SISTEMA
DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LAS RELACIONES DE CONSUMO
Ley 26.993
Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo. Creación.
Sancionada: Septiembre 17 de 2014
Promulgada: Septiembre 18 de 2014
El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
Ley:
SISTEMA DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN
LAS RELACIONES DE CONSUMO
TITULO I
SERVICIO DE CONCILIACION PREVIA EN LAS RELACIONES DE CONSUMO (COPREC)
ARTICULO 1° — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 1° BIS.- (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 2° — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 3° — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 4° — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 5° — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 6° — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 7° — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 8° — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 9° — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 10. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 11. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 12. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 13. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 14. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 15. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 16. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 17. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 18. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 19. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 20. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 21. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
TITULO II
AUDITORIA EN LAS RELACIONES DE CONSUMO
CAPITULO 1
AUDITOR EN LAS RELACIONES DE CONSUMO
ARTICULO 22. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 23. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 24. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 25. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 26. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 27. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 28. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
CAPITULO 2
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 29. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 30. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 31. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 32. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 33. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 34. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 35. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 36. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 37. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 38. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 39. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 40. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
TITULO III
JUSTICIA NACIONAL EN LAS RELACIONES DE CONSUMO
CAPITULO 1
ORGANOS JURISDICCIONALES
ARTICULO 41. — Creación. Organos
jurisdiccionales.
Créase la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo, la que estará
organizada de acuerdo con las disposiciones de este Título. En el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ejercerá por los
Jueces Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo y
la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo. En el
resto del país, para los casos previstos en los incisos b) y c) del
artículo 45, se ejercerá por las Cámaras de Apelaciones que
correspondan.
ARTICULO 42. — Competencia. Limitación
por monto.
La Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo será competente en
las causas referidas a relaciones de consumo regidas por la ley 24.240,
sus modificatorias y toda otra normativa que regule relaciones de
consumo y no establezca una jurisdicción con competencia específica, en
aquellas causas en las cuales el monto de la demanda, al tiempo de
incoar la acción, no supere el valor equivalente a cincuenta y cinco
(55) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
ARTICULO 43. — Juzgados de Primera
Instancia.
Créanse ocho (8) Juzgados de Primera Instancia con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que se denominarán Juzgados Nacionales de
Primera Instancia en las Relaciones de Consumo N° 1, N° 2, N° 3, N° 4,
N° 5, N° 6, N° 7 y N° 8 respectivamente, los que contarán con una (1)
Secretaría por cada uno de ellos.
ARTICULO 44. — Cámara de Apelaciones. Créase
la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo, la que
tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Cámara se integrará con seis (6) vocales y dos (2) Secretarías, y
funcionará en dos (2) Salas. Cada vocal contará con un (1) secretario.
ARTICULO 45. — Competencia de la
Cámara de Apelaciones. La Cámara Nacional de Apelaciones en las
Relaciones de Consumo actuará:
a) Como Tribunal de Alzada de los Juzgados Nacionales creados por el
artículo 43 de la presente ley;
b) Como Tribunal competente en el recurso directo previsto en el
artículo 39 de esta ley;
c) Como instancia judicial revisora de las sanciones administrativas
aplicadas en el marco de las leyes 22.802 y 24.240, y sus
respectivas modificatorias, o las que en el futuro las sustituyan. A
tal efecto, no se encontrará limitada por el monto establecido en el
artículo 42 de la presente ley.
(Referencia
a la ley
25.156 dispuesta por el presente artículo eliminada por art. 80 de la Ley
N° 27.442 B.O. 15/5/2018.
No
obstante ello, la autoridad de aplicación de dichas normas subsistirá,
con todas las facultades y atribuciones, incluso las sancionatorias,
que la presente ley otorga a la Autoridad Nacional de la Competencia, y
continuará tramitando las causas y trámites que estuvieren abiertos a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hasta la
constitución y puesta en funcionamiento de la Autoridad Nacional de la
Competencia. Constituida y puesta en funcionamiento la Autoridad
Nacional de la Competencia, las causas continuarán su trámite ante ésta)
ARTICULO 46. — Causas comprendidas. La
Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo tendrá competencia para
entender en las causas que se inicien a partir de su puesta en
funcionamiento.
ARTICULO 47. — Fiscalía y Defensoría
Pública Oficial ante los juzgados.
Créanse tres (3) Fiscalías y tres (3) Defensorías Públicas Oficiales
que actuarán ante los Juzgados Nacionales creados en este Título.
