Decreto-Ley Nº 6.070/1958

Ley para el ejercicio de la Agrimensura, la Agronomía, la Arquitectura y la Ingeniería en Jurisdicción Nacional.

Buenos Aires, 25/4/58.

Visto este expediente Nº 445/58 del registro del Ministerio de Obras Públicas en el que la Comisión creada por el art. 3º del Decreto-Ley Nº 4.016/57 da cuenta de los resultados de la labor que le fuera encomendada,

Por ello;


Artículo 1º - El ejercicio de la Agrimensura, la Agronomía, la Arquitectura y la Ingeniería, en jurisdicción nacional o ante autoridades o tribunales nacionales, queda sujeto a las determinaciones de la presente ley, sus disposiciones complementarias y las normas de ética profesional.

Art. 2º - Considérese ejercicio profesional, con las responsabilidades inherentes, toda actividad remunerada o gratuita, que requiera la capacitación proporcionada por las Universidades Nacionales con arreglo a sus normas, y sea propia de los diplomados a quienes se refiere el artículo 13º, tal como:

a) El ofrecimiento o prestación de servicios o ejecución de obras.

b) La realización de estudios, proyectos, direcciones, asesoramientos, pericias, tasaciones, mensuras, ensayos, análisis, certificaciones; la evacuación de consultas y laudos; la confección de informes, dictámenes e inventarios técnicos.

c) El desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos, privados o públicos, incluso nombramientos judiciales de oficio o a propuesta de parte.
Jurisprudencia que cita a la presente 

Art. 3º - El ejercicio profesional deberá llevarse a cabo mediante la prestación personal de los servicios.

Art. 4º - El uso del título estará sometido a las siguientes reglas:

a) Las palabras agrimensor, arquitecto o ingeniero quedan reservadas exclusivamente para los diplomados por Universidad Nacional, debiéndose adicionar, cuando corresponda, la calificación de la especialidad, sin perjuicio de los títulos expedidos por los institutos superiores de las fuerzas armadas de la Nación.

b) En las sociedades u otro conjunto de profesionales entre sí, o con otras personas, corresponderá individualmente a cada uno de los profesionales, y en las denominaciones que adopten las mismas no se podrá hacer referencia a títulos profesionales, si no se los posee la totalidad de los componentes.

c) En todos los casos deberá determinarse con precisión el título de que se trate, excluyendo las posibilidades de error o duda al respecto.

Considérase asimismo uso del título el empleo de términos, leyendas, insignias, dibujos y demás expresiones de las que se pueda inferir la idea de ejercicio profesional.

Art. 5º - Las funciones para las cuales capacita cada título, serán determinadas exclusivamente por las Universidades Nacionales que los expidan, reconozcan o revaliden, para lo cual éstas tomarán en consideración los proyectos que propicie la Junta Central con arreglo al inciso 11) del artículo 20º.

Las Universidades comunicarán a la Junta Central las resoluciones que dicten determinando esas funciones.

Art. 6º - Para los efectos de esta ley, el reconocimiento o reválida requiere en todos los casos la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que el diploma extranjero haya sido obtenido previo un ciclo completo de enseñanza media y que acredite conocimientos equivalentes o superiores a los impartidos en las Universidades Nacionales.

b) Que el titular del diploma haya rendido en forma personal y directa las pruebas teóricas y prácticas exigidas por la institución que lo expidió.

Art. 7º - Cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 6º, el reconocimiento o la reválida se hará:

a) Sin prueba alguna de competencia, cuando el titular del diploma sea argentino nativo, por opción o naturalizado, siempre que, en este último caso, la obtención de la ciudadanía haya sido anterior a la iniciación de los estudios universitarios.

b) Con la o las pruebas necesarias para asegurar la competencia en cada grupo de asignaturas afines, incluidas en los planes de estudio vigentes en la Universidad Nacional respectiva en el momento de solicitarse la reválida, en los casos no previstos en el inciso anterior.

