MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Resolución 1643/2023
RESOL-2023-1643-APN-MEC
Ciudad de Buenos Aires, 14/11/2023
Visto el expediente EX-2023-125526212- -APN-DGDA#MEC, las resoluciones
696 del 23 de mayo de 2023 (RESOL-2023-696-APN-MEC) y 1529 del 6 de
octubre de 2023 (RESOL-2023-1529-APN-MEC), ambas del Ministerio de
Economía, y
CONSIDERANDO:
Que la República Argentina se encuentra fuertemente comprometida en
avanzar hacia un desarrollo sostenible en todas sus dimensiones en pos
de lo cual es necesario la elaboración e implementación de diversas
estrategias, leyes, programas y normativas, enfocados en abordar los
principales desafíos que enfrenta el país en materia ambiental y social.
Que, asimismo, el tránsito hacia paradigmas productivos sostenibles
requiere trabajar en el desarrollo de mecanismos para la movilización
de los recursos adecuados a fin de lograr un crecimiento de manera
integral, abarcando tanto los desafíos de la agenda social como los de
la agenda climática.
Que, en este sentido, el mercado de capitales y el sistema bancario
local e internacional han de tener un rol decisivo en el financiamiento
de proyectos y actividades que signifiquen avances hacia una economía
sostenible.
Que el surgimiento de mercados específicos para bonos y préstamos con
uso de fondos sociales y ambientales es una tendencia cada vez más
consolidada que requiere ser afianzada a través de la transparencia en
la selección, reporte y evaluación de los proyectos financiados.
Que, consecuentemente, mediante la resolución 696 del 23 de mayo de
2023 del Ministerio de Economía (RESOL-2023-696-APN-MEC), se ha
adoptado la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles (ENFS) que,
entre otros ejes estratégicos, contempla profundizar el trabajo para el
diseño y desarrollo de instrumentos financieros y proyectos innovadores
que estimulen los flujos de capital hacia sectores y actividades que
tienen beneficios medioambientales y sociales y que garantizan una
transición justa hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) adaptados a la realidad y necesidades de la República
Argentina.
Que por medio de la resolución 1529 del 6 de octubre de 2023 del
Ministerio de Economía (RESOL-2023-1529-APN-MEC), se creó el “Comité de
Evaluación y Selección de Proyectos de Apoyo a la Estructuración de
Financiamiento Soberano Sostenible de Argentina” (COMITÉ) que tiene
como objetivo primario el proceso de evaluación y selección de los
proyectos elegibles para instrumentos de financiamiento en el marco de
la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles (ENFS) que contempla,
entre otras cuestiones, profundizar el trabajo para el diseño y
desarrollo de instrumentos financieros y proyectos innovadores que
estimulen los flujos de capital hacia sectores y actividades que tienen
beneficios medioambientales y sociales y que garantizan una transición
justa hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) adaptados a la realidad y necesidades de la República Argentina.
Que en este contexto se elaboró el Marco de Financiamiento Soberano
Sostenible de Argentina (en adelante, el “Marco”), que es un documento
rector en el que se establecen los criterios para guiar la emisión de
bonos y/o préstamos soberanos verdes, sociales y/o sostenibles tanto en
los mercados de deuda locales como internacionales, en línea con las
mejores prácticas internacionales.
Que el objetivo del Marco es canalizar recursos hacia programas que
contribuyan al cumplimiento de los objetivos ambientales y sociales del
país, la protección ambiental y la biodiversidad, la resiliencia al
cambio climático, la reducción de la pobreza y otras desigualdades,
asegurando la igualdad de género y la diversidad, así como el aumento
de la competitividad del país en una senda de desarrollo sostenible.
Que por lo expuesto, procede la aprobación del citado Marco, en los
términos descriptos.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía ha
tomado la intervención que le compete.
Que esta medida se dicta en uso de las atribuciones previstas en la Ley
de Ministerios -t.o. 1992- y sus modificaciones y en el artículo 1° de
la resolución 696/2023 del Ministerio de Economía (RESOL-2023-696-
APN-MEC).
Por ello,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “Marco de Financiamiento Soberano
Sostenible” (Marco) que establece los criterios para la emisión de
bonos y/o préstamos soberanos verdes, sociales y/o sostenibles, tanto
en los mercados de deuda locales como internacionales, que como Anexo
(IF-2023-135932158-APN-SSCYGI#MEC) forma parte integrante de la
presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del
día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.
Sergio Tomás Massa
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 16/11/2023 N° 93290/23 v. 16/11/2023
(Nota
Infoleg:
Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la
edición web de Boletín Oficial)
Autoridades
MINISTRO DE ECONOMÍA
Sergio Tomás Massa
SECRETARIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS INTERNACIONALES
Marco Juan Lavagna
SECRETARIO DE FINANZAS
Eduardo Pablo Guillermo Setti
SECRETARIO DE HACIENDA
Raúl Enrique Rigo
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN INTERNACIONAL
María Candelaria Alvarez Moroni
SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO
Jorge Horacio Domper
SUBSECRETARIA DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
Nicolás Segal
SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO
Leandro Daniel Toriano
Equipo técnico a cargo
Emmanuel Andrín
Eugenia Arioua
Federico Azpiroz
Julián Borgo
Joaquín Esteban
María José Pelliza
Nicolás Pertierra
Juan Pinkasz
Guillermo Valentino
Agradecimientos
A los equipos técnicos de las Secretarías de Industria y Desarrollo
Productivo; Agricultura, Ganadería y Pesca; Política Económica;
Energía, Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales para
el Desarrollo, todas ellas del Ministerio de Economía; Ministerios de
Desarrollo Social; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Obras Públicas;
Educación; Salud; Transporte; Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
Mujeres, Géneros y Diversidad; Turismo y Deportes; Justicia y Derechos
Humanos; Desarrollo Territorial y Hábitat; Jefatura de Gabinete de
Ministros; Agencia Nacional de Discapacidad, Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero; Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria; Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria,
por su aporte fundamental para la elaboración y diseño de este Marco de
Financiamiento Sostenible.
Asimismo, agradecer el apoyo y acompañamiento durante este proceso al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus equipos técnicos, así
como a la firma HPL LLC.
Abreviaturas
AG Asamblea General
ANR Aportes no Reembolsables
ALC América Latina y el Caribe
APLMA Asia Pacific Loan Market Association
Asociación del
Mercado de Préstamos de Asia y el Pacífico
APN Administración Pública
Nacional
ASG Ambiental, Social y de
Gobierno Corporativo
AUE Asignación Universal por
Embarazo
AUH Asignación Universal por
Hijo
BCRA Banco Central de la
República Argentina
BID Banco Interamericano de
Desarrollo
CERFOAR Sistema Argentino de
Certificación Forestal
CMNUCC Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
COP Conference of the Parties
Conferencia de las Partes
DNEIyG Dirección Nacional de
Economía, Igualdad y Género
ELP Emisiones a Largo Plazo
ENFS Estrategia Nacional de
Finanzas Sostenibles
FOGAR Fondo de Garantías
Argentino
FONDEP Fondo Nacional de
Desarrollo Productivo
FPAN Foro Político de Alto
Nivel sobre el Desarrollo Sostenible
FSC Forest Stewardship Council
GBS Sustainability Bond Guidelines
Guía de los Bonos Sostenibles
GBP Green Bond Principles
Principios de los
Bonos Verdes
GLP Green Loan Principles
Principios de Préstamos Verdes
GEI Gases de Efecto Invernadero
ICMA International Capital Market Association
Asociación
Internacional de Mercados de Capital
LGBTI+ Lesbianas, gays,
bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersex, no binaries
LMA Loan Market Association
Asociación de Mercados de
Préstamos
LSTA Loan Syndications and Trading Association
Asociación de
Préstamos Sindicados y Comerciales
MBGI Manejo de Bosque con
Ganadería Integrada
MECON Ministerio de Economía de
la Nación
MiPyMEs Micro, pequeñas y
medianas empresas
tCO2e
Toneladas de dióxido de carbono equivalente
NDC Nationally Determined
Contributions
Contribución
Determinada a Nivel Nacional
ODS Objetivos de Desarrollo
Sostenible
OGP Open Government Partnership
Alianza para el Gobierno Abierto
ONU Organización de las
Naciones Unidas
PAMI Programa de Asistencia
Médica Integral
PEFC Programme for the
Endorsement of Forest Certification
PIB Producto Interno Bruto
PPG Políticas contra las
Violencias por Razones de Género
PNAyMCC Plan Nacional de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
RESO Resolución del Ministerio
de Economía de la Nación
SAEyFI Secretaría de Asuntos
Económicos y Financieros Internacionales
SBG Sustainability Bond Guidelines
Guía de los Bonos Sostenibles
SBP Social Bond Principles
Principios de los Bonos Sociales
SF Secretaría de Finanzas
SH Secretaría de Hacienda
SIGADE Sistema de Gestión de
Deuda Pública
SLP Social Loan Principles
Principios de Préstamos Sociales
SPO Second Party Opinion
Opinión de Segunda Parte
VIH Virus de Inmunodeficiencia
Humana
Índice
Introducción
La República Argentina ("Argentina") tiene un fuerte compromiso con el
desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. El país cuenta con
importantes recursos naturales y capital humano, destacándose por sus
capacidades productivas, científicas y tecnológicas que potencian esos
recursos. Sin embargo, también enfrenta grandes desafíos en materia
ambiental y social. La visión estratégica del Gobierno Nacional
direcciona los esfuerzos para continuar impulsando un desarrollo
sostenible y la protección del medio ambiente, al tiempo que busca
garantizar que exista un crecimiento económico con inclusión social, de
manera tal de lograr la reducción de la pobreza y las desigualdades.