ARTICULO 48. — Fiscalía y Defensoría
Pública Oficial ante la Cámara de Apelaciones.
Créanse una (1) Fiscalía y una (1) Defensoría Pública Oficial que
actuarán ante la Cámara Nacional de Apelaciones creada en este Título.
ARTICULO 49. — Creación de cargos.
Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se
detallan en el Anexo I que forma parte de la presente ley.
CAPITULO 2
NORMAS PROCESALES
ARTICULO 50. — Juez competente.
Requisito para el acceso a la instancia judicial.
En las causas regidas por este Título será competente el juez del lugar
del consumo o uso, el de celebración del contrato, el del proveedor o
prestador o el del domicilio de la citada en garantía, a elección del
consumidor o usuario.
El demandante deberá acreditar el cumplimiento de la instancia previa
de conciliación establecida en el Título I de la presente ley.
ARTICULO 51. — Legitimación activa
para acciones y recursos. Se encuentran legitimados para iniciar
las acciones o interponer los recursos previstos en esta ley:
a) Ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones
de Consumo, las personas enunciadas en los artículos 1° y 2° de la ley
24.240 y sus modificatorias, la autoridad de aplicación de dicha ley y
de la ley 22.802 y sus respectivas modificatorias, las
asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas y
debidamente registradas, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público;
b) Ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo,
las personas enunciadas en los artículos 1° y 2° de la ley 24.240 y sus
modificatorias, la autoridad de aplicación de dicha ley y de la ley
22.802 y sus respectivas modificatorias, las asociaciones de
consumidores y usuarios legalmente constituidas y debidamente
registradas, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público.
(Referencias a la ley
25.156 dispuestas por el presente artículo eliminadas por art. 80 de la Ley
N° 27.442 B.O. 15/5/2018.
No
obstante ello, la autoridad de aplicación de dichas normas subsistirá,
con todas las facultades y atribuciones, incluso las sancionatorias,
que la presente ley otorga a la Autoridad Nacional de la Competencia, y
continuará tramitando las causas y trámites que estuvieren abiertos a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley hasta la
constitución y puesta en funcionamiento de la Autoridad Nacional de la
Competencia. Constituida y puesta en funcionamiento la Autoridad
Nacional de la Competencia, las causas continuarán su trámite ante ésta)
ARTICULO 52. — Principios aplicables
al proceso. Patrocinio jurídico gratuito del consumidor o usuario.
El proceso ante la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo se
regirá por los principios de celeridad, inmediación, economía procesal,
oralidad, gratuidad y protección para el consumidor o usuario, de
conformidad con lo establecido por el artículo 42 de la Constitución
Nacional y por la ley 24.240 y sus modificatorias.
A los fines del patrocinio jurídico del consumidor o usuario la
reglamentación establecerá los servicios gratuitos destinados a la
asistencia de quienes lo soliciten y cumplan los requisitos que aquélla
establezca, sin perjuicio de lo que en materia de protección de
derechos corresponda al Ministerio Público de la Defensa.
ARTICULO 53. — Normas aplicables al
proceso. El proceso ante la Justicia Nacional en las Relaciones
de Consumo, se ajustará a las siguientes normas procesales:
a) Con la demanda y contestación se ofrecerá la prueba y se agregará la
documental;
b) No serán admisibles excepciones de previo y especial
pronunciamiento, recusación sin causa ni reconvención;
c) En la primera resolución posterior a la contestación de demanda o
vencido el plazo para hacerlo, el juez proveerá la prueba ofrecida que
considere conducente a la dilucidación del caso y descartará
fundadamente la que considere inidónea para ello. No procederá la
prueba de absolución de posiciones y se admitirán como máximo tres (3)
testigos por parte;
d) Todos los plazos serán de tres (3) días, con excepción del de
contestación de la demanda y el otorgado para la interposición fundada
de la apelación y para la contestación del traslado del memorial, que
serán de cinco (5) días;
e) La audiencia deberá ser señalada para dentro de los quince (15) días
de contestada la demanda o de vencido el plazo para hacerlo;
f) La audiencia será pública y el procedimiento oral. La prueba será
producida en la misma audiencia y, sólo en casos excepcionales, el Juez
en las Relaciones de Consumo podrá fijar una nueva audiencia para
producir la prueba pendiente, la que deberá celebrarse en un plazo
máximo e improrrogable de treinta (30) días;
g) Sin perjuicio de lo establecido en el inciso f), en la audiencia el
juez podrá, como primera medida, invitar a las partes a una
conciliación o a encontrar otra forma de resolución de conflictos que
acordarán en el acto;
h) No procederá la presentación de alegatos;
i) El Juez en las Relaciones de Consumo dictará sentencia en el mismo
acto de la audiencia, o bien emitirá en ésta el fallo correspondiente y
diferirá su fundamentación, la que deberá manifestarse dentro del plazo
de cinco (5) días desde la fecha de celebración de aquélla; si la
