadas mediante la sanción de la Ley Complementaria sobre Riesgos
del Trabajo.
Que si bien la Resolución S.R.T. N° 760/17 no fue
puesta en práctica debido a la eficacia de los diversos procesos
judiciales de amparos colectivos y medidas cautelares instados en su
contra, destacándose que la situación actual en orden a la validación
constitucional de las innovaciones normativas resultantes de la Ley
Complementaria sobre Riesgos del Trabajo ha variado sustancialmente
respecto al contexto general imperante al momento del dictado de la
referida resolución.
Que con motivo de la mayoritaria adhesión
de las provincias al Título I de la Ley N° 27.348, a partir del año
2017, la litigiosidad general por infortunios laborales se ha visto
reducida de modo notable, lo que constituye una indirecta prueba
indiciaria de que el servicio de justicia brindado por las comisiones
médicas del Sistema y por su aludida instancia de conciliación se
cumple con eficacia y universalidad, contando con la plena aprobación
de los tribunales de justicia de distinta jurisdicción.
Que, en
ese rumbo, la jurisprudencia emanada de tribunales de grado como
también de Cámaras de Apelaciones de todo el país han rechazado la
pretendida inconstitucionalidad de las reformas vigentes al Sistema de
Riesgos del Trabajo.
Que, en tal sentido, y debido a las
previsibles implicancias de acompañamiento institucional y emulación
que reviste, corresponde destacar el reciente pronunciamiento dictado
por un tribunal cimero de nuestro país, en la causa L. 121.939,
“Marchetti, Jorge Gabriel contra Fiscalía de Estado de la Provincia de
Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial”, en el que la
SUPREMA CORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES revocó un fallo de
primera instancia para expedirse con sólidos fundamentos en favor de la
constitucionalidad de la Ley N° 14.997 por medio de cuya sanción la
legislatura bonaerense dispuso oportunamente adherir a la referida Ley
Convenio N° 27.348.
Que el más alto tribunal bonaerense opinó
que “(…) En la especie, se advierte la instrumentación de entes
administrativos que procuran el reconocimiento extrajudicial e
inmediato de los derechos que el propio régimen confiere a partir de
una experticia. Ello a fin de establecer la objetiva comprobación de
que el trabajador se encuentra en condiciones de acceder a los
beneficios que la ley le acuerda. Consecuentemente, la labor del ente
administrativo en incumbencias de orden técnico-científico,
movilizadoras del sistema de seguro de riesgos del trabajo no configura
ineludiblemente una “causa” o “controversia” que amerite la inexcusable
intervención de un tribunal de justicia, el cual ocupará su rol luego
de la discrepancia con la valoración administrativa, detalle que
habilitará la función jurisdiccional, la que sólo puede ser ejercida
por los órganos integrantes del Poder Judicial” (…).
Que, además
entendió que “(…) Este esquema no impide al trabajador el acceso a la
jurisdicción, sino esta vía queda supeditada a que se agote una
instancia administrativa previa de carácter obligatorio, circunstancia
que, en definitiva, no reviste más que una finalidad protectora, desde
que tiende a asegurar al afectado -en cuanto sujeto de tutela
preferente- o sus derechohabientes una más rápida percepción de sus
acreencias (art. 14 bis, Const. nac.)”.
Que finalmente sostuvo
“(…) La ley 14.997 y, por su conducto, la aplicación de las normas
pertinentes de la ley 27.348, no importan la conculcación de los
derechos constitucionales de la parte actora de acceso a la
jurisdicción, tutela judicial continúa y efectiva y debido proceso
legal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; Tratados internacionales
cit.; art. 15, Const. prov.) (…)”.
Que, en consecuencia, la
Resolución S.R.T. N° 760/17 se ha tornado inoperativa e inconducente en
la actualidad, por lo que corresponde su derogación.
Que el Señor Gerente General ha intervenido y prestado su conformidad.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos ha intervenido en el área de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 36 y 38 de la Ley N° 24.557.
Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:
ARTÍCULO
1°.- Derógase la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO (S.R.T.) N° 760 de fecha 28 de julio de 2017, por medio de la
cual se creó el “SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO PARA EL ESTUDIO DE LA
LITIGIOSIDAD DEL SISTEMA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.I.R.E.L.)”.
ARTÍCULO 2°.- La presente resolución entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Gustavo Dario Moron
e. 19/06/2020 N° 24073/20 v. 19/06/2020