Art. 8º - La docencia en la Universidad y en los institutos de enseñanza técnica o especial, por parte de las personas comprendidas en esta ley, será regida por la legislación vigente sobre enseñanza y por la presente ley en lo relativo a ética profesional, a cuyo efecto aquéllas deberán estar inscriptas en la matrícula respectiva, según lo dispuesto en el art. 11º.

Art. 9º - Los contratos de concesión, suministro, locación de obra o de servicios con el Estado, cuyo cumplimiento suponga la realización de actividades reglamentadas por esta ley, incluirán la condición de que las empresas contratistas tengan como representante técnico responsable a un profesional que reúna las condiciones establecidas en el artículo 13º.

Art. 10. - No obstante lo dispuesto por el artículo 2º, inciso c), a requerimiento de empresas, firmas e instituciones particulares, Los Consejos Profesionales podrán autorizar la actuación de profesionales extranjeros contratados por aquéllas que cumplan los requisitos de los incisos a) y b) del artículo 6º, pudiendo exigir, cuando lo consideren conveniente, que el contratado actúe junto a un profesional matriculado. Tales autorizaciones serán anotadas en un registro especial y comunicadas a la Junta Central.

La autorización será acordada por un período de tres años renovable por otros de igual duración. Al vencimiento del tercer período, los Consejos podrán autorizar la habilitación permanente del interesado para continuar desempeñándose en la misma actividad.

Las transgresiones a esta disposición serán sancionadas con multa (artículo 28º), aplicable a la empresa, sin perjuicio de las responsabilidad en que incurran los profesionales.


Art. 11. - Para ejercer las actividades que regula esta ley, es imprescindible estar inscripto en la matrícula correspondiente, según lo establece para cada Consejo el inciso 3) del artículo 16º.

Art. 12. - La matrícula de cada profesional, en el Consejo correspondiente a su título, lo habilita para ejercer cualquiera de las funciones atribuidas por la universidad a ese título, en la época de su otorgamiento.

Art. 13. - Deberán inscribirse en las matrículas llevadas por los Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería:

a) Los titulares de los correspondientes diplomas expedidos por Universidad Nacional.

b) Los titulares de los diplomas equivalentes expedidos por universidades extranjeras, que hayan sido reconocidos o revalidados por Universidad Nacional o que lo fueren en lo sucesivo de conformidad con los artículos 6º y 7º.

c) Las personas a que se refiere el artículo 2º de la Ley Nº 4.416.

d) Los titulares de diplomas expedidos por autoridad nacional con anterioridad a la vigencia del Decreto-Ley 17.946/44, mientras no resulte modificación o extensión del objeto, condiciones, término, lugar de validez u otra modalidad.

e) Los que en su oportunidad fueron habilitados en virtud del Decreto-Ley 8.036/46, dentro del alcance de sus habilitaciones.

Art. 14. - La exigencia que establece el artículo 13º no alcanza a las siguientes personas:

a) Las contratadas por autoridades públicas o Universidad Nacional, quienes podrán ejercer sus actividades solamente en lo que sea indispensable directa y exclusivamente para el cumplimiento de su contrato.

b) Las que al entrar en vigencia el Decreto-Ley 17.946/44 estaban desempeñando funciones, empleos, cargos o comisiones de los comprendidos en el inciso c) del artículo 2º, mientras se mantengan en ellos y en cuanto sea estrictamente exclusivo de su desempeño.

Art. 15. - Las inscripciones en las matrículas podrán suspenderse o cancelarse a pedido del propio interesado o por disposición del Consejo Profesional o de la Junta Central.


Art. 16. - Corresponde a los Consejos Profesionales constituidos por especialidades independientes entre sí:

1) Velar por el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones dictadas en su consecuencia, atinentes al ejercicio profesional.

2) Someter a los poderes públicos, previa conformidad de la Junta Central, los estatutos, medidas y reglamentos necesarios para la mejor aplicación de la presente ley.

3) Organizar y llevar las respectivas matrículas, comunicando oportunamente a las autoridades públicas pertinentes las nóminas de las personas que se hallen en condiciones de ejercer.

4) Expedir las correspondientes credenciales.

5) Aplicar las sanciones establecidas por esta ley, sin perjuicio de la intervención que pudiera corresponder a la Junta Central.

