Resolución 2541 (2020)
Aprobada por el Consejo de Seguridad
el 31 de agosto de 2020
El Consejo de Seguridad,
Recordando todas sus
anteriores resoluciones, declaraciones de la Presidencia y comunicados
de prensa sobre la situación en Malí,
Reafirmando su decidido
compromiso con la soberanía, la unidad y la integridad territorial de
Malí, poniendo de relieve que las autoridades malienses tienen la
responsabilidad primordial de proporcionar estabilidad y seguridad en
todo el territorio de Malí, y recalcando la importancia de lograr la
implicación nacional en las iniciativas relacionadas con la paz y la
seguridad,
Recordando las disposiciones
del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí (“el Acuerdo”) en
las que se le pide que dé su pleno apoyo al Acuerdo, vigile
estrechamente su aplicación y, en caso necesario, adopte medidas contra
toda persona que obstaculice la aplicación de los compromisos que
figuran en él o el cumplimiento de sus objetivos,
Expresando su profunda
preocupación por los recientes acontecimientos ocurridos en Malí,
condenando enérgicamente el motín acaecido en Kati el 18 de agosto de
2020, subrayando la urgente necesidad de restablecer el estado de
derecho y avanzar hacia el regreso al orden constitucional, reiterando
su firme apoyo a las iniciativas de la Comunidad Económica de los
Estados de África Occidental (CEDEAO) y a los esfuerzos de mediación en
Malí, y expresando su disposición a examinar esta cuestión en el
transcurso del año, a la luz de las posibles consecuencias de esos
recientes acontecimientos para la aplicación del Acuerdo,
Reconociendo que en los
últimos ocho meses se ha avanzado en la aplicación del Acuerdo y que la
combinación de un cierto grado de voluntad política y presión
internacional, incluso mediante la perspectiva de imponer sanciones, ha
sido un factor importante para lograr esos avances, expresando
considerable impaciencia con las partes por las persistentes demoras en
la plena aplicación de las disposiciones fundamentales del Acuerdo,
observando además que las continuas demoras en la aplicación
contribuyen a generar un vacío político y de seguridad que pone en
peligro la estabilidad y el desarrollo de Malí, así como la viabilidad
del Acuerdo, destacando la necesidad de una mayor implicación y
priorización al aplicar el Acuerdo, y destacando además la importancia
de la participación plena, efectiva y significativa de las mujeres en
los mecanismos establecidos por el Acuerdo para apoyar y vigilar su
aplicación,
Condenando enérgicamente todos
los abusos y violaciones de los derechos humanos y las violaciones del
derecho internacional humanitario que se cometen en Malí, y exhortando
a todas las partes a que pongan fin a tales violaciones y abusos y
cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional aplicable,
Recordando las disposiciones
de la resolución 2531 (2020), en la que se insta a las partes malienses
a que emprendan acciones concretas e inmediatas, con un espíritu de
auténtica cooperación, para aplicar las medidas prioritarias enunciadas
en su párrafo 3 antes de que finalice el mandato actual de la MINUSMA,
alentando al Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución
2374 (2017) (“el Grupo de Expertos”) a que en sus informes periódicos y
actualizaciones provisionales mencione a las partes responsables del
posible incumplimiento de esas medidas prioritarias, y expresando su
intención, en el caso de que dichas medidas prioritarias no se hayan
aplicado antes de que finalice el mandato actual de la MINUSMA, de
responder con las medidas previstas en la resolución 2374 (2017) contra
las personas y entidades que obstruyan o amenacen de tal modo la
aplicación del Acuerdo,
Destacando que todas las
partes en el Acuerdo comparten la responsabilidad primordial de lograr
progresos constantes en su aplicación,
Tomando nota de que el Comité
del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2374
(2017) relativa a Malí (“el Comité”) decidió el 20 de diciembre de 2018
y el 10 de julio de 2019 incluir a varias personas en la lista de
personas y entidades sujetas a las medidas dimanantes de la resolución
2374 (2017) (“la lista de sanciones 2374”) y tomando nota además de que
el Comité tiene intención de considerar la posibilidad de suprimir a