Argentina es uno de los países con mayor número de ecorregiones del
mundo, 18 en total: 15 continentales, dos marinas y una en la Antártida
1.
Los recursos naturales constituyen el sustento de la mayoría de las
actividades humanas y la base de una gran variedad de servicios. Por
ese motivo, la preservación de los ecosistemas naturales y la
mitigación y adaptación al cambio climático son algunas de las
principales prioridades ambientales del país.
Por otro lado, Argentina es el cuarto país más grande de América Latina
y el Caribe (ALC) en términos de población, con 46 millones de
habitantes. En materia social, se destaca por su amplia cobertura de
protección social al contar con un sistema de salud y educación
público, gratuito y universal, con cobertura federal, y destacado por
su calidad. Además, con el fin de disminuir las inequidades
socioeconómicas existentes y brindar oportunidades a las poblaciones
más vulnerables del país, el Estado provee prestaciones sociales a
familias de bajos ingresos, población desocupada, niños, niñas y
adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad a través de
diversos programas y políticas públicas.
En un contexto global donde las economías tienen que transitar hacia
paradigmas productivos sostenibles, resulta un imperativo, para
Argentina encarar un proceso de transición justa e inclusiva. Las
estimaciones indican que los costos anuales de la mitigación y
adaptación al cambio climático en los países en desarrollo aumenta año
tras año
2. Adicionalmente, si se tiene en cuenta el impacto
anual que actualmente tiene el cambio climático en las variables
económicas, se evidencia que para los países con perfiles altamente
agroexportadores, el agravamiento de las sequías e inundaciones afectan
especialmente la evolución de crecimiento económico, su balanza de
pagos y su recaudación fiscal. Dicho impacto económico tiene directas
consecuencias tanto en las dimensiones productiva como en lo social y
es parte de los desafíos que enfrenta Argentina actualmente.
Por lo tanto, es necesario trabajar, entre otras cuestiones, en el
desarrollo de mecanismos para la movilización de los recursos adecuados
para lograr un desarrollo de manera integral, abarcando tanto los
desafíos de la agenda social como los de la agenda climática. Para el
cumplimiento estos últimos, los esfuerzos a ser realizados deben estar
alineados al principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas
y capacidades respectivas" establecido por la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Al momento de realizar el presente Marco, Argentina está transitando
una de las sequías más significativas en su historia, con más de 129
millones de hectáreas afectadas al mes de abril de 2023
3.
Asimismo, focaliza sus esfuerzos en mitigar los efectos de degradación
del suelo asociados a la erosión, que a la fecha ha afectado cerca de
100 millones de hectáreas y avanza a razón de casi dos millones de
hectáreas por año
4.
En materia energética, Argentina cuenta con una amplia capacidad de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Al año
2022, la capacidad instalada de fuentes renovables abasteció el 14% de
la demanda de electricidad interna, un porcentaje significativamente
mayor al 2% registrado en el año 2015. De acuerdo a lo establecido en
la Ley 27.191 de Fomento a las Energías Renovables, al 2025 se espera
que el 20% del consumo de energía eléctrica se haya generado mediante
fuentes renovables
5. Para lograr esta meta, se requieren
recursos de largo plazo que faciliten las inversiones en esta área y
promuevan la transición hacia una matriz energética más limpia.
Desde el año 2018, Argentina ha enfrentado una serie de desafíos
económicos internos y externos que afectaron principalmente a los
sectores más vulnerables de la sociedad. A la crisis económica
existente, se sumó el impacto de la pandemia del COVID-19 y la
posterior sequía histórica, que dificultaron los planes de recuperación
del Gobierno. El impacto de esta triple crisis implicó que, para el
segundo semestre de 2022, la tasa de pobreza alcanzara el 39,2% de la
población
6. Para
contener el impacto de estos desafíos, el Gobierno ha incrementado los
esfuerzos en materia de protección social y reforzado en el presupuesto
nacional los programas destinados a garantizar la seguridad alimentaria
y calidad de vida a la población de menores ingresos.
En este contexto, Argentina busca reforzar su compromiso de elaborar e
implementar diversas estrategias, leyes, programas y normativas,
enfocados en abordar los principales desafíos que enfrenta el país en
materia ambiental y social. Para lograr avances hacia una economía
sostenible e inclusiva, el financiamiento de estas políticas es un
factor determinante, por lo que el mercado de capitales local e
internacional ha de tener un rol decisivo en el financiamiento de
programas y actividades que la promuevan. El mercado de deuda con uso
de fondos sociales y ambientales es una tendencia cada vez más
consolidada que requiere ser afianzada a través de la transparencia en
los marcos normativos.
En este contexto, el Gobierno de Argentina ha desarrollado el presente
Marco de Financiamiento Soberano Sostenible ("Marco") para la emisión
de bonos u obtención de préstamos verdes, sociales y/o sostenibles,
tanto en los mercados locales como internacionales de deuda, en línea
con lo dispuesto por la Ley 24.156 de Administración Financiera, la Ley
27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, la
Ley 27.701 de Presupuesto para el Ejercicio 2023, las futuras leyes de
presupuesto y toda normativa con fuerza de Ley que modificara o
refiriera a las mismas. Con ello, Argentina busca canalizar recursos
hacia programas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos
ambientales y sociales del país, la protección del medio ambiente, la
resiliencia al cambio climático, la reducción de la pobreza y otras
desigualdades, garantizar la igualdad y diversidad de género, así como
el aumento de la competitividad del país en una senda de desarrollo
sostenible. El objetivo es alcanzar un crecimiento bajo en carbono y
alineado con los compromisos adquiridos en acuerdos internacionales en
materia ambiental y social, incluyendo el Acuerdo de París y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
1. El Compromiso de Argentina con el
Desarrollo Sostenible
Como miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Argentina
adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, que propone un compromiso global en favor de las personas,
el planeta y la prosperidad. Al asumir este compromiso, lo hizo
incorporando, entre otras miradas transversales, el enfoque de derechos
humanos a lo largo de toda la Agenda y de cada uno de los diecisiete
ODS.
El cumplimiento de esta agenda representa para Argentina un compromiso
de Estado. En este contexto, a partir de 2020, Argentina y el Sistema
de Naciones Unidas en el país, acordaron la implementación del Marco
Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible 2021-2025
7 que implicó la articulación
intersectorial e
interministerial y el desarrollo de alianzas multiactor y multinivel. A
partir de ello, se avanzó en el diseño de una nueva matriz de
seguimiento de los compromisos del país con los ODS con nuevas metas y
objetivos, en el marco de una estrategia territorial y federal.
Durante el año 2020, el Gobierno de Argentina se comprometió a publicar
informes que reflejen el compromiso del país con la meta 10 del ODS 16,
de contribución a la transparencia y al acceso a la información
pública. En virtud de ello, ese mismo año se presentó el Segundo
Informe Voluntario Nacional 2020
8 a nivel nacional, regional
y global
ante el Foro de Países de América Latina y el Caribe y el Foro Político
de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) de la ONU.
Asimismo, en el 2021 se elaboró el Informe de País
9, y en el
2022 la
Argentina se comprometió a presentar ante el FPAN el Tercer Informe
Voluntario Nacional
10, estableciéndose como un referente en
la región
en materia de cumplimiento de sus compromisos con la Agenda 2030.