complejidad de la causa lo exigiera, podrá posponer el dictado de la
sentencia, la que pronunciará dentro del plazo mencionado;
j) La sentencia se notificará personalmente a las partes en el mismo
acto de la audiencia. Para el supuesto excepcional previsto en el
inciso i) se aplicarán las disposiciones del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación;
k) Sólo serán apelables las providencias que decreten o denieguen
medidas precautorias y las sentencias definitivas, excepto aquellas que
ordenen el pago de sumas de dinero hasta el equivalente a cinco (5)
Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, las que serán inapelables;
l) La apelación se concederá en relación, con efecto suspensivo, salvo
cuando el incumplimiento de la sentencia pudiese ocasionar un perjuicio
irreparable, en cuyo caso, se otorgará con efecto devolutivo;
m) Todo pago que deba realizarse al consumidor o usuario, en conceptos
comprendidos por las disposiciones de la presente ley, se deberá
efectivizar mediante depósito judicial a la orden del juzgado
interviniente y giro personal al titular del crédito o sus
derechohabientes; todo pago realizado sin observar lo prescripto es
nulo de nulidad absoluta.
El Juez podrá aplicar la multa que establece el artículo 52 bis de la
ley 24.240 y sus modificatorias, a cuyo efecto no se encontrará
limitado por el monto establecido en el artículo 42 de la presente ley.
ARTICULO 54. — Duración máxima del
proceso.
El proceso establecido en este Título deberá ser concluido en un plazo
máximo de sesenta (60) días. A tal efecto, el Juez en las Relaciones de
Consumo contará con amplias facultades para reducir los plazos
procesales, según las particularidades del caso.
ARTICULO 55. — Gratuidad a favor del
consumidor o usuario.
Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios, se
regirán por el principio de gratuidad establecido en el artículo 53,
último párrafo de la ley 24.240 y sus modificatorias.
ARTICULO 56. — Publicación de las
Sentencias. Las sentencias definitivas y firmes deberán ser
publicadas de acuerdo a lo previsto en la ley 26.856.
La autoridad de aplicación de la ley 24.240 y sus modificatorias
adoptará, de corresponder, las medidas que conciernan a su competencia.
ARTICULO 57. — Supletoriedad.
Serán de aplicación, en todo lo que no se encuentre previsto en este
Capítulo, las disposiciones de la ley 24.240 y sus modificatorias y, en
lo pertinente, las del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
TITULO IV
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS
ARTICULO 58. — Sustitúyese el
artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 por el siguiente:
Artículo 36:
Requisitos. En
las
operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el
consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo
pena de nulidad:
a) La descripción del bien o servicio objeto de la compra o
contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios;
b) El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito
para adquisición de bienes o servicios;
c) El importe a desembolsar inicialmente —de existir— y el monto
financiado;
d) La tasa de interés efectiva anual;
e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total;
f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los
intereses;
g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar;
h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere.
Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el
documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la
nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare
la nulidad parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera
necesario.
En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para
consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su
omisión determinará que la obligación del tomador de abonar intereses
sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por
el Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de
celebración del contrato.
La eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero otorgue un
crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención
del mismo. En caso de no otorgamiento del crédito, la operación se
resolverá sin costo alguno para el consumidor, debiendo en su caso
restituírsele las sumas que con carácter de entrega de contado,
anticipo y gastos éste hubiere efectuado.
El Banco Central de la República Argentina adoptará las medidas
conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan,
en las operaciones a que refiere el presente artículo, con lo indicado
en la presente ley.
Será competente para entender en el conocimiento de los litigios
relativos a contratos regulados por el presente artículo, en los casos
en que las acciones sean iniciadas por el consumidor o usuario, a
elección de éste, el juez del lugar del consumo o uso, el del lugar de
celebración del contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el
del domicilio del demandado, o el de la citada en garantía. En los
casos en que las acciones sean iniciadas por el proveedor o prestador,
será competente el tribunal correspondiente al domicilio real del
consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario.
