12 Desde el año 1999, la Administración de Parques Nacionales ha pasado a depender de la Secretaría de Turismo, Ministerio de Turismo y Deporte, por lo que el rol vertebrador del Sistema Nacional de Areas protegidas deberá ser asumido ahora por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en conjunto con esa Administración, al comprender zonas que se encuentran bajo la órbita de competencia de ambos organismos. En este sentido, por indicación del COFEMA, se está avanzando en un acuerdo para institucionalizar la Red de Areas Protegidas en el corto plazo.

1.3. Promover el establecimiento de Sistemas Provinciales de Areas Protegidas, asignando claramente la responsabilidad por el manejo de los mismos a un único organismo específico en el ámbito de cada provincia y su incorporación al Sistema Nacional de Areas Protegidas.

1.4. Compatibilizar y articular políticas y criterios para la gestión de áreas protegidas de jurisdicción federal y provinciales, incluyendo la homologación de las categorías de manejo dentro del Sistema Nacional.

1.5. Revitalizar el funcionamiento de la Red Nacional de Cooperación Técnica en Areas Protegidas, como instancia de cooperación y asistencia técnica entre organismos nacionales, provinciales, municipales y no gubernamentales.

Completar la cobertura para que estén representados en el Sistema Nacional de Areas Protegidas todos los principales ecosistemas de cada biorregión del país.

2.1. Establecer criterios consensuados para la selección y establecimiento de nuevas áreas protegidas, a nivel de ecorregiones y de sitios específicos.

2.2. Establecer criterios para evaluar la situación de las áreas protegidas existentes y, en particular, su nivel de aporte a la conservación de la biodiversidad a nivel ecorregional.

2.3. Fomentar estrategias biorregionales para la implementación de corredores ecológicos que aseguren la mayor conectividad posible entre las áreas protegidas, disminuyendo sus riesgos de insularización.

2.4. Desarrollar mecanismos para fomentar la creación voluntaria de áreas protegidas en tierras privadas, especialmente en aquellas áreas que contribuyan a completar la cobertura y representación del Sistema Nacional de Areas Protegidas.

Incrementar la creación y desarrollo de áreas protegidas correspondientes a las categorías de manejo de uso menos frecuente en el país.

3.1. Incrementar la creación de las reservas en las que se compatibilicen la conservación con el uso sostenible, como zonas de amortiguación de las áreas de protección más estricta.

3.2. Impulsar la creación de reservas provinciales que configuren zonas de amortiguación en torno de los Parques Nacionales, a fin de perfeccionarlas como unidades de conservación de la biodiversidad.

3.3. Impulsar la creación de reservas naturalculturales, que armonicen el uso de la propiedad comunitaria de la tierra por pueblos indígenas, mediante el uso sostenible, en la conservación de la biodiversidad.

Fortalecer las capacidades de los organismos encargados de la administración de áreas protegidas.

4.1. Reforzar la capacitación del personal encargado de la planificación, administración y control de las áreas protegidas.

4.2. Reforzar los mecanismos de financiamiento estatal de las áreas protegidas, desarrollando estrategias de captación de fondos en los contextos nacional e internacional.

Fortalecer la capacidad de gestión de las áreas protegidas de modo de cumplir eficazmente con los objetivos fijados al momento de su creación.

5.1. Llevar a cabo la implementación de las áreas protegidas ya creadas, dotándolas de los medios necesarios.

5.2. Elaborar e implementar Planes de Manejo para cada área protegida.

5.3. Integrar efectivamente a las Areas Protegidas en el Plan Nacional de Manejo del Fuego.¹³

13 El Sistema Federal de Coordinación y Asistencia contra Incendios Forestales, implementado a través del Plan Nacional de Manejo del Fuego por Resolución Nº 0856 del 22 de junio de 2001 de la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental (hoy Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable), está integrado por los organismos específicos provinciales y nacionales con responsabilidad jurisdiccional sobre los recursos naturales. Por lo tanto, las áreas protegidas de cada jurisdicción están incorporadas a los planes de defensa que cada organismo proponga y en consecuencia, están comprendidas en el Sistema. Por otra parte, debido a los cambios en las estructuras de la Administración Pública Nacional ocurridos en el año 1999, la Administración de Parques Nacionales pasó a depender de la entonces Secretaría de Turismo, por lo cual resultó necesario brindar un nuevo marco a la relación con ese organismo en lo relativo a lucha contra incendios. Por ello, con fecha 26 de julio de 2001, se suscribió un Acuerdo de Cooperación entre la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental y la Administración de Parques Nacionales, referido específicamente a la integración de esa Administración al Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Dados los avances producidos en la adecuación del marco federal de la implementación del Plan Nacional de Manejo del Fuego y el hecho de que en el Sistema Federal de Coordinación y Asistencia contra Incendios Forestales se encuentran claramente delimitadas las responsabilidades de los distintos organismos nacionales y provinciales en esta materia, el lineamiento estratégico propuesto ha quedado desactualizado, por lo cual se considera apropiado plantear un nuevo objetivo: lograr una efectiva y eficiente estructura jurisdiccional de planificación y acción frente a incendios forestales, así como la elaboración de planes de defensa provinciales que incluyan a las áreas protegidas de cada provincia, o a los planes de defensa para cada uno de los Parques Nacionales.

5.4. Establecer mecanismos de consulta y participación en su gestión, con los sectores directamente interesados y con las poblaciones vecinas a las áreas protegidas.

