REGIMEN PENITENCIARIO

Decreto Nº 35.758/47

Reglamentación de la Ley Nº 11.833.

Buenos Aires, 14 de Noviembre de 1947. —

Considerando: Que el Estatuto del Servicio Penitenciario de la Nación sancionado por Decreto Nº 12.351 del 10 de Octubre de 1946, constituye la primera etapa en la reorganización de los servicios carcelarios, los que deben ajustarse y centralizarse para que, dependiendo de una sola autoridad orientadora, las ramas especializadas que se crean puedan ejecutar sus directivas;

Que es impostergable dentro del plan que se ha trazado el Poder Ejecutivo en materia Penitenciaria, la sanción de una efectiva reglamentación de la Ley Nº 11.833 que permita contar con la existencia de un régimen de ejecución penal para la realización de los fines de la sanción y para que, complementando la ley, sirva en lo futuro de valioso antecedente por la experiencia que se recoja;

Que es menester reglamentar el tratamiento penitenciario progresivo fijado en el artículo 11 de la Ley Nº 11.833 estableciendo límites de grados y determinando con disposiciones normativas, el régimen al que deben ajustarse;

Que por la aplicación de ese tratamiento penitenciario en grado progresivo, habrá de lograrse la recuperación social de los condenados y su retorno paulatino al medio libre;

Que, como consecuencia, el grado de semi-libertad debe significar para los penados la posibilidad de salir de los establecimientos carcelarios, con obligación de retorno, sin otra garantía que el compromiso honorable que contraigan a ese efecto;

Que el Poder Ejecutivo considera que es menester prestar preferente atención a cuanto signifique acrecentar los conocimientos de los condenados para mejorar sus posibilidades en la lucha por la vida y por el bienestar, cuando recuperen la libertad;

Que la creación de la Escuela Industrial Penitenciaria en un país en que es tan necesario contar con mano de obra de especializados, es de innegable provecho para la formación de técnicos en oficios, y que la equiparación de estudios con las Escuelas de Enseñanza Técnica, concreta, por primera vez, la realización de un propósito de interés nacional sin exclusión alguna;

Que si es elemento fundamental en la recuperación de los penados la realización de trabajo útil y de rendimiento económico para lograr su capacitación profesional, también debe tenerse en cuenta el déficit que pueda resultar por accidentes del trabajo, los que deben indemnizarse por razones de asistencia en forma análoga a la establecida en la Ley 9688 y beneficiarios con un efectivo régimen de protección para la entrega de las sumas que le correspondan por indemnización;

Que es deber del Estado, en cuanto no se contravengan disposiciones legales expresas, no agravar las consecuencias de la privación de libertad, y que puedan importar la destrucción o la desintegración moral del vínculo matrimonial y que, a tales fines, es conveniente autorizar la visita de las esposas a los establecimientos en condiciones especiales;

Que la obra a realizarse para la recuperación social de los condenados, nunca podrá ser completa, ni medianamente eficaz, si el Estado no la complementa, desarrollando una acción simultánea sobre la familia de los mismos con el propósito de fijar la posibilidad de su amparo moral y económico y para influir en ella de modo que la vinculación familiar pueda constituir un elemento eficaz coadyuvante a tal fin;

Que también debe extenderse la acción del Estado, por razones de asistencia y de responsabilidad indirecta, a la víctima y a sus parientes afectados y, en general, a todos aquellos que como consecuencia de un acto delictuoso, puedan sufrir perjuicios de orden moral y patrimonial;

Que es conveniente que los organismos especializados realicen activa y permanente labor para lograr que desaparezca esa reacción tan común de negar la indispensable ayuda a los excarcelados para encontrar trabajo, y que la acción que se desarrolle debe ser contraloreada por el Estado;

Que la creación del Instituto de Criminología tiene por finalidad la de continuar con la formalidad y el brillo inicial los estudios criminológicos iniciados por su primer fundador, Dr. José Ingenieros, tendientes al progreso de esa disciplina científica;

Que con lo expresado, el Poder Ejecutivo considera que ha contemplado los elementos necesarios para procurar la recuperación integral del delincuente, por la utilización de todos los puntales y estímulos para el correcto desenvolvimiento del agente una vez en liberad, y el acrecentamiento, sin otro límite que el que trace su condición personal, su acervo moral y laborativo;

Que el proyecto presentado por la Dirección General de Institutos Penales interpreta fielmente los propósitos del Poder Ejecutivo en la materia;

Por ello, y haciendo uso de la facultad que le confiere el art. 86, inc. 2 de la Constitución Nacional,

El Presidente de la Nación Argentina

DECRETA:

Artículo 1º — Reglaméntase la Ley Nº 11.833 en la siguiente forma:



Artículo     1º — La Dirección General de Institutos Penales es el organismo técnico de seguridad y defensa social que, bajo la dependencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, tiene a su cargo exclusivo todos los establecimientos de jurisdicción nacional destinados al alojamiento de encausados o de condenados a penas y/o medidas de seguridad, así como los que se crearen o incorporaren de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 11.833.


Art. 2º — La Dirección General de Institutos Penales tendrá como finalidad de su acción:

a) La seguridad y custodia de las personas bajo proceso que alojen en sus unidades, tendiendo a que la detención no pueda constituir nunca para las mismas un desmedro para su actuación ulterior en sociedad, sino una mejora en sus calidades personales, propendiendo en cumplimiento de preceptos constitucionales a su instrucción y a su sanidad física y moral;

b) La seguridad y custodia de los condenados a penas privativas de libertad y/o medidas de seguridad y en cumplimiento de la pretensión punitiva, su integral recuperación social;

c) La asistencia y tutela post-carcelaria de los condenados;

d) La asistencia y tutela de las familias de los encausados, condenados y víctimas del delito, como política de prevención general conducente a restablecer el equilibrio social;

e) La asistencia y amparo de las personas con antecedentes delictuales, que lo soliciten;

f) Los estudios científicos necesarios para establecer la etiología de la delincuencia en nuestro medio y mediante ellos prohijar las medidas preventivas y represivas y las reformas legislativas que ellos aconsejen.