Por otro lado, Argentina ha ratificado diversos convenios y acuerdos en
materia ambiental. Entre ellos se destaca la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) -incluyendo sus
tratados el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París-, el Convenio
sobre la Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación, y el Marco de Sendai para la Reducción
del Riesgo de Desastres
11 .
En línea con estos compromisos, Argentina forma parte del Acuerdo de
París alcanzado durante la COP21. Este Acuerdo se adoptó mediante la
Ley N° 27.270 y el país depositó el instrumento de ratificación ante el
Secretario General de las Naciones Unidas en diciembre de 2015.
Argentina cumple desde entonces con los compromisos de presentación
regular de sus inventarios y sus Contribuciones Determinadas a Nivel
Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), entre otros informes.
En el 2015, Argentina presentó su Primera NDC (revisada en 2016), y en
el año 2020, el país presentó una Segunda NDC planteando una meta más
ambiciosa. En la última actualización realizada en octubre de 2021
12,
se incrementó aún más la ambición, estableciendo una nueva meta de no
superar la emisión neta de 349 millones de toneladas de dióxido de
carbono equivalente (tCO2e) en el 2030
13. Esto equivale a
una
disminución total del 19% de las emisiones hacia el 2030 en comparación
con el máximo histórico de emisiones alcanzado en el año 2007, y una
reducción del 27,7% respecto de la NDC presentada en el 2016.
Ratificando los compromisos asumidos, el 20 de noviembre de 2019 se
sancionó la Ley 27.520
14 —Ley de Presupuestos Mínimos de
Adaptación y
Mitigación al Cambio Climático Global— que estableció los presupuestos
mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos
y estrategias adecuadas de mitigación y adaptación al cambio climático
en todo el territorio nacional.
En este contexto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en
conjunto con el Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) y los
representantes de gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires
desarrollaron en 2022 el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al
Cambio Climático
15 (PNAyMCC). Dicho Plan responde a la
necesidad de
hacer frente de manera consolidada y eficiente, a los enormes y
urgentes desafíos del cambio climático. En él, se sistematizó la
política climática nacional, recopilando un conjunto de medidas a ser
implementadas desde su publicación hasta 2030 para cumplir con la Ley
de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
Global y su Decreto reglamentario n°1030/2020. Dicho Plan se vincula
con la Estrategia de desarrollo resiliente con bajas Emisiones a Largo
Plazo (ELP)
16 proyectada a 2050 que busca poner en marcha
los compromisos adquiridos de la Segunda NDC.
La acción climática en Argentina está estructurada sobre tres pilares
interrelacionados y complementarios: adaptación, mitigación y pérdida y
daños. De acuerdo a las definiciones establecidas en la Ley n° 27.520,
las medidas de adaptación son "las políticas, estrategias, acciones,
programas y proyectos que puedan prevenir, atenuar o minimizar los
daños o impactos asociados con el Cambio Climático y explorar y
aprovechar las nuevas oportunidades de los eventos climáticos". Las
medidas de mitigación responden a "las acciones orientadas a reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero responsables del cambio
climático, así como medidas destinadas a potenciar, mantener, crear y
mejorar sumideros de carbono".
Por otro lado, las pérdidas y daños suelen estar definidos como los
costos residuales que no pueden ser evitados por las vías de la
adaptación y mitigación —cabe destacar que no existe aún una definición
consensuada a nivel internacional para este concepto De manera
particular, la noción comprende a las pérdidas como "impactos negativos
en relación a los cuales la reparación o restauración es imposible", y
a los daños como "impactos negativos en relación a los cuales la
reparación o restauración es posible"
17.
Asimismo, cabe destacar que Argentina, a través de su Mesa Técnica de
Finanzas Sostenibles (MTFS) coordinada por el Ministerio de Economía de
la Nación, desarrolló en el año 2023 la Estrategia Nacional de Finanzas
Sostenibles (ENFS)
18. La ENFS tiene como finalidad generar
el
ecosistema y las condiciones que permitan identificar alternativas para
movilizar de forma escalable los recursos necesarios para catalizar
inversiones públicas y privadas que contribuyan a alcanzar objetivos
económicos y sociales en el marco de los ODS, incluidas las metas de
mitigación y adaptación al cambio climático del país. En la ENFS se
plantean como parte de sus ejes estratégicos la implementación de un
Marco normativo, el desarrollo de una Taxonomía a nivel nacional, la
generación de información transparente, el uso de incentivos para
catalizar el mercado de finanzas sostenibles y el desarrollo de
instrumentos financieros sostenibles.
En cuanto a los compromisos sociales adquiridos, en el año 2013, y como
parte del marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus
siglas en inglés), Argentina lanzó el Primer Plan de Acción Nacional de
Gobierno Abierto donde se comprometió a llevar adelante iniciativas que
ponen en valor la transparencia, la participación ciudadana y la
rendición de cuentas
19.
En el año 2020, publicó su cuarta edición
20 con 18
compromisos e
iniciativas que buscan impulsar soluciones a problemáticas que impactan
en los derechos de las minorías y diversos grupos del país. Entre ellos
se destacan: visibilización de los pueblos originarios, trata de
personas, violencia y brechas de género, sexualidad y derechos, entre
otros. Es importante destacar que, tras el gran trabajo e impulso de la
sociedad civil en la materia, el Plan de Acción antes mencionado
incluye la transversalización de la perspectiva de género y diversidad.
Así, en el año 2019, se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad, siendo esta entidad parte de la implementación de cada
compromiso a partir de un trabajo de análisis y formulación de
recomendaciones. Además, en el 2020 se creó en la órbita del Ministerio
de Economía de la Nación la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y
Género (DNEIyG) y se pusieron en marcha oficinas y programas para la
transversalización de la perspectiva de género a todos los espacios que
integran la Administración Pública Nacional (APN)
21. Esta
transformación institucional y esta nueva visión del rol que cumple la
perspectiva de género en las políticas públicas tienen su reflejo en el
Presupuesto Nacional, que desde el año 2021 incorpora la Perspectiva de
Género de manera transversal en sus proyectos de Ley.
Asimismo, el presupuesto aborda otras temáticas transversales como ser
Inversión en Niñez y Adolescencia (NNA), Atención de Personas con
Discapacidad (DIS) y presupuesto Ambiente Sostenible y Cambio Climático
(ACC). Estos enfoques innovadores se basan en la metodología base de
presupuesto por programas, identificándose las categorías que aportan a
las políticas transversales, su asignación financiera y su producción
física y resultados.
1.1. Prioridades en Materia Ambiental
Argentina registraba al año 2018 emisiones por 366 millones de
toneladas de dióxido de carbono equivalentes (tCO2e) anuales, siendo el
tercer país con mayor número de emisiones de la región (en línea con el
tamaño de su economía). Estas emisiones provienen principalmente de
tres sectores: actividad agrícola-ganadera (28%), transporte (14%) y
generación de energía (11%)
22. El riesgo de no mitigar y no
adaptarse
al impacto del cambio climático se está traduciendo en riesgos físicos,
como estrés hídrico en el norte y centro del país, inundaciones
extremas en el litoral, aumento del nivel del mar que afecta a las
ciudades costeras, y retroceso de los glaciares.
Dichos riesgos se materializaron con un impacto considerable en los
últimos años. Luego de tres años consecutivos del fenómeno
meteorológico denominado "La Niña", a abril del 2023 más de 129
millones de hectáreas del territorio nacional se encuentran en
condiciones de sequía, correspondiendo a más de 11, 4 millones de
hectáreas agrícolas de cultivo y registrándose más de
24,3 millones de cabezas de ganado afectadas en la superficie
restante
23. Y al año 2020, más del 35% del territorio
nacional se
encontraba afectado por procesos de erosión.
En este sentido, Argentina avanza en una serie de programas que
procuran ampliar, monitorear, manejar y fiscalizar las áreas protegidas
y tomar acciones conducentes a la conservación o uso sostenible de los
recursos. El país también trabaja en la conservación de bosques nativos
y en programas de reforestación. En lo que respecta a producción
agrícola ganadera, el gobierno ratifica su compromiso con la seguridad
alimentaria y sostenibilidad, promoviendo una agricultura sostenible,
impulsando prácticas agrícolas y ganaderas que aumenten la eficiencia
productiva, garantizando el bienestar animal y fomentando el uso
responsable de la tecnología y los recursos naturales para seguir
produciendo alimentos sanos, seguros y nutritivos.
