SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS
Resolución 93/2021
RESOL-2021-93-APN-SAE
Ciudad de Buenos Aires, 09/12/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-78719142- -APN-DPYPEESA#SAE, los
Decretos Nros. 894 del 1° de noviembre de 2017, 50 del 19 de diciembre
de 2019 y sus modificatorios, 970 del 1° de diciembre de 2020, 124 del
21 de febrero de 2021, 298 del 7 de mayo de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 50/2019 estableció como uno de los objetivos de la
SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN el de
“entender en la definición de las prioridades estratégicas para el
desarrollo de una economía del conocimiento inclusiva y en la
coordinación y monitoreo de las acciones formativas y de investigación
en la materia, de los distintos actores públicos y privados
involucrados, en coordinación con las áreas con competencia en la
materia.”
Que el Decreto Nº 970/2020 aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo BID
N° 5084/OC-AR a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), destinado a financiar el “Programa
de Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de
Prioridades Estratégicas”, cuyo objetivo general es mejorar la
efectividad en la coordinación y gestión de Programas Gubernamentales
Estratégicos (PGE) en la REPÚBLICA ARGENTINA, priorizando aquellos
necesarios para dar respuesta y recuperación a la crisis generada por
la pandemia de COVID-19, mediante el fortalecimiento de funciones
claves y el desarrollo de iniciativas innovadoras para el logro de los
objetivos de Gobierno.
Que el Contrato de Préstamo BID N° 5084/OC-AR fue suscripto por la REPÚBLICA ARGENTINA el 20 de enero del 2021.
Que los objetivos específicos del citado Programa son: (i) mejorar la
calidad de la planificación, el monitoreo, la toma de decisiones y la
evaluación para el cumplimiento de Programas Gubernamentales
Estratégicos; y (ii) fortalecer las capacidades de innovación y
promover prácticas innovadoras en la gestión pública, sector privado y
sociedad civil para dar respuesta a la crisis y sus consecuencias.
Que para alcanzar dichas metas, el Programa mencionado se estructura en
dos componentes: Componente 1. Fortalecimiento de capacidades de
gestión de objetivos prioritarios de gobierno; Componente 2.
Fortalecimiento de capacidades de innovación permanentes en el sector
público, sector privado y sociedad civil, para problemas de política
pública.
Que a través del Subcomponente 2.2 “Innovaciones en el sector privado y
sociedad civil” se financiará la implementación de instrumentos de
apoyo a la innovación que viabilicen la obtención de propuestas del
sector privado y sociedad civil que puedan generar soluciones acordes
en tiempo y forma para las Prioridades Gubernamentales.
Que el Organismo Ejecutor del citado Programa es la SECRETARÍA DE
ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, a través de la
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES PARA EL
DESARROLLO.
Que, por su parte, el CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES) creado mediante
Decreto N° 124/2021, nuclea gran parte de los actores y las actoras que
representan al mundo empresarial, sindical, científico y tecnológico; y
entre sus funciones se encuentra la de “promover estudios, debates
públicos, encuestas de opinión u otros mecanismos de participación y
consulta, tanto presenciales como virtuales, que permitan captar la
opinión de sectores amplios de la población sobre los temas en
tratamiento.”
Que, asimismo, el CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL tiene la competencia de
“impulsar acuerdos de cooperación para el cumplimiento de sus fines con
organismos internacionales y/o con áreas de la administración pública
Nacional, Provincial y/o Municipal, u otros organismos públicos o
privados”.
Que el mencionado CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL tiene entre sus objetivos
los de “abrir un espacio de diálogo y cooperación entre los distintos
sectores económicos y sociales del país” y “generar consensos amplios
sobre prioridades estratégicas para el desarrollo nacional inclusivo”.
Que a tal fin el Decreto N° 124/2021 estableció una Agenda de Trabajo
distribuida en cinco Misiones País: Comunidad del Cuidado y Seguridad
Alimentaria; Educación y Trabajos del Futuro; Productividad con
Cohesión Social; Ecología Integral y Desarrollo Sustentable y
Democracia Innovadora.
Que la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, ámbito de funcionamiento del Consejo Económico y Social,
colabora en el cumplimiento de las citadas Misiones a través de
distintas iniciativas y acciones, entre ellas la organización de
convocatorias para que diferentes sectores o instituciones de la
comunidad presenten proyectos e iniciativas innovadoras que permitan
avanzar en el cumplimiento de los objetivos y, de esta manera,
construir colectivamente políticas públicas de largo plazo.
Que a través del Decreto N° 298/2021 se designaron los miembros del CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.
Que, en dicho contexto, resulta oportuno convocar a técnicos y
profesionales nucleados en instituciones universitarias, organizaciones
públicas, privadas, sociales y comunitarias de todo el país, a
presentar propuestas innovadoras de políticas públicas que permitan
optimizar la inversión pública en el acompañamiento de las personas
vulneradas, en términos de su acceso a los derechos laborales y a un
ingreso digno.
Que el objetivo de la presente convocatoria es retroalimentar el diseño
de políticas públicas dirigidas a poblaciones definidas como
vulnerables en términos de su acceso al empleo reorientando los
programas de transferencia de ingresos, optimizando la inversión
estatal y ofreciendo alternativas de empleo con eje en las capacidades
productivas territoriales. Para ello se propone identificar
oportunidades de creación de empleos en términos de desarrollo local
y/o regional en micro, pequeñas y medianas empresas y/o emprendimientos
o unidades asociativas de diversos sectores económicos.