Art. 3º — Son funciones atribuidas a la Dirección General de Institutos Penales en orden a la finalidad de su institución:

a) En cuanto a la organización técnica de la ejecución penal:

1) Organizar los institutos penales, proyectando los reglamentos de los mismos, atendiendo a la naturaleza y función de cada uno de ellos, a los principios establecidos en la Ley y en este reglamento;

2) velar por la seguridad, orden, disciplina, higiene y salud de las personas entregadas a su guarda, mediante el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias;

3) propender a la integral recuperación social de los condenados poniendo en dinámico ejercicio y haciendo observar en forma justa y estricta el cumplimiento de las penas impuestas conforme a las prescripciones legales pertinentes y al régimen penal que para tal logro establece la Ley 11.833 y este reglamento;

4) propiciar y mantener intercambio técnico y científico con instituciones similares y extranjeras con la Policía Federal y demás autoridades nacionales y provinciales;

5) participar en los congresos actos y conferencias de carácter criminológico, penitenciario y de materias afines, organizando y auspiciando los mismos en el país;

6) editar una revista de ciencia penitenciaria y estudios criminológicos;

b) En cuanto a la organización de los medios conducentes a reparar las consecuencias emergentes del hecho delictuoso, respecto de las personas vinculadas al mismo:

1) organizar la protección material y moral de las personas de condena cumplida, en libertad condicional, bajo excarcelación o con antecedentes judiciales, procurándoles la reintegración normal al medio social, adoptando en los dos primeros casos y antes de su egreso, las previsiones destinadas a facilitar el mismo, de forma que la transición resulte natural y sin violencia;

2) organizar idéntica atención a las víctimas directas de los delitos; en casos especiales de necesidad;

3) organizar la misma atención a las familias de las personas indicadas en los apartados anteriores;

4) establecer relaciones con la familia del condenado para fijar la posibilidad de su amparo moral y económico, para influir en ella, en tanto pueda constituir un elemento coadyuvante a la readaptación de aquél, o tratar de neutralizarla en caso contrario;

5) intervenir en la forma que lo prescriban las leyes y reglamentos, en la atención, vigilancia y cuidado de los liberados condicionales;

6) velar por el cumplimiento de las contribuciones que deban hacerse por resarcimiento de daños o indemnizaciones, impuestas por sentencia judicial a las personas que se hallen bajo su custodia;

7) velar por la efectividad de la prestación de alimentos a sus derechohabientes, por parte de los condenados, cuando así corresponda;

8) ejercer la curatela de los condenados de conformidad con la ley y reglamentaciones dictadas al efecto;

9) organizar el Patronato Nacional de Liberados, a fin de unificar la protección en todo el país en identidad de propósitos y procedimientos, mediante convenios con las provincias o en su defecto y con idéntica finalidad, coordinar la acción con los organismos correspondientes de aquéllas.

c) En cuanto a la organización administrativa para poner en ejecución los fines precedentes;

1) la estructuración y jurisdicción administrativa de la Repartición;

2) la administración económica y financiera de la misma, con respecto a los fondos que le acuerde la ley de presupuesto, a los de las cuentas especiales a los de explotación y peculio, de conformidad con la ley de contabilidad, rindiendo cuenta de las operaciones e inversiones de acuerdo con las leyes y reglamentos;

3) las relaciones directas con los particulares y autoridades del país, en asuntos relacionados con su función específica;

4) toda otra función o acto que se disponga en virtud de leyes, decretos y reglamentos, o que surjan implícitamente de su específica actividad y de las funciones atribuidas por este reglamento.

Art. 4º — La organización de la protección moral y material enunciada en los incisos 1, 2, 3, 4 y 5 del apartado b) del artículo anterior, podrá adoptar cualquiera de las siguientes formas, que no serán excluyentes:

a) Asumiéndola y prestándola por intermedio de los organismos correspondientes de la Institución, existentes o a crearse, para lo cual contará con los recursos que le fueren menester y coordinará su acción con las Secretarías de Trabajo y Previsión y de Salud Pública, Policía Federal y demás reparticiones que puedan complementarla;

b) Mediante la intervención de Patronatos de Liberados, organizados de acuerdo con las prescripciones de la Ley 11.833. Estas instituciones deberán admitir, a los efectos del contralor de su acción y del desenvolvimiento económico, la actuación de delegados permanentes de la Dirección General de Institutos Penales.



Art. 5º — La Dirección General de Institutos Penales es el órgano superior del Servicio Penitenciario de la Nación. El cumplimiento de sus funciones se realiza por intermedio del personal especializado de todos sus servicios, el que constituye el "Cuerpo Penitenciario", cuyos componentes se denominan "Agentes Penitenciarios".

Art. 6º — La Dirección General de Institutos Penales estará integrada por un Director General, un Consejo Asesor y el personal especializado a que se hace referencia en el artículo anterior. A los efectos del cumplimiento de la Ley 11.833 y de este reglamento, queda estructurada en la siguiente forma: Dirección General; Subdirección General; Inspección General; Consejo Asesor; Relatoría; Secretaría; Instituto de Clasificación; Instituto de Criminología; Escuela Penitenciaria y las siguientes divisiones: Judicial; Asistencia social; Cultura; Trabajo; Sanidad; Administrativa, y Personal.

Art. 7º — La organización interna de las dependencias mencionadas en el artículo precedente será la que establezca el Reglamento Orgánico General.


Art. 8º — El personal penitenciario será el que le asigne la ley de presupuesto con las denominaciones y jerarquías establecidas en el Estatuto del Servicio Penitenciario de la Nación e incluidos en la Ley Permanente de Presupuesto 11.672, artículo 11. Su estado es el que se determina en el Estatuto precitado.

Art. 9º — Créase la Escuela Penitenciaria destinada a la formación y perfeccionamiento de los agentes penitenciarios y cuya finalidad es la de preparar un personal especializado consciente de su misión.

Art. 10. — Los cursos de la Escuela Penitenciaria se organizarán de forma que la asistencia y aprobación de los mismos, constituya no sólo un requisito indispensable en el futuro para ser designado agenté penitenciario, sino también, un medio de perfeccionamiento para los actuales integrantes.

Art. 11. — En la Escuela Penitenciaria se dictarán cursos de reclutamiento para el personal de las planas superior e inferior, y de perfeccionamiento o información para los agentes penitenciarios de la planta superior.


Art. 12. — El Instituto de Clasificación es el organismo de asesoramiento técnico-científico de la Dirección General y tiene, además, el carácter de un centro de docencia penitenciaria.