6) Estudiar el alcance de los títulos de sus matrículas y elevar a la Junta Central, a los efectos de lo dispuesto en el inciso 11) del artículo 20º, los proyectos respectivos.

7) Denunciar, querellar y estar en juicio.

8) Dictaminar, por orden judicial o a solicitud de autoridad competente, de matriculados o de particulares, sobre asuntos relacionados con:

a) el ejercicio profesional regido por esta ley, siempre que ello no implique la producción de una pericia.

b) la aplicación de la Ley de Arancel.

9) Actuar, a pedido de las partes, como árbitro o amigable componedor, en las cuestiones que se suscitaren por aplicación de la Ley de Arancel, sujetando su actuación a lo dispuesto en los títulos XXVII y XXVIII del Código de Procedimientos Civil y Comercial, con la condición de que todos los interesados hagan expresa renuncia a todo recurso, excepto el de nulidad.

10) Fijar el monto de los derechos previstos en el artículo 34º, administrar su patrimonio y designar el personal que requieran para su funcionamiento.

11) Darse su Reglamento Interno, de conformidad con las normas generales que establezca la Junta Central.

Art. 17. - Cada Consejo Profesional se constituirá:

a) Con el número de Consejeros que el respectivo Reglamento Interno fije, sobre la base de un mínimo de cinco titulares y dos suplentes. Los titulares durarán en sus funciones cuatro años, se renovarán por mitades cada dos y sólo podrán ser reelectos mediante intervalo de dos años; los suplentes durarán dos años y podrán ser reelegidos para otro período consecutivo o elegidos como titulares;

b) En su caso, con un Consejero titular y un suplente que representen al grupo o grupos de profesionales universitarios o de especialidades distintas, que en número mayor de treinta estuvieren matriculados en el Consejo y solicitaren esa representación; en cuyo supuesto, dichos matriculados sólo podrán votar en la elección de tales Consejeros, los que durarán dos años en sus funciones, y podrán ser reelegidos para otro período consecutivo.

Para ser electo Consejero se requiere poseer título profesional con más de cinco años de antigüedad.

La elección se hará por voto directo, secreto y obligatorio.

La función del Consejero es obligatoria, salvo justa causa, y honoraria. Es renunciable en caso de reelección.

Art. 18. - La representación de cada Consejo será ejercida por su Presidente, quien podrá conferir, con la anuencia del Cuerpo, los poderes generales y especiales que fuere menester.

Art. 19. - Cuando los profesionales universitarios de una misma especialidad, matriculados en un consejo afín, fuese más de sesenta, tendrán derecho a constituir su propio Consejo, lo que se concretará mediante decreto del Poder Ejecutivo a propuesta de la Junta Central.


Art. 20. - Créase la Junta Central de los Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería, a la que corresponderá:

1) Proyectar y proponer a los poderes públicos el Arancel de Honorarios y el Código de Ética para todas las profesiones regidas por esta ley, como también sus ulteriores modificaciones.

2) Actuar como Tribunal de Etica Profesional.

3) Elevar a los poderes públicos los proyectos a que se refiere el inciso 2) del artículo 16º, cuando interesen a más de un Consejo.

4) Colaborar con las autoridades judiciales en la adopción de las medidas destinadas a la más eficaz actuación de los peritos en juicio.

5) Propender a la coordinación y unificación de la legislación sobre la materia vigente en el país, manteniendo a tal fin permanente relación con los consejos profesionales provinciales.

6) Resolver en los diferendos que se produzcan entre los Consejos, siendo sus resoluciones obligatorias e inapelables.

7) Proporcionar a los Consejos la asistencia que le soliciten acerca de asuntos importantes atinentes al ejercicio profesional, resolviendo las cuestiones que se le planteen, evacuando consultas o llevando adelante las gestiones que sea menester.

8) Confeccionar el reglamento disciplinario, estableciendo la correlación entre los faltas originadas en la inobservancia de esta ley y las respectivas sanciones.

9) Entender en los recursos que se le planteen en virtud de lo dispuesto por los artículos 29º, 30º y 31º.

