MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL

Y

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

Resolución Conjunta 4/2025

RESFC-2025-4-APN-MSG

Ciudad de Buenos Aires, 26/08/2025

VISTO el Expediente EX-2025-90328022- -APN-SLCNYCO#MSG, la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional aprobada por Ley N° 25.632, la Convención Interamericana contra el Terrorismo aprobada por Ley N° 26.023, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo aprobado por Ley N° 26.024, las Resoluciones 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009) y 1989 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Código Penal de la Nación Argentina (t.o. 1984 actualizado), la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438 de 1992) y sus modificatorias, la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y sus modificatorias, el Decreto Nº 1235 del 5 de octubre de 2001, el Decreto 918 del 12 de junio de 2012 modificado por los Decretos N° 489 del 16 de julio de 2019 y N° 496 del 5 de junio de 2024; y

CONSIDERANDO:

Que conforme con la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la REPÚBLICA ARGENTINA se ha comprometido a promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada trasnacional (artículo 1).

Que la Convención Interamericana contra el Terrorismo sienta que los Estados Parte deben establecer un régimen jurídico y administrativo para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo y para lograr una cooperación internacional efectiva al respecto, incluyendo medidas que aseguren que las autoridades competentes dedicadas a combatir los delitos cometidos con fines terroristas y de financiación del terrorismo tengan la capacidad de cooperar e intercambiar información en los niveles nacional e internacional (artículo 4).

Que por medio del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, el Estado Argentino se comprometió a tipificar conforme a su legislación interna los delitos de financiación del terrorismo, como así también a sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su carácter grave (artículo 4).

Que mediante las Resoluciones 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009) y 1989 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se alienta a los países a incorporar procedimientos de inclusión y exclusión de personas, grupos o entidades a las listas elaboradas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) de las Naciones Unidas.

Que el artículo 41 quinquies del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA establece penas especialmente agravadas cuando los delitos penales son cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

Que el artículo 306 del código citado castiga a quienes directa o indirectamente recolecten o provean bienes u otros activos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán empleados para financiar la comisión de un delito con la finalidad del artículo 41 quinquies.

Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. 438/1992) y sus modificatorias, establece que compete al MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL entender en la producción de información que concierne a las Fuerzas de Seguridad y Policiales; en la determinación de la política criminal y de prevención del delito, incluyendo la elaboración de planes y programas para su aplicación, y en la coordinación de las acciones tendientes a solucionar situaciones extraordinarias o emergencias que se produzcan en el territorio de la Nación (artículo 22 bis, incisos 8, 14 y 17).

Que, por su parte, el inciso 10 del artículo 18 de la aludida Ley de Ministerios establece que es competencia del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO entender en la política de desarme, seguridad y antiterrorismo internacional.

Que la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y sus modificatorias dispone que es competencia del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL ejercer la conducción política del esfuerzo nacional de policía, como así también coordinar el accionar de las FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD FEDERALES entre sí y con los cuerpos policiales provinciales (artículo 8°).

Que mediante el Decreto Nº 1235 del 5 de octubre de 2001 se aprobó la Resolución 1373 (2001) adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 28 de septiembre de 2001, mediante la cual se reafirma la necesidad de luchar con todos los medios contra las amenazas a la paz y la seguridad internacionales representadas por los actos de terrorismo. Se decidió, entre otras cosas, que todos los Estados prevengan y repriman la financiación de los actos de terrorismo; congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan, adopten las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, inclusive mediante la provisión de alerta temprana a otros Estados mediante el intercambio de información. También se deben proporcionar, recíprocamente, el máximo nivel de asistencia en lo que se refiere a las investigaciones o los procedimientos penales relacionados con la financiación de los actos de terrorismo o el apoyo prestado a éstos, inclusive por lo que respecta a la asistencia para la obtención de las pruebas que posean y que sean necesarias en esos procedimientos.

Que el Decreto 918/12 y sus modificatorios creó dentro del ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA el REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET), el que tiene como fin brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas con actos de terrorismo o su financiamiento y facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento (artículo 24).

Que el citado Decreto establece que deberá inscribirse en el RePET a toda persona humana, jurídica o entidad sobre la cual el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL y el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, en el marco de sus funciones, investigaciones o reportes, tuvieran motivos fundados para sospechar que se encuentra vinculada con una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional.

Que, a tales efectos, el artículo 25 inciso d) apartado i. establece como requisitos que “El análisis de la amenaza a la seguridad nacional deberá considerar, entre otros elementos, la existencia real o potencial de riesgos ciertos para la seguridad interior del Estado argentino y/o para la vida, bienes y patrimonio de sus nacionales y habitantes, por parte de la persona humana, jurídica o entidad que se pretende inscribir. A los efectos de determinar la existencia de tales riesgos se deberá tener en cuenta la información recibida mediante los mecanismos de cooperación interestatal establecidos en instrumentos internacionales, entre otras fuentes. En este supuesto, el MINISTERIO DE SEGURIDAD y el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, conjuntamente, comunicarán al Registro la solicitud de inscripción, previa conformidad del MINISTERIO DE JUSTICIA.”

Que, a partir del análisis efectuado, se ha verificado que el Cártel de los Soles mantiene una vinculación operativa y de intereses con la organización Tren de Aragua y presenta elementos que permiten sustentar razonablemente su vinculación con actividades ilícitas como narcotráfico, minería ilegal y contrabando de combustible, hasta el control de extracción y contrabando de oro, coltán y otras piedras preciosas. Todo ello evidencia un entramado de colaboración criminal que amplifica el alcance de sus actividades ilícitas, incluyendo financiamiento del terrorismo y su impacto en la región.

Que los informes bases de la presente resolución contienen información valorada positivamente y elementos concordantes con antecedentes internacionales, incluyendo sanciones, designaciones en registros oficiales de otros Estados y organismos multilaterales, así como datos obtenidos a partir de fuentes cooperantes que permiten sustentar fundadamente las inclusiones dispuestas.

Que, de acuerdo con la normativa vigente, la inclusión en el REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET) no requiere sentencia penal firme, siendo suficiente la existencia de indicios consistentes y verificados que permitan adoptar medidas específicas con el objetivo de afectar la operatividad de estas organizaciones y prevenir la comisión de nuevos actos ilícitos, sin afectar derechos de terceros ni de la sociedad civil en su conjunto.

Que el crimen organizado constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público que demanda respuestas urgentes y contundentes por parte de los distintos actores del Estado involucrados en la prevención, la investigación y la represión de la criminalidad organizada.

Que la colaboración y el intercambio de información facilitan desarrollar una estrategia más efectiva que contemple aspectos vinculados con la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de delitos de crimen organizado.

Que, en consecuencia, resulta necesario impulsar sin dilaciones las gestiones administrativas pertinentes para proceder a la inscripción de las organizaciones mencionadas en el REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET).

Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL y del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 18 y 22 bis de la Ley de Ministerios N°22.520 (T.O.1992) y sus modificatorias y lo dispuesto en el apartado I del inciso d) del artículo 25 del Decreto N° 918/2012 y sus modificatorias.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD NACIONAL

Y

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°- Declárense reunidos los requisitos establecidos en el artículo 25 inciso d) del Decreto N° 918/2012 y sus modificatorios, para la inscripción de la organización “Cártel de los Soles” en el REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET) por los motivos expuestos en los considerandos de la presente medida.

ARTÍCULO 2°- Dese intervención al MINISTERIO DE JUSTICIA para la prosecución del trámite de conformidad con la normativa vigente.

ARTÍCULO 3°- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su dictado.

ARTÍCULO 4°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Patricia Bullrich - Gerardo Werthein