esas personas de la lista de sanciones 2374 si se aplican plenamente
las medidas prioritarias enumeradas en el párrafo 3 de la resolución
2531 (2020) y si las personas designadas ponen fin a todas las
actividades ilícitas, incluidas las indicadas en la justificación de la
propuesta de inclusión, pero destacando que todavía no ha percibido
avances que le permitan considerar esa posibilidad,
Reiterando que las personas o
entidades que figuran en la lista de sanciones 2374 no se beneficiarán
de ningún apoyo financiero, operacional o logístico de las entidades de
las Naciones Unidas desplegadas en Malí hasta que su nombre se suprima
de la lista y sin perjuicio de las excepciones establecidas en los
párrafos 2, 5, 6 y 7 de la resolución 2374 (2017), acogiendo con
beneplácito las medidas que ya han adoptado las entidades de las
Naciones Unidas desplegadas en Malí para asegurar que esas personas o
entidades no se beneficien de ese tipo de apoyo, y reiterando su
solicitud formulada en la resolución 2531 (2020) de que el Secretario
General incluya en su próximo informe trimestral sobre la MINUSMA
información actualizada sobre esas medidas,
Tomando nota del informe
final (S/2020/785) del Grupo de Expertos,
Observando la importancia de
que el Grupo de Expertos y todas las demás entidades de las Naciones
Unidas que operan en Malí sigan colaborando e intercambiando
información, con arreglo a sus mandatos y capacidades,
Habiendo determinado que la
situación imperante en Malí sigue constituyendo una amenaza para la paz
y la seguridad internacionales en la región,
Actuando en virtud del
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,
1.
Decide prorrogar hasta el
31 de agosto de 2021 las medidas enunciadas en los párrafos 1 a 7 de la
resolución 2374 (2017);
2.
Reafirma que esas medidas
se aplicarán a las personas y entidades que designe el Comité, conforme
a lo dispuesto en los párrafos 8 y 9 de la resolución 2374 (2017);
3.
Decide prorrogar hasta el
30 de septiembre de 2021 el mandato del Grupo de Expertos, enunciado en
los párrafos 11 a 15 de la resolución 2374 (2017), así como la
solicitud hecha a la MINUSMA en el párrafo 16 de la resolución 2374
(2017), expresa su intención de examinar el mandato y adoptar las
medidas apropiadas sobre otra posible prórroga a más tardar el 31 de
agosto de 2021, y solicita al Secretario General que tome lo antes
posible las medidas administrativas necesarias para restablecer el
Grupo de Expertos, en consulta con el Comité, aprovechando, según
proceda, la especialización de los actuales miembros del Grupo;
4.
Solicita al Grupo de
Expertos que le presente, tras celebrar deliberaciones con el Comité,
un informe de mitad de período a más tardar el 28 de febrero de 2021,
un informe final a más tardar el 15 de agosto de 2021 y actualizaciones
periódicas entre esas fechas, según proceda;
5.
Reafirma las disposiciones
relativas a la presentación de informes y el examen que figuran en la
resolución 2374 (2017);
6.
Decide seguir ocupándose
activamente de la cuestión.
Resolución
2590 (2021)
Aprobada por el Consejo de Seguridad
en su 8844a sesión, celebrada el 30 de agosto de 2021
El Consejo de Seguridad,
Recordando todas sus
anteriores resoluciones, declaraciones de la Presidencia y comunicados
de prensa sobre la situación en Malí,
Reafirmando su decidido
compromiso con la soberanía, la unidad y la integridad territorial de
Malí, poniendo de relieve que las autoridades malienses tienen la
responsabilidad primordial de proporcionar estabilidad y seguridad en
todo el territorio de Malí, y recalcando la importancia de lograr la
implicación nacional en las iniciativas relacionadas con la paz y la
seguridad,
Recordando las disposiciones
del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí (“el Acuerdo”) en
las que se le pide que dé su pleno apoyo al Acuerdo, vigile
estrechamente su aplicación y, en caso necesario, adopte medidas contra
toda persona que obstaculice la aplicación de los compromisos que
figuran en él o el cumplimiento de sus objetivos,
Reiterando que las Naciones
Unidas, la Unión Africana, la Comunidad Económica de los Estados de
África Occidental (CEDEAO) y otros asociados internacionales siguen
manteniendo el firme compromiso de aplicar el Acuerdo como medio de