En materia de energía, Argentina cuenta con una importante reserva de
recursos energéticos renovables. Se estima que el potencial eólico
técnicamente aprovechable alcanza los 5.000 megavatios (MW) en
múltiples regiones del país incluyendo la zona patagónica, cordillerana
y costa atlántica
24. La irradiación solar alcanza entre 7 y
8 kW/m2 por día en las regiones centro y norte
del país
25, y cuenta con un superávit de 40 mil millones de
toneladas
en recursos biomásicos con fines energéticos
26.
Sin embargo, pese a su abundancia en recursos renovables, Argentina es
un país que aún cuenta con una importante, aunque descendiente,
dependencia energética de hidrocarburos (principalmente petróleo y
gas), generando el 65% de la energía a partir de combustibles fósiles
en 2021
27. No obstante, bajo el compromiso de avanzar en la
reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la
utilización de combustibles fósiles, en el año 2016 Argentina promulgó
la Ley 27.191 de Fomento del Uso de Fuentes Renovables de Energía
Destinada a la Producción de Energía Eléctrica. Desde entonces se han
impulsado diversos programas que promueven el uso de este tipo de
fuentes, resultando en un abastecimiento del 14% de la demanda del país
en 2022 a través de fuentes renovables como energía eólica, solar y
biomasa con metas del 20% para 2025
28. Por otro lado, en
2019 Argentina
sancionó la Ley 27.424 de Fomento a la Generación Distribuida de
Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública. Esta Ley busca
fomentar el uso de fuentes de energía renovables en la generación de
energía eléctrica en las redes de distribución para autoconsumo y
eventual inyección de excedentes a la red de energía eléctrica.
El transporte es otro de los principales generadores de emisiones de
GEI a nivel mundial y, por lo tanto, del cambio climático. Para hacer
frente a estos desafíos en el territorio nacional, en el año 2022 el
Ministerio de Transporte aprobó mediante la resolución n° 635/2022
29
el
Plan Nacional de Transporte Sostenible que busca generar políticas
públicas para transformar el sistema de transporte pensando en las
generaciones futuras. A través de este plan el Gobierno Nacional
estableció metas de movilidad eléctrica y está fomentando la
incorporación de nuevas tecnologías para abastecer energéticamente a
vehículos de carga y pasajeros. Además, se está impulsando la
transición y eficiencia energética para alcanzar la movilidad
sostenible en todos los medios de transporte, comprendiendo también, a
la movilidad de carácter particular. De esta manera, se busca aumentar
la mitigación al cambio climático, reduciendo las emisiones de este
sector e incorporando criterios de sostenibilidad y resiliencia,
teniendo en cuenta las posibilidades energéticas de cada zona de
nuestro país.
La gestión de los recursos hídricos es otro de los aspectos
fundamentales del desarrollo sostenible
30. La política
hídrica nacional
busca garantizar una gestión integrada y sostenible del agua de manera
federal, con la participación activa de todos los actores vinculados
con la gestión de estos recursos, cuyos intereses abarcan el acceso al
agua como derecho humano básico, la gestión integrada del riesgo
hídrico y el desarrollo hídrico de las regiones, a través de un
abordaje integral de sus distintos usos y la protección de las diversas
fuentes del agua como capital hídrico. En este sentido, es vital
gestionar un modelo integrado, promoviendo una mayor eficiencia en el
uso del agua, el suelo y otros recursos; maximizando los beneficios de
su utilización; y protegiendo los ecosistemas.
Como se menciona previamente, con el objetivo de atender los
principales desafíos ambientales del país, en el año 2019 se sancionó
la Ley 27.520
31 que establece los presupuestos mínimos de
protección
ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias
adecuadas de mitigación y adaptación al cambio climático en todo el
territorio nacional. En el año 2022 se publicó el Plan Nacional de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
32, cuyas
principales líneas
estratégicas son: (1) La conservación de la biodiversidad y bienes
comunes; (2) La gestión sostenible de sistemas alimentarios y bosques;
(3) La movilidad sostenible; (4) Los territorios sostenibles y
resilientes; (5) La transición energética y (6) La transición
productiva. Esto incluye la conservación de suelos, medidas de
eficiencia energética y diversificación de la producción, gestión de
riesgos climáticos agroforestales y pesqueros, manejo integrado de
agroecosistemas, mecanismos de trazabilidad de producción y reducción
de la deforestación, así como medidas para la mejora de la eficiencia
energética, la promoción de energías renovables y la prevención y
mitigación de eventos climáticos extremos. El Plan también establece
medidas de seguimiento y evaluación para garantizar su implementación
efectiva y su contribución a los objetivos nacionales e internacionales
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Es importante destacar que, para lograr avances sustantivos en relación
a los puntos antes mencionados, el país requiere de financiamiento
asequible, de largo plazo y especialmente diseñado para las necesidades
sectoriales, de desarrollo ambiental y para la transición energética.
Con el objetivo de continuar trabajando en el corto, mediano y largo
plazo por un desarrollo sostenible, con prioridad ambiental, el
presente Marco de Financiamiento Soberano Sostenible
reafirma el compromiso del Gobierno argentino de financiar programas
relacionados con las siguientes categorías ambientales:
• Aprovechamiento y gestión sostenible
de los recursos hídricos;
• Conservación de los sistemas ecológicos y la biodiversidad;
• Eficiencia energética;
• Energías renovables;
• Manejo forestal sostenible;
• Movilidad Sostenible;
• Producción agropecuaria sostenible.
1.2. Prioridades en Materia Social
Desafíos en materia de desigualdad y
lucha contra la pobreza
Como muchos países de ingreso medio, uno de los desafíos que enfrenta
Argentina, es la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad
entre su población. Durante el segundo semestre de 2022 la pobreza en
el país alcanzó el 29,6% de los hogares. Este indicador asciende a
54,2% para personas en el rango etario de 0 a 14 años, poniendo en el
centro de las políticas públicas la situación de los niños, niñas y
adolescentes. Para atender a esta problemática, existen diversos
programas públicos y cambios estructurales que han sido implementados
para atender a estos sectores, incorporando en ellos la perspectiva de
género y el impacto en la niñez.
Para hacer frente a esto, y lograr garantizar un piso de derechos
sociales para toda su población, el Estado Nacional provee
infraestructura para el acceso a los servicios públicos y prestaciones
sociales a familias de bajos ingresos, niños, niñas y adolescentes,
población desocupada, adultos mayores, y personas con discapacidad,
entre otros. De esta forma, el Estado Nacional busca reducir los
niveles de pobreza y desigualdad, cerrando las brechas que existen
entre sus ciudadanos. En este marco, el gobierno financia programas de
asistencia alimentaria, que buscan garantizar la seguridad alimentaria
de las personas en situación de vulnerabilidad social. Los programas
apuntan especialmente
a asistir a mujeres embarazadas, niños menores de 14 años,
discapacitados y adultos mayores y su finalidad es posibilitar el
acceso de esta población vulnerable a una alimentación adecuada y
suficiente, luchando contra la inseguridad alimentaria.
De esta forma, el país garantiza los derechos esenciales de sus
ciudadanos y reduce el impacto de los ciclos económicos, principalmente
las recesiones económicas en la población más vulnerable. La respuesta
dada durante la pandemia del coronavirus en materia de asistencia
social y económica a familias y empresas es un ejemplo de esto.
Acceso a la salud
El sistema de salud de Argentina está compuesto por el sector público,
privado y de la seguridad social. El sector público brinda servicios de
manera universal y gratuita a todos los ciudadanos, a través de su red
de hospitales y centros de atención. Actualmente, el país cuenta con
2.948 hospitales públicos y establecimientos asistenciales
registrados
33 en todo su territorio de manera federal y
equitativa. Por
su parte, la atención médica integral para personas jubiladas y
pensionadas se financia universalmente mediante el Programa de
Asistencia Médica Integral (PAMI) del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados
34, la obra social
pública más
grande de América Latina.
La inversión del país en materia de sanidad pública es una de las más
altas de la región, contando con uno de los calendarios de vacunación
más completos a nivel internacional
35, brindando atención
médica a
todos los pacientes que lo necesitan, con un Sistema Integrado de
Información Sanitaria (SISA)36, y monitoreo epidemiológico, pero aún
cuenta con muchos desafíos. Entre ellos resulta relevante el de
asegurar el derecho a la salud a una población que se encuentra en un
período de transición demográfica, que resultará en un envejecimiento
significativo de la estructura poblacional en los próximos 25 años.
La pandemia de COVID-19 obligó a redefinir estrategias para el abordaje
y manejo de los servicios de salud en el esquema fragmentado de
subsistemas público, privado y de seguridad social. Se identificaron
numerosas nuevas líneas de acción críticas, al mismo tiempo que se
desarrollaron líneas de acción destinadas a garantizar la provisión de
bienes y servicios de salud
esenciales para la población bajo los tres ejes: acceso, calidad y
equidad.