10) Denunciar, querellar y estar en juicio, en asuntos que atañen a más de un Consejo.

11) Coordinar los proyectos que eleven los Consejos, conforme a lo establecido en el inciso 6) del artículo 16º y proponer a las Universidades Nacionales la sanción de las resoluciones que fijen el alcance de los títulos que ellas expiden y sus ulteriores modificaciones, de acuerdo con las medidas que el ejercicio de la profesión impone, y propugnar su observancia por parte de las reparticiones públicas y personas privadas.

12) Disponer, a propuesta de los Consejos interesados, reducciones a los honorarios mínimos establecidos por la Ley de Arancel en la medida y oportunidad que el ejercicio profesional lo aconseje.

13) Establecer normas generales a que deberán ajustarse los Consejos en la confección de sus reglamentos internos.

14) Darse su Reglamento Interno.

Art. 21. - La Junta Central estará constituida por los Presidentes de los Consejos en calidad de miembros titulares. Además, cada Consejo designará como substituto a uno de sus miembros titulares o suplentes.

Art. 22. - El Presidente de la Junta durará un año en sus funciones. Este cargo será ejercido en forma rotativa por los representantes titulares de cada Consejo.

Art. 23. - La representación de la Junta será ejercida por su Presidente, quien podrá conferir, con la anuencia de ella, los poderes generales o especiales que fuere menester.


Art. 24. - Será reprimida con prisión de seis meses a dos años, la persona que sin poseer título de los comprendidos en la enumeración del artículo 13º, o sin hallarse en alguna de las situaciones contempladas en el artículo 14º, realizare actividades propias de las profesiones reglamentadas por esta ley.

Los actos de tentativa serán reprimidos con la pena establecida para el delito, reducida de un tercio a la mitad.

Este delito es de acción pública y sin perjuicio de la acción que deba entablar el Ministerio Público de oficio o por denuncia de tercero, el Consejo correspondiente y en su caso la Junta Central, deberán denunciar al infractor. Asimismo podrán actuar como querellantes, en cuyo caso no estarán obligados a dar caución o fianza.

Art. 25. - Será reprimido con la pena establecida en el art. 247 del Código Penal, quien se arrogare un título profesional sin corresponderle.

Art. 26. - La firma, a título oneroso o gratuito, de planos, documentos o cualquier otra manifestación escrita que signifique ejercicio de la profesión, sin que el trabajo haya sido ejecutado por el profesional en la medida que la firma lo haga suponer, constituirá falta grave y quien la cometa será pasible de las sanciones previstas en el artículo 28º.

Art. 27. - El ejercicio de la profesión por parte de persona que reuniendo los requisitos necesarios para matricularse, no lo hubiere hecho, o que la ejerciere estando suspendida su matrícula, será considerado falta grave reprimible con multa (artículo 28º).

Art. 28. - Las transgresiones a esta ley serán pasibles de las siguientes sanciones:

a) Advertencia.

b) Amonestación.

c) Censura pública.

d) Multa de $ 200.- a $ 100.000.- m/n.

e) Suspensión en el ejercicio de la profesión, desde un mes hasta dos años.

f) Cancelación de la matrícula.

Las sanciones previstas en los incisos a) y d) serán aplicables, no sólo a quienes pertenezcan o tengan derecho a pertenecer a la matrícula, sino también a cualquier persona que infrinja la ley.

Art. 29. - Todas las sanciones previstas en el artículo anterior son recurribles.

a) El recurso de reposición se concederá contra las resoluciones dictadas por los Consejos o por la Junta Central para que el mismo organismo las revoque por contrario imperio.

c) El recurso de apelación procederá únicamente contra las sanciones previstas en los incisos c), d), e) y f) que apliquen los Consejos. Este recurso será sustanciado ante la Junta Central.

Estos recursos deberán deducirse por escrito dentro de los cinco días hábiles de notificada la sanción.

En el caso del recurso de reposición, deberá expresarse agravios en el mismo escrito que deduce el recurso y deberá ser resuelto dentro del quinto día.