lograr la paz y la estabilidad a largo plazo en Malí, acogiendo con
beneplácito la actualización de la hoja de ruta para la aplicación del
Acuerdo y los esfuerzos realizados por el Comité de Seguimiento del
Acuerdo (CSA) para mejorar su función de apoyo a la aplicación, pero
expresando una considerable impaciencia con las partes por los
persistentes retrasos en la aplicación del Acuerdo, que contribuyen a
generar un vacío político y de seguridad que pone en peligro la
estabilidad y el desarrollo de Malí, destacando la necesidad de una
mayor implicación y priorización en la aplicación del Acuerdo, y
destacando además la importancia de la participación plena, igualitaria
y significativa de las mujeres en todos los mecanismos establecidos por
el Acuerdo para apoyar y vigilar su aplicación,
Expresando grave preocupación
por el continuo deterioro de la situación política en Malí, en
particular tras el motín que tuvo lugar el 18 de agosto de 2020 y la
violación de la carta de transición que se produjo el 24 de mayo de
2021, hechos que ya condenó, recordando los arreglos de transición
establecidos en Malí, que incluyen la Carta de Transición, el Plan de
Acción para la Transición y un calendario electoral presentado el 15 de
abril de 2021, exhortando a todas las partes interesadas de Malí a que
faciliten la plena ejecución de la transición política y el traspaso
del poder a las autoridades civiles elegidas, instando a las
autoridades malienses a que apliquen esos arreglos en el plazo
establecido de 18 meses, incluida la organización de las elecciones
presidenciales el 27 de febrero de 2022 conforme al calendario
electoral, reiterando las decisiones de que el Jefe de la Transición y
el Vicepresidente y el Primer Ministro de la Transición no deben ser,
bajo ninguna circunstancia, candidatos en las próximas elecciones
presidenciales, y acogiendo con beneplácito la mediación de la CEDEAO y
la función del Mecanismo de Vigilancia cuya creación ha anunciado,
Expresando gran preocupación
por las acciones violentas y unilaterales de agentes no estatales en
Malí, que obstaculizan el restablecimiento de la autoridad del Estado y
los servicios sociales básicos,
Condenando enérgicamente las
actividades que realizan en Malí y la región del Sahel organizaciones
terroristas vinculadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida, como la Provincia de
África Occidental del Estado Islámico (ISWAP), el Estado Islámico en el
Gran Sáhara (EIGS) y Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM),
Condenando enérgicamente todos
los abusos y violaciones de los derechos humanos y violaciones del
derecho internacional humanitario que se cometen en Malí, en particular
los casos de violencia sexual en el conflicto y de reclutamiento y
utilización de niños en el conflicto armado, y exhortando a todas las
partes a que pongan fin a tales violaciones y abusos y cumplan sus
obligaciones en virtud del derecho internacional aplicable,
Destacando que las medidas
impuestas en virtud de la presente resolución no tienen el propósito de
acarrear consecuencias humanitarias adversas para la población civil de
Malí,
Recordando la necesidad de que
los Estados Miembros velen por que todas las medidas que adopten para
aplicar la presente resolución se ajusten a las obligaciones que les
incumben en virtud del derecho internacional, incluidas las
disposiciones aplicables del derecho internacional humanitario, el
derecho internacional de los derechos humanos y el derecho
internacional de los refugiados,
Recordando las disposiciones
de la resolución 2584 (2021), en la que se insta a las partes malienses
a que emprendan acciones concretas e inmediatas, con un espíritu de
auténtica cooperación, para aplicar las medidas prioritarias enunciadas
en su párrafo 4 antes de que finalice el mandato actual de la MINUSMA,
alentando al Grupo de Expertos establecido en virtud de la resolución
2374 (2017) (“el Grupo de Expertos”) a que en sus informes periódicos y
actualizaciones provisionales mencione a las partes responsables del
posible incumplimiento de esas medidas prioritarias, y expresando su
intención, en el caso de que dichas medidas prioritarias no se hayan
aplicado antes de que finalice el mandato actual de la MINUSMA, de