ARTICULO 59. — Sustitúyese el
artículo 40 bis de la ley de Defensa del Consumidor 24.240, por el
siguiente:
Artículo 40 bis:
Daño directo.
El daño directo es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o
consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera
inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la
acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios.
Los organismos de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán
las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el
consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo.
Esta facultad sólo puede ser ejercida por organismos de la
administración que reúnan los siguientes requisitos:
a) La norma de creación les haya concedido facultades para resolver
conflictos entre particulares y la razonabilidad del objetivo económico
tenido en cuenta para otorgarles esa facultad es manifiesta;
b) Estén dotados de especialización técnica, independencia e
imparcialidad indubitadas;
c) Sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente.
Este artículo no se aplica a las consecuencias de la violación de los
derechos personalísimos del consumidor, su integridad personal, su
salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas, las que
resultan de la interferencia en su proyecto de vida ni, en general, a
las consecuencias no patrimoniales.
ARTICULO 60. — Sustitúyese el
artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 por el siguiente:
Artículo 45.-
Actuaciones
Administrativas.
La autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones
administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones
de esta ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que en
consecuencia se dicten, de oficio, por denuncia de quien invocare un
interés particular o actuare en defensa del interés general de los
consumidores, o por comunicación de autoridad administrativa o judicial.
Se procederá a labrar actuaciones en las que se dejará constancia del
hecho denunciado o verificado y de la disposición presuntamente
infringida.
En el expediente se agregará la documentación acompañada y se citará al
presunto infractor para que, dentro del plazo de cinco (5) días
hábiles, presente por escrito su descargo y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho.
Si las actuaciones se iniciaran mediante un acta de inspección, en que
fuere necesaria una comprobación técnica posterior a los efectos de la
determinación de la presunta infracción y que resultare positiva, se
procederá a notificar al presunto responsable la infracción verificada,
intimándolo para que en el plazo de cinco (5) días hábiles presente por
escrito su descargo.
En su primera presentación, el presunto infractor deberá constituir
domicilio y acreditar personería. Cuando no se acredite personería se
intimará para que en el término de cinco (5) días hábiles subsane la
omisión bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado.
Las constancias del expediente labrado conforme a lo previsto en este
artículo, así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren,
constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en
los casos en que resulten desvirtuados por otras pruebas.
Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos
controvertidos, siempre que no resulten manifiestamente inconducentes o
meramente dilatorias. Contra la resolución que deniegue medidas de
prueba sólo se podrá interponer el recurso de reconsideración previsto
en el Reglamento de Procedimientos Administrativos, decreto 1759/72
t.o. 1991. La prueba deberá producirse en el término de diez (10) días
hábiles, prorrogables cuando haya causas justificadas, teniéndose por
desistida aquella no producida dentro de dicho plazo por causa
imputable al infractor.
En cualquier momento durante la tramitación de las actuaciones, la
autoridad de aplicación podrá ordenar como medida preventiva el cese de
la conducta que se reputa en violación de esta ley y sus
reglamentaciones.
Concluidas las diligencias instructorias, se dictará la resolución
definitiva dentro del término de veinte (20) días hábiles.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la autoridad de
aplicación contará con amplias facultades para disponer medidas
técnicas, admitir pruebas o dictar medidas de no innovar.
Los actos administrativos que dispongan sanciones, únicamente serán
impugnables mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en las Relaciones de Consumo, o ante las Cámaras de
Apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda.
El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que
impuso la sanción, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada
la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con
su contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado
del expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo
recurrido. En todos los casos, para interponer el recurso directo
contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa,
deberá depositarse el monto de ésta a la orden de la autoridad que la
dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del
recurso, sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento
de la misma pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente.
Para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente ley y
sus reglamentaciones, en el ámbito nacional, se aplicarán
analógicamente las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos 19.549 y su reglamentación, y en lo que ésta no
contemple, las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las normas
referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación,
estableciendo en sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible
con sus ordenamientos locales bajo los principios aquí establecidos.
ARTICULO 61. — Incorpórase como
artículo 54 bis de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 el siguiente:
Artículo 54 bis: Las sentencias definitivas y firmes deberán ser
publicadas de acuerdo a lo previsto en la ley 26.856.
La autoridad de aplicación que corresponda adoptará las medidas
concernientes a su competencia y establecerá un registro de
antecedentes en materia de relaciones de consumo.