Que mediante Nota N° (NO-2021-99423232-APN-DPYPEESA#SAE), la DIRECCIÓN
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES CON ENFOQUE SECTORIAL AMPLIO de la
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES PARA EL
DESARROLLO de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS, solicitó y obtuvo
del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), la No Objeción con
relación a las Bases y Condiciones que regirán la mencionada
Convocatoria, conforme Nota N° CSC/CAR 3712/2021.
Que las citadas Bases y Condiciones contemplan distintas etapas para la
implementación de la Convocatoria (pre inscripción de ideas,
evaluación, anuncio y distinciones y presentación de la propuesta
final), previendo la intervención de una Comisión de Evaluación que
estará integrada por expertos internacionales, nacionales,
representantes de Ministerios Nacionales, gobiernos provinciales,
municipales, del Programa de Innovación para Respuesta a Situaciones de
Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas BID 5084/OC-AR y
Consejeros integrantes del CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.
Que el Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72
(T.O. 2017) aprobado por el Decreto N° 894/2017, habilita a los
particulares a presentar escritos ante la administración nacional en
formato electrónico mediante la plataforma de Trámites a Distancia
(TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y establece
que las notificaciones electrónicas se harán por esa única vía.
Que corresponde, por lo expuesto, aprobar la presente Convocatoria
denominada “Producir Trabajo - Convocatoria de ideas de políticas
públicas para la creación de empleo genuino”, sus Bases y Condiciones,
así como los integrantes de la Comisión de Evaluación.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones
conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 50 del 19 de diciembre de
2019 y sus modificatorios y el Decreto N° 970 del 1° de diciembre de
2020.
Por ello,
EL SECRETARIO DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar y declarar abierto el llamado a la Convocatoria
denominada “Producir Trabajo - Convocatoria de ideas de políticas
públicas para la creación de empleo genuino”, de conformidad con las
Bases y Condiciones que como ANEXO I
(IF-2021-114213617-APN-DPYPEESA#SAE) forma parte integrante de la
presente medida.
ARTÍCULO 2°.- Destinar una suma de PESOS UN MILLÓN ($1.000.000.-), en
carácter de Aporte No Reintegrable (ANR), en concepto de premio a cada
una de las CINCO (5) mejores ideas de políticas públicas conforme el
orden de mérito que determine la Comisión de Evaluación, con la
finalidad de desarrollar con mayor detalle los instrumentos propuestos
y avanzar en la elaboración de las políticas públicas.
ARTÍCULO 3°.- Designar a los miembros de la Comisión de Evaluación,
conforme al ANEXO II (IF-2021-114216609-APN-DPYPEESA#SAE) que forma
parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande la presente medida se atenderá con
cargo a las partidas presupuestarias correspondiente a la JURISDICCIÓN
20 – PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, difúndase en la página web
oficial del Consejo Económico y Social
(https://argentina.gob.ar/consejo), dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese.
Gustavo Beliz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 13/12/2021 N° 95665/21 v. 13/12/2021
(Nota
Infoleg:
Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la
edición web de Boletín Oficial)
ANEXO I
Producir Trabajo
Convocatoria de ideas de políticas públicas para la creación de empleo genuino
1. Introducción
El Consejo Económico Social (CES), creado mediante Decreto Nº 124/2021,
nuclea gran parte de los actores y las actoras que representan al mundo
empresarial, sindical, social, científico y tecnológico. Entre sus
finalidades se encuentra la de promover estudios, debates públicos,
encuestas de opinión u otros mecanismos de participación y consulta,
tanto presenciales como virtuales, que permitan construir acuerdos o
promover el entendimiento entre actores concernidos por la misma
problemática, con el propósito de renovar la agenda pública y
enriquecer el debate acerca de las alternativas para hacer frente a los
desafíos actuales.
El CES ha definido un conjunto de prioridades estratégicas para el
desarrollo del país a ser debatidas, que constituyen el marco más
general de debate y discusión y que se desglosan en una Agenda de
Trabajo con veinticinco temáticas organizadas alrededor de cinco
Misiones País. Entre las temáticas a abordar se encuentra en primer
lugar la lucha contra y el hambre y la extrema pobreza, así como la
armonización de los programas de transferencias universales y la
“transformación de planes asistenciales en empleo” (ver Anexo I del
Decreto N° 24/2021).
En el contexto de la Agenda de Trabajo del CES, la Secretaría de
Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación y el Consejo
Económico y Social (CES), en el marco del Programa de Innovación para
Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas
- Proyecto Contrato de Préstamo BID 5084/OC-AR, convocan a técnicos y
profesionales nucleados en instituciones universitarias, y
organizaciones públicas, privadas, sociales y comunitarias de todo el
país, a presentar propuestas innovadoras para el diseño de políticas
públicas que permitan optimizar la inversión pública en el
acompañamiento de las personas vulneradas, en términos de su acceso a
los derechos laborales y a un ingreso digno.
2. Fundamentación
En diciembre de 2021 se cumplen 30 años de la sanción de un marco
normativo en Argentina que abrió las puertas a la implementación de
políticas de empleo y formación profesional.
