Acordada 22/2025

Ciudad de Buenos Aires, 15/07/2025

Los señores Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:

I. Que, tal como lo ha sostenido reiteradamente, para esta Corte Suprema enfrentar la actividad delictiva, especialmente la delincuencia organizada y la corrupción, constituye una preocupación constante. En esta labor, resulta fundamental coordinar la colaboración interinstitucional y adoptar acciones concretas para la identificación, localización, embargo, secuestro y decomiso de bienes y el recupero de activos de origen ilícito.

Este deber forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, con base en el artículo 23 del Código Penal; el Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal – ley 27.063, t.o. decreto 118/2019-; la ley 20.785 y diversas normas que regulan regímenes especiales (22.091, 23.853, 23.737, 25.246, 26.364, entre otras). También se encuentra incorporado en convenciones internacionales contra el tráfico ilícito de estupefacientes (ley 24.072), la corrupción (leyes 24.759 y 26.097), la delincuencia organizada trasnacional y el terrorismo (ley 26.023).

II. Que, en este contexto, el artículo 3°, inciso b, de la ley 23.853 establece que constituyen recursos específicos y propios del Poder Judicial de la Nación, “el producto de la venta o locación de bienes muebles o inmuebles afectados al Poder Judicial de la Nación…”, “los efectos secuestrados en causas penales que no hayan podido entregarse a sus dueños” y los “objetos comisados”.

En cuanto a esos recursos, en la mencionada ley se dispone que el Tribunal “tendrá amplias facultades para (…) determinar el régimen de percepción, administración y contralor de sus recursos” (art. 8) y para “adoptar las medidas que considere convenientes para efectuar el control y exigir el cobro de [esos] recursos” (art. 9).

A fin de determinar el alcance de tales disposiciones, esta Corte dictó la acordada 37/91, en la cual precisó que constituye recurso específico y propio del Poder Judicial “los ‘efectos secuestrados’ en causas penales que no hayan podido entregarse sus dueños así como los ‘objetos comisados’ comprenden a todos los bienes de cualquier naturaleza que se encuentren sometidos a una decisión jurisdiccional dentro del proceso judicial…”, constituyendo ellos el recurso específico y propio del Poder Judicial a que se refiere el art. 3° inciso b) de la ley 23.853.

III. Que, en ejercicio de estas facultades legales, esta Corte ha desarrollado una prolífica actividad para reglar la gestión de estos bienes a lo largo de los años.

Inicialmente, se dictó normativa para determinar que el producto de la venta de efectos secuestrados con arreglo a la ley 20.785 y los depósitos de dinero, títulos y valores ingresen en cuentas bancarias a favor de la Subsecretaría de Administración (acordada n° 8/1991).

A su vez, se requirió información a diversas cámaras nacionales y federales sobre los bienes existentes y se planificó la creación de un registro informático (acordada n° 14/91).

Asimismo, se establecieron regímenes especiales, como la posibilidad de transferir sustancias e instrumental secuestrado bajo la ley 23.737 a laboratorios del Cuerpo Médico Forense (acordada n° 17/91).

IV. Que, ante la necesidad de optimizar la gestión de estos bienes y remediar las insuficiencias del parque automotor, la acordada n° 55/1992 consideró conveniente disponer el uso transitorio de vehículos secuestrados, posición que fue respaldada por el Tribunal de Cuentas de la Nación. Posteriormente, la resolución n° 31/1993 dispuso la utilización provisoria de vehículos hasta tanto se efectivizara su trámite de afectación y la resolución n° 68/1993 estableció el régimen para la asignación provisoria de automotores, incluyendo a las cámaras nacionales, juzgados federales con competencia penal, tribunales orales, el ministerio público con asiento en el interior del país y las fuerzas de seguridad.

Por su parte, la resolución n° 294/1994, estableció la obligación de los magistrados a cargo de los tribunales donde se encuentren vehículos secuestrados en los términos de la ley 23.737 de informarlos al Tribunal para que éste disponga su afectación y se determinó por acordada n° 32/2009 que la ley 26.348 sobre compactación de vehículos se aplica solo a aquellos que se encuentren en un estado de deterioro, mientras que los que se hallan en buen estado de conservación continúan sometidos al régimen de la acordada n° 55/1992 y la resolución n° 294/1994 como recursos propios.

Asimismo, por resoluciones n° 1298/1993 y 2283/2000 se aprobaron sendos convenios con la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, para constituir una Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición que se encargue de la recepción, administración y enajenación de los bienes puestos a su disposición por decomisos en causas originadas en infracciones a la ley 23.737.