responder con las medidas previstas en la resolución 2374 (2017) contra
las personas y entidades que obstruyan o amenacen de tal modo la
aplicación del Acuerdo,
Destacando que todas las
partes en el Acuerdo comparten la responsabilidad primordial de lograr
progresos constantes en su aplicación,
Tomando nota de que el Comité
del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2374
(2017) relativa a Malí (“el Comité”) decidió el 20 de diciembre de 2018
y el 10 de julio de 2019 incluir a varias personas en la lista de
personas y entidades sujetas a las medidas dimanantes de la resolución
2374 (2017) (“la lista de sanciones 2374”), y tomando nota además de
que el Comité tiene intención de considerar la posibilidad de suprimir
a esas personas de la lista de sanciones 2374 si se aplican plenamente
las medidas prioritarias enumeradas en el párrafo 4 de la resolución
2584 (2021) y si las personas designadas ponen fin a todas las
actividades ilícitas, incluidas las indicadas en la justificación de la
propuesta de inclusión, pero destacando que todavía no ha observado
avances que justifiquen considerar esa posibilidad,
Pidiendo de nuevo a todos los
Estados, en particular Malí y los de la región, que apliquen
activamente las medidas enunciadas en la presente resolución,
Reiterando que las personas o
entidades que figuran en la lista de sanciones 2374 no se beneficiarán
de ningún apoyo financiero, operacional o logístico de las entidades de
las Naciones Unidas desplegadas en Malí hasta que su nombre se suprima
de la lista y sin perjuicio de las excepciones establecidas en los
párrafos 2, 5, 6 y 7 de la resolución 2374 (2017), y acogiendo con
beneplácito las medidas que ya han adoptado las entidades de las
Naciones Unidas desplegadas en Malí para asegurar que esas personas o
entidades no se beneficien de ese tipo de apoyo,
Tomando nota del informe
final (S/2021/714) del Grupo de Expertos,
Observando la importancia de
que el Grupo de Expertos y todas las demás entidades de las Naciones
Unidas que operan en Malí sigan colaborando e intercambiando
información, con arreglo a sus mandatos y capacidades,
Habiendo determinado que la
situación en Malí sigue constituyendo una amenaza para la paz y la
seguridad internacionales en la región,
Actuando en virtud del
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,
1.
Decide prorrogar hasta el
31 de agosto de 2022 las medidas enunciadas en los párrafos 1 a 7 de la
resolución 2374 (2017);
2.
Reafirma que esas medidas
se aplicarán a las personas y entidades que designe el Comité, conforme
a lo dispuesto en los párrafos 8 y 9 de la resolución 2374 (2017),
entre otras cosas por participar en la planificación, dirección o
comisión de actos en Malí que violen el derecho internacional
humanitario, incluidos los ataques contra el personal médico o el
personal humanitario;
3.
Decide prorrogar hasta el
30 de septiembre de 2022 el mandato del Grupo de Expertos, enunciado en
los párrafos 11 a 15 de la resolución 2374 (2017), así como la
solicitud hecha a la MINUSMA en el párrafo 16 de la resolución 2374
(2017), expresa su intención de examinar el mandato y adoptar las
medidas apropiadas sobre otra posible prórroga a más tardar el 31 de
agosto de 2022, y solicita al Secretario General que tome lo antes
posible las medidas administrativas necesarias para restablecer el
Grupo de Expertos, en consulta con el Comité, aprovechando, según
proceda, la especialización de los actuales miembros del Grupo;
4.
Solicita al Grupo de
Expertos que le presente, tras celebrar deliberaciones con el Comité,
un informe de mitad de período a más tardar el 28 de febrero de 2022,
un informe final a más tardar el 15 de agosto de 2022 y actualizaciones
periódicas entre esas fechas, según proceda;
5.
Reafirma las disposiciones
relativas a la presentación de informes y el examen que figuran en la
resolución 2374 (2017), y solicita al Secretario General que en el
informe sobre la MINUSMA que ha de presentar en diciembre de 2021
incluya información actualizada sobre las medidas adoptadas para que
las personas sancionadas no se beneficien de ningún tipo de apoyo de
las entidades de las Naciones Unidas desplegadas en Malí;
6.
Decide seguir ocupándose
activamente de la cuestión.