El siglo XXI comenzó en Argentina con una caída abrupta del empleo, el
deterioro de los ingresos, el aumento inusitado de la desigualdad, la
exclusión social y la pobreza. La crisis económica, política y social
que signa esta etapa encuentra a uno de cada cuatro trabajadores/as
fuera del empleo. Ello forzó la necesidad de repensar los sistemas de
protección social a partir de una nueva perspectiva que permitiera
asegurar “pisos de protección social” basados en un conjunto de
prestaciones y transferencias a cargo del Estado nacional, capaces de
asegurar niveles mínimos en materia de alimentación, educación, salud y
cuidados básicos. Las políticas de transferencia de ingreso se
unificaron para cubrir a más de dos millones de jefes/as de hogar
desocupados/as, al tiempo que se modificó la estructura del gasto
público social y se incorporan nuevas fuentes de financiamiento.
La recuperación económica que comenzara en 2003 y el conjunto de
políticas implementadas generó mejoras en las situaciones de los/as
trabajadores que pudieron acceder al empleo, pero no alcanzó para
revertir plenamente la situación de pobreza y vulnerabilidad, ligada
mayormente a la informalidad laboral y a la debilidad estructural del
mercado de trabajo y de la economía argentina. Los programas de
promoción del empleo y la formación profesional que fueron diseñados en
los 90 a partir de las reformas del mercado de trabajo, fueron
reformulados y se les sumaron nuevos programas de transferencia de
ingresos, en el marco tanto de sistemas contributivos de seguridad
social como de asistencia social de base no contributiva. Dentro de
este último grupo se destacan los programas de asistencia directa que
son aquellos que, a través de transferencias en efectivo -y en
ocasiones en especie-, ayudan a los hogares a superar las situaciones
de pobreza persistente (como las tarjetas de alimentos) y otros que se
propusieron visibilizar y valorizar el trabajo que se realiza en el
marco de la economía informal, impulsando herramientas que promueven la
colectivización y la organización social, acompañando mediante una
serie de políticas específicas. La reestatización en el año 2008 del
sistema previsional y la creación de la Asignación Universal por Hijo
(AUH) como un subsistema no contributivo dentro del régimen de
Asignaciones Familiares, instala un derecho que le corresponde a
todos/as los/as niños/as, con independencia de la situación laboral de
sus progenitores, con un potencial de exigibilidad del que carecen
otros sistemas. Este tipo particular de política de transferencia
condicionadas de ingresos (PTCI), en línea con otras que prevalecieron
en Latinoamérica en los inicios de los dos mil, se encuadra en un marco
de protección diferente al de las políticas de transferencia de
ingresos -programas y planes- que exigen contraprestaciones laborales,
de formación o de búsqueda de trabajo.
A pesar de los niveles de inversión producidos en todo este periodo, se
debe señalar que los índices de informalidad laboral se mantuvieron
altos (aun en los mejores momentos de la economía) en un promedio del
33,5%. En tal sentido, fueron los soportes del sistema de protección
social los que favorecieron procesos de movilidad ascendente,
atribuibles a la estabilidad con que los hogares vulnerables podían
planificar trayectos en progreso a pesar de sus dificultades de
inserción en el mercado de trabajo formal.
La contracción de la economía, en los años previos a la pandemia,
impactó nuevamente en el empleo (la desocupación llegó casi a un
dígito, el desempleo se hace crónico y se deteriora la calidad de las
ocupaciones) generando mayor exclusión social, situación que fue
compensada con una mayor inclusión de beneficiarios/as de planes
sociales, que prácticamente triplican su número. Los movimientos
sociales desplegaron diversas estrategias de apoyo a la economía
popular y presionaron por nuevas herramientas de apoyo a la misma, que
quedaron plasmadas en la Ley Nº 27.345 y el Decreto Nº 159/17, al
tiempo que los gobiernos provinciales y municipales reactivaron los
programas de asistencia alimentaria, en muchos casos con recursos
propios y/o reasignando partidas antes aplicadas a la promoción social
(deporte, cultura, prevención de la salud, etc.).
La crisis desatada por el COVID-19 recrudeció, puso en evidencia y
profundizó la segmentación del mercado laboral y las problemáticas
mencionadas de los contextos anteriores. Al tiempo que continuaron las
transferencias de ingresos mediante programas y planes, fueron
necesarios aportes adicionales -como IFE (Ingreso Familiar de
Emergencia) y ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción)-, para
integrar en las políticas de transferencia de ingresos a una importante
población de trabajadores/as en situación de informalidad que no
ingresaban en los mismos, sostener el empleo y proteger ante la
emergencia.
Actualmente nos encontramos con un desempleo que alcanza al 9,6% de la
población en condiciones de trabajar (INDEC, II Trim 2021), una
informalidad laboral en el sector formal que alcanza al 32,4% de los/as
trabajadores, sigue existiendo una demanda laboral insatisfecha, y
además un sector importante de los trabajadores –enmarcados en lo que
se denomina economía popular- desempeña trabajos con potencial de
empleo genuino -entendido como trabajo con remuneración adecuada y
acceso a derechos laborales-, así como trabajos de utilidad social, que
no son remunerados ni cuentan con reconocimiento laboral. Este
conjunto, que alcanza en cantidad un número similar a la población
asalariada del sector privado, conforma el universo de focalización de
los planes sociales. Al presente, la cobertura alcanza a una porción
minoritaria que apenas supera el millón de personas.