Art. 13. — Son funciones del Instituto de Clasificación:

a) Informar a la Dirección; General cuando ésta lo solicite, acerca del régimen de la pena, clasificación de penados, sistemas educativos, regímenes de trabajo y demás aspectos del tratamiento penitenciaria;

b) Contribuir dentro del ámbito de su competencia a la individualización penitenciaria de la pena, para lo cual estudiará la personalidad integral de los reclusos mediante los procedimientos científicos más adecuados, determinando su etiología criminal, diagnóstico de temibilidad y grado de peligrosidad, así como el pronóstico presuntivo de readaptabilidad social llevando para tal fin la ficha o historial de cada uno de ellos;

c) Intervenir, como consecuencia de dichos estudios, en la clasificación de los reclusos, indicando el grado dentro del régimen penal así como el establecimiento al que deberán ser destinados, de acuerdo con las prescripciones reglamentarias;

d) Seguir atentamente, junto con los demás organismos y dependencias, encargadas de la ejecución del régimen penal, el tratamiento instituido a los reclusos y la evolución experimentada en su personalidad por la acción del mismo a fin de informar sobre las condiciones para el pasaje en los grados establecidas en el régimen penal o indicar las medidas particulares aconsejables para rectificar, acentuar a hacer más efectivo un determinada tratamiento individual;

e) Informar y tomar intervención en todos los asuntos y acaeceres que tengan relación con la personalidad de los reclusos;

f) Informar en los pedidos de libertad condicional, y en los de indulto cuando se le solicite;

g) Ejercer la dirección técnica de la "Cárcel de Observación" a crearse;

h) Realizar función docente con respecto al personal penitenciario;

Art. 14. — El Instituto de Clasificación integrado de acuerdo al artículo 5º de la ley, por el jefe del Anexo Psiquiátrico, un Profesor de Derecho Penal y un representante del Patronato de Liberados funcionará a los efectos del ordenamiento administrativo y encauzamiento de su actividad científica, bajo la jefatura del primero de ellos, quien tendrá para el caso la denominación de Director.

Art. 15. — A los efectos del ejercicio y correlación de las funciones de los integrantes legales del Instituto, en el reglamento particular del mismo, se contemplara la específica actividad de cada uno de ellos, delimitándose en forma precisa su misión dentro del organismo, así como sus atribuciones y obligaciones.

Art. 16. — El Instituto de Clasificación, para el ejercicio de sus funciones específicas, estará instalado en el establecimiento de recepción de reclusos, que se denominará "Cárcel de Observación". Establecerá secciones y delegaciones en todos los establecimientos destinados a realizar las tareas de contralor del régimen penal y las demás que se le encomienden.


Art. 17. — El Anexo Psiquiátrico como sección del Instituto de Clasificación, funcionará con la denominación de Anexo Psiquiátrico Central, en el establecimiento donde tenga su sede aquél.

Art. 18. — El Anexo Psiquiátrico Central, así como los que se establezcan en todas las unidades, tendrán el carácter de Salas de Observación Neuro-psiquiátrica.

Art. 19. — Corresponderá a los Anexos Psiquiátricos tomar intervención en todos los casos en que se observen en los reclusos anomalías reiteradas de conducta, así como en los hechos delictuosos y todo suceso que perturbe el régimen disciplinario de las unidades, perpetrados por los mismos.

Art. 20. — En el Anexo Psiquiátrico Central se asistirán y tratarán los reclusos que padezcan psicosis agudas o simples episodios psicopáticos. Igual misión podrán cumplir los Anexos Psiquiátricos que se establezcan en las diversas unidades. Los reclusos afectados de formas de alienación mental de larga evolución o crónicas, así como los comprendidos en el artículo 34 inc. 1º, del Código Penal, que lo requiriesen, hasta tanto no se habilite el Hospital Neuro-Psiquiátrico de Asistencia y Seguridad dependiente de la Dirección General de Institutos Penales, serán remitidos al Hospital o Asilo que corresponda, con intervención de la Secretaría de Salud Pública.

Art. 21. — Para ser designado Jefe del Anexo Psiquiátrico Central, se requerirá título de médico legista o psiquiatra, con especial versación en criminología y presentarse a concurso de oposición y/o antecedentes. Para los Anexos que se instalen en las unidades, imperará la misma exigencia; pero, cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejen, podrá prescindirse del concurso y aún do los antecedentes. Los nombramientos efectuados en estas condiciones serán de carácter precario, hasta tanto sea posible la designación de candidatos conforme a las expresadas prescripciones.


Art. 22. — El Instituto de Criminología es el organismo de la Dirección General, de carácter exclusivamente científico, que tiene por fin de su actividad propender al progreso de la ciencia criminológica, utilizando el material de estudio resultante de la acción que desarrolla la institución.

Art. 23. — Su actividad como centro de investigación criminológica se orientará en el mentido de poner de relieve las condiciones y características del medio social y de la población criminal de la República, concurriendo así a indicar las medidas preventivas y represivas de la delincuencia, sobre bases científicas. A tal fin, podrá efectuar todos los estudios de criminología comparada que puedan servir a la investigación general con referencia al orden nacional en primer término y subsidiariamente al de los demás países.

Art. 24. — Es el organismo de enlace entre la Dirección General y las sociedades y congresos nacionales y extranjeros, que tengan por objeto el estudio de la criminología.

Art. 25. — El Instituto de Criminología publicará el resultado de sus estudios en la sección especial del órgano oficial de la Institución.

Art. 26. — El Instituto de Criminología, será centro de docencia superior criminológica, organizando cursos y conferencias sobre la materia de sus fines, con el objeto de proporcionar a los estudiosos de su disciplina y conexas; el resultado de sus investigaciones y experiencias. Tendrá su sede en la Penitenciaría Nacional o en el establecimiento que en el futuro lo reemplace.

Art. 27. — El personal del Instituto estará constituido por funcionarios de la Institución que con carácter honorario deseen realizar estudios científicos criminológicos.

Art. 28. — El Instituto de Criminología, se podrá integrar con Miembros de Honor nacionales y extranjeros. Podrán ser Miembros de Honor del Instituto de Criminología, aquellas personas de notoria capacidad y competencia en la ciencia criminológica.

La designación de Miembro de Honor, será realizada por el Director General de Institutos Penales, debiendo ser propuesta y fundada en sus méritos, por el Director del Instituto de Criminología.

Art. 29. — Los Miembros de Honor, del Instituto de Criminología, serán considerados como funcionarios honorarios de la Dirección General, teniendo libre acceso a las diversas unidades, a los fines de realizar estudios criminológicos cuando lo deseen.

Art. 30. — La Dirección del Instituto de Criminología estará a cargo del Director del Anexo Psiquiátrico.


Art. 31. — Los establecimientos de detención que con la denominación de "Cárceles de Encausados" prevé la ley, tienen por finalidad alojar a las personas privadas de libertad durante su proceso, con las solas restricciones impuestas por las leyes y reglamentos y con los alcances que fija el inciso a) del artículo 2º de este reglamento.

