CONVENIOS INTERNACIONALES

LEY Nº 17.272

Se aprueba el Tratado de Extradición, suscripto con los Estados Unidos del Brasil.


En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto de la Revolucíon Argentina:


Artículo 1°.- Apruébase el "Tratado de Extradición", subscripto en la ciudad de Buenos Aires el 15 de noviembre de 1961, entre la República Argentina y la República de los Estados Unidos del Brasil.

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.



El Presidente de la República Argentina y el Presidente de los Estados Unidos del Brasil, animados del deseo de tornar más eficaz la cooperación entre los dos países en la lucha contra el crimen resolvieron celebrar un Tratado de Extradición, y a dicho fin designaron sus Plenipotenciarios, a saber:

El Presidente de la República Argentina al señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de su país, doctor Miguel Angel Cárcano; y

El presidente de la República de los Estados Unidos del Brasil, al señor Ministro de Relaciones Exteriores de su país, doctor Francisco C. San Tiago Dantas.

Quienes, después de haber exhibido sus Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido lo siguiente:


Las Altas Partes Contratantes se comprometen a la entrega recíproca, en las condiciones establecidas por el presente Tratado y de conformidad con las formalidades legales en vigor en el Estado requerido de los individuos que, procesados o condenados por las
autoridades judiciales de una de ellas, se encuentran en el territorio de la otra.

Par.1- Sin embargo, cuando el individuo en cuestíon fuere nacional del Estado requerido, éste no estará obligado a entregarlo. En ese caso, al no ser concedida su extradición, el individuo será procesado y juzgado, en el Estado requerido, por el hecho que determinará el pedido de extradición, salvo que ese hecho no fuera punible por las leyes de ese Estado.

Par.2.- En el caso precitado, el Gobierno requirente deberá proporcionar los elementos de prueba para el procesamiento y juicio del inculpado, comprometiéndose el otro Gobierno a comunicarle la sentencia o fallo definitivo sobre la causa.

Par 3.- La condición de nacional será determinada por la legislación del Estado requerido.


Son causa de extradición las infracciones que la ley del Estado requerido pene con dos años o más de prisión, incluyéndose no sólo la calidad de autor y coautor, sino también la tentativa y la complicidad. 

Par único.- En caso de condena en rebeldía, se podrá conceder la extradición mediante promesa hecha, por el Estado requirente, de reabrir el juicio a los fines de la defensa del condenado.


No se concederá la extradición:

a)cuando el Estado requerido fuera competente, según sus leyes , para juzgar el delito;

b)cuando, ya hubiere sido juzgado o se estuviere juzgando al delincuente por el mismo hecho en el Estado requerido, o hubiese sido amnistiado o indultado en el Estado requirente o requerido;

c)cuando la acción o la pena ya estuviera prescripta de acuerdo con las leyes del Estado requirente o requerido; 

d)cuando la persona reclamada hubiera comparecido en el Estado requirente ante un Tribunal o Juzgado de excepción;

e)cuando la infracción por la cual se solicita la extradición fuera de naturaleza puramente militar o religiosa o constituyera un delito político o hecho conexo; sin embargo, no será considerado delito político ni hecho conexo al mismo, el atentado contra la persona del Jefe de Estado extranjero o contra miembros de su familia, si tal atentado constituyera delito de homicidio, aunque no hubiera sido consumado por causa independiente a la voluntad de quien tratara de ejecutarlo.

Par 1.-La apreciación del carácter del delito corresponderá exclusivamente a las autoridades del Estado requerido. 

Par 2.-La alegación del fin o motivo político no impedirá la extradición si el hecho constituyera principalmente una infracción a la Ley penal común.

Par 3.-En este caso la concesión de la extradición quedará condicionada a la promesa, hecha por el Estado requirente de que el fin o motivo político no contribuirá a la agravación de la pena.

Par 4.-A los efectos del presente Tratado se considerarán delitos puramente militares las infracciones penales que involucren actos o hechos extraños al derecho penal común y que deriven únicamente de una legislación especial aplicable a los militares y tendiente al mantenimiento del orden y la disciplina en las fuerzas armadas.


El pedido de extradición se hará por vía diplomática, o por excepción a falta de agente diplomático, directamente, es decir, de Gobierno a Gobierno. La extradición será concedida mediante presentación de los documentos siguientes, debidamente traducidos:

a)cuando se tratara de un individuo simplemente procesado: original o copia certificado conforme de la orden de prisión o del auto de procedimiento en lo criminal equivalente, emanado de la autoridad extranjera competente;

b)cuando se tratara de personas condenadas: original o copia certificada conforme de la sentencia condenatoria. 