En efecto, bajo la categoría de economía popular se agrupan hoy
diversas iniciativas que producen bienes y servicios, de interés
mercantil y social, que se distribuyen y consumen en todos los estratos
sociales. La categoría economía popular incluye a quienes se ganan la
vida a través de una pluralidad de actividades que se desarrollan sin
derechos laborales y sin patrón visible, que en los últimos años han
generado nuevas formas organizativas, asociadas y de representación
gremial. La falta de acceso al crédito, la inadecuación del marco
normativo vigente que desconoce toda legitimidad a este modo de
producir y la informalidad tanto de las actividades como de los
espacios de trabajo, son los principales obstáculos a la expansión y
consolidación de las empresas sociales, así como del pasaje y
consolidación de emprendimientos a la categoría de micro, pequeña y
mediana empresa. Del mismo modo, en este grupo se incluyen experiencias
de probada sustentabilidad como es el caso de las empresas recuperadas
y su reconversión como empresas sociales. Finalmente se destaca que, en
muchos casos, los llamados emprendimientos de la economía popular son
reservorios de conocimientos en los que podría residir la clave para el
desarrollo local de amplias regiones de nuestro país.
Existen diferentes propuestas para medir el peso de la economía popular
en el mundo del trabajo actual. Según los criterios de inclusión
vinculados a cuáles son los grupos de trabajadores/as que la integran,
la fuente de datos y la metodología que se utilice, las estimaciones
para cuantificar el sector varían pero se encuentran entre los 3
millones (Pissaco, 2019) y los 4 millones de trabajadores/as
(aproximadamente) de trabajadores/as (Arango, Chena y Roig, 2017;
Bertellotti, 2019; OCEPP, 2021).
Por otro lado, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía
Popular (ReNaTEP), del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
por otro lado, incluye hasta agosto de 2021 un total de 2.830.520
personas. Cabe aclarar que dicho registro tiene carácter personal, usa
el criterio de autoadscripción y todavía se encuentra en construcción.
La estimación realizada por el CITRA-CONICET cuenta no sólo con validez
estadística sino también con la validación de las organizaciones
populares y la experiencia en el trabajo de campo. Utiliza las bases de
microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, con
actualización trimestral, y releva datos laborales de 31 aglomerados
urbanos, abarcando alrededor del 60% de la población total del país. Si
bien la EPH no incluye población rural o urbana de menor tamaño (como
evidencian los datos del ReNaTEP, la población rural tiene un peso
relativo muy importante en la población económicamente activa en
algunas regiones, como el NOA o el NEA), esta población es estimada
mediante otros instrumentos y fuentes de información.
La metodología citada define el universo de la economía popular a
partir de 5 sub-poblaciones: 1) cuentapropistas no profesionales; 2)
desocupados no profesionales; 3) servicio doméstico no registrado; 4)
asalariados cuya principal fuente de ingreso declarado se corresponde
con ingresos provenientes de "subsidios del gobierno", lo
que incluye montos percibidos en calidad de titulares de programas de
empleo; y 5) trabajadores familiares sin remuneración no profesionales.
De manera adicional, aplican un filtro para incluir sólo a quienes
tuvieran un nivel de ingresos igual o inferior a 1,5 veces el Salario
Mínimo Vital y Móvil (SMVM) del período.
A partir de dicha medición, para el IV Trimestre del año 2020, se
estimaba un universo de 4.278.751 personas en la economía popular, que
representan el 33,1% de la PEA (población económicamente activa) y que
se compone de los siguientes grupos: 2.277.902 cuentapropistas no
profesionales, 305.029 desocupados no profesionales, 302.022
trabajadores de servicio doméstico no registrado, 1.333.055 asalariados
que perciben ingresos mayoritariamente por transferencias del Estado, y
60.743 trabajadores familiares sin remuneración, no profesionales.
El escenario actual y esta complejidad del mundo del trabajo nos
plantea el desafío de pensar una transición hacia un sistema de
protección social menos fragmentado y más solidario. En primer lugar,
se precisa retomar una senda de crecimiento y de producción que
implique un incremento y diversificación de nuestra matriz productiva.
En segundo lugar, se precisa que ese crecimiento vaya de la mano de la
creación de empleo, por lo que es necesario diseñar políticas públicas
de promoción del empleo que coloquen a quienes trabajan en el ámbito de
la integración social. Así, en necesario pasar de los programas de
transferencias de emergencia a una estrategia de política laboral más
integral, de mediano y largo plazo, a fin de recuperar la centralidad
que el trabajo formal ha tenido históricamente tanto en la integración
como en la protección social.
La experiencia y las lecciones aprendidas en estos últimos años, en los
cuales se implementaron acciones que buscaron promover el empleo y
combatir la precariedad laboral a partir de la crisis de empleo de
mediados de los noventa, puede ser el punto de partida para diseñar
políticas de Estado que acompañen, regulen y mejoren las condiciones de
trabajo e ingresos. Políticas que permitan optimizar la importante
inversión pública que se viene realizando, elaborando nuevas
estrategias de intervención, que articulen la inversión estatal y
privada y la participación de diferentes actores desde una perspectiva
de desarrollo local y sectorial, y logren transformar los ingresos
precarios e inestables en un trabajo con acceso a derechos laborales y
de protección social. Se trata entonces de habilitar en el marco de la
pospandemia un ciclo de crecimiento inclusivo y distributivo que, bajo
esta perspectiva incremental, permita que las políticas impulsen y
acompañen las dinámicas generadoras de empleo y bienestar para el
conjunto de la sociedad.