ARTICULO 62. — Sustitúyese el
artículo 18 de la Ley de Lealtad Comercial 22.802 por el siguiente:
Artículo 18: El que infringiere las disposiciones de la presente ley,
las normas reglamentarias y resoluciones que en su consecuencia se
dicten, será pasible de las siguientes sanciones:
a) Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos cinco millones ($
5.000.000);
b) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores
que posibilitan contratar con el Estado;
c) Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o
crediticios especiales de que gozare;
d) Clausura del establecimiento por un plazo de hasta treinta (30) días.
Las sanciones establecidas en el presente artículo podrán imponerse en
forma independiente o conjunta según las circunstancias del caso.
ARTICULO 63. — Sustitúyese el
artículo 22 de la Ley de Lealtad Comercial 22.802 por el siguiente:
Artículo 22: Toda resolución condenatoria podrá ser impugnada solamente
por vía de recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
las Relaciones de Consumo o ante las Cámaras de Apelaciones
competentes, según el asiento de la autoridad que dictó la resolución
impugnada.
El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que
impuso la sanción, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada
la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con
su contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado
del expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo
recurrido. En todos los casos, para interponer el recurso directo
contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa,
deberá depositarse el monto de la multa impuesta a la orden de la
autoridad que la dispuso, y presentar el comprobante del depósito con
el escrito del recurso, sin cuyo requisito será desestimado, salvo que
el cumplimiento del mismo pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al
recurrente.
ARTICULO 64. — Sustitúyese el
artículo 26 de la Ley de Lealtad Comercial 22.802 por el siguiente:
Artículo 26: Las acciones e infracciones previstas en la presente ley
prescribirán en el término de tres (3) años. La prescripción se
interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de
las actuaciones administrativas o judiciales.
ARTICULO 65. — (Artículo derogado por art. 80 de la Ley
N° 27.442 B.O. 15/5/2018)
ARTICULO 66. — (Artículo derogado por art. 80 de la Ley
N° 27.442 B.O. 15/5/2018)
ARTICULO 67. — (Artículo derogado por art. 80 de la Ley
N° 27.442 B.O. 15/5/2018)
ARTICULO 68. — (Artículo derogado por art. 80 de la Ley
N° 27.442 B.O. 15/5/2018)
ARTICULO 69. — (Artículo derogado por art. 80 de la Ley
N° 27.442 B.O. 15/5/2018)
ARTICULO 70. — Sustitúyese el
artículo 4° de la ley 26.853 por el siguiente:
Artículo 4°: La Cámara Nacional de Casación en lo Civil y Comercial
conocerá los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión
interpuestos contra las sentencias dictadas por la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial y la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de
Consumo.
ARTICULO 71. — Sustitúyese el
artículo 32 del decreto ley 1285/58 y modificatorias, por el siguiente:
Artículo 32: Los tribunales nacionales de la Capital Federal estarán
integrados por:
1. Cámara Federal de Casación Penal.
2. Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal.
3. Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y de la Seguridad
Social.
4. Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial.
4 bis. Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo.
5. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal.
6. Cámaras Nacionales de Apelaciones de la Capital Federal:
a) En lo Civil y Comercial Federal;
b) En lo Contencioso Administrativo Federal;
c) En lo Criminal y Correccional Federal;
d) En lo Civil;
e) En lo Comercial;
f) Del Trabajo;
g) En lo Criminal y Correccional;
h) Federal de la Seguridad Social;
i) Electoral;
j) En lo Penal Económico.
7. Tribunales Orales:
a) En lo Criminal;
b) En lo Penal Económico;
c) De Menores;
d) En lo Criminal Federal.
8. Jueces Nacionales de Primera Instancia:
a) En lo Civil y Comercial Federal;
b) En lo Contencioso Administrativo Federal;
c) En lo Criminal y Correccional Federal;
d) En lo Civil;
e) En lo Comercial;
f) En lo Criminal de Instrucción;
g) En lo Correccional;
h) De Menores;
i) En lo Penal Económico;
j) Del Trabajo;
k) De Ejecución Penal;
l) En lo Penal de Rogatoria;
m) Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social;
n) Juzgados Federales de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales
Tributarias;
o) En lo Penal Tributario;
p) Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de
Consumo.
