JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
Resolución 44/2023
RESOL-2023-44-APN-SIP#JGM
Ciudad de Buenos Aires, 01/09/2023
VISTO el Expediente N° EX-2023-81004342-APN-SSTI#JGM, la Ley de
Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus
modificatorias, los Decretos Nros. 1063 de fecha 4 de octubre de 2016 y
su modificatorio, 577 de fecha 28 de julio de 2017 y su modificatorio,
50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, las
Resoluciones N° 829 de fecha 24 de mayo de 2019 de la ex SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y 1
de fecha 5 de enero de 2023 de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 9º del Título III de
la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por Decreto N°
438/92) y sus modificatorias, la JEFATURA DE GABINETE tiene a su cargo
“Entender en el diseño y ejecución de políticas relativas al empleo
público, a la innovación de gestión, a la modernización de la
Administración Pública Nacional, al régimen de compras y
contrataciones, a las tecnologías de la información, las
telecomunicaciones, los servicios de comunicación audiovisual y los
servicios postales”.
Que, por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus
modificatorios, se estableció el organigrama de aplicación de la
Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría,
creándose la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA dependiente de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, que entre sus competencias posee la
de “Entender en la ciberseguridad y protección de infraestructuras
críticas de información y comunicaciones asociadas del Sector Público
Nacional y de los servicios de información y comunicaciones definidos
en el artículo 1° de la Ley N° 27.078.”
Que mediante el Decreto N° 577 de fecha 28 de julio de 2017 y
modificatorio se creó, en la órbita de la Ex Secretaría de Gobierno de
Modernización de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el COMITÉ
NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD, integrado por representantes de dicha
Secretaría de Gobierno, así como de la SECRETARÍA DE ASUNTOS
ESTRATÉGICOS de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, del MINISTERIO DE
DEFENSA, del MINISTERIO DE SEGURIDAD, del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO y del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con
el objetivo de elaborar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
Que, a través de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE
MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 829 del 24 de
mayo de 2019 se aprobó la primera ESTRATEGIA NACIONAL DE
CIBERSEGURIDAD, con el objetivo de establecer los principios esenciales
y objetivos centrales de la REPÚBLICA ARGENTINA en torno a la
protección del ciberespacio
Que dicha Estrategia nació como un documento fundacional, dirigido a
servir de punto de partida para el despliegue de acciones y políticas
en pos del cumplimiento de los objetivos allí estipulados.
Que dicha resolución dispuso la creación de la Unidad Ejecutiva a fin
de coordinar el funcionamiento y brindar asistencia administrativa al
COMITÉ NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD.
Que mediante la Resolución N° 1 de fecha 5 de enero de 2023 de la
SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,
encomendó a la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS impulsar los actos administrativos y demás
acciones necesarias para la implementación de la Segunda Estrategia
Nacional de Ciberseguridad.
Que, en virtud de la precitada Resolución, se sometió a Consulta
Pública el texto de la Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad, a
fin de recabar información, contribuciones, propuestas, experiencias y
recomendaciones de las distintas partes interesadas, tales como el
sector público, privado, académico y la sociedad civil, entre otros.
Que las contribuciones y aportes resultantes del proceso de Consulta
Pública fueron evaluados por el referido COMITÉ NACIONAL DE
CIBERSEGURIDAD, incorporando al texto de la Segunda Estrategia Nacional
de Ciberseguridad aquellas propuestas y recomendaciones que se
estimaron valiosas y pertinentes.
Que los desafíos que presenta el ciberespacio exigen una permanente
actualización de todos los instrumentos de los que el Estado Nacional
dispone, a los fines de promover los beneficios que las nuevas
tecnologías ofrecen y mitigar los riesgos que se generan.
Que, en tal sentido, resulta oportuno establecer mecanismos que
fomenten activamente la colaboración y la participación de todas las
partes interesadas en la contienda contra las amenazas cibernéticas y
la protección activa de la seguridad de la información y las
infraestructuras críticas del Sector Público Nacional.