En el recorrido de los últimos treinta años, las políticas sociales han
tendido a considerarse como dispositivos transitorios bajo la
expectativa de que los procesos de crecimiento económico traccionarían
los planes en empleo genuino, lo que se ha verificado que sólo ocurre
muy marginalmente y que el crecimiento económico es una condición
necesaria pero no suficiente para cimentar el desarrollo de nuestra
sociedad.
El desafío es entonces proponer qué tipo de inversión estatal y privada
puede ser eficiente en un contexto como el actual, caracterizado por
los efectos de la globalización económica, las dificultades
estructurales y la heterogeneidad de la Argentina, las diferencias en
torno a los modelos de desarrollo concebidos y también por las
respuestas de los colectivos que durante estos años han hecho frente al
crecimiento de la precariedad laboral.
En una actualidad signada por los efectos de una pandemia global sumada
a un proceso de desigualdad creciente en el que conviven la
informalidad económica y laboral con la pobreza, el desafío es plantear
un esquema de desarrollo (o diferentes esquemas de desarrollo) que
contemplen las ventajas comparativas de los territorios y las ventajas
competitivas de sectores económicos del país integrados a la diversidad
cultural, geográfica y poblacional, en un proceso de construcción de
abajo hacia arriba para una integración social fundada en el "empleo
genuino".
Nuestro país cuenta con ventajas comparativas muy importantes, en
términos de recursos naturales, pero también ha sabido construir
algunas ventajas competitivas a través del desarrollo de capacidades
tecnológicas, productivas, logísticas y asociativas.
En este sentido, es posible plantear que los desafíos del desarrollo en
esta etapa se vinculan principalmente con conceptos vinculados al
desarrollo local, clusters y agrupamientos productivos similares, y
sistemas regionales de innovación. Si bien existen intentos de
construir planes de desarrollo a largo plazo, la postura más extendida
a nivel mundial se orienta a programas centrados en determinadas
regiones que permitan aprovechar la combinación entre ventajas
comparativas y competitivas que ofrece cada geografía. Además, si
reconocemos la heterogeneidad de suelos, climas, culturas, e
infraestructura de nuestro territorio es necesario admitir que la
regionalización no es tan sencilla de construir y que los límites
jurisdiccionales formales no siempre son útiles para trazar políticas
de desarrollo. Es desde esta perspectiva que se incorpora el concepto
de cluster, en tanto redes empresariales, polos productivos, parques
industriales y figuras similares -que pueden existir de hecho o por
voluntad explícita- a los ámbitos locales y regionales que cooperan en
la producción de un determinado bien o servicio. Lo que señala la
existencia de la cadena es el tipo de bien o servicio que se pretenda
impulsar y potenciar en términos de crecimiento inclusivo. Así, esta
identificación permite organizar la inversión pública y privada, pero
también orientar los esfuerzos de producción de conocimiento, dando
lugar a sistemas regionales de innovación.
Un disparador posible puede consistir en la concepción de políticas
vinculadas al desarrollo local y/o regional bajo algunas de las
siguientes premisas u otras que se consideren claves: provisión y
compre nacional/regional/local en el marco de un proceso de sustitución
de importaciones adaptado a la escala prevista, desarrollo de nuevas
actividades que recombinen en forma eficiente las ventajas competitivas
y comparativas locales aún no explotadas, y la creación de cadenas de
valor en las producciones regionales con aporte de conocimiento y
sustentabilidad ambiental, de manera que la creación de empleo genuino
surja asociada a una matriz socioproductiva y territorial renovada.
Esa puede ser la clave de un nuevo circuito virtuoso que promueva la
creación de empleo genuino a partir del fomento del desarrollo local,
reorientando la inversión pública en términos de inserción social y
fomentando la inversión privada.
3. Objetivos de la Convocatoria:
Objetivo General
El objetivo de la presente Convocatoria consiste en:
Retroalimentar el diseño de políticas públicas dirigidas a poblaciones
definidas como vulnerables en términos de su acceso al empleo
reorientando los programas de transferencia de ingresos, optimizando la
inversión estatal y ofreciendo alternativas de empleo con eje en las
capacidades productivas territoriales.
Propósito
En función de los objetivos establecidos, a través de la Convocatoria,
se propone identificar oportunidades de creación de empleos en términos
de desarrollo local y/o regional en micro, pequeñas y medianas empresas
y/o emprendimientos o unidades asociativas de diversos sectores
económicos. Estas oportunidades surgirán de una amplia convocatoria a
actores del mundo de la producción y el trabajo, universidades y
gobiernos locales para la presentación de ideas/proyectos que permitan
abordar el desafío de la integración social en su complejidad,
considerando sus diferentes aristas (económicas, sociales y culturales).
Finalidad
De acuerdo a los objetivos y propósitos enunciados, a través de la Convocatoria, se espera:
Concebir propuestas de políticas públicas que puedan articular, en un
proceso de escalamiento progresivo, las diferentes dinámicas económicas
y sociales (locales y regionales) que permitan crear empleos genuinos
para poblaciones privadas del acceso a derechos sociales.