Para mejorar las condiciones del sistema de salud, el Gobierno
Argentino ha desarrollado una estrategia nacional para la integración
del Sistema de Salud con el objetivo de lograr grados cada vez mayores
de integración en el financiamiento y la prestación de servicios de
atención de la salud a nivel nacional y subnacional a través de:
• Fortalecimiento de la gobernabilidad
y la articulación federal;
• Definición de cobertura de salud y paquete de beneficios:
armonización de estándares de calidad para la prestación de servicios
de salud;
• Invertir en la formación de los trabajadores de la salud;
• Repensar y diseñar estrategias de financiamiento sostenibles con
mecanismos de adquisición ágiles y eficientes para acceder a insumos
médicos y servicios de salud;
• Mejorar los sistemas de información y expandir el uso de herramientas
digitales;
• Promover y participar en proyectos de innovación científica y
tecnológica de múltiples partes interesadas;
• Fortalecimiento de la comunicación en salud.
Para ello, se destacan los siguientes programas y políticas: prevención
y control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, que cubre
los costos para el acceso gratuito y universal al Calendario de
Vacunación para toda la población o el fortalecimiento de la
infraestructura social, del cuidado y sanitaria, que busca promover el
acceso universal a la salud a través de inversiones en obras públicas.
De igual modo, se tienen diversos programas para prevención y atención
de enfermedades e infecciones de transmisión sexual, así como de
educación sexual integral, programas de acceso a medicamentos
esenciales, a medicamentos y tratamientos de alto precio para
enfermedades raras y/o desatendidas y asistencia para la salud mental
desde un abordaje que contempla todo el ciclo de vida de las personas.
Acceso a la educación
El sistema educativo también es público, gratuito y universal en todos
sus niveles (inicial, primaria, secundaria y superior) y obligatorio en
los primeros tres niveles (inicial, primaria y secundaria)
37.
Al año
2023, en Argentina existen 76.243 unidades de servicio educativo, de
las cuales 79% son estatales y 21% privadas, con un total de 11,7
millones de alumnos inscritos. Además, se destaca la presencia de
23.324 colegios rurales, con una población de 920.000 estudiantes
38.
Mientras el nivel primario es finalizado por el 97% de los alumnos, en
la escuela secundaria la tasa es del 54%, siendo la prevalencia de
estudiantes en el nivel secundario el principal desafío a nivel
educativo. La tasa de repitencia es del 1,47% en nivel primario contra
un 3,53% en el nivel secundario. Las cifras son más desafiantes al
observar los hogares en situación de pobreza
39.
Para reducir estas brechas, Argentina cuenta con programas de becas
dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Destacan
programas para mejorar la formación tecnológica de los jóvenes que
buscan disminuir las brechas digitales entre estudiantes, mediante la
instalación de pisos tecnológicos y redes de internet en escuelas
públicas, y la distribución gratuita de netbooks. Se cuenta con otros
programas importantes de infraestructura y equipamiento, así como de
entrega de libros y materiales educativos, todos ellos dirigidos a
garantizar la educación y fomentar la mejora en la calidad educativa.
Brechas de género y prevención de la
violencia por razones de género
Las principales brechas de género en Argentina se encuentran en las
tareas del cuidado (las mujeres realizan el 70,2% de las tareas de
trabajo doméstico y de cuidado no remunerado)
40. Esta
dinámica se
replica en el mercado laboral: cuatro de cada diez mujeres trabajan en
actividades relacionadas con los cuidados, que tienden a estar mal
remuneradas. El trabajo en casas particulares emplea al 14% de las
ocupadas (es la tercera rama de inserción laboral de las mujeres), y es
el sector con ingresos más bajos y mayor porcentaje de informalidad de
la economía. Lo anterior propicia que las mujeres estén
sobrerrepresentadas en el decil de ingresos más bajos (66,3%) y sean
una minoría en el decil de ingresos más altos (39,1%). Por otro lado,
la brecha en el ingreso entre hombres
y mujeres está por encima del 22%, y se incrementa entre los
asalariados informales.
Para hacer frente a estos desafíos, la estrategia de género se ha
definido como política de Estado transversal. El Presupuesto Nacional,
desde el año 2021, evidencia el compromiso del Gobierno Nacional con
acelerar la igualdad de género en Argentina. En 2023, el 14,7% del
presupuesto aprobado está destinado a cerrar brechas de género. Además,
se creó la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de
Género que cuenta con diferentes ejes de trabajo en las provincias,
entre ellos, el fortalecimiento de políticas de cuidado y la inclusión
financiera, la gestión menstrual, entre otras.
Por otro lado, el Gobierno trabaja en la formulación de Políticas
contra la Violencia por Razones de Género (PPG); Políticas de Igualdad
y Diversidad; y Acciones de Formación, Investigación y Políticas
Culturales para la Igualdad. Todos estos ejes se enfocan en el
reconocimiento de la violencia de género como una problemática social,
cultural y estructural y pretenden proteger los derechos de las mujeres
y la comunidad LGBTI+, al prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de
violencia por motivos de género. Dentro de estas políticas se destacan
apoyos económicos para fortalecer la independencia de la población
objetivo, desarrollo de una línea telefónica de atención a las víctimas
de violencia de género, formación y capacitación de operadores y
operadoras judiciales y la creación de redes de cooperación
interinstitucional.
Acceso a vivienda e infraestructura
básica
En Argentina, el 42% de los hogares viven en situación de hacinamiento;
el 18% tiene problemas de irregularidad de la tenencia, y el 14% tiene
problemas de vivienda inadecuada, lo que implica que la vivienda no
tiene techo ni piso de materiales adecuados
41.
Respecto al acceso a infraestructura básica, a nivel nacional el 12.4%
de personas no tiene acceso a agua potable. En las zonas urbanas esto
comprende a 1 de cada 10 personas, y en zonas rurales agrupadas afecta
al 7,1% de la población. Asimismo, a nivel país, un 43,9% (19.7
millones) tiene déficit de cobertura de saneamiento. En zonas urbanas 4
de cada 10 personas no accede al desagüe cloacal, mientras que en las
zonas rurales agrupadas afecta al 38,8% de la población.
42
Entendiendo esto, desde el Gobierno se han fortalecido las políticas de
integración sociourbana mediante diversos programas que llevan adelante
mejoras constructivas en las viviendas, ejecución de obras en las redes
de agua, saneamiento, gas y electricidad y la creación de lotes con
servicio, con mecanismos de participación de los actores locales.
Los programas en estas áreas buscan integrar los barrios vulnerables
con limitados accesos a servicios básicos al resto de la ciudad,
mediante un abordaje integral que favorezca el desarrollo humano de sus
comunidades. Además, contempla la mejora de la infraestructura urbana y
del hábitat de los barrios, así como el diseño de mecanismos de
participación de los actores locales.
Micro y pequeñas empresas y
agricultura familiar
Un sector productivo estratégico y de interés público en Argentina es
la agricultura familiar, campesina e indígena, pues contribuye a la
seguridad alimentaria, permitiendo el abastecimiento de alimentos de
manera sostenible, el desarrollo de las economías regionales y el
arraigo rural. Para lograr los objetivos afines, existen diversas
políticas de estado orientadas al desarrollo integral, el bienestar
social y económico de productores, comunidades, trabajadores y agentes
del medio rural.
En relación con este tema, Argentina ha trabajado en la formulación de
Políticas para la Agricultura Familiar y Desarrollo Productivo
43,
cuya
finalidad es fortalecer el rol de la agricultura familiar campesina e
indígena a través de diversos incentivos dirigidos a la mejora de la
infraestructura básica, productiva y equipamiento para la producción e
industrialización de los agricultores familiares, además de contribuir
al desarrollo de nuevos emprendimientos productivos, principalmente
aquellos que incorporen tecnología y fomenten la innovación.
Otra área en la que se pretende promover procesos de transformación
productiva es a través del fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (MiPyMES), que genera el 80% del empleo argentino
44,
fomentando la productividad, la incorporación del conocimiento, la
digitalización, el empleo genuino, el agregado de valor, el desarrollo
local, la formalización, internalización y competitividad. Para ello el
gobierno nacional dispone de programas para el financiamiento a la
producción, promoción de la productividad y desarrollo de emprendedores.
Desarrollo de las economías regionales
Las brechas geográficas también se evidencian en el sector productivo.
