Bs. As., 11/1/2002

VISTO y CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional se halla empeñado en trasmitir a la opinión pública la claridad de su gestión.

Que, para el logro de ese objetivo, resulta imprescindible que los ciudadanos que designe el Poder Ejecutivo Nacional para el ejercicio de funciones públicas, acrediten una conducta honesta, digna y decorosa, acorde con la jerarquía y responsabilidad de las tareas a desempeñar, observando y respetando los principios y pautas éticas establecidas en la Ley N° 25.188: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana.

Que, para ello, se estima oportuno disponer que la propuesta de designación sea acompañada de un certificado de antecedentes, antecedentes, actualizado, expedido por la Dirección Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la pertinente declaración jurada, suscripta por el interesado con ajuste a las disposi-ciones que, en materia de incompatibilidades y conflicto de intereses, contienen los artículos 13 a 16 de la Ley N° 25.188 y sus modificaciones.

Que el presente decreto se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1° — Las designaciones que se sometan a la firma del Primera Magistrado deberán ser acompañadas de un certificado de antecedentes, actualizado, con relación al interesado, expedido por la Dirección Nacional de Reincidencia del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y de la pertinente declaración jurada del funcionario a designar, suscripta por el interesado con ajuste a las disposiciones que, en materia de incompatibilidades y conflicto de intereses, contienen los artículos 13 a 16 de la Ley N° 25.188 y sus modificaciones.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DUHALDE. — Rodolfo Gabrielli.