Resolución
2649 (2022)
Aprobada por el Consejo de Seguridad
en su 9119a sesión, celebrada el 30 de agosto de 2022
El Consejo de Seguridad,
Recordando todas sus
anteriores resoluciones, declaraciones de la Presidencia y comunicados
de prensa sobre la situación en Malí,
Reafirmando su decidido
compromiso con la soberanía, la unidad y la integridad territorial de
Malí, poniendo de relieve que las autoridades malienses tienen la
responsabilidad primordial de proporcionar estabilidad y seguridad en
todo el territorio de Malí, y recalcando la importancia de lograr la
implicación nacional en las iniciativas relacionadas con la paz y la
seguridad,
Recordando las disposiciones
del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Malí (“el Acuerdo”) en
las que se le pide que dé su pleno apoyo al Acuerdo, vigile
estrechamente su aplicación y, en caso necesario, adopte medidas contra
toda persona que obstaculice la aplicación de los compromisos que
figuran en él o el cumplimiento de sus objetivos,
Reiterando que las Naciones
Unidas, la Unión Africana, la Comunidad Económica de los Estados de
África Occidental (CEDEAO) y otros asociados internacionales siguen
manteniendo el firme compromiso de aplicar el Acuerdo como medio de
lograr la paz y la estabilidad a largo plazo en Malí, acogiendo con
beneplácito la reunión decisoria de alto nivel que se celebró en Bamako
del 1 al 5 de agosto de 2022 sobre la aplicación del Acuerdo y las
decisiones que se tomaron en ella, pero destacando que es necesario
actuar en función de esas decisiones, lamentando que el Comité de
Seguimiento del Acuerdo (CSA) no se haya reunido desde octubre de 2021,
expresando una considerable impaciencia con las partes por los
persistentes retrasos en la aplicación del Acuerdo en su conjunto, que
contribuyen a generar un vacío político y de seguridad que pone en
peligro la estabilidad y el desarrollo de Malí, destacando la necesidad
de una mayor implicación y priorización en la aplicación del Acuerdo, y
destacando además la importancia de la participación plena, igualitaria
y significativa de las mujeres en todos los mecanismos establecidos por
el Acuerdo para apoyar y vigilar su aplicación,
Encomiando el papel
desempeñado por Argelia y otros miembros del equipo de mediación
internacional para ayudar a las partes malienses a aplicar el Acuerdo,
poniendo de relieve la necesidad de aumentar la participación de los
miembros del equipo de mediación internacional para que se aplique el
Acuerdo y subrayando además que el Representante Especial del
Secretario General para Malí debe seguir desempeñando un papel central
para apoyar y supervisar la aplicación del Acuerdo por las partes
malienses firmantes,
Reconociendo las decisiones
que adoptó con respecto a Malí la Cumbre de la CEDEAO celebrada en
Accra el 3 de julio de 2022 y recordando las disposiciones de la
resolución 2640 (2022) sobre las elecciones y el restablecimiento del
orden constitucional,
Expresando gran preocupación
por las acciones violentas y unilaterales de agentes no estatales en
Malí, que obstaculizan el restablecimiento de la autoridad del Estado y
los servicios sociales básicos,
Condenando enérgicamente las actividades que
realizan en Malí y la región del Sahel organizaciones terroristas
vinculadas al EIIL (Dáesh) y Al-Qaida, y condenando en los términos más
enérgicos los continuos ataques contra civiles, representantes de
instituciones locales, regionales y estatales, y fuerzas nacionales e
internacionales, y contra la Misión Multidimensional Integrada de
Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA),
Condenando enérgicamente todos los abusos y
violaciones de los derechos humanos y violaciones del derecho
internacional humanitario que se cometen en Malí, en particular los
casos de violencia sexual en el conflicto y de reclutamiento y
utilización de niños en el conflicto armado, y exhortando a todas las
partes en Malí a que pongan fin a tales violaciones y abusos y cumplan
sus obligaciones en virtud del derecho internacional aplicable,
Destacando que las medidas
impuestas en virtud de la presente resolución no tienen el propósito de
acarrear consecuencias humanitarias adversas para la población civil de
Malí,
Recordando la necesidad de que
los Estados Miembros se cercioren de que todas las medidas que adopten
para aplicar la presente resolución cumplan sus obligaciones en virtud
del derecho internacional, incluidos el derecho internacional
humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el
derecho internacional de los refugiados, según proceda,
Expresando preocupación por el