Que por lo expuesto, resulta necesario establecer una Unidad encargada
de forma exclusiva a la elaboración y seguimiento del Plan de Acción de
la Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad y promover la
vinculación y coordinación con las entidades que conforman el
ecosistema de la ciberseguridad para la concreción de los objetivos
fijados en la misma.Que la presente medida no implica cambios en la
estructura orgánica funcional, así como tampoco significa una
asignación de recursos extraordinarios.
Que conforme lo expresado, resulta pertinente derogar el art. 1 la
Resolución N° 829 de fecha 24 de mayo de 2019 de la ex SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA LEGAL
de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA de la JEFATURA
DE GABINETE DE MINISTROS, ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las competencias
conferidas por la Resolución N° 1/2023 de la SECRETARÍA DE GABINETE de
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Por ello,
LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Derógase el artículo N.° 1 de la Resolución N° 829 de
fecha 24 de mayo de 2019 de la ex SECRETARÍA DE GOBIERNO DE
MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
ARTÍCULO 2°.- Impleméntase la SEGUNDA ESTRATEGIA NACIONAL DE
CIBERSEGURIDAD -aprobada por el COMITÉ NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD-, que
como ANEXO I (IF-2023-81810563-APNSSTI#JGM) forma parte integrante de
la presente medida.
ARTÍCULO 3.- Créase la UNIDAD DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN EN
CIBERSEGURIDAD en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, la cual tendrá las
acciones establecidas en el ANEXO II identificado como
(IF-2023-81814720-APNSSTI#JGM), que forma parte integrante de la
presente resolución.
ARTÍCULO 4° - Establécese que la UNIDAD EJECUTIVA del COMITÉ NACIONAL
DE CIBERSEGURIDAD, oportunamente creada por la Resolución N.° 829 del
24 de mayo de 2019, dependerá de la UNIDAD DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN EN
CIBERSEGURIDAD creada en el artículo precedente, y tendrá las acciones
establecidas en el ANEXO III identificado como
(IF-2023-81815774-APNSSTI#JGM)
ARTÍCULO 5°.- Déjase establecido que la presente no implica cambios en
la estructura orgánica funcional de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA, ni asignación de recursos extraordinarios y contribuye a la
optimización funcional de las políticas públicas que lleva adelante el
Poder Ejecutivo Nacional en materia de ciberseguridad.
ARTÍCULO 6°.- Invitase a las Provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a adherir a la SEGUNDA ESTRATEGIA NACIONAL DE
CIBERSEGURIDAD, aprobada por el ARTÍCULO 1º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°.- La presente entrará en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese.
Micaela Sánchez Malcolm
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 04/09/2023 N° 69696/23 v. 04/09/2023
(Nota
Infoleg:
Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la
edición web de Boletín Oficial)
ANEXO I
ESTRATEGIA
NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Introducción.
La Estrategia Nacional de Ciberseguridad, establecida por el Poder
Ejecutivo Nacional, sienta los principios rectores y desarrolla los
objetivos centrales que permitirán fijar las previsiones nacionales en
materia de protección del ciberespacio. Tiene como finalidad brindar un
contexto seguro para su aprovechamiento por parte de las personas y
organizaciones públicas y privadas, desarrollando, de forma coherente y
estructurada, acciones de prevención, detección, respuesta y
recuperación frente a las ciberamenazas, juntamente con el desarrollo
de un marco normativo e institucional acorde.
A partir del desarrollo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad,
elaborada por el Comité Nacional de Ciberseguridad creado por el
Decreto N° 577 del 28 de julio de 2017, modificado por el Decreto N°
480/2019, es necesario continuar desplegando acciones para el uso
seguro del ciberespacio, impulsando una visión integradora cuya
aplicación ayude a garantizar la seguridad y el progreso de nuestra
Nación.
Estas acciones se llevarán a cabo sobre la base de la coordinación y
cooperación entre la Administración Pública Nacional, otros poderes
nacionales, las administraciones y poderes de las jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipales, el
sector privado, las organizaciones no gubernamentales y las entidades
académicas.
