VISTO el Expediente N° EX-2024-82650668-APN-CGD#SGP, la Ley de Bases y
Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, el
Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 – T.O.
2017, los Decretos Nros. 1105 del 20 de octubre de 1989 y 966 del 16 de
agosto de 2005, y
Que a través del CAPÍTULO I - Fuerza mayor en los contratos vigentes y
acuerdos transaccionales del TÍTULO III - Contratos y acuerdos
transaccionales- de la Ley N° 27.742 se establecieron disposiciones
relativas al instituto de fuerza mayor en los contratos vigentes y
acuerdos transaccionales.
Que, en ese marco, por el artículo 63 de la citada ley se autorizó al
PODER EJECUTIVO NACIONAL, previa intervención de la PROCURACIÓN DEL
TESORO DE LA NACIÓN y de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN conforme
lo establezca la reglamentación, a disponer por razones de emergencia
la renegociación o rescisión de los contratos de obra pública, de
concesión de obra pública, de construcción o provisión de bienes y
servicios y sus contratos anexos y asociados, en los casos en los que
se verifiquen las condiciones allí previstas.
Que por el artículo 64 de dicha ley se establece que resulta económica
y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o
rescisión de los contratos de obra pública que se encontraren
físicamente ejecutados en un OCHENTA POR CIENTO (80 %) a la fecha de
sanción de la mentada ley o aquellos contratos que cuenten con
financiamiento internacional para su concreción.
Que a través del artículo 65 se autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a
celebrar acuerdos transaccionales prejudiciales, judiciales o
arbitrales en toda controversia o reclamo administrativo, judicial y/o
arbitral que se suscite entre un contratista y cualquier órgano o
entidad de la Administración Pública Nacional, fundado en supuestos
incumplimientos de obligaciones contractuales estatales en los que
existiere posibilidad cierta de reconocerse su procedencia.
Que, por su parte, mediante el CAPÍTULO II – Concesiones - del TÍTULO
III - Contratos y acuerdos transaccionales de la aludida ley se
realizaron modificaciones a la Ley N° 17.520 y sus modificatorias con
el objetivo de favorecer el desarrollo de las infraestructuras de
nuestro país.
Que, en suma, las referidas modificaciones tienen como propósito
brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones que se requieren al
igual que incentivar la presentación de iniciativas privadas para el
desarrollo de infraestructuras públicas.
Que, en virtud de ello, deviene necesario proceder a la reglamentación
de los referidos Capítulos con el fin de permitir su adecuada
implementación.
Que, por otra parte, en atención a las modificaciones introducidas por
la Ley N° 27.742, resulta conveniente derogar el Régimen Nacional de
Iniciativa Privada aprobado por el Decreto N° 966/05 y proceder al
dictado de un nuevo régimen que resulte de aplicación a los diversos
sistemas de contratación regidos por las Leyes Nros. 13.064, 17.520,
23.696 y 27.328.
Que, asimismo, corresponde derogar los artículos 57 y 58 del Anexo I
del Decreto N° 1105/89 los que contienen disposiciones sobre
concesiones, con motivo de uniformar, en un único cuerpo normativo, las
disposiciones relativas a la materia.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su
competencia.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas
por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la Reglamentación de los artículos 63 al 65 del
CAPÍTULO I del TÍTULO III de la Ley de Bases y Puntos de Partida para
la Libertad de los Argentinos Nº 27.742, que como ANEXO I
(IF-2024-83854196-APN-SPEN) forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase la Reglamentación de los artículos 66 a 72, 74
y 75 del CAPÍTULO II del TÍTULO III de la Ley de Bases y Puntos de
Partida para la Libertad de los Argentinos Nº 27.742, que como ANEXO II
(IF-2024-83608318-APN-SPEN) forma parte integrante del presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el Régimen de Iniciativa Privada que como ANEXO
III (IF-2024-83608424-APN-SPEN) forma parte integrante del presente, el
que alcanza entre otros, los sistemas de contratación regidos por las
Leyes Nros. 13.064, 17.520, 23.696 y 27.328.
Tales disposiciones serán aplicables a las iniciativas privadas que se
presenten con posterioridad a la entrada en vigencia del referido
Régimen.
ARTÍCULO 4°.- Deróganse los artículos 57 y 58 del Anexo I del Decreto
N° 1105 del 20 de octubre de 1989 y el Decreto Nº 966 del 16 de agosto
de 2005.
ARTÍCULO 5°.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su
publicación.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la
edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 12/08/2024 N° 52675/24 v. 12/08/2024
ARTÍCULO 1°.- Ámbito de aplicación. La autorización conferida en el
artículo 63 de la Ley N° 27.742 abarca a los contratos de obra pública;
de concesión de obra pública, incluyendo la concesión de la
administración, ampliación, reparación, mantenimiento, conservación,
explotación y/o funcionamiento de infraestructuras; de construcción o
provisión de bienes y servicios; así como sus contratos anexos y
asociados, celebrados por los órganos y entidades que integran el
Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley N°
24.156.
Los contratos que cuentan con financiación de organismos
internacionales de crédito, de los cuales la Nación Argentina forma
parte, se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos
Contratos de Préstamo y supletoriamente por la normativa nacional.
ARTÍCULO 2°.- Inicio del trámite. El procedimiento de renegociación o
rescisión podrá iniciarse de oficio o a pedido del contratista.
Las correspondientes actuaciones administrativas tramitarán y se
sustanciarán íntegramente en el ámbito de los respectivos Ministerios,
Secretarías de la Presidencia de la Nación u organismos
correspondientes.
La renegociación o rescisión del contrato será aprobada por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL previa intervención de la máxima autoridad del
ministerio u organismo competente en razón de la materia.
ARTÍCULO 3°.- Pautas. Dentro del plazo de TREINTA (30) días hábiles
contados a partir de la publicación de la presente Reglamentación, el
Ministerio de Economía establecerá las pautas financieras o económicas
que deberán considerarse para determinar la renegociación o la
rescisión de los contratos alcanzados por el artículo 63 de la Ley N°
27.742.