El Tribunal, por su parte, ha reafirmado la aplicación del artículo 3°, inciso b de la ley 23.853, al abordar en un caso concreto el destino de los fondos derivados del producido de la venta de un bien decomisado (resolución n° 1897/2013).

V. Que ante el avance tecnológico y la necesidad de una administración más eficiente, esta Corte, mediante acordada 1/2013, creó la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal”(BBSD), en la cual ordenó inscribir la información completa de los bienes de cualquier naturaleza que se encuentren sometidos a decisión jurisdiccional y puedan devenir en recursos del Poder Judicial de la Nación en los términos del artículo 3, inc. b, de la ley 23.853.

Posteriormente, por acordada 33/2015, se reglamentó el funcionamiento de la BBSD y se estableció su uso obligatorio para todos los tribunales nacionales y federales de capital federal e interior de país, con competencia penal. Asimismo, se precisó el contenido de la información a registrar, la modalidad para su carga en el sistema informático y se enfatizó en la confidencialidad de dicha información.

VI. Que en la acordada n° 2/2018, que aprobó el “Reglamento de Efectos Secuestrados y Bienes Decomisados en Causas Penales”, se reitera la obligatoriedad de la inscripción de los bienes en la BBSD y se ratifica su utilidad pública, en beneficio de la sociedad.

A su vez, en línea con la política de gobierno abierto y la necesidad de garantizar la publicidad de los actos del Poder Judicial de la Nación, se dispone la publicación de los datos de los bienes allí inscriptos que se encuentren a disposición del Tribunal para su asignación, y reitera el requerimiento de confidencialidad previsto en el punto VI del anexo de la acordada 33/2015.

Por otra parte, en el reglamento anexo a la acordada 2/18, se prevé la posibilidad de la asignación provisoria de los bienes muebles secuestrados para uso del Poder Judicial de la Nación, de las fuerzas de seguridad o entidades de interés público.

VII. Que con posterioridad al dictado de la acordada 2/2018, comenzó la implementación paulatina del nuevo Código Procesal Penal Federal en el país a fin de instaurar el sistema acusatorio en el orden federal (ley 27.063, t.o. decreto 118/2019).

En dicho ordenamiento, se establece expresamente la separación de funciones entre jueces y fiscales. En tanto a estos últimos les corresponde la investigación de los delitos y por ende la promoción de la acción penal; aquellos son los únicos facultados para realizar actos propiamente jurisdiccionales y en ese sentido recae sobre ellos el deber de asegurar el respeto de las garantías constitucionales durante el proceso e imponer las penas y sus efectos accesorios.

En materia de bienes secuestrados, en el artículo 156 de ese cuerpo normativo se dispone que “los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia, a disposición del Ministerio Público Fiscal” y que “será obligación de las autoridades devolver los objetos secuestrados que no estén sometidos a decomiso, restitución o embargo a las personas legitimadas para poseerlos, inmediatamente después de realizadas las diligencias para las cuales se obtuvieron”. Por otra parte, en el artículo 310 se prevé que el decomiso de bienes en caso de condena será resuelto por el juez de la causa, en favor del Estado Nacional.

Se destaca que si bien al momento del dictado de la acordada 2/2018, el código ya había sido aprobado y publicado en el boletín oficial, su vigencia se encontraba supeditada a una ley posterior de implementación.

En esa oportunidad, este Tribunal entendió que las disposiciones del nuevo ordenamiento no modificaban sustancialmente el régimen de disposición de bienes secuestrados y decomisados previstos en el artículo 23 del Código Penal y la ley 23.853.

VIII. Que esa interpretación no ha variado con la efectiva y escalonada implementación del código en distintas localidades del país y es esta Corte la que legalmente se encuentra facultada para administrar los bienes que devienen en recursos propios y disponer su asignación provisoria y destino.

Sin embargo, la experiencia y las necesidades actuales justifican que otros órganos vinculados con la administración del servicio de justicia, como el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, así como otras reparticiones nacionales o locales, que acrediten fehacientemente una finalidad de interés público, puedan ser beneficiarias de asignaciones provisorias de bienes muebles secuestrados que por su valor económico y cultural puedan cumplir una utilidad social.

Ello permitiría una asignación más eficiente y directa de recursos a entidades que contribuyen significativamente en la lucha contra el delito y fortalecería aún más el impacto positivo de la recuperación de activos de origen ilícito, a la vez que optimizaría su utilización en beneficio de la sociedad.