ARTICULO 72. — Sustitúyese el
artículo 20 de la Ley de Ministerios (t.o. Decreto 438/92) y sus
modificatorias por el siguiente:
Artículo 20: Compete al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros,
en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la política
económica y el desarrollo económico, a la administración de las
finanzas públicas, al comercio interior e internacional, a las
relaciones económicas, financieras y fiscales con las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área
de su competencia;
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su
competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder
Ejecutivo nacional;
3. Entender en la elaboración/control de ejecución del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional,
así como también en los niveles del gasto y de los ingresos públicos;
4. Entender en la recaudación y distribución de las rentas nacionales,
según la asignación de Presupuesto aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación y en su ejecución conforme a las pautas que decida el Jefe
de Gabinete de Ministros con la supervisión del Poder Ejecutivo
nacional;
5. Entender en lo referente a la contabilidad pública y en la
fiscalización de todo gasto e inversión que se ordene sobre el Tesoro
de la Nación;
6. Entender en el análisis y diseño de políticas públicas con miras a
la Planificación del Desarrollo Nacional de mediano y largo plazo, en
articulación con los respectivos planes estratégicos sectoriales y
territoriales;
7. Entender en la aplicación de la política salarial del sector
público, con la participación de los Ministerios y organismos que
correspondan;
8. Participar en la elaboración de las normas regulatorias de las
negociaciones colectivas del sector privado;
9. Participar en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen
de suministros del Estado conforme a las pautas que decida el Jefe de
Gabinete de Ministros, con la supervisión del Poder Ejecutivo nacional;
10. Entender en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen
impositivo y aduanero;
11. Entender en la organización, dirección y fiscalización del registro
de los bienes del Estado;
12. Entender en la acuñación de monedas e impresión de billetes,
timbres, sellos, papeles fiscales, otros valores y otros impresos
oficiales de similares características;
13. Entender en la legislación de saldos de deudas a cargo de la
Administración Nacional;
14. Entender en lo referido al crédito y a la deuda pública;
15. Entender en la política monetaria, financiera y cambiaria con
arreglo a las atribuciones que le competen al Banco Central de la
República Argentina;
16. Supervisar y coordinar las acciones de las entidades financieras
oficiales nacionales;
17. Entender en el régimen de bolsas y mercados de valores;
18. Entender en todo lo relacionado con el régimen de seguros y
reaseguros;
19. Entender en el desenvolvimiento de las empresas y sociedades del
Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o
desconcentrados y cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su
denominación o naturaleza jurídica, correspondientes a su órbita; tanto
en lo referido a los planes de acción y presupuesto como en cuanto a su
intervención, cierre, liquidación, privatización, fusión, disolución o
centralización, e intervenir en aquellas que no pertenezcan a su
jurisdicción, conforme las pautas que decida el Jefe de Gabinete de
Ministros con la supervisión del Poder Ejecutivo nacional;
20. Entender en la autorización de operaciones de crédito interno y
externo del sector público nacional, incluyendo los organismos
descentralizados y empresas del sector público; de los empréstitos
públicos por cuenta del Gobierno de la Nación y de otras obligaciones
con garantías especiales, o sin ellas, como entender, asimismo, en las
operaciones financieras del mismo tipo que se realicen para necesidades
del sector público provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuando se trate de preservar el crédito público de la
Nación;
21. Entender en las negociaciones internacionales de naturaleza
monetaria y financiera y en las relaciones con los organismos
monetarios y financieros internacionales;
22. Entender en la administración de las participaciones mayoritarias o
minoritarias que el Estado posea en sociedades o empresas
correspondientes a su órbita;
23. Entender en la programación macroeconómica a corto, mediano y largo
plazo y en la orientación de los recursos acorde con la política
nacional en materia regional;
24. Entender en la elaboración del plan de inversión pública, conforme
las pautas y prioridades que decida el Jefe de Gabinete de Ministros y
según las directivas del Poder Ejecutivo nacional;
25. Entender en la elaboración de normas de regulación de las licencias
de servicios públicos del área de su competencia, otorgadas por el
Estado nacional o las provincias acogidas por convenios, a los
regímenes federales en la materia;
26. Intervenir en las negociaciones y modificaciones de los contratos
de obras y servicios públicos;
27. Intervenir en la elaboración de las políticas y normas de
regulación de los servicios públicos y en la fijación de tarifas,
cánones, aranceles y tasas para los mismos;
28. Intervenir en la elaboración de la política energética nacional y
en el régimen de combustibles;
29. Intervenir en la elaboración de la política en materia de