ARTÍCULO 4°.- Renegociación. Dictadas las pautas a las que se hace
referencia en el artículo 3°, la máxima autoridad del Ministerio,
Secretaría de la Presidencia de la Nación u organismo competente en
razón de la materia podrá proceder a iniciar la renegociación de los
contratos alcanzados por el artículo 63 de la Ley N° 27.742 cuya
continuidad resulte financiera o económicamente conveniente para el
interés público.
a. Notificación de la autoridad
contratante al contratista manifestando la voluntad de renegociar el
contrato.
b. Acreditación, mediante informes técnicos de las áreas
intervinientes, de la conveniencia financiera o económica para el
interés público.
c. Análisis jurídico de la ejecución del contrato a ser renegociado.
d. Elaboración, por la máxima autoridad del Ministerio, Secretaría de
la Presidencia de la Nación u organismo competente en razón de la
materia, del informe al que se hace referencia en el tercer párrafo del
artículo 63 de la Ley N° 27.742, el que deberá contemplar los aspectos
relevantes contenidos en los informes previstos en los incisos b) y c),
a fin de acreditar el cumplimiento de los estándares de transparencia
vigentes en la materia.
e. Brindar acceso al contratista a los informes antes referidos.
f. Proyecto de acuerdo de renegociación.
g. Intervención de la Sindicatura General de la Nación.
h. Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación.
ARTÍCULO 5°.- Si el procedimiento fuera impulsado a instancia del
contratista, éste deberá presentar, al menos la siguiente documentación:
a) La descripción precisa de la
emergencia y su nexo causal directo con la afectación en la ejecución
del contrato.
b) La descripción de la variación perjudicial de la situación
económico-financiera, que incluya el flujo de fondos, balance general y
estado de resultados.
c) La nueva curva de inversiones y el plan de trabajo, si
correspondiere.
d) Un detalle del grado de avance y cumplimiento del contrato hasta la
fecha de presentación de la solicitud.
e) Propuestas para la superación de la emergencia.
La información brindada por el contratista debe estar suscripta por su
representante legal, debidamente acreditado, y deberá manifestar en
carácter de declaración jurada la autenticidad de la misma.
La autoridad evaluará la procedencia de la solicitud y de la
información presentada, de conformidad con el procedimiento previsto en
el artículo 4°.
ARTÍCULO 6°.- Contenido del acuerdo de renegociación. La renegociación
de los contratos se sujetará, al menos, a las siguientes pautas:
a. El contratista deberá renunciar al
daño emergente, al lucro cesante, a los gastos improductivos y a los
eventuales perjuicios económicos de naturaleza similar, derivados de la
disminución del ritmo de ejecución, suspensión o paralización de los
trabajos o prestaciones con causa en la situación de emergencia, según
corresponda en virtud de la naturaleza contractual.
b. No se liquidarán a favor del contratista sumas en concepto de
indemnización o de beneficios dejados de percibir por las obras, bienes
o servicios suprimidos en virtud de la modificación de común acuerdo
del contrato.
c. El acuerdo de renegociación deberá establecer el plazo y la forma de
pago de las sumas adeudadas al contratista, en caso de corresponder.
Tales sumas deberán reflejar el valor actual de la obra, bien o
prestación a la fecha de celebración del acuerdo.
d. En los contratos sujetos a regímenes de redeterminación de precios,
el valor actual será el resultante de la redeterminación de los precios
aplicable hasta la fecha de celebración del acuerdo. En caso de demora
en el pago de tales sumas de conformidad con lo acordado por las
partes, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los
intereses por mora previstos en la regulación aplicable al tipo de
contrato o a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
e. Los derechos y las obligaciones de las partes emergentes del acuerdo
de renegociación deberán garantizar el equilibrio de la ecuación
económico-financiera del contrato.
f. La propuesta y aprobación de la adecuación de los plazos de
ejecución del contrato y/o el nuevo plan de trabajo.
g. El contratista deberá incluir su expresa renuncia o desistimiento a
todo reclamo o acción administrativa, arbitral o judicial, entablada o
a entablarse y al derecho en el que aquéllas se funden o puedan
fundarse, respecto de las cuestiones resueltas en el acuerdo de
renegociación.
ARTÍCULO 7°.- Aprobación del acuerdo de renegociación. La máxima
autoridad del Ministerio, Secretaría de la Presidencia de la Nación u
organismo competente en razón de la materia, previa intervención de la
Sindicatura General de la Nación y de la Procuración del Tesoro de la
Nación, elevará un informe fundado con la propuesta de acuerdo de
renegociación al PODER EJECUTIVO NACIONAL para su aprobación.
ARTÍCULO 8°.- Rescisión. Dictadas las pautas referidas en el artículo
3° podrá procederse a la rescisión por razones de emergencia, conforme
lo previsto en el artículo 54 de la Ley N° 13.064, de los contratos
alcanzados por el artículo 63 de la Ley N° 27.742.
a) Acreditación, mediante informes
técnicos, de la conveniencia para el interés público de no continuar
con el contrato.
b) Análisis jurídico de la ejecución del contrato a ser rescindido.
c) Elaboración, por la máxima autoridad del Ministerio, Secretaría de
la Presidencia de la Nación u organismo competente en razón de la
materia, del informe al que se hace referencia en el tercer párrafo del
artículo 63 de la Ley N° 27.742, el que deberá contemplar los aspectos
relevantes contenidos en los informes previstos en los incisos a) y b),
a fin de acreditar el cumplimiento de los estándares de transparencia
vigentes en la materia.
d) Traslado al contratista de los informes antes referidos, por el
plazo de DIEZ (10) días.
e) Proyecto de acto de rescisión.
f) Intervención de la Sindicatura General de la Nación.
g) Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación.
ARTÍCULO 9°.- Aprobación y notificación del acto de recisión. La máxima
autoridad del Ministerio, Secretaría de la Presidencia de la Nación u
organismo competente en razón de la materia, previa intervención de la
Sindicatura General de la Nación y de la Procuración del Tesoro de la
Nación, elevará un informe fundado con la propuesta de rescisión al
PODER EJECUTIVO NACIONAL para su aprobación.
Notificado el acto administrativo, se llevarán a cabo las acciones
pertinentes para la liquidación final del contrato.
ARTÍCULO 10.- Cumplimiento de las obligaciones. En ningún caso la
sujeción al procedimiento de renegociación o rescisión autorizará a las
partes a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones, salvo
que así se disponga expresamente.
ARTÍCULO 11.- El acuerdo contemplado en el artículo 64 de la Ley N°
27.742 se sujetará, en lo que corresponda, a lo previsto en los
artículos 3° y 4° de la presente Reglamentación.
ARTÍCULO 12.- Acuerdo transaccional. La iniciación del procedimiento
para arribar a eventuales acuerdos transaccionales prejudiciales,
judiciales o arbitrales previstos en el artículo 65 de la Ley N° 27.742
podrá ser de oficio o a petición de parte. En ningún caso, la mera
petición o iniciación de oficio del procedimiento importará renuncia
alguna de derechos.