La irrupción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC), junto a su continua evolución, ha significado un cambio de
paradigma y punto de inflexión en la historia. Muchos de los aspectos
de nuestra vida cotidiana se encuentran atravesados por este fenómeno,
en tanto las personas encuentran en la tecnología un nuevo mundo
interconectado donde desarrollar los aspectos más básicos;
circunstancia que se ha visto magnificada luego de la pandemia del
COVID, a raíz de lo cual, el teletrabajo y la educación a distancia se
convirtieron en parte de la cotidianeidad.
Asimismo, las organizaciones se han redefinido en torno a estos
avances, con independencia de su tamaño, el sector al que pertenecen,
su ubicación geográfica o su objeto. Estas tecnologías han impactado
notablemente en las estructuras económicas y en las relaciones humanas,
erigiéndose como un medio imprescindible para el desarrollo.
La realidad exhibe que servicios esenciales para la vida de las
personas y para la economía, como la energía, el agua, el transporte,
las comunicaciones, la educación, la salud, el comercio y los servicios
financieros, entre otros, tienen en la actualidad una fuerte
dependencia de las redes informáticas.
Adicionalmente, la vigencia de las tecnologías de procesamiento masivo
de datos (big data), las tecnologías de la operación, la computación en
la nube (cloud computing), Internet de las cosas (Internet of things
IoT), el desarrollo de 5G y los avances en la inteligencia artificial,
tanto así como la utilización de redes sociales y plataformas para la
comunicación interpersonal, hacen determinante que los Estados
incorporen la problemática de la ciberseguridad a la agenda
gubernamental.
Es necesario trabajar para que los beneficios de estas innovaciones se
distribuyan con justicia, equidad y con pleno respeto de los derechos
humanos. Sin embargo, este horizonte también nos muestra amenazas y
potenciales daños a los derechos de las personas y las organizaciones.
La Resolución N° A/RES/66/290 aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (ONU) establece que la seguridad humana “exige
respuestas centradas en las personas, exhaustivas, adaptadas a cada
contexto y orientadas a la prevención que refuercen la protección y el
empoderamiento de todas las personas y todas las comunidades”. En este
sentido, la ciberseguridad es un concepto amplio que va más allá de la
seguridad informática, por lo cual debe centrar sus esfuerzos en
prevenir actos disvaliosos que afecten los derechos de las personas,
entre ellos su libertad, integridad física, privacidad, integridad y
disponibilidad de sus datos, y propiedad privada.
La ciberseguridad es abordada en la presente Estrategia como el
conjunto de políticas y acciones orientadas a elevar los niveles de
seguridad de las infraestructuras de las TIC, que podrían, según el
caso, ser potencialmente vulnerables ante amenazas y/o incidentes. De
este modo, se tiene como objetivo prevenir acciones que afecten la
administración del Estado, las organizaciones, los servicios esenciales
y, en consecuencia, a las personas.
Las acciones en el ciberespacio inciden también en la actividad de las
administraciones gubernamentales: permiten transparentar, comunicar sus
acciones y aperturar datos y gestiones de gobierno. Esto hace que sean
también sensibles a incidentes informáticos que pueden afectar su
normal desenvolvimiento.
El ciberespacio exhibe dificultades relacionadas con la atribución de
responsabilidad, las vulnerabilidades de las infraestructuras críticas
de información, las grandes asimetrías que se manifiestan entre los
países a partir de la globalización y las cuestiones vinculadas con el
ejercicio de la soberanía, entre otras. En ese sentido, el ciberespacio
representa un dominio soportado por infraestructuras físicas y sistemas
de comunicación sobre el cual resulta desafiante, pero no por ello
menos necesario, el ejercicio de la soberanía.