5.5. Generar acuerdos institucionales entre los organismos administradores de áreas protegidas, las universidades y los organismos de investigación y extensión, las organizaciones no gubernamentales y pueblos indígenas, para el desarrollo de programas de uso sostenible en las reservas de uso múltiple, o en zonas de amortiguación de las áreas protegidas estrictas.

5.6. Fomentar la realización de proyectos de investigación científica relevantes para el manejo de las áreas protegidas, en base a las necesidades detectadas durante la elaboración de los Planes de Manejo.

5.7. Establecer programas de monitoreo para cada área protegida.

5.8. Establecer vínculos de cooperación con los países limítrofes con los que se comparten áreas protegidas fronterizas, a efectos de acordar pautas comunes de manejo de las mismas.

Fomentar una relación más estrecha de la sociedad con las áreas protegidas

6.1. Crear mecanismos de participación de las comunidades locales en la gestión de las áreas protegidas, generando canales de comunicación con sus representantes.

6.2. Implementar acciones de capacitación y extensión hacia grupos comunitarios en las zonas de influencia de las áreas protegidas, generando oportunidades de creación de empleo privado en los servicios asociados.

6.3. Fortalecer la capacidad de los organismos administradores para difundir su actividad y sus logros hacia distintos sectores de la sociedad y transmitir información sobre los beneficios del establecimiento y correcto manejo de las áreas protegidas.

6.4. Desarrollar estudios de valorización económica y cultural de los bienes y servicios ambientales provistos por las áreas protegidas, difundiendo ampliamente las conclusiones de los mismos.

Evaluar el estado de las poblaciones de las especies silvestres y su estado de conservación in situ; verificar el alcance de las medidas de conservación, así como establecer los mecanismos complementarios que aseguren la supervivencia de las especies amenazadas; tomar medidas urgentes para promover la recuperación de las poblaciones de aquellas especies que ya se encuentran en estado crítico.

Elaborar un diagnóstico del estado de conservación de las especies silvestres en el país.

1.1. Elaborar y/o revisar las listas de especies y hábitats amenazados.

1.2. Establecer criterios y mecanismos para evaluar el grado de protección in situ de las especies silvestres y sus hábitat.

Identificar, estudiar y establecer programas de monitoreo de las poblaciones de especies amenazadas y sus hábitat.

2.1. Determinar el estado poblacional de las especies amenazadas y sus requerimientos de hábitat.

2.2. Realizar monitoreos permanentes de las poblaciones de especies amenazadas.

Brindar protección legal efectiva a las especies silvestres amenazadas.

3.1. Elaborar y aplicar políticas orientadas a la implementación de medidas especiales para la conservación de especies amenazadas.

3.2. Generar el marco legal y operativo que garantice la protección de las especies amenazadas.

Desarrollar programas para la conservación in situ y ex situ de las especies amenazadas.

4.1. Mantener poblaciones viables de las especies amenazadas in situ.

4.2. Implementar una estrategia de conservación ex situ para especies amenazadas.

4.3. Articular los programas de conservación in situ y ex situ.

4.4. Desarrollar programas para el manejo y/o restauración de los hábitats de especies amenazadas.

4.5. Procurar la recuperación de las poblaciones amenazadas y la reintroducción de especies que han sufrido extinciones locales o regionales.

Aplicar el principio de precaución, según el cual toda introducción se presupone potencialmente perjudicial para el ambiente, la diversidad biológica, la calidad de vida y las distintas actividades humanas; establecer severas restricciones a la importación e introducción voluntaria o accidental de nuevas especies exóticas; fortalecer los mecanismos de control del tráfico de especies vivas, incluyendo los aspectos fito y zoosanitarios, y en todos los casos exigir la evaluación previa de riesgos e impactos involucrados; crear conciencia en el ámbito de los distintos sectores de la comunidad sobre los riesgos y perjuicios derivados de la introducción voluntaria o accidental de especies exóticas; desarrollar programas para revertir o mitigar los efectos negativos ocasionados por las especies ya establecidas.¹⁴

14 La Sexta Reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (La Haya, abril de 2002), mediante Decisión VI/23 "Especies exóticas que amenazan a los ecosistemas, los hábitat o las especies" aprobó los "Principios rectores para la prevención, introducción y mitigación de impactos de especies exóticas que amenazan los ecosistemas, los hábitats o las especies". Siendo la República Argentina parte del Convenio, los principios rectores adoptados complementan los objetivos y orientaciones estratégicas y serán tenidos en cuenta en su desarrollo e implementación.

Prevenir introducciones involuntarias o accidentales nuevas mediante el fortalecimiento de los mecanismos de control fito y zoosanitarios, aduaneros, etc.

1.1. Desarrollar estrategias de cuarentena, analizar el riesgo de introducciones accidentales de patógenos y de organismos asociados a organismos vivos, productos derivados u otras vías.

1.2. Realizar una adecuada fiscalización y verificación taxonómica de las introducciones.

Reglamentar la introducción deliberada de especies y variedades exóticas necesarias para la producción, la investigación o cualquier otro uso, incorporando mecanismos de evaluación de impacto ambiental.

2.1. Modificar la legislación vigente, tendiendo a generar normas más restrictivas, tanto en el ámbito nacional como provincial que, ante solicitudes de introducciones o traslocaciones, exija la previa Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), incluida la evaluación de riesgos, y las garantías correspondientes.¹⁵

15 En el año 1997, la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable dicta la Resolución Nº 376, que establece que cualquier introducción de ejemplares de una nueva especie exótica al país deberá estar precedida por una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y los contenidos mínimos que deberán integrar el Estudio de Impacto Ambiental. Hasta la fecha, no se ha otorgado autorización para la introducción de ninguna especie exótica nueva de la fauna silvestre.