Los varones y las mujeres estarán alojados en establecimientos distintos. En caso de imposibilidad de hecho, las secciones para mujeres, mantendrán una separación total y absoluta.

Art. 32. — En las cárceles de encausados los primarios se alojarán separadamente de los reincidentes, salvo casos justificados en que por los antecedentes del recluso sea indispensable adoptar otra disposición.

Art. 33. — En los casos en que por circunstancias de hecho, el establecimiento deba alojar también condenados, la separación con los encausados deberá ser absoluta.

Art. 34. — Los establecimientos penales que, con sentido correccional prevé la Ley, están destinados al alojamiento de los condenados a penas privativas de libertad y/o medidas de seguridad, sujetos al régimen penal individualizado que promueva su enmienda y recuperación social.

Art. 35. — A los efectos del servicio, los establecimientos carcelarios se denominan Unidades, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Estatuto del Servicio Penitenciario de la Nación.


Art. 36. — Los establecimientos de detención y correccionales existentes y a crearse, se clasificarán en:

a) Cárceles de encausados para varones y para mujeres o bien secciones para estas últimas cuando ello fuere conveniente, en la Capital Federal y en los Territorios Nacionales.

b) Cárceles mixtas, para encausados y condenados a cortas penas, en los Territorios Nacionales.

c) Cárcel Correccional para mujeres.

d) Cárcel de Observación (Instituto de individualización penitenciaria).

e) Cárceles industriales, para condenados, ocasionales y habituales.

f) Colonias penales, para condenados ocasionales y habituales.

g) Campos de semilibertad.

h) Cárcel para inadaptados, con finalidad de segregación y seguridad.

i) Establecimientos especiales:

1) Cárcel-Asilo para valetudinarias:

2) Policlínico Penitenciario Central:

3) Hospital Neuro-psiquiátrico de asistencia y seguridad para alienados y semi-alienados:

4) Sanatorio penitenciario de montaña, para reclusos bacilosos.



Art. 37. — El régimen penal que prevé la ley y que por el presente se reglamentada, se aplicará a todos los individuos de uno u otro sexo, cualquiera sea la sanción privativa de libertad que le hubiese sido impuesta y siempre que fuera mayor de tres años.


Art. 38. — El objeto del régimen penal es un actuar constante, como acción correctiva, sobre la personalidad del condenado. Sus fines estarán determinados para obtener una rectificación en su conducta, promoviendo su sentido de la responsabilidad social y dotándole de los medios para poder hacerlo efectivo. La privación de libertad debe entenderse así, como un medio por el cual el tratamiento correccional tiende a obtener, primeramente, la adaptación del recluso a la propia vida individual y luego, a la de su recuperación para la vida social.

Art. 39. — A los fines determinados en el artículo anterior el régimen correccional tenderá a desenvolver en el recluso por los medios más adecuados:

a) Su aptitud fisiológica de manera de asegurar su estado de salud, mediante la acción de:

1) La medicina preventiva, la asistencial y la recuperadora;

2) La cultura física, organizada en forma de contribuir bajo controles técnicos, a una mayor fortaleza orgánica y a la adquisición de hábitos higiénicos, al par que normas morales de superación por el esfuerzo físico cumplido sin egoísmos; lealtad con el adversario y solidaridad en el común propósito.

b) Hábitos de orden, mediante un régimen disciplinario de contralor, destinado a provocar con la iniciación de una disciplina penitenciaria acentuada, reacciones utilizables en la individualización del recluso, facilitando la integración de su personalidad y la recuperación de la unidad hombre para la realidad social;

c) Hábitos de trabajo, mediante orientación vocacional y la enseñanza técnica de oficios. Siendo el trabajo en el recluso una obligación jurídica, prepararlo para cumplir en libertad con la obligación social de trabajar, capa-citándolo técnicamente de forma que permita su reintegración, con el máximo de posibilidades, para su actuación en medios sociales dispares;

d) Su educación instructiva con la finalidad de contribuir a la formación positiva de la personalidad por la captación de conocimientos; cumpliendo esta función desde la alfabetización hasta el aporte de conocimientos técnicos teóricos, coadyuvantes a una mayor aptitud en la lucha por la vida;

e) Su educación moral (formación integral de la personalidad moral) inculcándole principios que por su evidencia le revelen la absoluta necesidad del bien obrar y por la comprensión de sus ventajas para la convivencia le lleven a la adopción de una conducta honesta en las contingencias futuras que le plantee la vida, desarrollando a tal efecto la fe en Dios, el sentido de la fraternidad humana, el respeto a los derechos ajenos y a las leyes de la convivencia social, la comprensión de lo justo, la nobleza de hacer el bien, el respeto de la virtud, la admiración de lo bello y la probada superioridad de los valores del espíritu sobre la materia.


Art. 40. — El régimen correccional progresivo que establece la Ley 11.333 en su artículo 11, se desenvolverá dentro de las condiciones que a continuación se determinan:

1) Grado "A", de observación. Se cumplirá en la Cárcel de Observación o Sección que a tal objeto se destine en un establecimiento, bajo el contralor del Instituto de Clasificación y en él se procederá al estudio integral de la personalidad del recluso. Su finalidad es el diagnóstico y el propósito criminológicos y la normalización médico-psicológica.

2) Grado "B", de reclusión. Se cumplirá en el establecimiento o sección del mismo designado al efecto. Pasarán por él todos los reclusos que egresen del grado "A". Su finalidad contempla la faz punitiva y la rectificación ontológica por introspección anímica del recluso. El régimen será dirigido y controlado y aparte de las particularidades que puedan indicarse, tendrá las siguientes características:

a) Trabajo intramuros, en común, con silencio reglamentado;

b) Comida individual, en celda cerrada;

c) Recreos restringidos, por grupos, sin juegos ni deportes;

d) Enseñanza instructiva y aprendizaje de oficio, obligatoriamente, con régimen estricto;

e) Educación moral normativa;

f) Gimnasia obligatoria bajo control médico;

g) Aislamiento nocturno y diurno en horas de desocupación;

h) Fajina general obligatoria.