Antes de someter un acuerdo transaccional a la aprobación del PODER
EJECUTIVO NACIONAL se deberá contar con:
a. Un informe del titular del
Ministerio, Secretaría de la Presidencia de la Nación, la máxima
autoridad del organismo correspondiente o del directorio de la persona
jurídica, que fundamente la conveniencia para los intereses de Estado
Nacional de los términos del acuerdo transaccional. Este informe deberá
contener los aspectos jurídicos implicados y las ventajas económicas de
arribar al acuerdo.
b. El dictamen del servicio jurídico permanente o área legal competente
respecto del cumplimiento de los recaudos establecidos por el artículo
65 de la Ley N° 27.742 y de sus normas reglamentarias y de aplicación.
Asimismo, deberá expedirse acerca del cumplimiento de los requisitos de
validez del acuerdo transaccional previstos por los artículos 1644,
1645, y 1647 del Código Civil y Comercial de la Nación y respecto de la
inexistencia de una controversia resuelta por laudo arbitral o
sentencias firmes referidas al objeto del acuerdo transaccional. Sin
perjuicio de ello, el acuerdo podrá alcanzar al modo de cumplimiento
del laudo o sentencia.
c. La liquidación practicada con la conformidad de los funcionarios
competentes para ello.
d. La conformidad expresa del contratista.
e. El dictamen favorable previo de la Sindicatura General de la Nación.
f. El dictamen favorable previo de la Procuración del Tesoro de la
Nación que deberá expedirse, como mínimo, respecto del cumplimiento de
los recaudos establecidos por el artículo 65 de la Ley N° 27.742, por
la presente reglamentación y por toda otra norma aplicable al caso. En
el caso que el objeto del acuerdo transaccional pudiera estar vinculado
directa o indirectamente con arbitrajes internacionales en materia de
protección de inversiones extranjeras, deberá darse necesaria y previa
intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación.
ARTÍCULO 13.- Condiciones mínimas. Las condiciones mínimas a las que se
ajustarán las transacciones serán:
a. Quita no menor al TREINTA POR CIENTO
(30%) del monto de la acreencia en favor del Estado Nacional sobre la
que verse la controversia.
b. Previsión de afrontar costas por su orden, siendo las comunes
divididas en partes iguales.
c. Renuncia y/o desistimiento de las partes y/o de sus accionistas, a
cualquier reclamo o acción administrativa, arbitral o judicial,
entablada o a entablarse respecto del objeto contenido en la
transacción celebrada.
ARTÍCULO 14.- Partidas presupuestarias. Las partidas presupuestarias
destinadas al pago del acuerdo transaccional deberán ser previstas en
el proyecto de ley de presupuesto correspondiente al ejercicio
inmediato siguiente a aquél en el cual se firme el acuerdo.
El Ministerio de Economía establecerá los criterios y lineamientos
aplicables para el pago mediante títulos, bonos, letras u otro
instrumento financiero similar.
ARTÍCULO 15.- Suspensión de plazos. Iniciado el procedimiento tendiente
a la celebración de un acuerdo transaccional, el Poder Ejecutivo
Nacional o la autoridad competente instruirá a través del servicio
jurídico correspondiente, a sus apoderados o representantes para que,
mientras dure su sustanciación, soliciten la suspensión de todos los
plazos judiciales, arbitrales y administrativos, por un término no
mayor a SEIS (6) meses, prorrogables por acuerdo de las partes.
ANEXO
II
REGLAMENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 66 a 72, 74 y 75 DEL CAPITULO II DEL
TITULO III DE LA LEY DE BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE
LOS ARGENTINOS N° 27.742
ARTÍCULO 1°.- Concesiones de plazo fijo. En las concesiones a plazo
fijo, en la determinación del plazo del contrato de concesión deberá
considerarse el tiempo estimado que demandará la amortización del
capital invertido por el concesionario, el pago de los servicios
financieros, el recupero de los gastos de mantenimiento, conservación,
administración y explotación de la obra o infraestructura y el
beneficio del concesionario.
Podrá considerarse, asimismo, para la determinación del citado plazo o
la posibilidad de su prórroga, el cumplimiento de parámetros
económicos, físicos o de operación que apunten a lograr un nivel óptimo
de aprovechamiento de la infraestructura.
ARTÍCULO 2°.- Concesiones de plazo variable. Cuando no sea posible
establecer con el suficiente grado de aproximación el volumen de
tránsito o de usuarios de las obras, infraestructuras o del servicio
concesionado - según sea el objeto de la concesión- a criterio de los
organismos técnicos del ente licitante, debidamente fundamentado, se
podrán licitar concesiones de plazo variable.
El plazo dependerá de la demanda de las obras, infraestructuras o del
servicio de que se trate, independientemente de la estimación y
estudios de mercado efectuados para la licitación. La sobreestimación o
subestimación se traducirán en un menor o mayor plazo de concesión
respectivamente.
ARTÍCULO 3°.- Servicios públicos. Las concesiones o licencias de
servicios públicos regulados por normas especiales se sujetarán a lo
previsto en sus respectivos marcos regulatorios.
ARTÍCULO 4°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la
Ley N° 17.520 será el Ministerio de Economía o el que en el futuro lo
reemplace, el que dictará las normas complementarias y/o aclaratorias
que resulten necesarias para la aplicación de la presente.
ARTÍCULO 5°.- Normativa aplicable. El procedimiento de licitación
pública nacional o internacional se sujetará a lo dispuesto en la Ley
N° 17.520, la presente Reglamentación y sus normas complementarias y/o
aclaratorias que dicte la autoridad de aplicación y, por último, a las
condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones de la
referida licitación.
ARTÍCULO 6°.- El procedimiento de licitación pública nacional o
internacional resultará obligatorio y podrá ser:
a. De etapa única. La licitación
pública será de etapa única cuando la comparación de las ofertas y de
las calidades de los oferentes se realice en un mismo acto.
b. De etapa múltiple. La licitación pública será de etapa múltiple
cuando se realicen en DOS (2) o más etapas la evaluación y comparación
de los antecedentes empresariales y técnicos; la capacidad patrimonial
y financiera y otras calidades o requisitos exigidos a los oferentes; y
el análisis de los componentes técnicos, financieros y económicos de
las ofertas, así como el de cualquier otra variable que se contemple en
el criterio de selección.