2.2. Establecer en la legislación el principio por el cual, en el caso de especies introducidas legalmente que resulten perjudiciales, el resarcimiento por daños y los gastos de restitución puedan recaer sobre la(s) persona(s) física(s) o jurídica(s) responsables de la introducción y distribución.

2.3. Prever, evaluar y designar áreas de cuarentena y de evaluación inicial de las introducciones bajo condiciones seguras y de bajo riesgo.

Desarrollar y definir una política consensuada para prevenir la introducción de especies exóticas y para estimular el uso de especies nativas equivalentes.

3.1. Lograr acuerdos regionales para adoptar y coordinar mecanismos de prevención y control efectivos de invasiones biológicas.

3.2. Crear conciencia en los distintos sectores de la comunidad sobre los riesgos y perjuicios potenciales que trae aparejada la introducción de especies exóticas.

3.3. Fomentar alternativas de producción con especies autóctonas.

Establecer mecanismos de detección y control temprano sobre especies exóticas nuevas, y revertir o mitigar los efectos negativos ocasionados por las especies exóticas ya establecidas.

4.1. Desarrollar sistemas de seguimiento, fiscalización y monitoreos regulares para la detección temprana de nuevas colonizaciones y la erradicación de focos iniciales.

4.2. Definir y aplicar métodos de medición de la magnitud de una invasión.

4.3. Alentar la formulación e implementación de planes de manejo de especies exóticas ya establecidas, teniendo en cuenta a todos los sectores involucrados.

La articulación y el fortalecimiento de los centros de conservación ex situ del país deberá planificarse de forma tal que complemente y contribuya a la conservación in situ y al uso sostenible de los componentes de la biodiversidad, y que facilite la implementación de procesos educativos, científicos y tecnológicos.

Promover la complementariedad entre la conservación in situ y la conservación ex situ, a través del fortalecimiento conjunto y coordinado de la conservación in situ por parte de pueblos indígenas, criollos y otras comunidades locales y de los bancos de germoplasma de organismos científico- tecnológicos del país.

Reforzar la capacidad institucional de modo de lograr articulación y pertinencia de la conservación ex situ de recursos biológicos vegetales, animales y de microorganismos.

1.1. Elaborar un plan nacional para la coordinación de los sitios de conservación ex situ.

1.2. Insertar la conservación ex situ de la biodiversidad en los planes, programas y proyectos de conservación in situ, de uso sostenible y de acceso a los recursos genéticos y de transferencia de tecnología asociada.

1.3. Consolidar el establecimiento de mecanismos que aseguren la provisión constante de recursos humanos, de infraestructura, equipamiento y financiamiento a largo plazo, a fin de no poner en peligro los recursos biológicos conservados ex situ.

1.4. Fortalecer la recolección planificada y selectiva de recursos biológicos.

1.5. Promover la investigación y el desarrollo sobre recursos biológicos conservados ex situ.

1.6. Crear un sistema amplio de información relativo a los recursos conservados ex situ.

1.7. Perfeccionar los sistemas de vigilancia y alerta para evitar la pérdida de recursos biológicos.

Promover la complementación de la conservación ex situ por parte del sector científico-tecnológico en relación con el sector privado empresarial a través de la implementación de proyectos y actividades conjuntas.

Contribuir al reconocimiento y la creación de conciencia acerca del interés de los valores y la importancia de la biodiversidad, a través de la utilización de los medios y recursos desarrollados para la conservación ex situ.

Partiendo de la base de los términos definidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica, se acuerda que a efectos de arribar a un marco jurídico de acceso, dichos términos requerirán de una mayor especificación. Para dicha especificación se propone un proceso de consulta que abarque a los sectores directamente involucrados y que a su vez sea ágil y diligente, de modo de contar con los resultados en el menor tiempo posible.¹⁶

16 La Sexta Reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (La Haya, abril de 2002), mediante Decisión VI/24 "Acceso y distribución de beneficios en relación con los recursos genéticos" , aprobó las "Directrices de Bonn sobre Acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización" . Siendo la República Argentina parte del Convenio, las directrices aprobadas complementan los objetivos y orientaciones estratégicas y serán tenidos en cuenta en su desarrollo e implementación.

Sin perjuicio de la implementación de dicha propuesta, se avanza sobre el planteo de dos recomendaciones específicas:

a) En la definición del significado de "recurso genético", deberá tenerse en cuenta que todas las formas de vida poseen valor potencial, ya que: siempre cabe la posibilidad de descubrir un nuevo uso de las mismas y toda especie posee un valor intrínseco al contribuir con el funcionamiento de los ecosistemas, sean éstos aprovechados o no.

b) El alcance de un régimen de acceso debe necesariamente abarcar a la totalidad de las formas de vida (excepto la humana).

Crear un sistema integrado a nivel nacional que, sobre la base de la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, la transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, facilite el acceso y la transferencia de los recursos genéticos vegetales, animales y microbianos, sean éstos silvestres o no, así como sus derivados, y facilite el acceso, el desarrollo y la transferencia de dichas tecnologías.