IX. Que, asimismo, resulta frecuente que se decomisen o secuestren bienes que, por sus características, no ameritan o no son factibles de ser vendidos en una subasta, tales como útiles, alimentos no perecederos, herramientas, electrodomésticos, prendas de vestir, calzado u otros efectos de naturaleza similar.

Su mantenimiento en depósitos judiciales los expone a un deterioro progresivo y a una pérdida de valor de uso. Esa circunstancia, además de obligar a afrontar el correspondiente costo de almacenamiento, impide otorgarles una utilidad inmediata y concreta para la comunidad.

En esos casos, el magistrado interviniente puede disponer su entrega a las autoridades nacionales, provinciales o municipales o, en su defecto, a entidades de bien público debidamente registradas, con el objeto de que se destinen prioritariamente a programas vinculados con la asistencia a víctimas, educativos, de salud, reinserción social o contención de personas en situación de emergencia o vulnerabilidad.

X. Que, del mismo modo, corresponde establecer una regulación específica para los casos en los que los magistrados decomisen bienes inmuebles que puedan tener utilidad para la administración de justicia. En tales supuestos, los bienes podrán ser exceptuados de la obligación de la subasta y utilizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en coordinación con el Consejo de la Magistratura de la Nación del Poder Judicial de la Nación, por los tribunales de Justicia.

XI. Que, finalmente, se estima adecuado prever la posibilidad de que el Tribunal suscriba convenios interinstitucionales tendientes a promover una reutilización eficiente de los bienes en beneficio del interés público.

XII. Que, en este marco, resulta necesario aprobar un nuevo “Reglamento de efectos secuestrados que no puedan entregarse a sus dueños y objetos decomisados en causas penales”, que recepte las pautas del existente y las actualice y complemente a fin de lograr una mayor eficiencia, control y transparencia en la disposición de los bienes.

XIII. Que, por otra parte, de un relevamiento efectuado en la BBSD, desde su implementación a la fecha, se advierte un dispar cumplimiento de los distintos tribunales en la obligación de ingresar la información.

En consecuencia, con el fin de otorgar mayor transparencia al sistema, y teniendo en cuenta que la BBSD constituye la herramienta fundamental para el control y la correcta asignación de los bienes, resulta indispensable reforzar la obligación de los magistrados de proceder a su inscripción de manera completa y oportuna.

XIV. Que, en cuanto a ello, es de caso recordar que, mediante resolución 3506/2023, esta Corte hizo lugar a un reclamo de acceso a la información pública y ordenó, conforme los principios de publicidad y transparencia (art. 1º, ley 27.275 y punto dispositivo I, acordada 42/17), y en virtud de lo previsto en el punto dispositivo 3°) de la acordada 2/18; poner a disposición la lista de los bienes inscriptos en la BBSD, sin indicar la identidad de sus titulares y los detalles concretos de su identificación, en resguardo de la confidencialidad establecida en las acordadas 1/13 y 33/15.

En consonancia con lo allí resuelto, esta oportunidad resulta propicia para modificar el punto VI de la acordada 33/2015 y disponer que la información contenida en la BBSD deberá encontrarse disponible al público en general en un micro sitio en la página web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la preservación de la identidad de los titulares de los bienes y de los terceros y sin indicación de los detalles concretos de su identificación.

XV. Que con el objeto de facilitar el cumplimiento de esa tarea por parte de los tribunales y de simplificar el acceso a la información de las decisiones que se adoptan respecto de estos recursos, se considera necesario instruir a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura y a la Dirección de Sistemas del Tribunal, para que de manera conjunta desarrollen herramientas que optimicen tanto el proceso de carga de información como la difusión pública de los bienes disponibles para asignación o asignados.

XVI. Que, por otra parte, a fin de lograr una mejor articulación de los procedimientos previstos para la información, administración, afectación, asignación y disposición de los bienes secuestrados y comisados entre los distintos operadores del sistema, se estima conducente establecer mecanismos de cooperación y coordinación institucionales.

A esos efectos, bajo la supervisión de la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura, dependencia del Tribunal encargada de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en la materia, se creará una Unidad de Coordinación con competencia en materia penal de todo el país, que sustituirá la comisión creada mediante acordada 2/18.

La unidad, integrada por un Coordinador, funcionario de la mencionada dirección, y por referentes de las cámaras nacionales y federales con competencia penal y tribunales orales nacionales y federales, tendrá como objetivo primordial la coordinación y supervisión de la implementación efectiva de la presente acordada.