Tendrá lugar cuando el alto grado de complejidad del objeto de la
concesión, la extensión del plazo contractual, la estructuración del
financiamiento u otras características especiales de la convocatoria lo
justifiquen.
En el caso que el procedimiento de etapa múltiple contemple una
instancia de precalificación, esa etapa concluirá con el dictado del
acto administrativo de precalificación de oferentes.
ARTÍCULO 7°.- Licitaciones nacionales o internacionales. Según el
carácter nacional o internacional de las licitaciones se podrá:
a. En las licitaciones nacionales sólo
se podrán presentar como oferentes quienes tengan domicilio o sede
principal de sus negocios en el país, o tengan sucursal en la República
Argentina debidamente registrada en los organismos competentes.
b. En las licitaciones internacionales se podrán presentar como
oferentes quienes tengan domicilio, o la sede principal de sus
negocios, o tengan sucursal en la República Argentina debidamente
registrada en los organismos competentes a tal efecto, así como quienes
tengan la sede principal de sus negocios en el extranjero y no tengan
sucursal debidamente registrada en el país.
ARTÍCULO 8°.- Deberán realizarse mediante el dictado del acto
administrativo respectivo, con los requisitos establecidos en el
artículo 7° de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias, como mínimo, las
siguientes actuaciones:
a. La convocatoria y la elección del
procedimiento de selección.
b. La convocatoria a realizar observaciones al proyecto de Pliegos de
Bases y Condiciones.
c. La aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones.
d. La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o
fracasado.
e. La preselección de los oferentes en la licitación con etapa múltiple.
f. La aplicación de penalidades y sanciones a los oferentes,
adjudicatarios o cocontratantes.
g. La aprobación del procedimiento de selección y la adjudicación.
h. La determinación de dejar sin efecto el procedimiento.
i. La suspensión, resolución,
rescisión, rescate o declaración de caducidad del contrato.
ARTÍCULO 9°.- Observaciones previas. Cuando se estime conveniente, se
podrá autorizar la apertura de una etapa previa a la convocatoria para
recibir observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones
particulares.
La convocatoria debe efectuarse mediante la difusión en el sitio web
oficial de la Autoridad de Aplicación y/o del área con competencia en
la materia, con DIEZ (10) días corridos, como mínimo, de antelación a
la fecha de finalización del plazo para formular observaciones. Durante
todo ese plazo cualquier persona podrá realizar observaciones al
proyecto de pliego.
Los criterios técnicos, económicos y jurídicos que surjan de las
observaciones efectuadas por los interesados, en la medida en que se
consideren pertinentes, podrán ser utilizados en el respectivo proyecto
de pliego.
ARTÍCULO 10.- Los Pliegos. Los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares serán elaborados y aprobados previa intervención de la
Autoridad de Aplicación, quien podrá solicitar la intervención de la
Sindicatura General de la Nación y de la Procuración del Tesoro de la
Nación.
La Oficina Nacional de Contrataciones podrá elaborar y aprobar un
pliego único de bases y condiciones generales.
ARTÍCULO 11.- Los pliegos de la licitación deberán establecer, entre
otras cuestiones:
a. si la concesión se otorgará por un
plazo fijo o variable;
b. el valor máximo de la tarifa, peaje u otras remuneraciones, teniendo
como parámetro lo dispuesto por el inciso 1. del artículo 3° de la Ley
N° 17.520;
c. la metodología o fórmula utilizada para calcular el valor presente
de los ingresos totales de la concesión;
d. el plazo probable estimado de duración del contrato de concesión en
caso de ser de plazo variable;
e. la posibilidad de que el oferente mejore las condiciones de
ejecución del contrato cuando la rentabilidad del mismo exceda un
porcentaje máximo preestablecido, tales como la reducción de la tarifa,
obras y/o servicios adicionales y/o la disminución del plazo de
concesión.
f. El plazo para la firma del contrato.
ARTÍCULO 12.- Especificaciones Particulares y Técnicas. Las
especificaciones particulares y técnicas de los Pliegos de bases y
condiciones deberán ser elaboradas de manera tal que permitan el acceso
al procedimiento de selección en condiciones de igualdad entre los
oferentes, faciliten la concurrencia y permitan la competencia
efectiva, ello a fin de evitar la creación de obstáculos
injustificados, prescripciones técnicas discriminatorias o ventajas
indebidas.
ARTÍCULO 13.- El modelo de contrato de concesión deberá formar parte de
los pliegos de la licitación.
ARTÍCULO 14.- Costo de los Pliegos. La participación en una licitación
no tendrá costo de acceso. En aquellos casos en que se entreguen copias
de los Pliegos, sólo se podrá establecer el pago de una suma
equivalente a su costo de reproducción, que será preestablecido en la
convocatoria.
ARTÍCULO 15.- Publicidad de la Licitación. La convocatoria a licitación
deberá ser publicada mediante avisos en el Boletín Oficial de la
República Argentina por el término mínimo de TRES (3) días.
La última publicación de la convocatoria deberá tener lugar con un
mínimo de cuarenta y cinco (45) días corridos de antelación a la fecha
de vencimiento del plazo establecido para la presentación de las
ofertas inclusive o para el retiro de los Pliegos, lo que ocurriera
primero. En el caso de licitaciones de carácter internacional la última
publicación del llamado deberá efectuarse con un mínimo de sesenta (60)
días corridos de antelación a la fecha de vencimiento del plazo
establecido para la presentación de las ofertas inclusive, o para el
retiro de los pliegos, lo que ocurriera primero.
A efectos de determinar el plazo de antelación deberá considerarse la
complejidad de la licitación, en particular de los aspectos técnicos y
de financiamiento que formen parte de la oferta, su carácter nacional o
internacional, el grado de desarrollo de los estudios de base
considerados para la preparación de los pliegos y demás requisitos que,
por sus características, puedan tener una incidencia directa en el
plazo necesario para una adecuada preparación de las ofertas
posibilitando la concurrencia y competencia.
Asimismo, la convocatoria se difundirá en el sitio web de la Autoridad
de Aplicación y/o del área con competencia en la materia, desde el día
en que se inicie la publicación de los avisos en el Boletín Oficial de
la República Argentina.
En los casos de procedimientos de selección internacionales la
convocatoria deberá también efectuarse mediante la publicación de UN
(1) aviso en un sitio web internacional que permita a los posibles
interesados extranjeros tomar adecuado conocimiento del procedimiento,
por el término mínimo de TRES (3) días, con una anticipación igual al
plazo de antelación establecido para la presentación de ofertas.