En el ámbito de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se
encuentra trabajando para lograr y profundizar consensos sobre lo que
constituye el comportamiento responsable del Estado en el ciberespacio,
con el objetivo común de mantener su carácter abierto, libre, estable,
seguro y pacífico. La República Argentina promoverá en todos los foros
en los que participe, el uso pacífico del ciberespacio y apoyará toda
iniciativa que tenga por fin la instauración de valores como la
Justicia, el respeto al Derecho Internacional, el equilibrio y la
reducción de la brecha digital entre las naciones, impulsando el
diálogo y la cooperación. El ciberespacio debe constituirse en un
dominio en el que impere la paz, impidiendo el desarrollo de posibles
conflictos armados, o aquellos que puedan poner en riesgo la seguridad
de la Nación y de su población.
Cabe señalar que el término ciberdefensa refiere al área de Capacidad
militar que se desarrolla para actuar en la dimensión ciberespacial de
los ambientes operacionales terrestre, naval y aéreo; a efectos de
anticipar, prevenir y rechazar ciberataques provenientes de agresiones
externas de Estados, contribuyendo a garantizar las operaciones del
Instrumento Militar asociadas a su misión principal según Ley de
Defensa Nacional y Decreto Reglamentario, poniendo énfasis en contar
con capacidades de monitoreo y control del ciberespacio de interés para
la Defensa Nacional.
La República Argentina, atendiendo los fenómenos de la recolección y
procesamiento masivo de datos personales de las personas que llevan
adelante las plataformas digitales, ha de adoptar medidas idóneas que
promuevan la protección de los derechos de sus ciudadanos en este
sentido en el ciberespacio.
Ante esta realidad que, con luces y sombras, muestra los beneficios
actuales y futuros que el ciberespacio brinda a la sociedad y, también,
las amenazas y riesgos para las personas y organizaciones de nuestro
país, la presente Estrategia Nacional de Ciberseguridad promueve una
serie de objetivos centrales, sustentados por principios rectores, que
conducirán al desarrollo de planes, políticas y acciones concretas para
beneficio de la Nación.
A continuación, se enumeran una serie de principios rectores de esta
Estrategia Nacional de Ciberseguridad y ocho objetivos que marcan el
rumbo a seguir.
Principios Rectores de la
Ciberseguridad.
La Estrategia Nacional de Ciberseguridad se sustenta e inspira en los
siguientes Principios Rectores:
1. PAZ Y SEGURIDAD EN EL CIBERESPACIO:
Las acciones tendientes a brindar ciberseguridad al Estado y a la
sociedad en su conjunto deben contemplar el principio de mantenimiento
de la paz y la seguridad promovido en los Tratados Internacionales de
los que la REPÚBLICA ARGENTINA es parte.
2. RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES: La
protección en materia de ciberseguridad debe garantizar el respeto por
los derechos humanos y las libertades fundamentales.
3. CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y FORTALECIMIENTO FEDERAL: En materia de
ciberseguridad el Estado Nacional debe promover políticas públicas
basadas en riesgos, que tengan por objeto construir capacidades de
detección, prevención, monitoreo, resiliencia, respuesta y recuperación
a incidentes cibernéticos, de forma articulada entre el Sector Público
Nacional y en coordinación con los estados provinciales, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los municipios, el sector privado, el sector
académico y la sociedad civil, con una adecuada articulación de las
competencias y recursos involucrados.
3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL: El carácter transfronterizo de las
amenazas requiere de la cooperación global y regional. El Estado
Nacional, de considerarlo oportuno, podrá articular acciones con otros
actores internacionales. La promoción de acuerdos a nivel global,
regional y subregional, en particular con los países de América Latina
y Caribe, contribuirá a generar todas las posibles sinergias, con el
fin de minimizar los riesgos y mejorar los índices de resiliencia.
4. CULTURA DE CIBERSEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: La masividad
y capilaridad del fenómeno digital conlleva la necesidad de que el
Estado Nacional, en coordinación con los gobiernos provinciales, los
municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sector privado, el
sector académico y la sociedad civil, con una adecuada articulación de
sus competencias, promueva el desarrollo de una cultura de
ciberseguridad que sea capaz de aumentar los niveles de concientización
sobre el uso seguro y responsable del ciberespacio. Para esto es
necesario fortalecer la cooperación y trabajo mancomunado con todos los
sectores para fomentar las inversiones necesarias, que garanticen la
seguridad de la información en sus organizaciones reconociendo que la
misma es una responsabilidad compartida entre todas las partes.
6. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO: Atento que la
ciberseguridad es indispensable para potenciar las posibilidades que
brinda el ciberespacio para el desarrollo económico y social de la
Nación, el Estado Nacional procurará establecer los instrumentos
necesarios para propender un entorno ciberseguro.
7. SEGURIDAD EN EL CIBERESPACIO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD O HISTÓRICAMENTE DISCRIMINADAS: Las políticas públicas y
medidas que se desarrollen para la creación de un entorno digital
seguro, deben prestar especial atención y garantizar la protección de
personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y/o que hayan
sido históricamente discriminadas.
8. PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS: El desarrollo de todas las
actividades orientadas a la concreción de los Objetivos de la presente
Estrategia y el Plan de Acción a desarrollarse en consecuencia, deberán
contar con una perspectiva de género y teniendo como eje transversal la
promoción y protección de los derechos humanos.
Objetivos de la Estrategia Nacional de
Ciberseguridad.
La presente Estrategia Nacional de Ciberseguridad se centra en los
siguientes objetivos prioritarios:
Objetivo 1. Fortalecimiento del sistema institucional para el abordaje
de la problemática de la ciberseguridad a nivel federal.
Instrumentar políticas públicas desde el gobierno nacional para asistir
en la generación de instancias institucionales de abordaje de la
problemática a nivel provincial en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial.
Para ello será necesario:
• Generar espacios de concientización y
articulación con los Poderes Legislativos y Judiciales, nacionales y
provinciales; para abordar la importancia de contar con oficinas de
gobierno provinciales para el abordaje de la problemática de la
ciberseguridad a nivel jurisdiccional y fiscalías especializadas de
delitos informáticos.
• Favorecer la creación de centros de respuesta de emergencias
informáticas (CERTs o CSIRT) provinciales.
• Favorecer instancias de intercambio de información con los
representantes de los Poderes Legislativos Provinciales para que, en
conjunto y de manera armónica, se procure la formulación de normativa
vinculada a la ciberseguridad.
Objetivo 2. Protección de las Infraestructuras Críticas Nacionales.
Promover el desarrollo de estrategias, políticas y medidas de acción
para la protección de infraestructuras críticas nacionales, operación y
comunicación.
Para ello será necesario:
• Promover la definición e
identificación de las infraestructuras críticas del país, de
información, operación y comunicación.
• Fomentar la articulación público-privada en resguardo de las
infraestructuras críticas, en el marco de las respectivas
responsabilidades de cada organización.
• Fortalecer la cooperación en el intercambio de información ante
vulnerabilidades y amenazas cibernéticas.
• Promover esfuerzos coordinados dentro de las redes de datos
industriales con el objetivo de fortalecer y resguardar los servicios
críticos y productivos.
• Favorecer una mayor inversión de las organizaciones en recursos
orientados a la protección de sus infraestructuras.
Objetivo 3. Protección y recuperación de los sistemas de información
del Sector Público.
Adoptar las medidas necesarias para que los sistemas de información que
utiliza el Sector Público, incluyendo todos sus poderes y organismos,
posean un adecuado nivel de seguridad y recuperación.
Para ello será necesario:
• Diseñar e implementar las políticas
públicas basadas en mejores prácticas internacionales necesarias para
fortalecer la seguridad y resiliencia de los sistemas de información
del Sector Público, incluyendo los mecanismos de control para la
aplicación de las Políticas de Seguridad de la Información.
• Trabajar coordinadamente con los responsables de seguridad
informática de los Entes Reguladores y otros organismos de la
Administración Pública Nacional, las administraciones provinciales, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios, en los cuales
se hayan identificado sistemas de información críticos.