XVII. Que la presente se adopta en ejercicio de las competencias atribuidas por los artículos 108 y 113 de la Constitución Nacional y por los artículos 3°, inc. b), 8° y 9° de la ley 23.853 y concordantes.

XVIII. Que, en atención a la naturaleza de la decisión, resulta aplicable la excepción prevista en el punto dispositivo 6 de la acordada 15/2023. Asimismo, y en razón de la cantidad de Ministros habilitados que participan, la medida se adopta de acuerdo a lo establecido, en lo pertinente, en el punto dispositivo segundo de la acordada 12/2024.

Por ello,

ACORDARON:

1º) Aprobar el “Reglamento de efectos secuestrados que no puedan entregarse a sus dueños y objetos decomisados en causas penales” (“el Reglamento”), que forma parte de la presente como anexo I.

2º) Recordar a todos los magistrados que intervengan en causas penales donde corresponda el secuestro y decomiso de efectos, que deberán inscribir -con carácter obligatorio e inexcusable- la información completa de todos aquellos bienes que se encuentren sometidos a decisión jurisdiccional únicamente en la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal”.

La inscripción deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días corridos de dispuesto el secuestro, decomiso o afectación de un bien a una medida cautelar en el marco de un proceso penal.

La inscripción comprenderá necesariamente la totalidad de los bienes registrables y, en caso de los no registrables, aquellos que presenten un significativo valor o relevancia económica, artística, cultural, científica o armamentística. Los bienes que reúnan otras características se inscribirán a petición del magistrado interviniente en el proceso.

3°) Sustituir el punto VI del anexo de la acordada 33/2015, por el siguiente:

“VI. Publicidad de la base de datos.

La información ingresada en la base de datos se encontrará disponible en la página web del Tribunal, se deberá resguardar la identidad de los titulares de los bienes, de terceros y cualquier detalle concreto con el que se los pudiera identificar.

Estos últimos datos tendrán carácter reservado y sólo podrán ser suministrados a requerimiento de autoridad judicial competente, con intervención de la Secretaría General de Administración, por intermedio de la Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura”.

4°) Disponer que, además de lo ordenado en el punto anterior, se publicarán en un micro sitio en la página web de la Corte Suprema las afectaciones y las asignaciones de bienes que se dispongan de acuerdo con el Reglamento y las subastas que efectúen los tribunales en aplicación de la ley 20.785.

5°) Establecer que la Dirección General de Gestión Interna e Infraestructura será la encargada de velar por el cumplimiento de las previsiones de las acordadas 1/2013 y 33/2015 y de tramitar el procedimiento previsto en “el Reglamento”.

6º) Instruir a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura para que, conjuntamente con la Dirección de Sistemas, desarrollen e implementen las herramientas tecnológicas necesarias a fin de optimizar los procesos de inscripción de bienes en la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en Causas Penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal” por parte de los tribunales, y facilitar su difusión pública, en un todo de acuerdo con los principios de transparencia y los principios de gobierno abierto y preservando las condiciones de publicidad establecidas en el punto 3° de la presente.

7°) Ordenar que dentro de la estructura de la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura funcione una unidad de coordinación con las cámaras federales y nacionales con competencia en materia penal y los tribunales orales federales y nacionales, con los objetivos y funciones que se aprueban en el anexo II de la presente.

8°) Requerir a las cámaras nacionales y federales con competencia en materia penal y a los tribunales orales nacionales y federales que designen a los referentes necesarios para actuar en coordinación con los funcionarios de la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura, de acuerdo con el artículo 3 del Anexo II.

9°) Disponer que resultará nulo cualquier procedimiento de disposición de bienes que no se adecue a las pautas reguladas en la presente acordada y en su anexo I.

10°) Dejar sin efecto la acordada 2/2018, sin perjuicio de mantener las asignaciones de bienes dispuestas hasta el dictado de la presente.

11°) Hacer saber lo aquí dispuesto a las cámaras nacionales y federales con competencia en materia penal y, por su intermedio, a los juzgados y a todos los tribunales orales nacionales y federales, y a las autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Nación y del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se comunique, se publique en el sitio web del Tribunal, en el Boletín Oficial y se registre en el libro correspondiente, de lo que doy fe.

Horacio Daniel Rosatti - Carlos Fernando Rosenkrantz - Ricardo Luis Lorenzetti - Gerardo Gabriel Prataviera

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Acordada se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-