estancamiento de la aplicación del Acuerdo, destacando que todas las
partes en el Acuerdo comparten la responsabilidad primordial de lograr
progresos constantes en su aplicación y recordando que está dispuesto a
responder tomando medidas en virtud de la resolución 2374 (2017) si las
partes intervienen en hostilidades en contravención del Acuerdo o
adoptan medidas que obstruyan su aplicación, la obstaculicen con
retrasos prolongados o la pongan en peligro,
Tomando nota de que el Comité
del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2374
(2017) relativa a Malí (“el Comité”) decidió el 20 de diciembre de 2018
y el 10 de julio de 2019 incluir a varias personas en la lista de
personas y entidades sujetas a las medidas dimanantes de la resolución
2374 (2017) (“la lista de sanciones 2374”), y tomando nota además de
que el Comité tiene intención de considerar la posibilidad de suprimir
a esas personas de la lista de sanciones 2374 si se aplican plenamente
las medidas prioritarias enumeradas en el párrafo 4 de la resolución
2584 (2021) y si las personas designadas ponen fin a todas las
actividades ilícitas, incluidas las indicadas en la justificación de la
propuesta de inclusión, pero destacando que todavía no ha observado
avances suficientes que justifiquen considerar esa posibilidad,
Pidiendo de nuevo a todos los
Estados, en particular Malí y los de la región, que apliquen
activamente las medidas enunciadas en la presente resolución,
Reiterando que las personas o
entidades que figuran en la lista de sanciones 2374 no se beneficiarán
de ningún apoyo financiero, operacional o logístico de las entidades de
las Naciones Unidas desplegadas en Malí hasta que su nombre se suprima
de la lista y sin perjuicio de las excepciones establecidas en los
párrafos 2, 5, 6 y 7 de la resolución 2374 (2017), y acogiendo con
beneplácito las medidas que ya han adoptado las entidades de las
Naciones Unidas desplegadas en Malí para asegurar que tales personas o
entidades no se beneficien de ese tipo de apoyo,
Tomando nota del informe final
(S/2022/595) del Grupo de Expertos,
Observando la importancia de
que el Grupo de Expertos y todas las demás entidades de las Naciones
Unidas que operan en Malí sigan colaborando e intercambiando
información, con arreglo a sus mandatos y capacidades,
Habiendo determinado que la
situación en Malí sigue constituyendo una amenaza para la paz y la
seguridad internacionales en la región,
Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,
1. Decide prorrogar hasta el 31 de agosto de 2023 las medidas
enunciadas en los párrafos 1 a 7 de la resolución 2374 (2017);
2. Reafirma que esas medidas se aplicarán a las personas y entidades
que designe el Comité, conforme a lo dispuesto en los párrafos 8 y 9 de
la resolución 2374 (2017), entre otras cosas por participar en la
planificación, dirección o comisión de actos en Malí que violen el
derecho internacional humanitario, incluidos los ataques contra el
personal médico o el personal humanitario;
3. Acoge con beneplácito que
las autoridades malienses hayan designado un punto focal encargado de
la comunicación con el Comité establecido en virtud de la resolución
2374 (2017) respecto a la aplicación de las medidas mencionadas en el
párrafo 1 de la presente resolución y pide que las autoridades
malienses y el Comité entablen un diálogo e intercambien información de
manera rápida y oportuna;
4. Decide prorrogar hasta el
30 de septiembre de 2023 el mandato del Grupo de Expertos, enunciado en
los párrafos 11 a 15 de la resolución 2374 (2017), así como la
solicitud hecha a la MINUSMA en el párrafo 16 de la resolución 2374
(2017), expresa su intención de examinar el mandato y adoptar las
medidas apropiadas sobre otra posible prórroga a más tardar el 31 de
agosto de 2023, y solicita al Secretario General que tome lo antes
posible las medidas administrativas necesarias para restablecer el
Grupo de Expertos, en consulta con el Comité, aprovechando, según
proceda, la especialización de los actuales miembros del Grupo, y
exhorta a todos los Estados Miembros a que faciliten la labor del Grupo;
5. Solicita al Grupo de
Expertos que le presente, tras celebrar deliberaciones con el Comité,
un informe de mitad de período a más tardar el 28 de febrero de 2023,
un informe final a más tardar el 15 de agosto de 2023 y actualizaciones
periódicas entre esas fechas, según proceda;
6. Reafirma las disposiciones
relativas a la presentación de informes y el examen que figuran en la
resolución 2374 (2017);
7. Decide seguir ocupándose
activamente de la cuestión.
