MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 943/2023
RESOL-2023-943-APN-MSG
Ciudad de Buenos Aires, 14/12/2023
VISTO el Expediente N° EX-2023-148852320- -APN-UGA#MSG, el artículo 194
del Código Penal de la Nación Argentina, la Ley N° 25.675 (de Política
Ambiental Nacional); la Ley N° 24.059 (de Seguridad Interior) y la Ley
N° 22.520 (de Ministerios); la Resolución de la SECRETARÍA DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SUSTENTABLE N° 523 del 6 de mayo de 2013, la Resolución
del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 210 del 4 de mayo de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que la urgencia de la situación, así como la confusión introducida por
una actitud pasiva sostenida durante mucho tiempo por las autoridades
frente al desorden en la vía pública demandan la impartición de
instrucciones a la Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a fin de
ofrecerles un marco de certidumbre para su actuación, sin perjuicio de
las decisiones de las autoridades judiciales o del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL, cuando corresponda.
Que la recurrencia, intensidad, extensión y frecuencia de la
interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías
transitables ha derivado en una situación insoportable para la
población que sufre esos actos ilícitos, en desmedro de su trabajo y de
su calidad de vida.
Que, además de tales perturbaciones, en numerosas ocasiones la
interrupción de la circulación se produce mediante la quema de
neumáticos de vehículos o de otras sustancias contaminantes.
Que el Servicio Jurídico de este Ministerio ha tomado la intervención
de su competencia, sin objeciones que oponer al progreso de la medida.
Que la suscripta resulta competente para el dictado de la presente
resolución en virtud del artículo 4, inciso b), apartado 9 de la Ley de
Ministerios (N° 22.520 t.o.1992) y sus modificatorias.
Por ello,
LA MINISTRA DE SEGURIDAD
RESUELVE:
Artículo 1º.- En el marco del presente PROTOCOLO PARA EL MANTENIMIENTO
DEL ORDEN PÚBLICO ANTE EL CORTE DE VÍAS DE CIRCULACIÓN, las Fuerzas
Policiales y de Seguridad Federales intervendrán frente a impedimentos
al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o
totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la
jurisdicción federal. También podrán intervenir en territorios
provinciales o de la CIUDAD AUTÓNOMA BUENOS AIRES en los casos y bajo
las condiciones establecidas por los artículos 23 y 24 de la ley de
Seguridad Interior Nº 24.059.
Artículo 2º.- La intervención a la que se refiere el artículo anterior
se producirá sin que necesariamente medie orden judicial, toda vez que
se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del
Código Penal de la Nación Argentina; sin perjuicio de la comunicación
inmediata al juez o al fiscal competente.
Artículo 3º.- Por impedimentos al tránsito de personas o medios de
transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías
de circulación debe entenderse cualquier concentración de personas o
colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeren, para la
circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas, o
que estorbaren el tránsito ferroviario, aun cuando no crearen una
situación de peligro, o que impidieren el ingreso de personas a lugares
públicos o empresas. No se tomará en cuenta, a tales efectos, el hecho
de que los perjudicados tuvieren otras vías alternativas de circulación.
Artículo 4º.- La acción de las Fuerzas Policiales y de Seguridad
Federales, ante tales situaciones delictivas, estará orientada a
despejar los accesos y las vías de comunicación o de transporte, en el
marco de la ley y en cumplimiento de sus fines hasta dejar totalmente
liberado el espacio destinado a la circulación.
Artículo 5º.- En los procedimientos destinados a alcanzar los objetivos
previstos en el artículo anterior, los efectivos emplearán la mínima
fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la
presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos. Esa fuerza será
graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o
sus apoyos, siempre con empleo de armas no letales.
Artículo 6º.- En la medida de lo posible, deberán ser identificados los
autores, cómplices e instigadores, mediante filmaciones y otros medios
digitales o manuales, con registro prioritario de los datos de sus
líderes y organización con la cual se vinculan, sin perjuicio de
proceder a su detención, cuando así corresponda legalmente.
Artículo 7º.- También serán identificados los vehículos con los cuales
los manifestantes hubieran sido transportados. Si se registrare una
infracción a las reglas vigentes para los vehículos de los cuales se
trate y el tipo de actividad para la que estuvieran habilitados, o bien
de los conductores, se comunicará esa circunstancia a las autoridades
de contralor correspondientes. Si de los hechos surgiere claramente que
los conductores de esas unidades hubieren sido partícipes del delito,
en cualquier grado, en orden a las prescripciones del Código Penal de
la Nación Argentina, se procederá de acuerdo con la orden de la
autoridad judicial.
Artículo 8º.- Los datos de los autores, cómplices, instigadores y
organizadores que hubieren podido ser registrados por las Fuerzas
Policiales y de Seguridad Federales –ya se trate de organizaciones
formales o informales, con o sin personería jurídica, gremios o
partidos políticos– serán remitidos al MINISTERIO DE SEGURIDAD para su
comunicación a la autoridad de aplicación correspondiente, a los
efectos de la adopción de las medidas administrativas que corresponda.
Artículo 9°.- Cuando se observare la comisión de actos que
presumiblemente pudieran ocasionar daño ambiental en los términos de la
Ley N° 25.675, su reglamentación y normas complementarias, se dará
aviso al juez competente y a la autoridad ambiental correspondiente.
Artículo 10.- Los datos a los que se refiere el artículo precedente
serán también comunicados a la autoridad a cargo de la protección de
los menores cuando se comprobare que se ha llevado a niños o
adolescentes a la concentración, con riesgo de su integridad física y
en detrimento de su concurrencia a los establecimientos educacionales.
Artículo 11.- El MINISTERIO DE SEGURIDAD, por medio de sus servicios
jurídicos, podrá demandar judicialmente a las organizaciones a las que
se refiere el artículo 8º, así como a las personas individuales que
resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren
desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos. Asimismo, se
remitirán los datos a la jurisdicción pertinente, a los efectos de que
las entidades perjudicadas puedan iniciar acciones de resarcimiento por
los daños y perjuicios que hubieren sido ocasionados contra el
patrimonio público y las personas. En caso de tratarse de extranjeros
con residencia provisoria en el territorio argentino, se enviarán sus
datos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, a los fines pertinentes.
Artículo 12.- Por vía de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y POLITICA
CRIMINAL, o el área que en el futuro la remplace, de este Ministerio,
se creará un registro de las organizaciones que participan de las
acciones referidas en el artículo 1º, así como del número de
infractores identificados de cada una de esas entidades, sin inclusión
del nombre de las personas físicas hasta tanto no exista resolución
judicial sobre ellas.
Artículo 13.- Deróguese la Resolución del MINISTERIO DE SEGURIDAD N° 210 de fecha 4 de mayo de 2011.
Artículo 14.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Artículo 15.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Patricia Bullrich
e. 15/12/2023 N° 102905/23 v. 15/12/2023