Par 1.- Dichos documentos deberán contener la indicación precisa del hecho incriminado, del lugar y fecha en que el mismo fue cometido e ir acompañados de una copia de los textos de ley aplicables al particular, así como de datos o antecedentes necesarios para la comprobación de la identidad del individuo reclamado.

Par 2.- La presentación del pedido de extradición por vía diplomática constituirá una prueba suficiente de la autenticidad de los documentos presentados a dicho fin, que serán de esta manera considerados como legalizados.


Se facilitará al individuo cuya extradición haya sido solicitada por uno de los Estados Contratantes al otro, el uso de todos los recursos e instancias permitidos por la legislación del Estado requerido. El reclamado deberá ser asistido por un defensor y en caso necesario, por un intérprete.


Siempre que lo juzgasen conveniente las Partes Contratantes podrán solicitarse mutuamente, por medio de sus respectivos agentes diplomáticos o, en su defecto, directamente de Gobierno a Gobierno, que se proceda a la prisión preventiva del inculpado así como a la aprehensión de los objetos relacionados con el delito. 

Par 1.- Ese pedido será atendido cuando contenga la declaración de la existencia de uno de los documentos enumerados en las letras a y b del Artículo IV y la indicación de que la infracción cometida autoriza la extradición de acuerdo con el presente Tratado.

Par 2.- En ese caso si dentro de un plazo máximo de 45 días contados desde la fecha en que el Estado requerido recibió la solicitud de prisión preventiva del individuo inculpado, el Estado requirente no presentara el pedido formal de extradición  debidamente instruidos, el detenido será puesto en libertad y sólo se admitirá un nuevo pedido de prisión, por el mismo hecho, con el pedido formal de extradición acompañado de los documentos citados en el Artículo IV.


Concedida la extradición el Estado requerido comunicará  inmediatamente al Estado requirente que el individuo reclamado se encuentra a su disposición. 

Par. único.- Si en plazo de 30 días, contados desde la fecha de dicha comunicación, el individuo en cuestión no hubiera sido enviado a su destino, el Estado requerido le concederá la libertad y no lo detendrá nuevamente por el mismo hecho delictuoso.


El Estado requirente podrá enviar al Estado requerido previa conformidad de este último, agentes debidamente autorizados ya sea para ayudar en el reconocimiento de la identidad del extradido o para conducirlo al territorio del primero. Esos agentes no podrán ejercer actos de autoridad en el territorio del Estado requerido y quedarán subordinados a las autoridades de éste; los gastos en que incurrieran correrán por cuenta del Gobierno que los hubiera enviado.


La entrega de un individuo reclamado será postergada, sin perjuicio de la efectividad de la extradición, cuando una grave enfermedad impidiera que, sin peligro de su vida, sea transportado al país requirente, o cuando estuviera sujeto a la acción penal del Estado requerido por otra infracción. En este caso, si se estuviera juzgando al individuo su extradición podrá ser postergada hasta el fin del juicio, y, en caso de condena hasta el momento en que hubiera cumplido la penalidad.


Negada la extradición de un individuo, la entrega de éste no podrá ser nuevamente solicitada por el mismo hecho determinante del pedido de extradición. 

Par 1.- Sin embargo, cuando tal pedido fuera denegado alegándose vicio de forma y con la reserva expresa de que podrá ser renovado los documentos respectivos serán devueltos al Estado requirente, con la indicación del fundamento de la denegación y la mención de la reserva hecha.

Par 2.- En este último caso, el Estado requirente podrá renovar el pedido, con tal de que lo instruya debidamente dentro del plazo improrrogable de 45 días, contados a partir de la fecha en que directamente o por intermedio de su representante diplomático, hubiera recibido comunicación de la denegación del pedido.


Cuando la extradición de una misma persona fuera solicitada por más de un Estado, se procederá de la manera siguiente: 

a) si se tratara del mismo hecho se dará preferencia al pedido del Estado en cuyo territorio se hubiera cometido la infracción;

b) si se tratara de hechos distintos, se dará preferencia al Estado en cuyo territorio se hubiera cometido la infracción más grave a juicio del Estado requerido;

c)si se tratara de hechos distintos, pero que el Estado requerido considere de igual gravedad se dará preferencia al pedido que fuera presentado en primer lugar.