3) Grado "C". de orientación. Se cumplirá en una Colonia Penal o Cárcel Industrial o secciones anexas, con un régimen más atenuado que el anterior, y con la finalidad de proseguir la reeducación instructiva, laborativa cultural del recluso. Se desenvolverá dentro de las características generales siguientes:

a) Trabajo en común, sin régimen de silencio;

b) Recreos generales con deportes y juegos;

c) Comida en común;

d) Cultura general, física, moral e intelectual y actos de esparcimiento; teatro, cine, conferencias, etc.;

e) Trabajos en común, intramuros, con franquicias, o extramuros, dentro del predio penal, bajo vigilancia y custodia indirectas;

f) Aislamiento celular nocturno.

g) Grado "D", de prueba. Se cumplirá en campos de semilibertad o en secciones anexas a las Colonias Penales o Cárceles Industriales, bajo un régimen más atenuado que el anterior, con la finalidad de comprobar la medida de la creación, rectificación y ampliación del mundo moral del recluso y de prepararlo para su reintegro a la vida libre. Se desenvolverá dentro de las características generales siguientes:

a) Trabajo en común, intra o ex-muros, sin custodia y sin otra vigilancia que la indispensable a los controles del servicio;

b) Comida en común, dentro o fuera del claustro penal y en secciones separadas de los reclusos pertenecientes al grado anterior;

c) Recreos generales e intervención en deportes, esparcimientos y actos culturales organizados por los componentes del grupo;

d) Posibilidad de salidas periódicas para aquellos reclusos que hayan alcanzado calificación de "ejemplar".

5) Grado "E", de reintegración. Este grado comporta la reincorporación del recluso al consorcio social mediante la concesión de la libertad condicional en la forma establecida por la ley penal y bajo la tutela y vigilancia del Patronato de Liberados.


Art. 41. — Todo condenado de las condiciones previstas en el artículo 37 ingresará al grado de observación y en él se procederá al estudio de su personalidad y se le someterá a los exámenes correspondientes por parte del Instituto de Clasificación. El régimen penitenciario experimental en dicho grado será el indicado por el organismo nombrado.

Art. 42. — A los efectos de que el Instituto de Clasificación pueda emitir el diagnóstico y pronóstico respectivo sobre los condenados a estudio, completará éste con la siguiente información:

a) Examen nosológico. El servicio de Sanidad confeccionará la historia clínica completa del recluso e informará sobre su estado de salud y capacidad física para el trabajo. En los casos de incapacidad transitoria o permanente, expresará las causas de la misma;

b) Examen pedagógico. La sección técnica correspondiente informará sobre la instrucción del recluso y de su capacidad y condiciones para perfeccionarla, como así todo otro antecedente útil a tal fin, en cuanto se relacione con la función escolar;

c) Examen técnico-laborativo. La sección técnica correspondiente informará sobre los conocimientos profesionales o de artesanía que tuviere el recluso y para cuál de ellos demuestra o posee mayor vocación.

Art. 43. — Reunidos todos los antecedentes mencionados y los resultados de los estudios criminológicos, el Instituto de Clasificación procederá, en primer término, a determinar si el recluso es normal o anormal desde el punto de vista psicológico. De acuerdo a esa determinación los anormales serán sometidos a tratamiento médico adecuado. Restablecida su normalidad, serán clasificados de acuerdo a ella a los efectos, de su readaptabilidad. Los incurables permanecerán o serán destinados al Hospital Neuro-Psiquiátrico de Asistencia y Seguridad o establecimiento especializado que corresponda.

Art. 44. — Determinados como normales, se procederá a formular el diagnóstico y pronóstico provisorio de corregibilidad, adoptando la siguiente clasificación criminológica, genérica, en función del tratamiento penitenciario, y de carácter práctico fundamental:

a) Ocasionales (a los que corresponde un pronóstico provisorio de fácil adaptabilidad. El tratamiento correccional tenderá a actuar como resguardo moral para evitar la reagravación de la vena por contaminación carcelaria);

b) Habituales (a los que corresponde un pronóstico provisorio de laboriosa readaptabilidad. El tratamiento correccional será normativo y destinado a desarrollar y apuntalar el autocontrol);

c) Constitucionales (a los que corresponde un pronóstico provisorio de difícil readaptabilidad. El tratamiento correccional, exclusivamente normativo, procurará su innocuización y a todo evento el resguardo y la seguridad social).

Art. 45. — Los reclusos comprendidos en el artículo anterior que estén afectados de una gran disminución fisiológica (edad, invalidez, enfermedad crónica. etc.) serán destinados a la Cárcel-Asilo, con régimen mitigado.

Art. 46. — Efectuada la clasificación anterior y dado término al período de Observación, el Instituto de Clasificación aconsejará las normas particulares del tratamiento a seguir, indicando a la vez el establecimiento a que debe ser destinado y el grado dentro del régimen penal hasta el cual puede llegar el recluso, una vez cumplidos los períodos que con carácter general se establecen.

Art. 47. — A los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, el Instituto de Clasificación, remitirá por la vía correspondiente al establecimiento donde se destine al recluso, un informe fundado que contenga: los antecedentes del caso, clasificación, pronóstico provisorio y normas particulares del tratamiento aconsejado. Al Director del establecimiento corresponderá el cumplimiento del régimen acordado y al Tribunal de Conducta la vigilancia de su ejecución.

Art. 48. — Para el cumplimiento del régimen progresivo los reclusos deberán permanecer en los grados establecidos, durante los siguientes términos:

a) Los adaptables: treinta días como mínimo en el grado "A"; hasta una sexta parte de la condena en el grado "B"; hasta la mitad en el grado "C" y hasta la extinción de la condena o egreso por la libertad condicional en el grado "D";

b) Los readaptables: sesenta días en el grado "A" como mínimo; hasta la tercera parte de la condena en el grado "B''; hasta las dos terceras partes en el grado "C" y hasta la extinción de la pena o egreso, en el grado "D";

c) Los de difícil adaptación: como mínimo noventa días en el grado "A"; hasta las dos terceras partes de la condena en el grado "B", y hasta la extinción de la misma o egreso en el grado "C".

Art. 49. — Para la promoción se requerirá haber alcanzado las siguientes calificaciones de conducta:

a) Del grado "B" al "C", la máxima que le corresponda de acuerdo a las reglamentaciones y tiempo de estada;

c) Del grado "C" al "D", "ejemplar".

Art. 50. — Los reincidentes, condene los con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, podrán gozar de los beneficios del grado "D", cuando tengan cumplidos siete años de accesoria en los casos de los incisos 1 y 2 del artículo 52 del Código Penal y tres años en los cases de los incisos 3 y 4 y último apartado del citado artículo, siempre que así lo aconseje el Tribunal de Conducta del establecimiento, en que se halle cumpliendo el grado "C" y previo dictamen particular del Instituto de Clasificación.