Se podrá, además, disponer la publicación de la convocatoria en medios
de circulación o comunicación social en el país o en el extranjero
cuando por sus características coadyuve a su difusión.
ARTÍCULO 16.- Circulares. Se podrán elaborar circulares aclaratorias o
modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de oficio
o como respuesta a consultas.
Los Pliegos establecerán el plazo hasta el cual podrán realizarse las
consultas, atendiendo al plazo de antelación establecido para la
presentación de las ofertas. Asimismo, fijarán el plazo mínimo de
anticipación para comunicar las circulares, el que no podrá ser
inferior a DOS (2) días para el caso las aclaratorias y a CINCO (5)
días para las modificatorias, a la fecha fijada para la presentación de
las ofertas.
Las circulares modificatorias deberán ser difundidas, publicadas y
comunicadas por los mismos medios en que hubiera sido difundido,
publicado y comunicado el llamado original. Asimismo, deberán ser
comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado o descargado el
pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se
emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de
antelación. También dichas circulares modificatorias deberán incluirse
como parte integrante del Pliego y difundirse en el sitio web de
internet de la autoridad licitante o concedente.
Las circulares modificatorias por las que únicamente se suspenda o se
prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas
deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los
mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el
llamado original con UN (1) día como mínimo
de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de
las ofertas.
ARTÍCULO 17.- Difusión. La Autoridad de Aplicación y/o el área con
competencia en la materia deberán difundir en el sitio web de su
jurisdicción:
a. La convocatoria a la licitación,
junto con los respectivos Pliegos.
b. Las circulares aclaratorias y/o modificatorias.
c. Las actas de apertura de las ofertas.
d. El acto administrativo de precalificación en la licitación de etapa
múltiple.
e. El dictamen de evaluación de las ofertas.
f. La adjudicación o la decisión de declarar desierta o fracasada la
licitación o la de dejarla sin efecto.
ARTÍCULO 18.- Apertura de las ofertas. En el lugar, día y hora
determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las ofertas en
presencia de los funcionarios designados de la jurisdicción o entidad
licitante y de los oferentes y todos aquellos que quisieran
presenciarlo. Cuando la importancia de la contratación así lo
justifique, se podrá requerir la presencia de un escribano de la
Escribanía General de Gobierno de la Nación.
A partir de la hora fijada como término para la recepción de las
ofertas no podrán recibirse otras. Ninguna oferta presentada en término
será desestimada en el acto de apertura.
Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil,
el acto tendrá lugar el día hábil inmediato siguiente y a la misma hora.
ARTÍCULO 19.- Efectos de la Presentación de la oferta. La presentación
de la oferta implicará que el oferente tiene pleno conocimiento y
acepta las normas y cláusulas que rijan la licitación, no resultando
exigible la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.
ARTÍCULO 20.- Prohibición de modificar la oferta. La posibilidad de
modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para
presentarla. Una vez presentada, sólo serán admisibles las
subsanaciones de errores o defectos no esenciales.
ARTÍCULO 21.- Plazo de Mantenimiento de la oferta. Los oferentes
deberán mantener las ofertas por el plazo establecido en los Pliegos,
el que deberá fijarse en días corridos.
Dicho plazo se renovará en forma automática por el plazo de TREINTA
(30) días corridos, salvo que el oferente manifestara en forma expresa
su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación
mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.
ARTÍCULO 22.- Cotizaciones. La moneda de cotización de la oferta deberá
fijarse en el respectivo Pliego. En aquellos casos en los que los
Pliegos admitan diferentes monedas de cotización, la comparación de las
ofertas deberá efectuarse teniendo en cuenta el tipo de cambio vendedor
del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día hábil
inmediatamente anterior al día de presentación de las ofertas.
ARTÍCULO 23.- Comisiones Evaluadoras. Las comisiones evaluadoras de las
ofertas estarán integradas por un mínimo TRES (3) miembros titulares e
igual número de miembros suplentes. Éstas podrán requerir la
intervención de peritos técnicos o solicitar informes a instituciones
públicas o privadas cuando la complejidad del objeto o procedimiento
requiera de conocimientos específicos.
ARTÍCULO 24.- Adjudicación. La adjudicación deberá recaer en la oferta
que sea considerada la más conveniente para el interés público de
conformidad con los criterios establecidos en los Pliegos.
A tal efecto, se considerarán, entre otros, los siguientes factores:
a. estructura tarifaria;
b. plazo de concesión;
c. la existencia y, en su caso, la magnitud de subsidio del concedente
al oferente;
d. la existencia de ingresos garantizados por el concedente;
e. el grado de compromiso de riesgo que asume el oferente durante la
construcción o la explotación de la obra o infraestructura o la
prestación de servicio público;
f. la calificación de otros servicios adicionales útiles y necesarios.
ARTÍCULO 25.-El acto administrativo de adjudicación deberá ser
notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los
oferentes de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos -Decreto N° 1759/72-- T.O.
2017.
Se podrá dejar sin efecto el procedimiento de selección en cualquier
momento anterior a la adjudicación, sin lugar a indemnización alguna en
favor de los interesados u oferentes.
ARTÍCULO 26.- Disponibilidad presupuestaria. En forma previa al llamado
a licitación y a la adjudicación, en el caso que se contemple la
obligación de pago de aportes o subsidios a ser realizados con fondos
presupuestarios, se deberá acreditar la existencia de disponibilidad
presupuestaria.
ARTÍCULO 27.- Firma del contrato de concesión. El acuerdo de voluntades
se perfeccionará con la firma del contrato de concesión, la que se
llevará a cabo dentro del plazo establecido en el pliego.
ARTÍCULO 28.- Iniciativas privadas. A las iniciativas privadas
contempladas en el artículo 4° de la Ley N° 17.520, les resultarán de
aplicación las disposiciones previstas en el Régimen de Iniciativa
Privada.
ARTÍCULO 29.- La documentación licitatoria y contractual en virtud de
la cual se adjudiquen las concesiones de obras e infraestructuras
públicas o de servicios públicos deberá contemplar, entre otros, los
siguientes aspectos:
a. El detalle de todas las sanciones
por incumplimiento contractual que podrán ser de aplicación al
concesionario, no pudiendo aplicarse sanciones no previstas en el
contrato de concesión o exceder los límites cuantitativos
preestablecidos bajo pena de nulidad.