Reforzar las capacidades internas para aumentar los conocimientos sobre los recursos genéticos y las tecnologías nacionales (incluyendo las prácticas tradicionales e innovaciones de los pueblos indígenas, criollos y otras comunidades locales) asociadas a dichos recursos, de modo de facilitar el acceso a los mismos, para el desarrollo socioeconómico y tecnológico y para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad del país.

1.1. Establecer grupos de trabajo intersectorial e intrasectorial y reforzar los existentes, para facilitar la planificación y la gestión relativas al acceso a recursos genéticos, al acceso a tecnología asociada y a su transferencia y a estrategias de protección de los derechos de propiedad intelectual.

1.2. Integrar la problemática del acceso a los recursos genéticos y del acceso a la tecnología en las estrategias de conservación de la biodiversidad y uso sostenible de sus componentes.

1.3. Establecer un sistema integrado de información relativa a recursos genéticos y tecnologías pertinentes a la conservación de la biodiversidad y uso sostenible de sus componentes, con garantías legales e institucionales de acceso y/o protección de dicha información.

1.4. Incorporar los aspectos vinculados al acceso a los recursos genéticos y acceso a la tecnología y a su transferencia en los procesos de establecimiento de prioridades de investigación, tanto del área biológica como social, con el propósito de incrementar el esfuerzo tecnológico interno y la capacitación y formación de cuadros técnicos y científicos.

Asegurar que los pueblos indígenas, criollos, otras comunidades locales y personas que posean información y conocimientos locales relacionados con recursos genéticos del país o con tecnologías asociadas, compartan beneficios cuando se haga uso de dichos recursos, información, conocimientos o tecnologías.

2.1. Reconocer los conocimientos ancestrales, las prácticas y las innovaciones de los pueblos indígenas sobre los recursos genéticos y respaldar los esfuerzos dirigidos a asegurar y promover las prácticas tradicionales y a que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas cuando se convengan acuerdos de accesos.

2.2. Asegurar a los pueblos indígenas, criollos y otras comunidades locales, la participación en la gestión y distribución de los resultados y beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos cuando se convengan acuerdos de acceso.

2.3. Asegurar la incorporación de los valores culturales en los criterios de selección, diseño y evaluación de acuerdos de acceso a recursos genéticos y tecnologías, así como de otros vinculados.

2.4. Promover la participación de los productos derivados de la utilización de técnicas tradicionales o de recursos genéticos locales en mercados nacionales e internacionales.

2.5. Promover la participación de las comunidades locales en procesos estratégicos de desarrollo de nuevos mercados para los productos y procesos derivados de recursos genéticos locales o que utilicen tecnologías tradicionales.

Acelerar el proceso tendiente a crear un Régimen Básico para el acceso a recursos genéticos, como presupuesto mínimo de nivel nacional en el sentido del Artículo 41 de la Constitución Nacional.

Las Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que puedan derivarse de los recursos genéticos, aprobadas durante la Sexta Reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, brindan elementos útiles para la elaboración de los regímenes pertinentes y también pueden servir como mecanismo transitorio de regulación del acceso.

Sin perjuicio de ello, se han efectuado algunas recomendaciones específicas a ser tenidas en cuenta:

— Dada la importancia que tienen para el desarrollo científico-tecnológico del país, no restringir las actividades de bioprospección que llevan adelante diversas instituciones, sean éstas nacionales o provinciales; ni restringir la suscripción de acuerdos para desarrollos científico-tecnológicos.

— No obstante ello, deberá asegurarse que la bioprospección y los acuerdos que involucran recursos genéticos o sus derivados se realizará mediante el establecimiento previo de acuerdos con pueblos indígenas, criollos, otras comunidades locales y en todos los casos con el consentimiento de las provincias involucradas.

— Algunos participantes y los representantes de los pueblos indígenas, sostuvieron que debe establecerse una moratoria a las actividades de bioprospección, como forma de lograr la sanción de una legislación que garantice los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades locales por parte del Congreso Nacional.

— Resulta necesario incorporar en el Régimen Básico de Acceso, una cláusula transitoria relativa a los países que no han ratificado el Convenio sobre Diversidad Biológica, con las siguientes recomendaciones específicas:

* Que todo acuerdo se realizará en el marco de los términos que fija el Convenio sobre Diversidad Biológica.

* Que todo acuerdo de acceso se realizará bajo la totalidad de los términos que fije el Régimen Básico.

* Tener en cuenta especialmente la situación de los Estados no Partes en el Convenio sobre Diversidad Biológica.

3.1. Ejercer la soberanía nacional sobre los recursos genéticos y regular su aprovechamiento.

3.2. Legislar sobre el acceso a recursos genéticos.

Se recomienda adoptar un planteo de nulidad de mecanismos de propiedad intelectual cuando no se declare el origen del material genético empleado, aún no habiéndose establecido el Régimen Básico de Presupuestos Mínimos. En el caso que no se cuente con la autorización de estado proveedor, se podría negar la concesión de patentes o derechos de propiedad intelectual.

Al sancionar el Régimen Básico de Presupuestos Mínimos de Acceso, es necesario establecer expresamente esta nulidad.

3.3. Definir cuestiones específicas derivadas de la obligatoriedad de crear un marco para que se produzca el acceso y la transferencia de las tecnologías que utilizan recursos genéticos (y otras).

3.4. Asegurar que el régimen de acceso a los recursos genéticos y mecanismos de propiedad intelectual se diseñe, implemente y regule sobre la base de consultas intersectoriales e intrasectoriales.

3.5. Implementar un proceso de relevamiento de las capacidades internas, incluyendo en el mismo a los organismos de seguridad, de control técnico y de control administrativo.