Art. 51. — Entiéndese que los términos establecidos lo son con carácter general, pudiendo alterarse de acuerdo al dictamen fundado del Instituto de Clasificación, el que, por el contralor que le compete de la individualización del régimen penitenciario; podrá indicarlo por sí como también ante el requerimiento del Tribunal de Conducta del establecimiento, si estuviere de acuerdo con el mismo.

Art. 52. — La promoción en los grados no será automática y por simple transcurso de los términos establecidos, sino que se hará a propuesta del Tribunal de conducta al Director del establecimiento y podrá o no ser acordada por éste, con conocimiento del Instituto de Clasificación, el que podrá objetar la medida dentro de los 15 días, al término de los cuales y no existiendo oposición quedará consentida. Si existiese oposición la resolución del caso corresponderá a la Dirección General, como así cuando fuese aceptada la promoción y ésta significase cambio de establecimiento.

Art. 53. — La permanencia en los grados por mayor tiempo que el prescripto en el artículo 48, se regirá por las disposiciones aplicables de los artículos 51 y 52.

Art. 54. — No podrán ser promovidos al grado "D", los reclusos que presenten anomalías constitucionales, ni los que hayan sido clasificados como de elevado índice de peligrosidad por el Instituto de Clasificación.

Art. 55. — Será motivo suficiente de retrogradación en los grados del régimen penal, la frecuente inobservancia de las reglas o normas que rijan para el mismo, aun cuando no mediaren sanciones graves pero que revelen inadaptabilidad en el recluso. Será dispuesta por el Director del establecimiento, a propuesta del Tribunal de Conducta, en forma provisoria y en definitiva, previo informe del Instituto de Clasificación.

Art. 56. — Ningún recluso que haya alcanzado el grado "D", podrá ser retrogradado si no mediare causa grave, debidamente comprobada con la intervención del Instituto de Clasificación y que evidencie o una modificación desfavorable de su personalidad o un caso flagrante de simulación. Presentada esta situación el Director del establecimiento podrá de inmediato, suspender o restringir las prerrogativas, cuando así lo aconsejen razones de seguridad, hasta tanto sea resuelta la situación en definitiva.


Art. 57. — Los condenados a penas privativas de libertad de tres años o menores, cumplido el período de observación, serán sometidos al régimen especial ene determine el Instituto de Calificación, dentro de las condiciones y espíritu que informa el régimen progresivo establecido.

Art. 58. — En el régimen para las condenadas se tendrá en cuenta su condición, introduciéndole las alteraciones que ella imponga, para una mejor adecuación del mismo.

Art. 59. — Los comprendidos en el artículo 34, inciso 1º, del Código Penal, que se alojen en el Anexo Psiquiátrico Central o en el Hospital Neuro-Psiquiátrico de Seguridad, serán sometidos al tratamiento médico.


Art. 60. — En todos los establecimientos correccionales se implantará un tratamiento conformado a los principios establecidos en el artículo 39 y de acuerdo a los grados previstos en el artículo 40 de este reglamento.

Art. 61. — El tratamiento que se aplique a los reclusos estará exento de toda violencia, tortura o mal trato corporal, así copio cualquier acto que entrañe sufrimiento físico o humillación degradante para su personalidad. El personal encargado del orden interno y vigilancia en dichos establecimientos será responsable por cualquier exceso de esta índole en el cumplimiento de las funciones que a cada uno le están asignadas.

Art. 62. — Mediante los estudios y métodos curativos, así como por la disciplina, la educación y el trabajo obligatorios, se procurará modificar las tendencias, inhibiciones o predisposiciones morbosas o antisociales de los reclusos, así como desarrollar aquellas facultades o disposiciones que les faciliten su desenvolvimiento en la vida libre.

Art. 63. — Las condenadas que tuvieren hijos menores de dos años y carecieren de familiares para encargarse de su cuidado, podrán retenerlos consigo hasta que éstos cumplan la mencionada edad, pasada la cual serán remitidos a la institución de beneficencia correspondiente, por gestión de la Dirección General de Institutos Penales. Para el alojamiento adecuado de las madres y sus hijos, así como de las embarazadas, se habilitará en el establecimiento que las aloje, un departamento de maternidad debidamente instalado.

Art. 64. — A los reclusos casados, podrá permitírseles, a su requerimiento, visitas privadas íntimas con sus esposas. Esta autorización es independiente de la clasificación de conducta, y sólo se suspenderá durante el tiempo en que se cumple una sanción disciplinaria. Tal permiso se cursará en cada Unidad, una vez que, adecuadas las condiciones de su arquitectura, ésta proporcione el recato y la discreción para su cumplimiento, el que se inspira en el respeto que a todos debe merecer la institución del matrimonio y sujeto a la reglamentación que se dicte.

Art. 65. — A todo recluso que ingrese al grado "A" de observación, le será confeccionado su "legajo penitenciario", el que contendrá antecedentes de orden administrativo, penal, penitenciario, criminológico, normas del tratamiento, progresos observados, etc., y cuanto más se establezca por los reglamentos particulares a dictarse, de modo que refleje en todo momento la vida anterior del recluso, su personalidad y su actuación penitenciaria.


Art. 66. — El tratamiento educacional estará inspirado en las normas previstas en los incisos d) y e) del artículo 39 y a tal fin se aplicarán los organismos especializados de ejecución.

Art. 67. — Las normas particulares del tratamiento educacional serán indicadas por el Instituto de Clasificación.

Art. 68. — Sin perjuicio de ello, establécese como obligación primordial la de impartir enseñanza primaria a los reclusos analfabetos, no pudiendo éstos aspirar a beneficios o mejoras sin haber superado ese estado, de acuerdo con los reglamentos que se dicten.


Art. 69. — El trabajo obligatorio es inherente a la sanción penal impuesta y uno de los fundamentos del régimen correccional.

Deberá impartirse y realizarse sobre la base de que constituye un deber social ineludible. La organización y ejecución del mismo estará inspirada en las normas previstas en el artículo 3º. El trabajo será remunerado y, ya sea a jornal o a destajo, le será a título compensatorio de acuerdo al rendimiento y progreso técnico. Esta remuneración quedará afectada a lo dispuesto en el artículo 11 del Código Penal.

Art. 70. — Sólo estarán exentos de la obligación de trabajar:

a) Los que padecieren de alguna enfermedad y/o defecto físico que los imposibilite para ello;

b) Las mujeres embarazadas e partir del sexto mes; y hasta dos meses después de terminado el período puerperal.

Los que fueren mayores de 60 años serán destinados a tareas compatibles con su edad y estado físico.