comunicaciones;
30. Intervenir en la elaboración de políticas del servicio postal;
31. Intervenir, en el ámbito de su competencia, en la elaboración de
las políticas para el desarrollo de las áreas y zonas de frontera;
32. Evaluar los resultados de la política económica nacional y la
evolución económica del país en relación con los objetivos del
Desarrollo Nacional;
33. Coordinar y generar propuestas sobre el desarrollo de mecanismos y
sistemas, para la protección de los derechos de los consumidores y
usuarios, en materia de sus competencias;
34. Efectuar la propuesta, ejecución y control de la política comercial
interna en todo lo relacionado con la defensa del consumidor y la
defensa de la competencia;
35. Entender en la implementación de políticas y en los marcos
normativos necesarios para garantizar los derechos del consumidor y el
aumento en la oferta de bienes y servicios;
36. Entender en las controversias suscitadas entre consumidores o
usuarios y proveedores o prestadores a través de la Auditoría en las
Relaciones de Consumo;
37. Supervisar el accionar de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia;
38. Supervisar el accionar de los Tribunales Arbitrales de Defensa del
Consumidor;
39. Entender en la normalización, tipificación e identificación de
mercaderías y en el régimen de pesas y medidas;
40. Entender en la supervisión de los mercados de la producción de su
área, interviniendo en los mismos en los casos en que su funcionamiento
perjudique la lealtad comercial, el bienestar de los usuarios y
consumidores y el normal desenvolvimiento de la economía de acuerdo a
los objetivos del desarrollo nacional;
41. Entender en la fiscalización del estricto cumplimiento de las
normas de comercialización en el sector agropecuario, a fin de asegurar
un marco de transparencia y libre concurrencia para estas actividades,
conforme lo previsto por la ley 21.740 y el decreto - ley 6698/63, sus
normas modificatorias y reglamentarias, implementando todas las
acciones necesarias a tales fines en todo el territorio nacional en los
términos de los decretos 1343 del 27 de noviembre de 1996 y 1067 del 31
de agosto de 2005, sus normas modificatorias y complementarias;
42. Entender como autoridad de aplicación de los decretos 1343 del 27
de noviembre de 1996 y 1067 del 31 de agosto de 2005, sus normas
modificatorias y complementarias;
43. Entender, en los aspectos políticos económicos internacionales, en
la formulación y conducción de los procesos de integración de los que
participa la República, como así también en el establecimiento y
conducción de los órganos comunitarios surgidos de dichos procesos, y
en todo lo relativo a su convergencia futura con otros procesos de
integración, sin perjuicio de la intervención de las jurisdicciones que
tengan asignadas competencias en la materia;
44. Entender en la ejecución de la política comercial en el exterior,
incluyendo la promoción y las negociaciones internacionales de
naturaleza económica y comercial, así como en la conducción del
servicio económico y comercial exterior y en la formulación, definición
y contenidos de la política comercial en el exterior;
45. Entender en las relaciones con los organismos económicos y
comerciales internacionales;
46. Intervenir en la promoción, organización y participación en
exposiciones, ferias, concursos, muestras y misiones de carácter
económico, oficiales y privadas, en el exterior, atendiendo a las
orientaciones de política económica global y sectorial que se definan;
47. Entender en los regímenes de precios índices y mecanismos
antidumping y otros instrumentos de regulación del comercio exterior;
48. Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y
protección de actividades económicas y de los instrumentos que los
concreten, así como en la elaboración, ejecución y fiscalización de los
mismos en su área;
49. Entender en la elaboración y ejecución de la política de
inversiones extranjeras.
ARTICULO 73. — Sustitúyese el
artículo 5° de la ley 26.589 por el siguiente:
Artículo 5°: Controversias excluidas del procedimiento de mediación
prejudicial obligatoria. El procedimiento de mediación prejudicial
obligatoria no será aplicable en los siguientes casos:
a) Acciones penales;
b) Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio,
filiación, patria potestad y adopción, con excepción de las cuestiones
patrimoniales derivadas de éstas. El juez deberá dividir los procesos,
derivando la parte patrimonial al mediador;
c) Causas en que el Estado nacional, las provincias, los municipios o
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas
sean parte, salvo en el caso que medie autorización expresa y no se
trate de ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 841 del
Código Civil;
d) Procesos de inhabilitación, de declaración de incapacidad y de
rehabilitación;
e) Amparos, hábeas corpus, hábeas data e interdictos;
f) Medidas cautelares;
g) Diligencias preliminares y prueba anticipada;
h) Juicios sucesorios;
i) Concursos preventivos y quiebras;
j) Convocatoria a asamblea de copropietarios prevista por el artículo
10 de la ley 13.512;
k) Conflictos de competencia de la Justicia del Trabajo;
l) Procesos voluntarios;
m) Controversias que versen sobre conflictos en las relaciones de
consumo, que queden alcanzadas por el Servicio de Conciliación Previa
en las Relaciones de Consumo.