• Garantizar la profesionalización y jerarquización de los recursos
humanos encargados de la respuesta ante incidentes informáticos del
Estado Nacional, especialmente a aquellos del Gobierno Nacional que
asisten a gobiernos provinciales y/o municipales ante requerimientos de
apoyo.
• Fomentar la implementación de estándares, normas internacionales y la
ejecución de auditorías que permitan fortalecer los sistemas de
información del Sector Público Nacional.
• Promover la seguridad desde el diseño y en todas las fases de la
implementación y adopción de proyectos tecnológicos del Sector Público
Nacional, garantizando estándares adecuados para la protección de datos
personales y de seguridad de la información.
Objetivo 4. Fortalecimiento de capacidades de prevención, detección y
respuesta.
Fortalecer las capacidades de prevención, detección, monitoreo y
respuesta y recuperación frente al uso del ciberespacio con fines
ilícitos o indebidos.
Para ello será necesario:
• Ampliar y mejorar las capacidades de
detección y análisis de vulnerabilidades, compromisos en red, contactos
con infraestructura adversaria y amenazas para una defensa y protección
más eficaz de los activos digitales.
• Ampliar y mejorar las capacidades de detección, monitoreo y respuesta
ante ciberataques dirigidos contra objetivos críticos nacionales,
contemplando asimismo los ataques a la ciudadanía.
• Optimizar y promover las capacidades de los organismos y fuerzas de
seguridad con competencia en la investigación y persecución de la
delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo en el ciberespacio.
En cuanto a la lucha contra el terrorismo en todas sus formas, la
Argentina privilegia su tratamiento en el marco de los foros
multilaterales, a nivel global, en el ámbito de las Naciones Unidas;
regional, en el marco del Comité Interamericano contra el Terrorismo
(CICTE) de la OEA; y subregional, en el Foro Especializado en
Terrorismo (FET) del MERCOSUR y Estados Asociados, entre otros.
• Promover el uso innovador de tecnologías emergentes, con el fin de
fortalecer las capacidades de prevención, detección, respuesta y
recuperación sobre las mismas.
• Garantizar la coordinación, cooperación y el intercambio de
información entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, el sector privado, el
sector académico, comunidad técnica y la sociedad civil y la comunidad
internacional, con una adecuada articulación de las competencias de
cada uno y los recursos involucrados, conforme a la legislación
nacional y tratados internacionales aplicables.
• Construir capacidades de monitoreo a nivel país que permita la
detección del tráfico saliente del país hacia infraestructura
controlada por cibercriminales, lo cual permite identificar los tipos
de amenazas que las entidades públicas y privadas pueden estar
enfrentando en el país y definir estrategias de protección eficaces.
• Ampliar, acelerar y mejorar las capacidades de detección y respuesta
ante eventos de fugas de información que perjudiquen la privacidad de
los ciudadanos y/o organizaciones.
• Ampliar y mejorar las capacidades de detección y respuesta ante
amenazas asociadas al uso de servicios de infraestructura y servicios
de cómputo públicos.
Objetivo 5. Concientización, Capacitación, Educación y promoción para
la formación de especialistas en ciberseguridad.
La concientización, capacitación y educación estarán dirigidas al
desarrollo de iniciativas y planes, con el fin de comunicar los riesgos
que conlleva el uso de las tecnologías, impulsar la adopción de medidas
y hábitos basados en reglas del buen arte y generar recursos humanos
especializados en ciberseguridad.
Para ello será necesario:
• Crear un plan programático de
concientización de alcance nacional sobre la seguridad en el
ciberespacio, abarcativo de la sociedad en su conjunto.
• Incrementar las actividades de formación en materia de ciberseguridad
y concientización en el uso responsable de las TIC en el ámbito
educativo, en todo nivel.
• Desarrollar ejercicios técnicos en ciberseguridad, tanto a nivel
gubernamental como en articulación con el sector privado y la sociedad.
• Fortalecer la capacitación en técnicas de prevención, detección,
recuperación, respuesta y resiliencia ante incidentes y todo aquello
que afecte a los derechos y libertades de los ciudadanos.