Se sugiere elevar a la Organización Mundial de Comercio (OMC) una posición que señale que las cuestiones relativas a propiedad intelectual y derechos sobre conocimientos involucrados con recursos genéticos, sean analizadas por la Organización Mundial sobre Propiedad Intelectual (OMPI) y que sea éste el órgano que, sobre la base de los acuerdos internacionales preexistentes (FAO, UPOV, UNESCO, OIT), proponga recomendaciones para el momento en el que la OMC revise las nuevas reglas sobre propiedad intelectual en la sección TRIPs (Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio).

Se sugiere además que la agencia que actúe como autoridad nacional en materia de acceso a recursos genéticos, incluya una sección fortalecida en materia de derechos de propiedad intelectual.

Es fundamental que el mito de país rico en recursos y sin problemas ambientales sea revisado, evaluado y discutido en todos los ámbitos, analizando en la forma más amplia la relación entre bienestar económico futuro, aprovechamiento sostenible, y conservación de la biodiversidad y afrontar, como una inversión a futuro de crucial importancia, los pasos necesarios para la elaboración del Estudio País y la ejecución del Plan de Acción resultante con amplia colaboración de los sectores interesados.

No existe en la sociedad una percepción generalizada del valor de la diversidad biológica, quizás como consecuencia de la falta de apreciación del valor de la condición de diversidad. Se cree que las especies autóctonas carecen de valor productivo, sin tener en cuenta que la estabilidad de los ecosistemas frente a las perturbaciones y su capacidad de recuperación están íntimamente ligadas a su biodiversidad. No existe un conocimiento generalizado de que las especies y los ecosistemas son el resultado de millones de años de adaptación y evolución y por ende, un archivo invalorable de información y de recursos biológicos potenciales.

Se requiere, por lo tanto, incluir el tema de la Biodiversidad en las prioridades de los organismos promotores de ciencia y técnica, mejorar la vinculación entre los sectores académicos y gubernamentales, y lograr que los organismos académicos incrementen el acceso a recursos financieros nacionales e internacionales, mejorando su capacidad de gestión y su coordinación con los organismos gubernamentales.

Es necesario fortalecer y fomentar la investigación básica y aplicada, en particular en las áreas del conocimiento que permitan conocer la composición y dinámica de los ecosistemas naturales y poner en práctica formas de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, estableciendo prioridades y procurando lograr a través de la extensión hacia los usuarios de la biodiversidad, la difusión de ese conocimiento. Por último, es necesario generar un marco ético de colecta y uso científico de la biodiversidad.

Incluir el tema de la biodiversidad en la agenda de políticas científico-tecnológicas, con definiciones precisas y consensuadas de las áreas principales de investigación (diversidad genética, especies, ecosistemas, conservación, uso sostenible) que permitan coordinar los planes de investigación con las necesidades de legislación, administración, conservación y uso.

1.1. Formalizar la inclusión de la temática de la Biodiversidad en los planes y políticas de investigación.

1.2. Generar un marco conceptual consensuado para la planificación de la investigación referida a la Biodiversidad.

1.3. Coordinar líneas de investigación con los usuarios del conocimiento.

Suscribir acuerdos que comprometan a los organismos técnicos y científicos con la Estrategia Nacional de Biodiversidad; crear foros de seguimiento y organizar redes de cooperación, tendientes a promover la investigación y transferencia de conocimientos; fortalecer la capacidad y las relaciones de las instituciones y de los recursos humanos vinculados al tema.

2.1. Subscribir acuerdos y crear foros para la implementación y el seguimiento de la Investigación referida a la Estrategia Nacional de Biodiversidad.

2.2. Implementar sistemas de coordinación regionales de accionar multisectorial que generen y promuevan programas de investigación y de intercambio.

2.3. Atender Requerimientos Regionales Especiales tendientes a nivelar la capacidad de investigación y desarrollo en las distintas regiones del país.

2.4. Generar un mecanismo de alcance nacional de registro y amparo de colecciones taxonómicas de referencia, tendiente a la formación de un sistema nacional de colecciones.

Mejorar la capacidad de gestión y establecer un diálogo amplio con las diversas fuentes de financiación de la investigación científica y técnica a todos los niveles, tendiente a lograr mecanismos específicos de apoyo a la investigación y administración del conocimiento para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

3.1. Lograr el soporte económico y financiero para la investigación, mediante el aporte de todos los sectores involucrados, la participación de unidades económicas regionales y la gestión de apoyo de organismos nacionales e internacionales.

3.2. Analizar la capacidad institucional y promover el fortalecimiento de los organismos dedicados a la investigación de la biodiversidad.

Desarrollar mecanismos de capacitación en el ámbito científico y técnico para la adquisición de conocimientos sobre la biodiversidad en lo que respecta a inventarios, taxonomía, prospección, manejo y conservación.

4.1. Fortalecer las instituciones y/o programas destinados a la capacitación técnica y científica en los temas relacionados a la biodiversidad.

4.2. Promover la capacitación y asistencia técnica por medio del intercambio institucional.

4.3. Priorizar la capacitación de taxónomos y curadores para los distintos grupos taxonómicos.

Determinar líneas prioritarias de investigación tendientes a llenar los vacíos y deficiencias de conocimientos sobre la biodiversidad pertinentes a la implementación de los objetivos del Convenio.

5.1. Rescatar la información preexistente y ordenarla en bases de datos con el fin de definir el estado de conocimientos sobre la biodiversidad, evaluar y detectar carencias para determinar líneas prioritarias de investigación.