Para afianzar el arraigo y la soberanía alimentaria, el gobierno
promueve el desarrollo de las economías regionales y de sus
comunidades. La incorporación de tecnología e industrialización de las
producciones primarias es un objetivo central de las políticas
orientadas a la agricultura familiar. Del mismo modo, se impulsa la
digitalización, formalización y competitividad de las MiPyMEs a través
de los programas de Promoción de la Productividad y Competitividad PyME
y el Desarrollo de los Emprendedores.
Basado en los retos y prioridades sociales y prioridades de Argentina,
el presente Marco reafirma el compromiso de impulsar un desarrollo
inclusivo, con prioridad social, mediante el financiamiento de
programas que encuadran las problemáticas mencionadas:
• Acceso, calidad, permanencia y
terminalidad en el sistema educativo;
• Acceso a vivienda e infraestructura básica asequible;
• Acceso a un sistema de salud integral y de calidad;
• Generación y fomento del empleo y desarrollo de las economías
regionales;
• Avance socioeconómico y empoderamiento de grupos vulnerables y
minoritarios;
• Promoción de la igualdad de género y la diversidad;
• Seguridad alimentaria sostenible.
2. Marco de Financiamiento Soberano
Sostenible
El Gobierno de la República Argentina ha establecido el presente Marco
de Financiamiento Soberano Sostenible que guiará la emisión de bonos
y/o préstamos verdes, sociales y/o sostenibles. El Marco está alineado
con los Principios de Bonos Verdes 2021 (GBP, por sus siglas en
inglés), Principios de Bonos Sociales 2021 (SBP, por sus siglas en
inglés), y la Guía de los Bonos Sostenibles (SBG, por sus siglas en
inglés), establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de
Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés). Además, se alinea con los
Principios de Préstamos Verdes 2021 (GLP, por sus siglas en inglés) y
los Principios de Préstamos Sociales 2021 (SLP, por sus siglas en
inglés), establecidos por la Asociación del Mercado de Préstamos (LMA,
por sus siglas en inglés), Asociación de
Préstamos Sindicados y Comerciales (LSTA, por sus siglas en inglés) y
Asociación del Mercado de Préstamos de Asia y el Pacífico (APLMA, por
sus siglas en inglés).
Este Marco incluye cuatro componentes:
1. Uso de los Fondos;
2. Proceso de Selección y Evaluación de Proyectos;
3. Gestión de los Fondos; y
4. Reporte.
2.1. Uso de los fondos
Los ingresos netos de los bonos o préstamos verdes, sociales y/o
sostenibles del Gobierno de Argentina se utilizarán para los siguientes
destinos:
I. Financiar, en parte o en su
totalidad, programas nuevos o existentes
que correspondan a una de las categorías ambientales y/o sociales
elegibles.
II. Refinanciar, en parte o en su totalidad, programas que correspondan
a una de las categorías ambientales y/o sociales elegibles y hayan
tenido desembolsos en los últimos 12 meses previos a la fecha de
emisión del instrumento temático. En caso de refinanciamiento, al
momento de la emisión del instrumento, se informará a los
inversionistas el porcentaje que se esté refinanciando, estableciendo
en todos los casos un máximo de 25% de la emisión.
Los programas ambientales elegibles se definen como inversiones que se
enmarcan en una de las siguientes siete categorías: (1) Aprovechamiento
y gestión sostenible de los recursos hídricos; (2) Conservación de los
sistemas ecológicos y la biodiversidad; (3) Eficiencia energética; (4)
Energías renovables; (5) Manejo forestal sostenible; (6) Producción
agropecuaria sostenible; y (7) Movilidad sostenible.
Los programas sociales elegibles se definen como inversiones que se
enmarcan en una de las siguientes siete categorías: (1) Acceso, calidad
y permanencia en el sistema educativo; (2) Acceso a un sistema de salud
integral y de calidad; (3) Avance socioeconómico y empoderamiento
de personas de grupos vulnerables y minoritarios; (4) Generación y
fomento del empleo y desarrollo de las economías regionales; (5) Acceso
a vivienda e infraestructura básica asequible; (6) Promoción de la
igualdad de género y la diversidad; y (7) Seguridad alimentaria
sostenible.
Los detalles de cada una de estas categorías y ejemplos de programas se
pueden ver en la
Tabla 1 y Tabla 2.
A su vez, se muestran los ODS y sus
respectivas metas asociadas a las categorías ambientales y sociales en
las que se enmarcan los programas elegibles.
2.1.1 Categorías Ambientales Elegibles
A continuación, se describen los criterios de elegibilidad de los
programas ambientales y su alineamiento con los ODS:
Tabla 1. Categorías Ambientales
Elegibles
(2) Para la construcción o ampliación de sistemas centralizados de
aguas residuales, incluida la red de alcantarillado y el tratamiento,
se deberá garantizar que el nuevo tratamiento de aguas residuales
sustituya a los sistemas de tratamiento de aguas residuales más
intensivos en emisiones de GEI (tales como letrinas de pozo, tanques
sépticos, lagunas anaeróbicas, etc.).
2.1.2 Categorías Sociales Elegibles
A continuación, se describen los criterios de elegibilidad de los
programas sociales y su alineamiento con los ODS.
Tabla 2. Categorías Sociales Elegibles
2.2. Proceso de Evaluación y Selección
de Proyectos
El proceso de evaluación y selección de los proyectos elegibles para
los instrumentos de financiamiento temático se llevará a cabo por un
Comité de Evaluación y Selección (el "Comité", CES) definido y
conformado dentro del Ministerio de Economía de la Nación (MECON),
creado a través de la Resolución 1529/2023
58. El comité está
integrado
por representantes de la Secretaría de Asuntos Económicos y Financieros
Internacionales (SAEyFI), la Secretaría de Finanzas (SF) y la
Secretaría de Hacienda (SH). La SAEyFI encabeza y coordina la agenda de
trabajo, y frente a cada emisión del bono o préstamo, convocará a los
Ministerios/Secretarías pertinentes, conforme se describe en la Figura
1.
La selección de los programas y/o proyectos se realizará tomando en
consideración:
• Los objetivos de sostenibilidad del
Gobierno de Argentina;
• Los criterios de elegibilidad descritos en la sección 2.1 Uso de
Fondos del presente marco;
• Los procesos de análisis y gestión de riesgo socio-ambiental y de
gobernanza que se determine sean aplicables a cada programa;
• Los criterios de exclusión descritos en la sección 2.2.1 Lista de
Exclusión; y
• La Ley 24.156 de Administración Financiera59, la Ley
27.612 de
Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública60 y
las Leyes
de Presupuesto correspondientes a cada ejercicio fiscal y toda
normativa con fuerza de Ley que modificara o refiera a las mismas.
Figura 1 - Proceso de evaluación y
selección de Proyectos del Comité
El Comité se reunirá al menos una vez por trimestre para verificar y
validar que:
• Los programas verdes elegibles y
programas sociales elegibles están
en línea con los compromisos establecidos en el presente Marco.
• El portafolio de Gastos Verdes Elegibles y los Gastos Sociales
Elegibles que puedan ser financiados a partir de un instrumento
financiero sea mayor al monto neto del instrumento emitido.
• Supervisar que el monto asociado a los Gastos Verdes Elegibles y los
Gastos Sociales Elegibles sea equivalente al monto neto de la emisión.
Para asegurar la trazabilidad de las decisiones tomadas, se realizarán
actas en cada reunión.
• Actualizar, de ser necesario, el Marco de Financiamiento Soberano
Sostenible.
• Consolidar reportes de asignación e impacto.
2.2.1 Gestión de riesgos ambientales y
sociales
Es importante remarcar que el Ministerio de Economía de la Nación,
representado en el Comité por las mencionadas Secretarías, busca
gestionar de manera eficiente y responsable las finanzas públicas
mientras promueve e incentiva el desarrollo sostenible. Para Argentina,
el desarrollo sostenible requiere considerar variables ambientales y
sociales, como también económicas, donde se destaca la necesidad de
financiar de manera asequible los desafíos que emanan del cambio
climático y de la estructura social.
Por esta razón, los programas elegibles del presente Marco abarcan
diversas temáticas y buscan fomentar el desarrollo de forma amplia,
contemplando temas como la conservación de la biodiversidad, el acceso
al sistema de salud y la educación universal en el territorio nacional.
En este sentido, cada programa elegible en la emisión de un Instrumento
de Financiamiento Sostenible, requerirá de un análisis particular del
marco jurídico ambiental y social aplicable a nivel tanto Nacional,
como Provincial y Municipal dado que en Argentina se distinguen tres
niveles de gobierno con competencias en los aspectos ambientales y
sociales. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante remarcar que,
ante cualquier cambio material o controversia relacionada con temas
ambientales o sociales con alguno de los proyectos incluidos en los
Instrumentos de Financiamiento Sostenible, el Comité se reunirá y lo
reemplazará con un programa elegible en un plazo máximo de tres meses.