Previo a la aplicación de la sanción se deberá resguardar el derecho
del concesionario a la tutela administrativa efectiva, debiéndose
otorgar un plazo razonable, que no podrá ser inferior a DIEZ (10) días,
para que pueda presentar el correspondiente descargo y ofrecer la
prueba que estime pertinente producir. Dicho plazo podrá ser prorrogado
por acto fundado.
A efectos de la determinación de los incumplimientos, no se podrá
subdividir el mismo hecho para imputar más de un incumplimiento, ni
tampoco se podrán multiplicar las imputaciones por incumplimientos a la
misma obligación involucrada en el mismo hecho.
La sanción debidamente notificada al concesionario podrá ser impugnada
en sede administrativa por la vía prevista en los pliegos o en el
contrato de concesión. Los Pliegos establecerán los supuestos en los
que la impugnación tendrá efecto suspensivo, así como el destino de las
sanciones de índole pecuniarias.
b. La forma, modalidad y oportunidad de pago de la remuneración del
concesionario, así como los procedimientos de revisión del precio o
remuneración pactados y, en su caso, la existencia de garantías de
ingresos mínimos. Las cláusulas contractuales se diseñarán teniendo en
cuenta mecanismos o instrumentos que garanticen la celeridad y la
certeza del pago, conforme la forma, modalidad y oportunidad de pago
previstas en el modelo de contrato de concesión, con el fin de
preservar el equilibrio de la ecuación económico-financiera.
Deberán adoptarse procedimientos de revisión de precios mediante la
aplicación de fórmulas automáticas y/o de ajustes provisorios
automáticos y definitivos periódicos u otros mecanismos que garanticen
el equilibrio de la ecuación económico-financiera del contrato.
Se deberá contemplar el plazo y/o el grado de impacto en el plan
económico financiero de la concesión a partir del cual el concesionario
podrá oponer la excepción de incumplimiento contractual, en los
supuestos de incumplimiento del concedente que incidan en el oportuno
pago del precio o remuneración del concesionario o demoras en los
ajustes del precio o remuneración, incluidos los incrementos o ajustes
de las tarifas o peajes pactados. El concesionario no podrá, bajo
ninguna circunstancia, oponer la excepción de incumplimiento
contractual respecto del cumplimiento de obligaciones vinculadas con la
seguridad de la obra y de los usuarios. En tal caso, sólo tendrá
derecho a solicitar la rescisión del contrato por culpa del concedente.
ARTÍCULO 30.- Las modificaciones unilaterales del contrato de concesión
dispuestas por el concedente referidas a la ejecución del proyecto,
deberán ser compensadas al concesionario de modo tal de mantener el
equilibrio de la ecuación económico-financiera de la concesión, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 17.520 y
sus modificatorias.
El cálculo de las compensaciones y las medidas compensatorias adoptadas
para restablecer dicho equilibrio, deberán siempre efectuarse de manera
tal de obtener que el valor presente neto de las variaciones sea igual
a CERO (0), considerando la tasa de descuento aplicable al contrato de
concesión, y/o la neutralidad del efecto económico que las variaciones
y las correspondientes medidas compensatorias puedan tener en la tasa
interna de retorno previstos en la oferta, ello conforme con lo
previsto en la oferta y en el contrato de concesión y con las
posibilidades y condiciones de financiamiento en oportunidad de
disponerse la modificación unilateral del contrato de concesión.
ARTÍCULO 31.- La extinción unilateral del contrato de concesión por
razones de interés público deberá ser declarada por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL, debiéndose garantizar el derecho a ser oído del
concesionario. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 7° ter de
la Ley N° 17.520, deberá darse intervención al Ministerio de Economía a
efectos de que informe el impacto económico de la medida en el
ejercicio presupuestario pertinente y la existencia de crédito legal
para atender el pago de la compensación económica dentro del plazo
establecido para ello de conformidad con lo previsto en el inciso d)
del artículo 7° ter de la Ley N° 17.520.
Los Pliegos de la licitación deberán establecer la metodología de
cálculo, a través de fórmulas u otros mecanismos reglados que permitan
determinar y cuantificar fehacientemente las inversiones realizadas por
el concesionario no amortizadas, a efectos de definir el monto de la
reparación del concesionario en los casos de extinción anticipada del
contrato de concesión. Deberá asimismo establecerse la metodología de
cálculo para cuantificar el lucro cesante en los supuestos de extinción
anticipada del contrato de concesión dispuestos unilateralmente por el
concedente por causas no imputables al concesionario.
ARTÍCULO 32.- El perfeccionamiento de la cesión del contrato de
concesión se encuentra subordinado a la previa y expresa autorización
del concedente. No corresponderá tener por configurado con sentido
positivo al silencio de la administración para este caso.
La cesión del contrato de concesión en violación a la exigencia de
autorización previa y expresa por parte del concedente, será
considerada causal de rescisión del contrato con culpa del
concesionario.
ARTÍCULO 33.- Renegociación. En los supuestos de ruptura de la ecuación
económico financiera del contrato, se podrá proceder a su renegociación
con el fin de alcanzar su recomposición. A dicho efecto, podrá
comprender:
a. la modificación del plazo;
b. la modificación de la tarifa pudiendo, en su caso, discriminarse el
componente destinado a la recomposición de la ecuación
económico-financiera;
c. el diferimiento, la suspensión o la supresión de inversiones;
d. la autorización para realizar nuevas explotaciones complementarias o
colaterales que permitan obtener ingresos adicionales;
e. la compensación económica directa a través de fondos de Tesoro
Nacional, de recursos provenientes de tributos con afectación
específica destinados a tal fin, de contribución de mejoras u otros
recursos disponibles; y
f. una combinación de las alternativas enunciadas u otras que resulten
compatibles con las características del contrato de concesión.
ARTÍCULO 34.- La renegociación podrá iniciarse de oficio o a pedido del
concesionario. A tal efecto, deberá cursarse la debida notificación de
la solicitud de renegociación contractual.
Se deberá acreditar, mediante informes técnicos, la conveniencia para
el interés público de las condiciones de la renegociación y realizarse
el debido análisis jurídico, económico y financiero de la ejecución del
contrato a ser renegociado.
La renegociación del contrato de concesión deberá realizarse dentro de
los DOCE (12) meses de acaecida la causal determinante del
desequilibrio de su ecuación económico-financiera. Dicho plazo podrá
ser prorrogado por acuerdo de las partes.
En caso de extinción por mutuo acuerdo, deberá realizarse la
liquidación de créditos y débitos dentro del plazo de CUATRO (4) meses
desde la fecha de suscripción del convenio de extinción.