TITULO V
CLAUSULAS TRANSITORIAS
ARTICULO 74. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 75. — (Artículo derogado por art. 6º del Decreto
Nº 55/2025 B.O. 3/2/2025.
Vigencia: a partir del 1° de febrero de
2025.)
ARTICULO 76. — Implementación de la
Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo. El fuero creado
por el Título III deberá comenzar a funcionar en un plazo de ciento
ochenta (180) días.
Durante el término establecido en el primer párrafo de este artículo,
las competencias atribuidas a la Justicia Nacional en las Relaciones de
Consumo serán ejercidas por los juzgados que entienden actualmente en
la materia, con la aplicación de las normas procesales establecidas en
la presente ley, aun a las causas en trámite, siempre que ello no
dificulte la tramitación de las mismas.
La Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo podrá
solicitar la creación de nuevos juzgados o salas.
TITULO VI
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 77. — Invitación.
Invítase a las jurisdicciones locales a adherir a la presente ley, para
lo cual deberán adecuar sus regímenes procesales y/o procedimentales.
Invítese a las jurisdicciones locales a la creación del fuero del
consumidor y/o a determinar qué tribunal será competente a efectos de
adecuarse a la presente ley.
La opción de las vías procesales previstas en la presente ley no será
causal de restricción o limitación alguna para que el consumidor o
usuario pueda ejercer plenamente sus derechos y accionar ante la
justicia en la jurisdicción local.
A tales fines, se encomienda a la autoridad de aplicación nacional de
la ley 24.240 y sus modificatorias, la gestión y celebración de
convenios de cooperación, complementación y asistencia técnica con las
mencionadas jurisdicciones.
ARTICULO 78. — Comuníquese al
Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.993 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Lucas Chedrese. — Juan H.
Estrada.
ANEXO
I
(ARTICULO 49)
PODER JUDICIAL DE LA NACION
I.- JUZGADOS NACIONALES DE PRIMERA INSTANCIA EN LAS RELACIONES DE
CONSUMO:
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
| Magistrado |
8 |
| Secretario |
8 |
| Prosecretario |
8 |
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO
| Prosecretario
administrativo |
8 |
| Jefe
de despacho |
8 |
| Secretario
privado |
8 |
| Oficial |
8 |
| Escribiente |
8 |
| Auxiliar |
8 |
PERSONAL DE SERVICIO, OBRERO Y MAESTRANZA
II.- CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LAS RELACIONES DE CONSUMO:
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
| Vocal
de cámara |
6 |
| Secretario
de cámara |
2 |
| Prosecretario
de cámara |
2 |
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO
| Prosecretario
administrativo |
2 |
| Jefe
de despacho |
2 |
| Secretario
privado |
6 |
| Oficial |
2 |
| Escribiente |
2 |
| Auxiliar |
2 |
PERSONAL DE SERVICIO, OBRERO Y MAESTRANZA
MINISTERIO PUBLICO FISCAL:
I.- FISCALIAS ANTE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA:
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
| Fiscal |
3 |
| Secretario |
3 |
| Prosecretario |
3 |
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO
| Jefe
de despacho |
3 |
| Escribiente |
3 |
PERSONAL DE SERVICIO, OBRERO Y DE MAESTRANZA
II.- FISCALIA ANTE LA CAMARA DE APELACIONES:
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
| Fiscal
de segunda instancia |
1 |
| Secretario |
1 |
| Prosecretario |
1 |
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO
| Jefe
de despacho |
1 |
| Escribiente |
1 |
PERSONAL DE SERVICIO, OBRERO Y DE MAESTRANZA
MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA:
I.- DEFENSORIAS ANTE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
| Defensor |
3 |
| Secretario |
3 |
| Prosecretario |
3 |
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO
| Jefe
de despacho |
3 |
| Escribiente |
3 |
PERSONAL DE SERVICIO, OBRERO Y DE MAESTRANZA
II.- DEFENSORIA ANTE LA CAMARA DE APELACIONES:
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
| Defensor
de segunda instancia |
1 |
| Secretario |
1 |
| Prosecretario |
1 |
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO
| Jefe
de despacho |
1 |
| Escribiente |
1 |
PERSONAL DE SERVICIO, OBRERO Y DE MAESTRANZA
| Ayudante |
1 |
| SUBTOTAL |
6 |
| TOTAL |
156 |