Exceptuados los derechos de terceros, que serán debidamente respetados y cumplidas las disposiciones de la legislación en vigor en el territorio del Estado requerido, todos los objetos, valores o documentos relacionados con el delito y que en el momento de la prisión hayan sido encontrados en poder del individuo requerido, serán entregados con éste al Estado requirente. 

Par 1.- Los objetos y valores que se encontraran en poder de terceros y que estén igualmente relacionados con el delito, serántambién aprehendidos, pero sólo se entregarán después de resultas las excepciones opuestas por los interesados.

Par 2.- Atendidas las reservas precitadas se efectuará la entrega de los objetos, valores y documentos de referencia al Estado requirente aunque la extradición ya concedida no haya podido efectuarse por motivo de fuga o muerte del inculpado.


Correrán por cuenta del Estado requerido los gastos del pedido de extradición hasta el momento de la entrega del individuo reclamado a los guardias o agentes debidamente habilitados del Gobierno requirente, en el puerto o punto de la frontera del Estado requerido que el Gobierno de éste indique; y por cuenta del Estado requirente los posteriores a dicha entrega, inclusive los gastos de tránsito.


El individuo entregado en virtud de este Tratado no podrá ser procesado, ni juzgado por ninguna infracción cometida con anterioridad al pedido de extradición, ni podrá ser entregado a un tercer país que lo reclame, salvo si en eso conviniera el Estado requerido, o si el mismo individuo expresa y libremente, quisiera ser procesado y juzgado por otra infracción, o si, puesto en libertad permaneciera voluntariamente en el territorio del Estado requirente durante más de 30 días, contados desde la fecha en que hubiera sido dejado en libertad. 

Par. único.- En esta última hipótesis, deberá advertirse al extradido sobre las consecuencias que podrá acarrearle su permanencia fuera del plazo precitado, en el territorio del Estado donde fuera juzgado.


El tránsito por el territorio de las Altas Partes Contratantes de una persona entregada por un tercer Estado a la otra Parte, y que no sea nacional del país de tránsito será permitido,  independientemente de cualquier formalidad judicial, mediante simple solicitud hecha por vía diplomática acompañada de la presentación, en original o copia certificada conforme, del documento por el cual el Estado de refugio hubiera concedido la extradición.

Par. único.- El Tránsito podrá ser recusado por graves razones de orden público, o si el hecho que determinó la extradición fuera de aquellos que de acuerdo con este Tratado, no la justificaría.


El individuo que, después de entregado por un Estado Contratante a otro, lograra sustraerse de la acción de la justicia y se refugiara en el territorio del Estado requerido, o pasara por él en tránsito, será detenido por simple requerimiento hecho por vía diplomática o directamente de Gobierno a Gobierno, y entregado, nuevamente, sin otra formalidad, al Estado al cual ya se hubiera concedido su extradición.


Cuando por la legislación del Estado requirente, la infracción que determinara el pedido de extradición fuera punible con pena de muerte o castigos corporales, el Gobierno requerido podrá hacer depender la extradición de la garantía previa, dada por el Gobierno requirente, por vía diplomática de que, en caso de condena a cualquiera de esas penas, la misma no será aplicada.


El Estado que obtuviera la extradición comunicará al que la concedió el fallo final dictado sobre la causa que diera origen al pedido de extradición, si tal fallo descargara de culpa al acusado.


Todas las divergencias entre las Altas Partes Contratantes relativas a la interpretación o ejecución de este Tratado se decidirán por los medios pacíficos reconocidos en el Derecho Internacional.


El presente Tratado será ratificado después de llenadas las formalidades legales en uso en cada uno de los Estados Contratantes y entrará en vigor a partir del canje de ratificaciones que se realizará en Río de Janeiro a la brevedad posible. 

Cada una de las Altas Partes Contratantes podrá denunciarlo en cualquier momento pero sus efectos sólo cesarán un año después de la denuncia.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios arriba mencionados firmaron y sellaron el presente Tratado en dos ejemplares, en idioma portugués y español, siendo ambos textos igualmente válidos, en Buenos Aires a los quince días del mes de noviembre de mil novecientos sesenta y uno.


                Por el gobierno de los Estado                                                                                                                                         Por el Gobierno de la
                        Unidos del Brasil                                                                                                                                                       República Argentina
         FRANCISCO C. SAN TIAGO DANTAS                                                                                                                              MIGUEL ANGEL CARCANO