Estos casos serán comunicados dentro del informe anual del instrumento.
2.2.2 Lista de exclusión
Se excluirán de los Gastos Verdes Elegibles y Gastos Sociales
Elegibles, cualquier programa, proyecto, activo o gasto que
involucre/implique de alguna forma las siguientes actividades:
• Exploración, producción y
distribución de combustibles fósiles;
• Generación de energía basada únicamente en la quema de combustibles
fósiles;
• Producción y/o comercialización de cualquier producto o actividad
considerada ilegal bajo las leyes o regulaciones nacionales, así como
convenciones y acuerdos internacionales de los que Argentina forma
parte;
• Deforestación o degradación de los bosques;
• Industrias de bebidas alcohólicas61, armas, tabaco y
juegos de azar;
• Actividades en áreas protegidas o actividades que violen los derechos
indígenas;
• Trabajo infantil o trabajo forzoso.
2.3. Gestión de los fondos
El seguimiento de los recursos del instrumento temático estará a cargo
del Ministerio de Economía de la Nación, garantizando el financiamiento
de los proyectos ambientales y/o sociales elegibles nuevos o
existentes, según se define en el presente Marco.
Los recursos netos de las emisiones u obtenciones de préstamos
contempladas se transferirán a la Cuenta Operativa del Tesoro Nacional.
En espera de la asignación total de los ingresos del instrumento
temático, el MECON administrará los ingresos de conformidad con la Ley
n° 24.156 de Administración Financiera, sus modificaciones y
complementarias.
El MECON monitoreará el uso de los recursos y actualizará
periódicamente el saldo de los fondos asignados a los proyectos
ambientales y/o sociales elegibles hasta el vencimiento del
instrumento. La asignación de fondos será verificada por un auditor
externo anualmente
hasta la asignación total del instrumento y será reportada en el
informe anual. La trazabilidad de los recursos será garantizada por la
Secretaría de Hacienda, de acuerdo a los criterios definidos a
continuación.
Los recursos serán presupuestados en la Jurisdicción 90 - Servicio de
la Deuda Pública
62 en la fuente de financiamiento Crédito
Externo o
Crédito Interno. Se definirá un código en el sistema de gestión y
administración de la deuda SIGADE para identificar cada operación de
endeudamiento. El monto de la operación de endeudamiento se determinará
como un porcentaje del presupuesto vigente de los proyectos elegibles
al momento de definir la colocación, o de la ley de presupuesto
aprobada para el ejercicio siguiente neto de eventuales amortizaciones
o intereses de las series de instrumentos obtenidos.
Los ingresos producidos por la colocación de los bonos o préstamos se
registrarán mediante comprobantes de informe de recursos en el Sistema
Integrado de Información Financiera, indicando el código SIGADE
definido para cada emisión de bono u obtención de préstamo, a fin de
dar trazabilidad a los ingresos. En lo que respecta al registro
presupuestario de esos ingresos, se identificará con distintos
subconceptos dentro del Tipo 36 Colocación de Deuda
63, de
acuerdo a la
moneda en la que se tome el endeudamiento. De esta forma, se permite la
recopilación de los datos del presupuesto y percibido del
financiamiento, lo que facilitará la trazabilidad y el reporte de la
información.
En lo que respecta a la acreditación, los ingresos por la emisión de
instrumentos en moneda externa se acreditarán en la cuenta operativa
del Tesoro Nacional en moneda extranjera en el Banco Central de la
República Argentina (BCRA). Para las emisiones en moneda nacional los
fondos se acreditarán en la cuenta operativa del Tesoro Nacional en
pesos en el BCRA.
Los gastos serán presupuestados en las jurisdicciones que tengan
proyectos elegibles en la fuente de financiamiento Crédito Externo y/o
Crédito Interno o en la fuente de financiamiento Tesoro según
corresponda.
A fin de dar trazabilidad a los gastos, los mismos serán presupuestados
dentro de las categorías programáticas de menor nivel de detalle
(actividad u obra), adicionando a la denominación la identificación del
instrumento de deuda. Esta metodología implica que la ejecución de los
fondos asignados a cada programa mediante la emisión de instrumentos de
deuda sostenibles se registrará y actualizará de manera diaria para su
consulta pública en
www.presupuestoabierto.gob.ar.
Una vez acreditados los fondos, los pagos se realizarán en moneda de
curso legal a través de la Cuenta Única del Tesoro. En el caso de la
fuente Crédito Externo, dado que los ingresos serán en moneda
extranjera, el margen de financiamiento disponible en moneda de curso
legal será el resultante de la conversión de saldos en moneda
extranjera al tipo de cambio del BCRA.
2.4 Reporte
Para cada emisión de bono etiquetado, el MECON elaborará dos reportes:
(1) un reporte de asignación de fondos y (2) un reporte de impacto para
mostrar los beneficios ambientales y sociales de los programas
elegibles financiados o refinanciados. Ambos se publicarán anualmente
en su página web una vez que se realice la emisión del instrumento de
deuda bajo el presente Marco de referencia, y hasta la completa
asignación de los recursos de cada instrumento, en el primer caso, y
hasta la completa maduración del instrumento, en el segundo.
El primer reporte anual de cada bono emitido bajo el presente marco se
presentará en un plazo máximo de 15 meses posteriores a la recepción de
los fondos. Los siguientes reportes se presentarán cada 12 meses,
posterior a la publicación del primer reporte.
2.4.1. Reporte de Asignación de Fondos
El Reporte de Asignación de Fondos será preparado por el Comité de
Evaluación y Selección, encabezado por la SAEyFI, en consulta y
colaboración con los Ministerios y Secretarías pertinentes, y contendrá:
• Un listado de los programas elegibles
financiados o refinanciados, incluyendo una breve descripción,
alineados con cada una de las categorías elegibles y sus criterios de
elegibilidad;
• El monto asignado con los recursos del instrumento, en su totalidad o
en parte, por cada categoría elegible;
• El progreso de los giros correspondientes a los programas financiados;
• El porcentaje de financiamiento y refinanciamiento;
• El porcentaje de co-financiamiento; y
• El saldo neto de los fondos pendientes de ser asignados.
En el caso que los recursos de los instrumentos financieros sean
emitidos en programas cuyo alcance sea de carácter confidencial, el
Gobierno de Argentina se reserva el derecho a no divulgar información
sensible sobre los respectivos programas.
2.4.2. Reporte de Impacto
El Reporte de Impacto será preparado por el Comité de Evaluación y
Selección, encabezado por la SAEyFI. Los Ministerios y Secretarías
relevantes proveerán de un informe de impacto que se utilizará de base
para la elaboración del informe final, y contendrá:
• Un apartado cuantitativo detallando
el impacto positivo de los
programas elegibles por medio de los indicadores mencionados en las
Tablas 3 y 4. En el reporte, estos indicadores se especificarán de
manera agregada por bono y por proyecto, mencionando su metodología de
cálculo. Dependiendo de qué indicadores apliquen a los programas
elegibles, se utilizará uno o más indicadores de la categoría elegible
correspondiente, considerando los programas que se financien en el año
por categoría. Se publicarán los indicadores con la información
disponible, al menos uno por categoría.
• Un apartado cualitativo que incluirá una descripción del impacto
ambiental o social de los programas, tomando al menos como ejemplo un
caso de una categoría elegible.
• En caso de haber hechos relevantes o controversias ASG, estos se
especificarán en una sección de eventos relevantes del reporte anual.
• Tomando en consideración que los proyectos y programas financiados
integran un universo más extenso de políticas públicas que buscan
mejorar las condiciones sociales y ambientales del país, se reportará,
el impacto de cada uno de los programas financiados con los recursos
obtenidos a partir del financiamiento.
Los Ministerios con programas que hagan parte del portafolio elegible
serán los responsables de realizar el seguimiento de los programas y
generar los indicadores para darle seguimiento y alimentar al reporte
de impacto. Estos Ministerios serán los encargados de enviar al CES los
insumos para la preparación del informe de impacto.