La forma de pago del crédito resultante a favor de alguna de las partes
se establecerá en el convenio de extinción.
ARTÍCULO 35.- Paneles técnicos. Los pliegos de la licitación o el
modelo de contrato de concesión contemplarán la constitución de paneles
técnicos de conformidad con lo previsto por el artículo 12 de la Ley N°
17.520.
El Panel Técnico, deberá sujetarse a los siguientes requisitos mínimos:
a. Estará integrado por Tres (3)
miembros. Dicha integración podrá extenderse a Cinco (5) miembros, en
el caso que por las características de las discrepancias resulte
necesario sumar expertos de otras especialidades. El Panel Técnico se
constituirá conforme a lo establecido en el contrato de concesión y
sesionará desde la solicitud de intervención por alguna de las partes y
hasta la resolución de la controversia técnica.
b. Los integrantes del Panel Técnico serán seleccionados entre
profesionales universitarios de reconocida trayectoria en ingeniería,
ciencias económicas y ciencias jurídicas, independientes e imparciales.
Podrán también integrar los paneles técnicos profesionales de otras
disciplinas universitarias en el caso de paneles integrados por CINCO
(5) miembros y según la naturaleza de las discrepancias respecto de las
cuales podría requerirse su intervención.
c. El Panel Técnico estará compuesto por: (i) UN profesional
universitario designado por el concedente; (ii) UN profesional
universitario designado por el concesionario; (iii) UN profesional
universitario nombrado de común acuerdo entre las partes, quien lo
presidirá. En caso de no mediar consenso respecto del tercer miembro,
deberá procederse a su elección de acuerdo al procedimiento que la
documentación licitatoria establezca, con exclusión de los candidatos
inicialmente postulados por las partes.
d. Los miembros del Panel Técnico deberán ser y permanecer imparciales
e independientes de las partes y deberán guardar confidencialidad de
toda la información que les sea suministrada por ellas, en los términos
de la legislación vigente.
e. Los gastos que insuma el funcionamiento del Panel Técnico serán
solventados según el mecanismo y las escalas que se fijen en los
Pliegos o en el contrato de concesión.
f. Para someter una controversia al Panel Técnico no será necesario que
el concesionario presente en forma previa reclamos o impugnaciones
administrativas.
Los actos administrativos no consentidos podrán ser impugnados por el
concesionario de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto N°
1759/72 (T.O. 2017).
Se podrá impugnar un acto anterior a través de la impugnación de otro
posterior siempre que estos compartan los elementos relevantes para la
impugnación y que los efectos del acto anterior no exijan su inmediato
cuestionamiento. Esta norma procedimental es aplicable hasta la
extinción del contrato, conforme con lo establecido en el inciso e) del
artículo 23 de la Ley N° 19.549.
El sometimiento de la controversia al Panel Técnico importará el
desistimiento de los reclamos o impugnaciones que se hubieran
formulado, sin que ello implique reconocimiento alguno o pérdida de
derechos para el concesionario.
ARTÍCULO 36.- Funcionamiento del Panel Técnico. El funcionamiento del
Panel Técnico se sujetará a lo siguiente:
a. Las partes deben cooperar con el
Panel Técnico y suministrarle oportunamente toda la información que les
solicite en relación con el contrato de concesión y con las
controversias que le sean sometidas. El Panel Técnico se encuentra
habilitado a convocar a las partes a audiencias y a disponer la
producción de la prueba pertinente, teniendo facultades para intentar
que las partes concilien sus respectivas pretensiones y pongan fin a la
controversia de común acuerdo.
b. El Panel Técnico, a solicitud de cualquiera de las partes, entenderá
en las discrepancias de carácter técnico, económico o patrimonial que
se produzcan entre ellas durante la ejecución o extinción del contrato
de concesión, debiendo expedirse dentro del plazo que se fije en los
Pliegos o en el contrato de concesión, que podrá ser ampliado en
función de las características de la controversia sometida a su
consideración.
c. El Panel Técnico se expedirá sobre las controversias que le sean
sometidas mediante recomendaciones. Las recomendaciones sólo serán
obligatorias para las partes en caso de que ninguna de ellas haya
planteado su disconformidad dentro del plazo de TREINTA (30) días desde
su notificación.
d. Si una de las partes manifestase su disconformidad con la
recomendación del Panel Técnico o si éste no se expidiese sobre la
controversia dentro del plazo que se prevea al efecto en los pliegos o
en el contrato de concesión, esa parte quedará habilitada para someter
la misma, dentro de los plazos previstos en los Pliegos o en el
contrato de concesión, sin perjuicio de los plazos de prescripción, (i)
al tribunal judicial competente, o (ii) en caso de haberse previsto
arbitraje, al tribunal arbitral a constituirse a tal efecto.
e. En caso que cualquiera de las partes no cumpla con una recomendación
del panel técnico que haya adquirido carácter definitivo, la otra parte
podrá solicitar al tribunal judicial o arbitral que le ordene a la
parte incumplidora que proceda al cumplimiento de dicha recomendación,
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y demás consecuencias
jurídicas que se encuentren previstas para el supuesto de
incumplimiento.
f. Cuando las partes hayan sometido una controversia al Panel Técnico y
éste no se hubiere pronunciado o no hubiere vencido el plazo para ello,
el concedente no podrá disponer la extinción del contrato de concesión
con fundamento en los hechos que dieron lugar a esa controversia.
Los Pliegos de la licitación regularán los aspectos no previstos en el
presente artículo.
ARTÍCULO 37.- Tribunal Arbitral. Los pliegos de la licitación podrán
establecer la conformación de un Tribunal Arbitral administrado por un
organismo con reconocida solvencia en la materia, ya sea de carácter
nacional o internacional o, en su defecto, la constitución de un
Tribunal Arbitral “ad hoc”.
Los pliegos determinarán el procedimiento y las reglas aplicables para
el funcionamiento del Tribunal Arbitral “ad hoc”.
ANEXO
III
REGIMEN DE INICIATIVA PRIVADA
ARTICULO 1°.- Ámbito de aplicación. El presente Régimen de Iniciativa
Privada será de aplicación a las diversas contrataciones enmarcadas en
los sistemas de contratación regidos por las Leyes Nros. 13.064,
17.520, 23.696 y 27.328 y sus respectivas.
Toda propuesta presentada por un particular cuyo objeto sea regulado
por la normativa enunciada en el párrafo precedente, queda sujeta a
éste Régimen.