4. Condiciones Generales
En el diseño de las propuestas de políticas públicas se deberá contemplar la inclusión de los
aspectos que se detallan a continuación, los cuales contienen preguntas a modo de orientación para la formulación:
a) Estrategia: explicar en
detalle cuál es la estrategia de política pública, acciones e
instrumentos elegidos para reducir la informalidad de ciertos grupos de
trabajadores/as y reorientar de manera progresiva los programas de
transferencia de ingresos destinados desde una perspectiva de
desarrollo territorial y sectorial. Preguntas orientadoras que podemos
hacernos tienen que ver con las siguientes: ¿Qué tipo de política
pública se propone?; ¿Cuáles son los objetivos?; ¿Qué modalidades de
incorporación laboral o de apoyo a formas de asociativismo se proponen
para la protección social y el resguardo de los derechos laborales?;
¿Cuál es el impacto fiscal de la propuesta?; ¿Cómo se instrumenta la
idea en relación a una cadena productiva específica y las áreas de
vacancia que puedan identificarse a partir del diagnóstico?; ¿Cuáles
son las ventajas y oportunidades que ofrece el entorno local/regional y
se pueden aprovechar?; ¿Qué elementos innovadores puede tener la
propuesta?; ¿Qué incentivos son adecuados para la promoción del empleo
genuino?; ¿Cuáles son las principales trabas económicas, financieras,
fiscales, u otras que impiden la inclusión de trabajadores en unidades
productivas que posibiliten el acceso de derechos? ¿Cuáles son los
principales obstáculos para la expansión y consolidación de las
empresas sociales que caracterizan a la economía popular?, ¿cómo
fortalecer esas unidades productivas?
b) Justificación de la propuesta para la política pública:
en base a experiencias de políticas, planes o programas de impulso a la
generación de trabajo destinadas a personas desocupadas, subocupadas
y/o con trabajo no registrado, a nivel nacional, provincial, local y/o
sectorial. Se trata de pensar, entre otras cuestiones: ¿qué lecciones
aprendimos en estos 30 años en los que se implementaron un abanico de
medidas y acciones de fomento del empleo en nuestros territorios o
sectores de actividad? ¿Qué estudios o investigaciones realizamos o
conocemos que reflejan los resultados de esas medidas, sus aspectos
positivos y sus limitaciones, y que permiten sustentar la propuesta a
realizar?
c) Impacto en el marco regulatorio:
¿cuál es el marco regulatorio –laboral, previsional, fiscal, otro- en
el que se inscribe la idea?; ¿es necesario modificar o reglamentar
determinados marcos regulatorios?; ¿alcanzan las herramientas y las
instituciones actuales o es necesario generar otras? (como nuevos
institutos de trabajo, nuevas figuras societarias, regímenes
especiales, etc); en este último caso, ¿qué aspectos deberían
contemplarse?
d) Alcance: ¿Cuál es el grupo
de trabajadores/as sobre el que se elabora la idea/propuesta, y que
tipo de actividades realizan?; ¿Cómo se integran al mercado de trabajo
a sectores a grupos que experimentan una mayor exclusión del mismo,
como mujeres con hijos/as menores y jóvenes?; ¿Cuál es el alcance
territorial de la idea?;
e) Diagnóstico: en este
apartado se espera conocer el recorte del problema y su fundamentación
en términos de posible abordaje. ¿De qué información disponemos para
contextualizar de modo actualizado el problema que queremos abordar
desde un perspectiva económica y social?; ¿Qué relación se establece
entre la población afectada en la jurisdicción delimitada y el grupo al
que espera llegar con la propuesta?
f) Apoyos multisectoriales:
¿Qué tipo de inversión -pública, privada, social o comunitaria- puede
ser eficiente en un contexto como el actual, caracterizado por la
heterogeneidad de los modelos de desarrollo y también de las respuestas
que fueron organizando los diferentes colectivos de trabajadores/as
frente a la precariedad laboral?; ¿Cómo se generan condiciones para que
en la producción los programas sociales se ponga en valor como trabajo
genuino?; ¿Cómo puede reorientarse la inversión estatal para
crear/sostener empleos genuinos?; ¿Qué pueden aportar los actores del
mundo científico y académico?; ¿Qué tipo de actividades quedan libradas
al mercado que deberían garantizarse desde el Estado?; ¿Qué tipo de
producción se sostiene con los programas sociales actuales?, ¿qué valor
agregado generan en términos económicos, sociales, culturales?, ¿qué
articulación se puede establecer entre las políticas de empleo y las
políticas de asistencia en la crisis de empleo?; ¿Qué acuerdos
institucionales existen o es necesario generar?
g) Resultados esperados: ¿Qué
resultados esperamos tener en el mediano y largo plazo si la
idea/propuesta se implementara?;¿Qué estrategias y herramientas
utilizaríamos para medir dichos resultados? Este apartado comprende
también a los sectores de la economía formal que a nivel local puedan
reconocer beneficios (no especulativos).
h) Identificación de riesgos:
¿Qué riesgos asociados a la implementación de la idea podemos
identificar?; ¿Cuáles serían los riesgos institucionales, físicos,
económicos y operativos principales que eventualmente podrían impedir
el cumplimiento de los objetivos y/o la implementación? Al respecto se
destaca la importancia de reconocer en la idea posibles efectos que
puedan alterar progresos ya realizados por las políticas locales y /o
los actores.