Tabla 3. Indicadores de Resultado e
Impacto Global Ambiental
Tabla
4. Indicadores de Resultado e Impacto Social
2.5. Evaluación Externa
El Marco de Financiamiento Soberano Sostenible obtendrá una Opinión de
Segunda Parte (SPO, por sus siglas en inglés) que revisará el
alineamiento de las categorías sociales y ambientales elegibles con los
Principios de Bonos Verdes, los Principios de Bonos Sociales y la Guía
de los Bonos Sostenibles de ICMA, así como su alineamiento con los
Principios de Préstamos Verdes y los Principios de Préstamos Sociales
de LMA, LSTA y APLMA. Tanto el Marco como el SPO serán publicados en la
página web del Ministerio de Economía.
La asignación de los fondos será revisada anualmente hasta la completa
asignación de los recursos por auditores externos e independientes, así
como también en caso de haber cambios materiales. Esta verificación
externa se publicará dentro del reporte anual del instrumento temático.
Anexo 1: Objetivos y Metas de
Desarrollo Sostenible
Anexo 2: Definiciones de Población
Objetivo de las Categorías Sociales Elegibles
Tabla 5. Definición de Población
Objetivo
1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016).
Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad. Disponible aquí.
2 Impact Task Force (2023). Mobilising institutional capital towards
the SDGs and a Just Transition. Disponible aquí.
3 Ministerio de Economía (2023). Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías.
Informe correspondiente al mes de abril. Disponible aquí.
4 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2020). Informe del
estado del ambiente. Disponible aquí.
5 CAMMESA (2022). Informes y estadísticas. Disponible aquí.
6 INDEC (2023). Encuesta Permanente de Hogares. Incidencia de la
Pobreza y la Indigencia. Disponible aquí.
7 Presidencia de la Nación y Organización de Naciones Unidas.
Resolución A/RES/72/279. Disponible aquí.
8 Presidencia de Argentina. Segundo Informe Voluntario Nacional 2020.
Disponible aquí.
9 Presidencia de Argentina. Argentina. Informe de País 2021. Disponible
aquí.
10 Presidencia de Argentina. Tercer Informe Voluntario Nacional 2022.
Disponible aquí.
11 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2022). Plan Nacional
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Disponible aquí.
12 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2020). Actualización
de la meta de emisiones netas de Argentina al 2030. Disponible aquí.
13 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2020). Segunda
Contribución Determinada a Nivel Nacional de la República Argentina.
Disponible aquí.
14 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ley 27.250.
Disponible aquí.
15 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Plan Nacional de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Disponible aquí.
16 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estrategia de
desarrollo resiliente con bajas emisiones a largo plazo a 2050.
Disponible aquí.
17 CMNUCC, 2012, p. 3.
18 Boletín Oficial: Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles.
Disponible aquí.
19 Jefatura de Gabinete de Ministros. Planes de Acción de Gobierno
Abierto. Disponible aquí.
20 Disponible aquí.
21 Como antecedentes normativos en materia de género se destacan: la
Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos personales, que adopta
un enfoque integral y establece a la violencia de género como un
problema público que obliga al Estado a actuar; la Ley Micaela, donde
se establece capacitación obligatoria en género para todas las personas
que se desempeñan en la función pública; la Ley 26.743 donde se
establece el derecho a la identidad de género, entre otros. Respecto a
la transversalización de la perspectiva de género se destacan el
Decreto 680/2020 de creación del Gabinete Nacional para la
Transversalización de las Políticas de Género y la Resolución Conjunta
8/2020 de creación del Programa Interministerial del Presupuesto con
Perspectiva de Género.
22 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social (2021). Inventario
Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Disponible aquí.
23 Ministerio de Economía (2023). Nuevos beneficios para productores
afectados por la sequía. Disponible aquí.
24 Ministerio de Hacienda. (2019) Guía de Buenas Prácticas para el
Desarrollo Eólico en Argentina. Disponible aquí.
25 Secretaría de Energía. Visor irradiación de energía solar.
Disponible aquí.
26 Secretaría de Energía (2020) Actualización del balance biomásico con
fines energéticos en Argentina. Disponible aquí.
27 Centro de Información Ambiental (2023). Sistema Integral de
Información Ambiental. Disponible aquí.
28 Secretaría de Energía (2022). Energías Renovables Gran Escala.
Disponible aquí.
29 Ministerio de T ransporte (2022). Plan Nacional de T ransporte
Sostenible. Disponible aquí.
30 Ministerio de Obras Públicas. Política Hídrica. Disponible aquí.
31 Gabinete Nacional de Cambio Climático (2019). Ley de Presupuestos
Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global.
Disponible aquí.
32 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República
Argentina. (2022). Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático. Disponible aquí.
33 OPC con datos de RNHPGD (2021). Caracterización del sistema de salud
argentino. Disponible aquí.
34 PAMI. Disponible aquí.
35 Calendario Nacional de vacunación. Disponible aquí.
36 SISA. Disponible aquí.
37 Ley 26.206. Ley de Educación Nacional. Disponible aquí.
38 Ministerio de educación (2021). Base de Datos. Disponible aquí
39 CNCPS (2022). Resumen de indicadores y programas sociales.
Disponible aquí.
40 Ministerio de economía (2022). El costo de cuidar. Las brechas de
género en la economía argentina. Disponible aquí.
41 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (2022).
Indicadores y Programas Sociales. Disponible aquí.
42 INDEC (2023). Condiciones de vida. Disponible aquí.
43 Ministerio de Economía (2009) Políticas para la Agricultura Familiar
y Desarrollo Productivo. Disponible aquí.
44 Asamblea Anual de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME). Disponible aquí.
45 (1) Para sistemas de acueducto se deberá cumplir con alguna de las
siguientes dos opciones:
Opción 1: El sistema de
abastecimiento de agua (de principio a fin) tiene un alto grado de
eficiencia energética caracterizado por un consumo medio de energía del
sistema (incluida la captación, el tratamiento y la distribución) de
0,5 kWh por metro cúbico de suministro de agua facturado/no facturado o
menos.
Opción 2: La eficiencia
energética del sistema de suministro de agua (de principio a fin) se
incrementa sustancialmente disminuyendo el consumo de energía promedio
del sistema en al menos un 20% (incluyendo extracción, tratamiento y
distribución); medido en kWh por metro cúbico de suministro de agua
autorizado facturado/no facturado; o cerrando la brecha entre la fuga
real de la red de suministro de agua y un valor objetivo dado en al
menos un 20%.
46 Certificaciones como: Better Cotton Initiative, Bonsucro, IFOAM,
ISCC (Food, Bio-Based Products, Feed, Energy), ProTerra, Rainforest
Alliance Standard, Roundtable on Responsible Soy (RTRS), Roundtable on
Sustainable Biomass (RSB), Soil Association Organic
47 Certificaciones como: BSC-OEKO, BIOLATINA, Rainforest Alliance e
Intercultural Federation of Organic.
48 Niveles inicial, primaria y secundaria según el art.16 de la Ley
26.206
49 Ver población en situación de vulnerabilidad socioeconómica definida
en Anexo 2
50 Ver definición de personas residentes en territorios de alta
vulnerabilidad socioeconómica en el Anexo 2.
51 Ver definición de personas residentes en situación de vulnerabilidad
socioeconómica en el Anexo 2.
52 Ver definición de población en situación de vulnerabilidad
socioeconómica en el Anexo 2.
53 Ver definición de personas residentes en territorios de alta
vulnerabilidad socioeconómica en el Anexo 2.
54 Ver definición de persona con discapacidad en el Anexo 2.
55 Ver definición de personas en situación de desempleo o subocupada,
MiPyME y agricultores familiares en el Anexo 2.
56 Ver personas LGBTI+ definida en Anexo 2.
57 Ver definición de población en situación de vulnerabilidad
socioeconómica en el Anexo 2.
58 Boletín Oficial 2023. Disponible aquí.
59 Ministerio de Economía (2016) Ley 24.156 de Administración
Financiera. Disponible aquí
60 Ministerio de Economía (2021) Ley 27.612 de Fortalecimiento de la
Sostenibilidad de la Deuda Pública. Disponible aquí
61 Con excepción de la producción de vino y cerveza.
62 Dentro del Presupuesto Nacional, los gastos y recursos atribuibles a
emisión de deuda pública (bonos, títulos públicos) se imputan en la
Jurisdicción 90, identificando las partidas de recursos (fuentes) y
gastos (intereses y amortizaciones) que se atenderán en el ejercicio
fiscal.
63 Representan las fuentes (recursos) que se imputan en el ejercicio
fiscal originadas en la colocación de deuda pública, tanto en moneda
nacional como extranjera, atenientes a corto y largo plazo. Entre
otros, abarca la emisión de bonos y títulos públicos.
IF-2023-135932158-APN-SSCYGI#MEC