Tratándose del recurso de apelación, la Junta Central deberá admitir o desechar el recurso, en el término de cinco días hábiles. Concedida la apelación, el apelante tendrá diez días hábiles para expresar agravios. Si no lo hiciera se declarará de oficio desierto el recurso. Presentada la expresión de agravios, la Junta Central, constituida con exclusión del representante del Consejo que aplicó la medida, resolverá dentro del quinto día.

La Junta deberá requerir los antecedentes necesarios y podrá disponer medidas para mejor proveer.

La resolución definitiva de la Junta Central, imponiendo las sanciones previstas en los incisos  e) y f) será recurrible ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Contencioso-administrativo, según la forma establecida en el artículo 31º.

Art. 30. - Las resoluciones por las que los Consejos aplicaren multas, en los casos en que éstas queden consentidas, y las de la Junta Central cuando aplicaren o confirmaren tales sanciones, configuran título que trae aparejada ejecución y su cobro se hará por la vía ejecutiva ante los Tribunales Nacionales de la Capital Federal. Cuando la multa sea impuesta por falta de pago del derecho anual previsto en el artículo 34º, la percepción de éste se perseguirá juntamente con la multa correspondiente.

Serán títulos hábiles al efecto: del referido derecho anual, la certificación de que no ha sido pagado, suscripta por el Presidente del Consejo respectivo; de la multa, la copia de las partes pertinentes del acta de la sesión del Consejo en que su aplicación fué resuelta, y en su caso, de la sesión de la Junta Central en que dicha sanción fué aplicada o confirmada.

En ambos casos, la fidelidad de la copia se acreditará con la declaración jurada del letrado patrocinante, quien será legalmente responsable de cualquier falsedad o inexactitud. De oficio o a petición de parte podrá intimarse la presentación del original del acta a los efectos de su confrontación con la copia.

El juicio ejecutivo se seguirá conforme a lo estatuído en el título XXIV de la Ley 50 y en él no se admitirá discusión sobre la procedencia de la multa. El demandado sólo podrá perseguir posteriormente la repetición de lo pagado en juicio ordinario.

Art. 31. - Las resoluciones de la Junta, denegatorias de inscripción en la matrícula o de reinscripción en ella, serán recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Contencioso administrativo de la Capital Federal la que, con los antecedentes del expediente administrativo, y los que de oficio solicitare para mejor proveer, resolverá oyendo al apelante y al representante de la Junta Central, sin ulterior recurso.

Los recursos deberán ser interpuestos dentro de los diez días hábiles de notificada la resolución de la Junta Central.

Art. 32. - La aplicación de las sanciones previstas en el artículo 28º, deberá ser resuelta en todos los casos por mayoría de las tres cuartas partes de los miembros presentes del Cuerpo que la aplique.

La confirmación por la Junta en los casos de apelación requerirá la misma mayoría.

Todas las sanciones deberán ser notificadas al interesado en forma fehaciente.

Art. 33. - En los casos de cancelación de la matrícula por sanción disciplinaria, la Junta Central podrá conceder la reinscripción sólo después de transcurridos cinco años de la resolución firme respectiva.


Art. 34. - Los fondos necesarios para costear los gastos de funcionamiento de los Consejos, provendrá de un derecho de inscripción en la matrícula y de un derecho anual que abonará el matriculado, los que establecerán, a propuesta de los respectivos Consejos, por resolución de la Junta Central. Es obligación del profesional inscripto abonar el derecho anual dentro del plazo que se fije; en su defecto sufrirá los recargos que establezca la reglamentación respectiva y transcurrido un año de mora, el Consejo dispondrá la suspensión de su matrícula.

Las multas que se apliquen de conformidad a las disposiciones de la presente ley, se destinarán a acrecer los fondos de los Consejos.

Art. 35. - Los gastos que demande el funcionamiento de la Junta Central, serán provistos por los Consejos Profesionales, proporcionalmente al número de sus respectivos matriculados empadronados.