• Desarrollar iniciativas que fomenten la capacitación en materia de
ciberseguridad con perspectiva de género en colaboración con el sector
académico y sector privado.
• Implementar medidas a favor de la inserción y retención de
especialistas de ciberseguridad en el Sector Público Nacional.
• Articular con el sector académico la inserción de la ciberseguridad
en las currículas, junto con actividades específicas que aumenten las
vocaciones en la materia.
Objetivo 6. Desarrollo del marco normativo.
Generar, adecuar, actualizar y adoptar marcos regulatorios, estándares
y protocolos, para hacer frente a los desafíos que plantean los riesgos
del ciberespacio, asegurando el respeto de los derechos fundamentales.
Para ello será necesario:
• Impulsar la revisión continua y
actualización del marco normativo aplicable a la materia tomando en
cuenta las necesidades nacionales y en línea con las normas y reglas
del buen arte internacionales.
• Propender al desarrollo e implementación de estándares y marcos
regulatorios reconocidos internacionalmente y basados en riesgo y
consenso, que consideren los roles y responsabilidades de los
proveedores de servicios y productos tecnológicos, incluyendo ISO/IEC
27110 y 27103 o el marco de Ciberseguridad del NIST, entre otros.
• Propender al desarrollo de un marco normativo aplicable a las
entidades y/o organizaciones responsables de la operación y protección
de las infraestructuras críticas e infraestructuras críticas de
información.
Objetivo 7. Cooperación Internacional.
Contribuir a elevar las condiciones de ciberseguridad en el ámbito
internacional, de manera de promover la paz y seguridad internacional.
Para ello será necesario:
• Promover el desarrollo de acuerdos a
nivel bilateral, regional e internacional que contribuyan a mantener un
ciberespacio abierto, libre, pacífico y seguro.
• Fortalecer la presencia de la REPÚBLICA ARGENTINA en todos los
organismos internacionales, en materia de ciberseguridad.
• Promover el avance de la institucionalización del tratamiento de la
ciberseguridad y el comportamiento responsable de los Estados en el
ciberespacio en el ámbito de Naciones Unidas, en un formato abierto,
participativo, flexible y de carácter permanente.
• Promover la participación de diversos sectores y actores en los
procesos internacionales vinculados a ciberseguridad, sin perjuicio de
las funciones asignadas al estado, de modo que se trate de un esfuerzo
multisectorial.
• Fortalecer las instancias de coordinación interministerial, bajo la
articulación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, para el desarrollo y adecuación de la política
exterior argentina en materia de ciberseguridad en los diversos foros y
procesos regionales y globales, mediante la ciberdiplomacia.
• Promover a nivel internacional un sistema de intercambio de
información entre los equipos de respuesta a incidentes, con alertas
tempranas con el fin de desarrollar un enfoque coordinado en la lucha
contra las amenazas cibernéticas, conforme a la legislación nacional y
tratados internacionales aplicables.
• Promover la adopción de estrategias de ciber resiliencia que permitan
llevar adelante planes relacionados con inclusión digital,
sustentabilidad y mejora de las capacidades de protección. La ciber
resiliencia no deberá enfocarse únicamente en la mitigación de riesgos
y vulnerabilidades o incidentes, sino también en su prevención, en la
seguridad de la red, y en su conexión con otras redes internas y
externas, siempre asegurando la continuidad de los servicios esenciales.
• Procurar una correcta identificación y evaluación de riesgos e
impacto de las infraestructuras críticas de información contando,
además, con planes de contingencia para asegurar la continuidad
operativa de sus servicios.
Objetivo 8. Fomento de la industria de la ciberseguridad.
Promover el desarrollo de la industria nacional en los sectores
vinculados a la ciberseguridad.
Para ello será necesario:
• Impulsar el desarrollo de la
industria de ciberseguridad nacional.
• Articular con el sector privado, la comunidad académica, la sociedad
civil y comunidad técnica estrategias de fortalecimiento de la
industria de bienes y servicios nacionales de ciberseguridad.