5.2. Determinar mecanismos que permitan reconocer, proteger y usar el conocimiento y las prácticas tradicionales del aprovechamiento y manejo de la biodiversidad, acumulados por los pueblos indígenas y la cultura popular, con la participación de quienes posean dicho conocimiento, y fomentar la participación equitativa en los beneficios de su uso.

Desarrollar y fomentar líneas de trabajo e investigación tendientes a actualizar y completar el inventario y la comprensión de los recursos bióticos y a determinar y monitorear su estado de uso y conservación.

6.1. Incrementar el esfuerzo para la descripción taxónomica de los organismos integrantes de la biodiversidad nacional.

6.2. Establecer programas para actualizar y completar el Inventario de la Biodiversidad.

6.3. Fomentar la investigación para incrementar el conocimiento de la estructura, la función y la dinámica de los componentes de la Biodiversidad.

6.4. Establecer Sistemas de Monitoreo para el seguimiento, la detección temprana de problemas y la predicción de la evolución de los componentes de la biodiversidad.

Desarrollar y fomentar líneas de trabajo e investigación tendientes a establecer la Valoración Social y Económica de la Biodiversidad.

7.1. Desarrollar programas para la valoración social de la Biodiversidad.

7.2. Desarrollar programas para la valoración económica de la Biodiversidad.

7.3. Desarrollar indicadores de uso sostenible de la Biodiversidad.

Desarrollar y fomentar líneas de trabajo e investigación necesarias para la administración, conservación y manejo sostenible de los recursos bióticos.

8.1. Desarrollar y ordenar los conocimientos necesarios para la Formulación de Políticas de Planificación y Ordenamiento Territorial en el ámbito biorregional.

8.2. Desarrollar metodologías y programas para la identificación y evaluación de Especies y Ecosistemas Amenazados.

8.3. Desarrollar líneas de trabajo y programas para la evaluación y el manejo de Areas Protegidas y para la identificación y propuesta de nuevas áreas.

8.4. Desarrollar metodologías y programas relativos a la investigación y generación de tecnologías para la Conservación de Especies in situ y ex situ.

8.5. Desarrollar metodologías y programas para la investigación y la generación de tecnologías sobre el Manejo y Uso sostenible de la Biodiversidad.

8.6. Desarrollar metodologías y programas de investigación para generar y aplicar técnicas de Evaluación, Prevención, Compensación y Mitigación de Impactos Ambientales.

8.7. Elaborar e implementar planes de trabajo y programas de investigación para desarrollar técnicas de evaluación y de restauración de ambientes degradados.

La conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización requieren de una gran variedad y volumen de datos, los cuales deben estar ampliamente disponibles para todos los interesados y como apoyo a la toma de decisiones.

Brindar capacitación en mecanismos de facilitación (" Clearing-House Mechanism"), de gestión y de manejo de la información, incluyendo los sistemas de información y redes.

1.1. Mejorar la capacidad de gestión de los organismos de administración del conocimiento sobre la biodiversidad, a fin de apoyar el proceso de toma de decisiones.

1.2. Capacitar para el ingreso, procesamiento y difusión de la información sobre la biodiversidad, así como en el uso de las herramientas para localizar, analizar y cruzar la información disponible.

Rescatar la información preexistente, ordenarla y sistematizarla, con el fin de definir el estado de conocimientos sobre la biodiversidad, hacer accesible la información, evaluar y detectar carencias y agilizar la disponibilidad de la información para su uso inmediato.

2.1. Establecer programas para la identificación, acopio y repatriación de fuentes de información sobre la biodiversidad.

2.2. Usar la información disponible para identificar vacíos de información sobre los temas concernientes a la biodiversidad.

2.3. Establecer programas para sistematizar la información disponible y la que se obtenga en el futuro sobre la biodiversidad, y mejorar la accesibilidad y difusión de la misma.

2.4. Determinar mecanismos que permitan proteger y usar el conocimiento y las prácticas tradicionales del aprovechamiento y manejo de la biodiversidad, acumulados por los pueblos indígenas y las comunidades locales, con la participación de quienes posean dicho conocimiento, y fomentar la participación equitativa en los beneficios de su uso.

2.5. Apoyar la creación de publicaciones científicas con arbitraje y asegurar la continuidad de las existentes, para difundir los resultados de las investigaciones.

En aplicación del artículo 14 del Convenio sobre Diversidad Biológica, se deberá implementar la realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental y/o Auditorías Ambientales, según corresponda, para todos aquellos proyectos públicos o privados que se estime puedan tener efectos adversos sobre la conservación de la diversidad biológica y/o la utilización sostenible de sus componentes.

La información nacional e internacional disponible sugiere que para estandarizar estos mecanismos es preciso contar con guías o lineamientos generales que indiquen los contenidos mínimos que se contemplarán en este tipo de estudios, relacionadas con: la caracterización del proyecto; con la identificación y caracterización de los impactos ambientales que éste genere; y con las medidas de mitigación, prevención y compensación correspondientes. Como norma general, se sugiere también que los costos de dichas evaluaciones sean cubiertos por el proyecto mismo.

Un adecuado régimen de EIA es aquel que además promueve la participación en el proceso, de aquellos grupos sociales involucrados y/o afectados por este tipo de proyectos. Es conveniente impulsar mecanismos institucionales para promover que la información que se obtenga y se genere a partir de dichas prácticas, sea puesta a disposición del público, mediante, entre otros mecanismos, su incorporación al Sistema de Información Ambiental Nacional.