Art. 71. — La práctica de un trabajo determinado no exime a ningún recluso de la prestación personal para la labor de limpieza de los establecimientos y cuanto otras se le encomienden y comisionen, de acuerdo a las reglamentaciones. Estas tareas de limpieza no serán remuneradas salvo que ellas constituyan la única actividad del recluso.

Art. 72. — El destino de los reclusos a los talleres y otros trabajos se hará de acuerdo a su aptitud psicofísica y a las normas particulares de tratamiento indicadas por el Instituto de Clasificación.

Art. 73. — No se obligará compulsivamente a trabajar a los reclusos, pero los que se negaren a ello serán corregidos disciplinariamente, considerándose la falta como gravísima.

Art. 74. — A los reclusos con estudios superiores o con conocimientos y aptitudes artísticas reconocidas, previo dictamen del Instituto de Clasificación, podrá permitírseles el ejercicio de su arte o la aplicación de sus conocimientos en actividades especializadas, sujetos a las normas que se dicten al efecto. Igualmente y con el mismo sentido y procedimiento, podrá autorizarse en casos excepcionales, la prosecución de estudios secundarios o superiores que ruedan cursarse en condición de alumno libre.

Art. 75. — A los efectos de la preparación técnica de los reclusos en los diversos oficios y artesanías, podrán cursar estudios en la Escuela Politécnica y Técnica de Oficios, que funcionará en el respectivo establecimiento.

Art. 76. — A los que egresen de la misma luego de aprobar los ciclos correspondientes establecidos por sus programas, se les otorgará certificados conforme a las reglamentaciones de las escuelas dependientes de la Dirección General de Enseñanza Técnica del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Los que no hubieren podido completar sus estudios, podrán continuar los mismos en las escuelas oficiales a que se hace mención anteriormente.

Art. 77. — Los accidentes ocurridos o los penados, durante el tiempo de la ejecución del trabajo, ya con motivo y en ejercicio de la ocupación en que se les utiliza, o por caso fortuito o fuerza mayor inherente al trabajo, serán indemnizados por el Estado. Ninguna indemnización se acordará cuando el accidente hubiera sido provocado por la víctima, proviniere de culpa grave de la misma, o de desobediencia a los preceptos reglamentarios o se originase en riña producida en el lugar del trabajo, que pudiera imputarse a la víctima. La indemnización se determinará en orden a las disposiciones de la Ley 9.688 y decretos reglamentarios.

Art. 78. — Después de producido un accidente de trabajo y a los efectos de la fijación del salario básico, se aplicarán las disposiciones que sobre el particular contiene la Ley Nº 9.688 y sus decretos reglamentarios, en relación con las retribuciones que hubiere percibido el recluso por su trabajo en los establecimientos penales. Las categorías alcanzadas por los reclusos, dentro de la actividad de trabajo (peón, medio oficial, oficial, etc.) le serán asignadas semestralmente por comisiones de las que formará parte el jefe del taller respectivo, siendo válida la última alcanzada con anterioridad al accidente.

Art. 79. — Los informes de los médicos de la Institución servirán como elemento primordial de juicio para determinar el carácter de la incapacidad. Contra esos informes y dada la naturaleza graciable de las indemnizaciones, no habrá derecho a impugnación alguna por parte de la víctima o de su familia.

Art. 80. — El plazo de la consolidación jurídica no podrá exceder de (3) tres años. Si el accidentado egresara del Establecimiento antes de ese término, la asistencia del causante será continuada por la Secretaría de Salud Pública de la Nación, salvo que el ex recluso desee hacerlo por su cuenta, advirtiéndosele que en este último casos, los gastos médicos y farmacéuticos no le serán costeados. En ambas situaciones asistenciales, la evolución será observada por la "División Sanidad", la que al alcanzar el accidentado la consolidación médica, o la jurídica de la Ley 9.688, dictaminará sobre la restitución a la integridad y de no haberla resultando incapacidad, sobro su naturaleza, carácter y grado.

Art. 81. — La indemnización tendrá carácter alimentario, y su pago deberá hacerse en forma de entrega mensual, de renta y parte de capital; o de otra manera, cuando se acredite su empleo provechoso, con intervención de la Caja de Garantía de la Ley 9.688.


Art. 82. — El régimen disciplinario es uno de los aspectos fundamentales en el tratamiento penitenciario, por lo que su observancia y aplicación estricta y justa, es básica. Comporta sanción punitiva con pérdida o suspensión de derechos y ventajas legales y reglamentarias para quienes lo infrinjan; beneficios y privilegios para los que lo respeten y cumplan.


Art. 83. — En todos los establecimientos correccionales funcionará un Tribunal de Conducta, integrado por el Sub-Director como Presidente y como vocales: Un delegado del Instituto de Clasificación, el jefe de la Sección Penal, el Médico Jefe del Servicio de Sanidad, el Director de la Escuela, el Director de la Enseñanza Técnica o Jefe de Talleres y el Capellán, tribunal que estará encargado de calificar la conducta y formular el concepto de cada recluso, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere este reglamento.

Art. 84. — Para formular la calificación y el concepto de cada recluso el Tribunal de Conducta tomará en cuenta los siguientes elementos de juicio:

a) Si cumple o no con regularidad y espontáneamente, o si lo hace por imposición o continuas observaciones, las medidas de orden, seguridad, disciplina, higiene, moral, salud, trabajo, educación, cultura, que le impone el régimen del cumplimiento de la pena;

b) Las manifestaciones de su carácter, sus tendencias, moralidad y demás cualidades y circunstancias que puedan servir para formar el concepto particular de su personalidad y la medida de su rectificación.

Art. 85. — La calificación de conducta y formulación de concepto será hecha de acuerdo a las siguientes escalas:

a) Negativa, que comprende:

1) Pésima, equivalente a 0.

2) Mala, equivalente a 1 y 2.

3) Regular, equivalente a 3 y 4.

b) Positiva, que comprende:

1) Buena equivalente a 5 y 6.

2) Muy buena, equivalente 7 y 8.

3) Ejemplar, equivalente a 9 y 10.

c) Optima, fuera de calificación.

Art. 86. — La calificación de conducta y concepto de los reclusos correrán paralelamente, pero pueden no ser coincidentes. La calificación de conducta, en sí misma, considera la manifestación más bien externa de la actividad del recluso y tiene valor en cuanto al aspecto disciplinario puro del acatamiento des régimen penal y a las ventajas y desventajas que su observancia o inobservancia: comporta. La calificación de concepto subjetiva y apreciada de acuerdo a las normas del inc. b) del art. 84, juega en función del juicio integral sobre el grado de recuperación alcanzado por el recluso, y tiene valor a los efectos de la concesión de beneficios tales como el indulto a la libertad condicional, etc.— En esos casos, conducta y concepto deberán complementarse a los efectos de la formulación del informe pertinente.