i) Formación para el trabajo:
¿Qué oportunidades podemos identificar en el ámbito de la formación
para el trabajo que enriquezcan la propuesta o idea?; ¿Es factible
articular la oferta de formación profesional para achicar las brechas
entre las demandas laborales insatisfechas y las personas que quieren
trabajar en una empresa, de manera de diseñar propuestas específicas
para ello?; ¿Qué podemos hacer para clasificar, capacitar y movilizar a
los/as trabajadores?; ¿Qué pueden hacer las empresas? ¿y los
sindicatos? ¿y las instituciones educativas de nivel obligatorio y
superior?
j) Disciplinas convocadas: ¿Qué
disciplinas (saberes y competencias) se encuentran implicadas (efectiva
y/o potencialmente) en el diseño y posterior desarrollo de la propuesta?
5. Participantes y avales
Podrán participar de la convocatoria, de manera individual o conjunta, equipos técnicos y profesionales de:
• Universidades e Institutos Universitarios
• Instituciones que integran el sistema nacional de ciencia y tecnología
• Micro, pequeñas, medianas o grandes empresas nacionales, así como asociaciones de segundo o tercer grado.
• Asociaciones sindicales, de cualquier grado.
• Gobiernos provinciales y gobiernos locales
• Fundaciones y Asociaciones civiles
• Cooperativas y Mutuales
• Organizaciones sociales enmarcadas en algunas de las formas jurídicas anteriores
• Personas públicas no estatales
En caso de presentarse equipos de dos o más instituciones, UNA única
institución con personería jurídica asumirá la responsabilidad de la
presentación.
Las instituciones (gobiernos locales o provinciales, de tecnología e
innovación, asociaciones productivas, sindicatos, asociaciones
sociales, cooperativas u otras de las mencionadas) que impulsen y
apoyen el desarrollo de la propuesta de política pública, deberán
adjuntar una nota que AVALE dicho compromiso.
6. Etapas
❖ Pre Inscripción de Ideas
❖ Evaluación
❖ Anuncio y premios
❖ Presentación final
Las fechas de cada etapa serán publicadas en la página web del CES: https://www.argentina.gob.ar/consejo
7. Pre Inscripción de las ideas
Inscripción en línea
En la misma web www.argentina.gob.ar/consejo, en el botón de “Producir
Trabajo” encontrará el link al Sistema de Trámites a Distancia (TAD),
una propuesta de formulario a partir del cual confeccionar la
propuesta, y un instructivo para adjuntar la misma.
Titularidad de las propuestas
La persona jurídica que asume la responsabilidad de la presentación
será la encargada de enviar la presentación de la idea o proyecto a la
SAE, a través del titular o representante legal de la misma, quien
además adjuntará la documentación institucional solicitada. No
obstante, en el proyecto deberán consignarse los datos institucionales
de otras personas jurídicas que se presentan (en caso que sea más de
una), las personas integrantes del equipo que elaboró la propuesta y
consignar un/a referente.
El envío de la idea implica que tanto el/la titular o representante
legal de la persona jurídica como el/la referente y todos/as los
integrantes del equipo aceptan las Bases y Condiciones del Concurso.
Responsabilidades
La persona titular del proyecto presentado se declara única o único
responsable ante cualquier reclamo de terceras partes sobre la
propiedad intelectual de la idea de política pública diseñada y
propuesta, y deslinda de toda responsabilidad a la SAE frente a
cualquier tipo de reclamo originado por su presentación. Las y los
postulantes se comprometen a respetar las normas legales y éticas que
rigen la libre competencia, la propiedad intelectual y las prácticas de
libre mercado. En caso que un proyecto con más de una o un integrante,
resulte ganador, la SAE no intercederá en potenciales conflictos que
pudieren ocasionarse.
Confidencialidad
El concurso es un ámbito natural de publicidad de las políticas
públicas propuestas. Las personas participantes deberán tomar los
recaudos legales que crean necesarios en resguardo de la
confidencialidad de sus ideas en caso que lo consideren necesario. Las
personas participantes aceptan que toda la información suministrada
como pública dentro de los formularios de inscripción podrá ser
divulgada. La SAE se reserva el derecho de mencionar a quienes
concursen, sean finalistas y ganen, así como la información pública
concerniente a sus postulaciones, en las publicaciones que se pudiesen
realizar.
8. Evaluación
Las ideas para políticas públicas serán evaluadas por una Comisión de
Evaluación integrada por expertos internacionales, nacionales,
representantes de Ministerios Nacionales, representantes de gobiernos
provinciales y municipales, el/la director/a General del Programa BID
5084/OC-AR, y consejeros integrantes del CES, de todos los sectores. En
la composición del Jurado se tenderá a una representación equitativa en
términos de género.
Los/as miembros del Jurado deberán abstenerse de discutir y calificar
una propuesta si se encuentra relacionado/a de manera directa con
alguna de las instituciones postulantes o si se presentaran conflictos
de intereses.