Los conceptos de responsabilidad por el daño a la biodiversidad, y la necesidad de su reparación, recomposición, restablecimiento, indemnización y/o compensación, deberían ser incorporados dentro un régimen de responsabilidad por daño ambiental, a través de una Ley del Congreso de la Nación. ¹⁷

17 La Sexta Reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, mediante decisión VI/7 "Identificación, vigilancia, indicadores y evaluaciones" aprobó las "Directrices para incorporar los aspectos de la diversidad biológica en la legislación y/o en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental y de Evaluación Ambiental Estratégica". Siendo la República Argentina parte del Convenio, las directrices aprobadas complementan los objetivos y orientaciones estratégicas, y serán tenidas en cuenta en su desarrollo e implementación.

Promover la aplicación de un régimen de presupuestos mínimos de Evaluación de Impacto Ambiental y/o un régimen de Auditorías Ambientales para todas aquellas intervenciones que, por sus características y/o magnitud, se estime puedan afectar la conservación de la diversidad biológica y/o la utilización sostenible de sus componentes.

1.1. Identificar las categorías y/o tipos de proyectos e intervenciones de acuerdo a su capacidad potencial de afectar la conservación de la diversidad biológica y/o la utilización sostenible de sus componentes.

1.2. Elaborar lineamientos y guías mínimas de procedimiento para EIA que sean aplicables a las diferentes categorías identificadas según el ítem anterior.

1.3. Promover la incorporación de estos mecanismos de EIA en las distintas jurisdicciones del territorio nacional, como condición previa para la ejecución de intervenciones y proyectos que se estime puedan afectar la conservación de la diversidad biológica y/o la utilización sostenible de sus componentes.

1.4. Establecer en las normativas sectoriales pertinentes que los costos de las evaluaciones de impactos sobre la biodiversidad y de las acciones de mitigación, manejo, compensación y monitoreo que correspondan, sean considerados parte integral del presupuesto de cada proyecto.

1.5. Establecer un régimen de Auditorías Ambientales para la evaluación de proyectos en funcionamiento que permita incluir la definición de estrategias de corrección, cuando sea necesario.

1.6. Establecer dentro del régimen de responsabilidad por daño ambiental, a través de una Ley del Congreso de la Nación, normas que regulen acerca de la responsabilidad por el daño sobre la biodiversidad y la necesidad de su reparación, recomposición, restablecimiento, indemnización y/o compensación según corresponda.

Generar una toma de conciencia y una mayor comprensión en la sociedad: sobre el valor global de la Biodiversidad, la importancia de su conservación y uso sostenible, y de las medidas necesarias a esos efectos. Se recomienda, para lograr la participación pública y la responsabilidad social, accionar a través de una combinación de estrategias de comunicación, educación y capacitación que favorezcan estos procesos.

Los esfuerzos deberán estar dirigidos a los siguientes grupos/meta: decisores del sector público y privado, especialistas en desarrollo, incluida la industria, las empresas y el comercio, organizaciones profesionales, comunidades locales que dependen de los recursos biológicos, y finalmente, el público en general.

Propiciar procesos de comunicación- educación destinadas a los distintos sectores sociales involucrados con la Biodiversidad que faciliten el compromiso y la participación necesaria para alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional de Biodiversidad.

1.1. Establecer mecanismos para la promoción y difusión de la Estrategia Nacional de Biodiversidad de modos accesibles mediante la provisión de información adecuada para cada grupo/meta, para alcanzar consenso, cooperación, participación y resolución de conflictos en los distintos sectores.

1.2. Dirigir los esfuerzos de los procesos hacia aquellos sectores claves (públicos y privados) que puedan contribuir a la búsqueda de soluciones.

1.3. Involucrar sectores que juegan un papel clave en la distribución de la información para promover la coordinación y cooperación entre varios sectores gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.

1.4. Promover la vinculación de los programas sectoriales de conservación con los programas de otras áreas (agricultura, pesca, minería, industria, productos artesanales, educación, etc.).

1.5. Promover mecanismos para que la sociedad conozca y valorice el papel de las Areas Naturales Protegidas en la conservación de la biodiversidad.

Promover la educación ambiental en el sector educativo formal, no formal e informal y dentro de ella, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, en todos los niveles educativos para consolidar valores y desarrollar actitudes tendientes a lograr responsabilidad social y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

2.1. Impulsar la educación ambiental para la sostenibilidad como contenido transversal, integrando las perspectivas ecológicas, económicas, políticas, y sociales.

2.2. Incentivar la inclusión de esta temática en los diseños curriculares nacionales, provinciales, proyectos educativos institucionales locales, basados en sus respectivas problemáticas.

2.3. Promover y fortalecer los organismos e instituciones de conservación ex situ (museos, zoológicos, acuarios, jardines botánicos, etc.) e in situ (reservas naturales, áreas protegidas, parques nacionales) para fines educativos y de conservación.

Promover la formación de recursos humanos en los distintos sectores (públicos y privados) para la adquisición de los conocimientos y prácticas necesarios para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

3.1. Incentivar la capacitación de recursos humanos (administradores, profesionales, técnicos, miembros de comunidades locales, industriales, empresarios, etc.) para mejorar el desarrollo de destrezas, habilidades y conocimientos respecto a la administración, control, gestión y conservación de la biodiversidad.