Art. 87. — Constituyen faltas contra el régimen penal toda transgresión a los deberes y obligaciones que explícita o implícitamente impongan, a los reclusos, los reglamentos y demás disposiciones de la autoridad penitenciaria, y ellas serán sancionadas disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o criminal, a que hubiere lugar.

Art. 88. — Como principio para el cumplimiento de la pena, el recluso está obligado a observar los deberes básicos que se expresan a continuación:

a) De orden: cumplir la pena en el lugar y grado que disponga la autoridad penitenciaria y observar el orden más riguroso en su persona, en su celda, en el pabellón, en la escuela, en el trabajo y en todas las actividades de la vida penitenciarias.

b) De seguridad: Acatar y cumplir toda medida de vigilancia y do seguridad que se le imponga; no cometer actos u omisiones que directa o indirectamente impliquen un peligro; en cualquier forma, para otros reclusos, para el personal o para la seguridad general de la Unidad o de la Institución.

c) De disciplina: Respetar y obedecer las órdenes superiores, ejecutándolas estricta y fielmente; la observancia del más amplio espíritu de corrección en sus modales, presentación en formación, en el saludo, en el lenguaje; y en toda otra manifestación de la disciplina.

d) De higiene: Observar la higiene más absoluta en su persona, de la celda, pabellones, talleres y demás Jugares de estancia, cumpliendo las normas que al efecto dicto la superioridad.

e) De moral: Exteriorizar en todos los actos el concepto de la moral y no cometer acto alguno que la lesione o menoscabe, sea por vía de hecha o de intenciones reveladas.

f) De salud: Velar por su salud y someterse al cuidado y vigilancia del servicio médico y al tratamiento a que el mismo lo someta, respetando por lo demás las medidas generales de profilaxis y de sanidad que se dispongan.

g) De trabajo: Consagrarse al aprendizaje del arte, oficio o industria a que se le destine, y a la ejecución de las tareas y trabajos que se le ordenen, a cualquier hora del día o de la noche. El trabajo será retribuido, con excepción de las tareas de fajina y aseo general y las de interés y beneficio común.

h) De educación: Esmerarse en adquirir los conocimientos que se impartan en las clases escolares y procurar a la vez el mejoramiento de su instrucción y educación en general.

i) De cultura: Procurar su superación cultural en el aspecto moral intelectual y físico, en sus distintas manifestaciones religiosas, artísticas, deportivas, etc.

j) De readaptación: Recuperarse, refirmando en todos sus actos el pro-pósito real de enmienda y rectificación, para reintegrarse a la sociedad como un elemento útil y de provecho común.


Art. 89. — Las personas alojadas en los establecimientos dependientes de la Dirección General, se denominarán, en todos los casos y sin excepción, con el adjetivo de "recluso".

Art. 90. — A partir de la fecha de entrada en vigor del presente reglamento, queda eliminado el sistema de sustituir por números, el nombre y apellido de los reclusos, debiéndoseles citar, mencionar o llamar por éstos, salvo que el propio recluso solicitare lo contrario, por escrito.


Art. 91. — La liberación de un recluso puede ser condicional o definitiva. La condicional se concede por la autoridad judicial competente; la definitiva se producirá ya sea en razón del indulto o amnistía, ya por vencimiento del término de la sanción.

Art. 92. — Dos meses antes del vencimiento de la condena o del tiempo fijado para que el recluso pueda solicitar la libertad condicional, la Dirección General, por intermedio de sus dependencias o del Patronato de Liberados que correspondiere, tomará las providencias del caso a fin de preparar el ambiente familiar y social al que se reintegrará el liberado, procurarle trabajo si le es necesario, iniciar los trámites para la obtención de la documentación personal y realizar cuantas otras gestiones sean necesarias para que el reintegro al seno social, se produzca en forma de eliminar toda situación de desamparo.

Art. 93. — A todo recluso que egrese de un establecimiento correccional después de cumplir una sanción privativa de libertad y no contare con la vestimenta o recursos suficientes; le será previsto, según el caso, un traje apropiado, ropa interior, camisa, corbata, zapatos o zapatillas, y/o la suma de $ 20 m/n. Igualmente se le preverá de un pasaje para trasladarse al lugar dentro de la República, en que fije su residencia.

Art. 94. — Antes del egreso de un recluso el Servicio de Sanidad informará sobre su estado de salud y si resultare que se encuentra padeciendo de enfermedad que requiera ineludiblemente internación en hospital, se gestionará, si lo requiriese, de la Secretaría de Salud Pública o de quien corresponda, su admisión en el nosocomio pertinente. Igual procedimiento se observará en los casos en que corresponda ser enviado a un asilo por razón de su edad avanzada y carecer de medios de vida o de familiares que puedan asistirlo.


Art. 95. — Hasta tanto se creen los establecimientos diferenciados necesarios para el cumplimiento del régimen penal que prevé la Ley 11.833 y este reglamento, la Dirección General arbitrará la forma de habilitar secciones en los establecimientos existentes y de poner en ejecución, gradualmente, el régimen previsto, estando autorizada a introducirle las modificaciones imprescindibles para su practicabilidad, sin alterar la esencia de las normas establecidas.

Art. 2º — La Dirección General de Institutos Penales, dentro de los 180 días de dictado este decreto, someterá a consideración del Poder Ejecutivo, el plan y los proyectos de construcciones carcelarias a ejecutarse para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley 11.833 y este reglamento, discriminando su ejecución dentro del Plan Quinquenal e incluyendo en primer término los edificios de las cárceles de Posadas, Sáenz Peña y Esquel.

Art. 3º — Conjuntamente con el respectivo presupuesto general de gastos de la Repartición, elevará anualmente el de las construcciones y ampliaciones o creaciones de establecimientos carcelarios, cuyos costos incluirá en dicho presupuesto para la obtención de los créditos necesarios durante el correspondiente ejercicio financiero.

Art. 4º — Oportunamente, la Dirección General de Institutos Penales someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo, el reglamento orgánico y demás reglamentos internos de los servicios, dependencias y establecimientos de la Repartición.

Art. 5º — Deróganse todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al presente.

Art. 6º — Comuníquese, publíquese, anótese y dése a la Dirección General del Registro Nacional.

PERON. — Belisario Gache Pirán.