JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
Resolución 86/2020
RESOL-2020-86-APN-SIP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 29/10/2020
VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2020-73626810-APN-DGAJSIP#JGM, la
Ley N° 25.506 y su modificatoria, el Decreto Reglamentario N° 182 del
11 de marzo de 2019, el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019, la
Resolución del (ex) MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 399 del 5 de octubre
de 2016 y la Resolución de la (ex) SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA N° 63 del 8 de junio de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 25.506 legisló sobre la firma electrónica, la firma
digital, el documento digital y su eficacia jurídica, estableciendo
disposiciones relativas a los componentes de la Infraestructura de
Firma Digital de la República Argentina.
Que la citada ley definió a la firma digital como el resultado de
aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere
información de exclusivo conocimiento del firmante y que se encuentre
bajo su absoluto control.
Que el Anexo de la aludida Ley N° 25.506 al definir dispositivo de
creación de firma digital expresamente menciona “dispositivo de
hardware o software técnicamente confiable que permite firmar
digitalmente”.
Que la mención, en la definición anteriormente citada, de “técnicamente
confiable”, refiere al cumplimiento de los requisitos tendientes a
resguardar contra la posibilidad de intrusión y/o uso no autorizado,
asegurar la disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad y correcto
funcionamiento, ser apto para el desempeño de sus funciones
específicas, cumplir las normas de seguridad apropiadas, acordes a
estándares internacionales en la materia y cumplir con los estándares
técnicos y de auditoría que establezca la Autoridad de Aplicación.
Que conforme lo establecido en el artículo 17 de la Ley N° 25.506 la
actividad de los certificadores licenciados no pertenecientes al sector
público se prestará en régimen de competencia.
Que el Decreto N° 182 del 11 de marzo de 2019 reglamentó la ley antes
citada, asignando competencias a la Autoridad de Aplicación para
establecer determinados actos y procedimientos.
Que el artículo 23, inciso 31) del Anexo del citado Decreto N° 182/2019
facultó a la (ex) SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA a dictar
las normas tendientes a asegurar el régimen de libre competencia,
equilibrio de participación en el mercado de los prestadores y
protección de los usuarios.
Que, asimismo, el Anexo al Decreto antes citado, en su artículo 4°,
punto 9, al determinar quiénes componen la Infraestructura de Firma
Digital incluye a los prestadores de servicios de confianza.
Que el artículo 37 del Anexo al Decreto N° 182/2019 estableció, que las
personas humanas, jurídicas, consorcios, entes públicos, entes públicos
no estatales, podrán brindar servicios de confianza de acuerdo a los
procedimientos, estándares y condiciones que determine la (ex)
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la (ex) SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la Resolución del (ex) MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN N° 399 del 5 de
octubre de 2016, en su Anexo III, “Perfiles de los Certificados y de
las Listas de Certificados Revocados”, en el punto 2.3.11 “Declaración
del certificado cualificado” estableció un OID específico para los
casos en que las claves sean generadas por software.
Que, en consecuencia, y a los fines de asegurar el régimen de libre
competencia entre todos los prestadores de firma digital y un
equilibrio en su participación en el mercado, se hace necesario
autorizar a los certificadores licenciados de firma digital a la
provisión del servicio de firma digital con custodia centralizada de
claves privadas y, asimismo, a fin de garantizar la adecuada prestación
de los servicios de certificación, es indispensable establecer los
procedimientos técnicos para poder proveer ese servicio.
Que, de igual modo, constituyendo un elemento esencial para el
desarrollo económico y social la existencia de un clima de confianza en
el entorno digital lo que otorgará, a la par, seguridad a las
transacciones electrónicas, resulta conveniente aprobar los requisitos
que deberán cumplir los prestadores de servicios de confianza de firma
digital con custodia centralizada de claves privadas.
Que la Resolución de la (ex) SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
N° 63 del 8 de junio de 2018 estableció que a partir de la creación de
la Plataforma de Firma Digital Remota dispuesta por el Decreto N°
892/2017, sólo estarían homologados para la creación de firmas
digitales de personas los dispositivos de creación de firma por
hardware y los dispositivos de creación de firma utilizados por dicha
Plataforma de Firma Digital Remota, obligando a los Certificadores
Licenciados que no se ajustaran a ello a adecuar sus sistemas de
gestión en un plazo de noventa (90) días, ocasionando reclamaciones
administrativas y judiciales.
Que, a partir de ello, y del constante avance de la tecnología y los
nuevos requerimientos que surgieron a partir de la expansión de la
firma digital en los tiempos de la declaración de la pandemia del
COVID-19, resulta procedente derogar la Resolución de la (ex)
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA N° 63 del 8 de junio de 2018.
Que por el Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de 2019 se aprobó el
Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría, creándose en el ámbito de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS, la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA y
estableciendo entre sus objetivos el de actuar como Autoridad de
Aplicación del régimen normativo que establece la infraestructura de
firma digital estipulada por la Ley N° 25.506.
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE FIRMA DIGITAL E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA de la SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS han tomado las intervenciones que les competen.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las competencias conferidas por los Decretos Nros. 182/2019 y 50/2019.
Por ello,
LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizase a los Certificadores Licenciados de Firma
Digital a la provisión del servicio de firma digital con custodia
centralizada de claves criptográficas, permitiendo tanto su generación
como la realización del proceso de firma digital, el que deberá operar
utilizando un sistema técnicamente confiable y seguro conforme los
lineamientos establecidos en la Ley N° 25.506 y modificatorias,
cumpliendo con las normas de seguridad acordes a estándares
internacionales y de auditoría establecidas por la Autoridad de
Aplicación.
ARTÍCULO 2°.- Las entidades que al momento de la entrada en vigencia de
esta medida se hallaren constituidas como Certificadores Licenciados de
Firma Digital y desearan adoptar la tecnología prevista en el artículo
1° de la presente, deberán adecuar los documentos presentados en
oportunidad de su licenciamiento, los que serán sometidos a aprobación
por parte de la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 3°.- Establécese que la provisión del servicio de firma
digital con custodia centralizada deberá ser brindado por prestadores
de servicios de confianza en el marco de lo establecido en el artículo
36 del Capítulo V del Anexo al Decreto N° 182/2019, que cuenten con una
licencia habilitante en carácter de Certificador Licenciado
perteneciente a la Infraestructura de Firma Digital de la República
Argentina (IFDRA).
ARTÍCULO 4°.- Apruébanse los requisitos que deberán cumplirse para
ejercer el rol de prestador de servicios de confianza, que como Anexo
(IF-2020-73608261-APN-SSIA#JGM) forma parte de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- Establécese que para la creación de firmas digitales de
personas humanas y jurídicas, los dispositivos de software utilizados
por los Certificadores Licenciados no deberán permitir la exportación
de los certificados con sus correspondientes claves privadas.
ARTÍCULO 6°.- Derógase la Resolución de la (ex) SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA N° 63 del 8 de junio de 2018.
ARTÍCULO 7°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Micaela Sánchez Malcolm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 02/11/2020 N° 51608/20 v. 02/11/2020
(Nota
Infoleg:
Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la
edición web de Boletín Oficial. Los mismos pueden consultarse en el
siguiente link: Anexos)