• Fomentar y potenciar capacidades tecnológicas precisas para disponer
de soluciones confiables que permitan proteger adecuadamente los
sistemas frente a diferentes amenazas sin perjuicio de la experiencia
de usuario en el acceso a los servicios TIC, promoviendo actividades de
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), tanto en el sector
académico, organizaciones de la sociedad civil, como en entidades del
sector público y privado.
ANEXO II
ACCIONES
DE LA UNIDAD DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN EN CIBERSEGURIDAD
La Estrategia Nacional de Ciberseguridad, promulgada por el Poder
Ejecutivo Nacional, establece los principios rectores y desarrolla los
objetivos centrales que permitirán establecer las previsiones
nacionales en materia de protección del ciberespacio. En este sentido,
la Unidad de Gestión y Cooperación en Ciberseguridad se abocará a
elaborar, promover y dar seguimiento al Plan de Acción de la Estrategia
Nacional de Ciberseguridad a través de las siguientes acciones:
1. Impulsar el desarrollo de planes
programáticos de concientización y educación buscando ampliar las
actividades de formación en materia de ciberseguridad.
2. Elaborar material educativo que contribuya a generar conciencia
acerca de los riesgos existentes en el ciberespacio y promuevan la
adopción de buenas prácticas en materia de seguridad de la información.
3. Fomentar la capacitación en ciberseguridad con una perspectiva de
género, alentando la participación de mujeres y disidencias.
4. Elevar propuestas de actualización del marco normativo en materia de
ciberseguridad.
5. Proponer a la la SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN de
la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA, actividades y programas para
articular acciones a nivel federal en coordinación con los gobiernos
provinciales y municipales.
6. Facilitar la creación de instancias de coordinación y participación
en actividades que involucren a las entidades gremiales con
representación en el Sector Público Nacional
7. Robustecer los vínculos con universidades e institutos académicos
con el objetivo de impulsar la investigación en el campo de la
ciberseguridad y fomentar el desarrollo de proyectos de innovación.
8. Coordinar la vinculación con los actores del ecosistema de
ciberseguridad para el desarrollo conjunto de las actividades
contenidas en el Plan de Acción, y elaborar los instrumentos que sean
necesarios para articular la misma.
9. Desarrollar cualquier otra actividad, a consideración de la
SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN de la SECRETARÍA DE
INNOVACIÓN PÚBLICA, necesaria para la concreción de los objetivos
fijados en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
10. Coordinar la labor de la Unidad Ejecutiva del COMITÉ NACIONAL DE
CIBERSEGURIDAD.
Estas acciones serán llevadas a cabo por la Unidad de Gestión y
Cooperación en Ciberseguridad con el propósito de fortalecer la
colaboración y participación activa de diversas partes interesadas en
el ámbito de la ciberseguridad, con el fin de potenciar las políticas
públicas en materia de ciberseguridad impulsadas por la SUBSECRETARÍA
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
ANEXO III
FUNCIONES
DE LA UNIDAD EJECUTIVA DEL COMITÉ NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
1. Elaborar y comunicar la agenda de
las reuniones a las que el COMITÉ fuera convocado. A requerimiento de
cualquier miembro del COMITÉ NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD, podrán
incluirse otros temas en la agenda de las reuniones.
2. Documentar y comunicar a través de actas, las decisiones y cursos de
acción que se adopten en las reuniones.
3. Poner a disposición de los integrantes del COMITÉ NACIONAL DE
CIBERSEGURIDAD todos los documentos que sean necesarios para el
desarrollo de su actividad.
4. Preparar los antecedentes necesarios para convocar a otros
Organismos cuya presencia resulte conveniente, de conformidad a las
decisiones adoptadas por el COMITÉ NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD.
5. Mantener un registro actualizado de todos los documentos que se
elaboren por el COMITÉ NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD.
6. Realizar un seguimiento y participar en la labor de los Grupos de
Trabajo que se creen por el COMITÉ NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD.