Art. 36. - Los diplomados por escuelas industriales, técnicas o especiales de la Nación, correspondientes al ciclo de enseñanza media, y los matriculados o habilitados por la Municipalidad de la Capital Federal u organismos nacionales competentes, que desarrollen actividades afines con las profesiones reglamentadas por esta ley, ejercerán sus actividades bajo la supervisión de la Junta Central, con intervención del Consejo Profesional que en cada caso aquella determine.

A tal efecto se proyectará el régimen legal correspondiente, el cual no podrá afectar los legítimos derechos adquiridos hasta la fecha de promulgación de la respectiva ley.

Art. 37. - A los efectos del artículo anterior la Junta Ventral dispondrá:

a) La apertura de registros de inscripción de diplomados, matriculados y habilitados a que hace mención el artículo 36º, por especialidad y a cargo del respectivo Consejo. La inscripción es obligatoria para todos aquellos que se encuentren en actividad;

b) La confección de un padrón con los inscriptos en cada especialidad, en un plazo de ciento ochenta días a contar desde la apertura. Las representaciones se ejercerán mediante la elección de un delegado titular y un suplente, y los Centros, Sociedades o Asociaciones constituídas hasta la fecha podrán designar asimismo un delegado titular y un suplente;

c) La creación de una Comisión Especial, integrada por representantes de la Junta Central y por los delegados a que hace mención el apartado anterior. La Comisión Especial proyectará el régimen legal dispuesto por el artículo 36º, al que ajustarán sus actividades los diplomados, matriculados y habilitados a que se refiere dicho artículo, y cuyo régimen deberá asegurar una forma de representación efectiva para cada especialidad. El proyecto elaborado por la Comisión Especial, será elevado a consideración del Poder Ejecutivo.


Art. 38. - Los Consejos Profesionales y la Junta Central tienen la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado y pueden ejercer todos los actos de administración y disposición que fuesen necesarios al desempeño de su cometido, inclusive la adquisición y transferencia de inmuebles, y la constitución de derechos reales sobre ellos.

Art. 39. - Las autoridades judiciales, las reparticiones públicas nacionales y municipales, y las empresas del Estado, darán y exigirán estricto cumplimiento de la presente ley y sus disposiciones complementarias en cuanto sea de su competencia en la materia.

El cumplimiento de esta disposición compromete la responsabilidad de los funcionarios intervinientes.

Art. 40. - Las Provincias podrán adherir al régimen de esta ley, si por conducto de sus autoridades competentes así lo resolvieran.

En tal caso los recursos judiciales a que hacen referencia los artículos 29, 30 y 31, se sustanciarán ante los Tribunales Nacionales de la jurisdicción.

Art. 41. - Toda decisión que el Poder Ejecutivo adopte en relación con la aplicación de la presente ley, será refrendada por el Ministerio de Obras Públicas, y, en su caso, por los Ministerios que en razón de su competencia hayan intervenido en la tramitación del asunto o les corresponda intervenir.

Las relaciones de la Junta Central con el Poder Ejecutivo, se efectuarán por intermedio del Ministerio de Obras Públicas.


Art. 42. - Los actuales Consejos Profesionales convocarán a elecciones de renovación de la totalidad de sus miembros, dentro de los ciento ochenta días de la promulgación de esta ley.

En las elecciones a que se refiere el párrafo anterior, no regirán las prohibiciones sobre reelección.

Art. 43. - Hasta tanto se constituya la Junta Central en la forma que establece la presente ley, funcionará la creada por el Decreto-Ley 4016/57, integrada con los representantes del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, y con las funciones acordadas por los artículos 19º y 20º.

Ella estudiará y elevará a la consideración del Poder Ejecutivo el proyecto de reglamentación de la presente ley, y el de las modificaciones del Código de Etica actualmente en vigor, que se estimen convenientes.

Art. 44. - Derógase toda disposición legal que se oponga al presente Decreto-Ley.

Art. 45. - El presente Decreto-Ley será refrendado por el Excmo. Señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Obras Públicas, Agricultura y Ganadería, Marina y Aeronáutica, e interino de Guerra.

Art. 46. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

ARAMBURU. - Isaac Rojas. - Pedro Mendiondo. - Alberto F. Mercier. - Teodoro Hartung. - Jorge H. Landaburu.