La Comisión evaluará las ideas de políticas públicas, en función de lo
previsto en el punto 4 Condiciones Generales de la convocatoria,
conforme una grilla para la valoración de los siguientes criterios:
i) Pertinencia, contribución y claridad:
claridad en la presentación y grado de correlación de la propuesta de
política pública con el enunciado del problema y los objetivos de la
Convocatoria. Resultados esperados en el mediano y largo plazo.
ii) Fundamentación:
justificación, conocimiento y diagnóstico de la situación
local/regional, así como formulación de la justificación de la
propuesta en base a antecedentes, estudios y/o lecciones aprendidas.
iii) Cobertura y alcance:
grupos de trabajadores/as y sectores de actividad sobre los que se
focaliza la propuesta y su importancia en la región/localidad. Se
tendrá especialmente en cuenta la inclusión de aquellos/as trabajadores
más vulnerables por razones de género, grupo etareo y factores de
exclusión.
iv) Estrategia: acciones,
mecanismos, instrumentos elegidos para la inserción laboral y la
optimización de recursos estatales y no estatales, con miras al
desarrollo local a partir de las premisas consignadas.
v) Institucionalidad laboral y previsional:
potencialidad de los instrumentos y estrategias propuestas para
promover el fomento, la protección social y resguardo de los derechos
laborales.
vi) Integración multisectorial:
sectores involucrados en la elaboración de política pública propuesta y
aportes integradores de los diferentes actores e instituciones que
participan del mundo de la producción y el trabajo;
vii) Escalabilidad: posibilidad de ser escalada en otras localidades/regiones o sectores de actividad para las que se propone la idea o proyecto.
viii) Viabilidad y factibilidad:
viabilidad política, operativa, social, económica factibilidad legal y
técnica. Coherencia de la idea/proyecto de diseño de política pública
propuesta.
ix) Antecedentes institucionales y profesionales:
antecedentes profesionales y académicos de los/as integrantes del
equipo y de la institución que presenta la idea. Se valorará
especialmente la participación en el equipo de personas con experiencia
en el campo laboral, previsional, tributarista, de las ciencias
económicas y sociales.
Durante esta etapa de evaluación la Comisión podrá contactar y/o
entrevistar al referente indicado en la presentación, a efectos de
solicitar aclaraciones o ampliaciones respecto de la idea y de la
información presentada.
La Comisión de Evaluación emitirá un dictamen a través de un Acta, conforme un orden de mérito.
9. Anuncio y premios
Conforme el orden de mérito realizado por la Comisión de Evaluación,
las 5 mejores ideas de políticas públicas presentadas serán retribuidas
a modo de premio con un aporte económico no reembolsable (ANR), para
desarrollar con mayor detalle los instrumentos propuestos y avanzar en
la elaboración de la propuesta de política pública, de PESOS un millón
($ 1.000.000)
A consideración del jurado, podrá declarar desierto uno o más de los
cinco premios o retribuciones previstas como máximo, si considera que
las propuestas no reúnen las condiciones mínimas exigidas y aceptables.
El resultado de la evaluación es inapelable.
El listado de ideas de políticas públicas definitivamente seleccionadas
será publicado en el sitio web oficial una vez finalizada la
evaluación. La distinción se abonará en la cuenta bancaria que la
institución responsable de la presentación oportunamente informe, una
vez que se cumplimente la presentación final y la misma sea aprobada
por las autoridades pertinentes, con el acuerdo de la Comisión de
Evaluación.
10. Presentación final
Las personas jurídicas cuyas propuestas resultasen seleccionadas
tendrán hasta 4 meses a partir de la comunicación fehaciente del
resultado para presentar la formulación de la idea/propuesta de
política pública completa, conforme el esquema que se informará en el
mismo acto que el resultado de la selección. Si este esquema resultara
inaceptable para alguno de los seleccionados podrá renunciar a la
retribución. El jurado podrá a su criterio reemplazarlo por la
propuesta inmediata siguiente en el orden de mérito, siempre y cuando
la considere apta para ser financiada.
IF-2021-114213617-APN-DPYPEESA#SAE
ANEXO II: INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN
Producir Trabajo
Convocatoria de ideas de políticas públicas para la creación de empleo genuino
1) Accetoni Carlos, Consejero del Consejo Económico y Social (CES), DNI 18.055.058
2) Bibini Paula, Consejera del Consejo Económico y Social (CES), DNI 24.691.803
3) Bogani Esteban, DNI 22.066.320
4) Carcar Fabiola, DNI 20.992.342
5) Castillo Marín Luis, DNI 12.642.983
6) Clemente Adriana, DNI 13.256.961
7) Cross Cecilia, DNI 24.378.840
8) Daniele Gisela, DNI 28.723.993
9) Fernández Marcelo, Consejero del Consejo Económico y Social (CES), DNI 14.013.473
10) Gazzoni Veronica, DNI 24.778.590
11) Loaisa Cristina, Consejera del Consejo Económico y Social (CES), DNI 16.471.291
12) López Mourello, Elva, Pasaporte de Naciones Unidas AUNB22229
13) Martins Jose, Consejero del Consejo Económico y Social (CES), DNI 12.270.609
14) Mora Alfonsin, Leandro, DNI 32.737.369
15) Rebon Marcela, DNI 23.176.007
16) Sabbatella Florencia, DNI 24.043.678
17) Veirave Delfina, Consejera del Consejo Económico y Social (CES), DNI 14.606.571
18) Venturi Franca, DNI 22.396.292
IF-2021-114216609-APN-DPYPEESA#SAE