3.2. Promover a través de organismos especializados la transferencia de prácticas y tecnologías apropiadas a los distintos sectores, así como promover códigos voluntarios de ética para las empresas, incentivando sus respectivas responsabilidades.

3.3. Promover y desarrollar programas de capacitación para los encargados de diseñar y ejecutar políticas vinculadas a la biodiversidad, con metodologías innovadoras.

Desarrollar y aplicar, integrando las dimensiones nacional, regional, provincial, y municipal, instrumentos económicos adecuados que incentiven las buenas prácticas de gestión pública y privada, con el fin de promover la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de sus componentes.

Identificar y clasificar, en cada una de las dimensiones citadas, los problemas y las políticas relacionadas con la conservación, la producción y el uso sostenible de la biodiversidad, a partir de la tipificación de los actores sociales involucrados.

1.1. Desarrollar herramientas económica y socialmente viables que permitan aplicar los principios del ordenamiento territorial, de modo de contribuir a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.

1.2. Identificar situaciones para el desarrollo de estudios de caso que involucren la evolución histórica del manejo de los recursos naturales, para identificar las causas subyacentes de la pérdida de la diversidad biológica y proponer instrumentos idóneos que aporten soluciones sustantivas a los problemas en las diferentes actividades productivas estudiadas.

Potenciar la utilización de técnicas de contabilidad ambiental aplicada a diferentes situaciones como herramienta de apoyo para la toma de decisiones y hacer disponible al público esta información.

2.1. Implementar un sistema de cuentas del patrimonio natural en los ámbitos nacional y provincial que registre la degradación del hábitat por el uso de los recursos contenidos en ellos y el desaprovechamiento realizado por el uso parcial del capital natural.

2.2. Promover el empleo de la contabilidad ambiental a nivel microeconómico, especialmente en aquellas empresas vinculadas directamente al uso de recursos biológicos.

Plantear la implementación de instrumentos económicos, tanto incentivos como desincentivos, cuando se juzgue necesario, en base al estado de situación diagnosticado, para generar los cambios deseados en el comportamiento de los actores sociales identificados como prioritarios.

3.1. Determinar el conjunto de restricciones y condiciones favorables (tributarias, económicas, legales, políticas, sociales) que deben tenerse en cuenta cuando se considera la aplicación o sustitución de un instrumento económico.

3.2. Propiciar la coordinación entre provincias, cuando la situación planteada lo exija, a efectos de evitar asimetrías en el esquema de incentivos en la misma unidad biorregional.

3.3. Crear un foro permanente de consulta y discusión en los distintos ámbitos (nacional, provincial, etc.) con los actores sociales involucrados, para tratar los temas de coparticipación federal, asimetrías regionales, economía regional, gestión ambiental, entre otros.

3.4. Considerar el contexto internacional al elaborar propuestas de instrumentos económicos, a efectos de no disminuir la competitividad de las producciones nacionales basadas en la transformación de los recursos biológicos.

3.5. Promover la discusión en el ámbito nacional y provincial sobre la necesidad de introducir reformas fiscales que contemplen aspectos tales como la captación de valor de los servicios ambientales y la redistribución de la coparticipación provincias/municipios en función de los aportes en servicios ambientales y en áreas destinadas a la conservación de recursos.

Es necesario reconocer que la conservación de la diversidad biológica no puede ser el resultado del esfuerzo aislado de ningún país de manera individual. La distribución de las especies solamente reconoce los límites impuestos por su capacidad de prosperar en determinados ambientes. Por este motivo, es imprescindible que los diferentes países actúen de manera cooperativa, en especial en aquellos casos en los que se comparten determinadas especies.

Cuando en un país se promueven políticas que puedan afectar la biodiversidad (por ejemplo, aquéllos que impulsan planes de expansión de la frontera agropecuaria a gran escala o promueven un uso intensivo de agroquímicos), ello puede alterar la diversidad biológica en el propio país, pero también podrían afectar a otros países de la región con los cuales comparte las mismas especies. Estos impactos pueden ser más fácilmente detectables en especies migratorias o en aquéllas que comparten hábitats comunes (como montañas o cuerpos de agua).

Este aspecto resulta particularmente relevante en los casos en que en un país puedan haberse producido accidentes o fatalidades que comprometan gravemente a su propia biodiversidad y que esto pueda tener impactos transfronterizos altamente negativos (por ejemplo, grandes incendios, aparición de determinadas plagas, introducción de especies exóticas invasoras de elevada peligrosidad por su capacidad de expansión o porque pueden afectar la salud de la población o constituirse en plagas de determinadas especies de elevada importancia económica).

En otro orden de cosas, cuando un Estado decide negociar con otro el acceso a sus recursos genéticos y éstos corresponden a especies que comparte con terceros países, resultaría conveniente mantener procesos de consulta e intercambio de información que hagan trasparentes estas negociaciones, de modo de evitar situaciones de competencia desleal que afecten la capacidad de negociación en las mejores condiciones posibles, especialmente a la luz de los posibles beneficios económicos que podrían alcanzar tanto a las comunidades indígenas como a los pobladores locales que poseen un determinado grado de conocimiento sobre los usos potenciales de determinadas especies, como para el financiamiento de las acciones de conservación de la propia biodiversidad.

Implementar los compromisos internacionales asumidos y aumentar la capacidad del país para participar en los debates, los foros y la generación de acuerdos ambientales internacionales.

Fortalecer la coordinación de políticas y la armonización de normas con países limítrofes y en los ámbitos subregional, regional e internacional¹⁸ .