ARTÍCULO 2°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de aplicación del
presente Régimen será el Ministerio de Economía o el que en el futuro
lo reemplace, el que dictará las normas complementarias y/o
aclaratorias que resulten necesarias para la aplicación del presente
Régimen.
ARTÍCULO 3°.- Presentación de las Iniciativas Privadas. Las Iniciativas
Privadas podrán presentarse:
a. Por convocatoria que realice la
autoridad competente en la materia, respecto de sectores o proyectos
considerados de interés público.
b. Sin convocatoria, en cuyo caso el promotor de la iniciativa deberá
manifestar y fundamentar las razones de interés público que justifican
la ejecución del proyecto.
Las Iniciativas Privadas serán presentadas ante el Ministro, Secretario
de la Presidencia de la Nación o autoridad superior del organismo
competente en razón de la materia, la que deberá proceder a su
registración en la Base de Iniciativas Privadas creada al efecto. La
Autoridad de Aplicación administrará la citada base, la que será de
acceso público y gratuito por medios digitales.
ARTÍCULO 4°.- Formulación del proyecto. La presentación de proyectos
deberá contener, como mínimo, los siguientes requisitos:
a. nombre, domicilio, teléfono y correo
electrónico si el promotor es una persona humana. Si se trata de una
persona jurídica, deberá acreditar su razón social, domicilio, teléfono
y correo electrónico, e individualizar a su representante legal,
indicando sus datos de contacto. En todos los casos, la dirección de
correo electrónico se tendrá por domicilio constituido y serán válidas
las notificaciones que allí se realicen;
b. antecedentes técnicos y patrimoniales del promotor de la iniciativa.
En su caso, indicar su participación en el desarrollo y/o ejecución de
proyectos de similar naturaleza;
c. descripción general del proyecto, de sus características, modalidad
de ejecución, ubicación geográfica y área de influencia, beneficios y
externalidades asociadas;
d. estimación de demanda y su tasa de crecimiento anual para un
escenario definido como base, un escenario optimista y un escenario
pesimista, junto a una descripción de la metodología y supuestos
utilizados;
e. análisis de los aspectos jurídicos relevantes considerando, entre
otros factores, sus características sectoriales, zona de implementación
y áreas de influencia;
f. descripción, según corresponda, de las obras previstas a realizar
y/o los servicios a ser prestados, con sus respectivas justificaciones
técnicas;
g. análisis de su prefactibilidad técnica, económica y financiera;
h. monto estimado de la inversión y costos de operación, identificando
los distintos rubros de inversiones y costos involucrados;
i. análisis de las condiciones económicas asociadas al contrato tales
como el nivel tarifario y el plazo de la concesión;
j. estructura de financiamiento y repago, incluyendo el análisis de la
posibilidad de ejecución del proyecto mediante financiamiento privado;
k. descripción de los factores de riesgo que a juicio del promotor
podrían afectar la normal tramitación de la Iniciativa Privada y/o su
futura licitación, así como también los factores de riesgo del proyecto;
l. análisis ambiental general orientado a la determinación de la
necesidad de realizar una evaluación de impacto ambiental;
m. garantía de presentación, la que podrá ser constituida mediante
póliza de seguro de caución aprobada por la Superintendencia de Seguros
de la Nación, fianza o carta de crédito bancaria, por un monto
equivalente al CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) de la inversión
estimada, a los fines de garantizar la presentación del promotor de la
iniciativa en el proceso licitatorio a convocarse. La garantía será
ejecutable en caso de no presentación de la oferta, sin necesidad de
requerimiento alguno. De presentarse oferta, la garantía será devuelta
inmediatamente tras su presentación.
El Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o autoridad
superior del organismo competente en razón de la materia podrá
dispensar el cumplimiento total o parcial del monto de la garantía
cuando el promotor acredite, fehacientemente, haber destinado un monto
equivalente al de la garantía exigida para la elaboración y
presentación de la Iniciativa Privada.
ARTÍCULO 5 °.- Etapa de Evaluación de la Iniciativa Privada. El
Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o autoridad
superior del organismo competente en razón de la materia podrá requerir
información o documentación adicional en cualquier instancia del
procedimiento que no suponga una desagregación a nivel de estudios de
factibilidad ni se corresponda con la formulación de un proyecto
definitivo.
En el plazo de SESENTA (60) días, prorrogable por otros SESENTA (60)
días si la complejidad del proyecto lo exigiese, elaborará un informe
circunstanciado no vinculante sobre el interés público y la
elegibilidad de la propuesta, el que contemplará su viabilidad técnica,
económica y financiera.
A los efectos de su elaboración, podrá solicitar la asistencia de las
jurisdicciones y/u organismos que considere necesarios.
ARTÍCULO 6°.- Declaración de interés público. Si el Ministro,
Secretario de la Presidencia de la Nación o autoridad superior del
organismo competente en razón de la materia considera que el proyecto
es susceptible de ser declarado de interés público, eleva el informe no
vinculante mencionado en el artículo 5° recomendando tal declaración al
PODER EJECUTIVO NACIONAL quien decidirá otorgarle tal calificación o no
dentro del plazo de NOVENTA (90) días, prorrogable por otros NOVENTA
(90) días si la complejidad del proyecto lo exigiese.
ARTÍCULO 7°.- Desestimación de las iniciativas. Las Iniciativas
Privadas presentadas por convocatoria podrán ser desestimadas previo a
la etapa de evaluación si no cumplieran con los requisitos mínimos
exigidos.
Las Iniciativas Privadas presentadas sin convocatoria podrán ser
desestimadas previo a la Etapa de Evaluación si el proyecto de manera
manifiesta carece de interés o no cumple con los requisitos mínimos
exigidos.
La desestimación será resuelta por el Ministro, Secretario de la
Presidencia de la Nación o autoridad superior del organismo competente
en razón de la materia y notificada al proponente.
El promotor de la iniciativa no tendrá derecho a percibir ningún tipo
de compensación por gastos, honorarios u otros conceptos, en caso de
desestimarse la Iniciativa Privada, cualquiera fuera la causa de la
desestimación.
ARTÍCULO 8°.- Cesión del Proyecto. El promotor de la Iniciativa Privada
podrá, siempre que la iniciativa hubiera sido declarada de interés
público, en cualquier momento previo al llamado a licitación, ceder los
derechos y obligaciones emanados de la Iniciativa Privada, a cualquier
persona humana o jurídica, nacional o extranjera, que no esté impedida
de contratar con el Estado Nacional y acreditare, como mínimo,
similares requisitos a los del promotor de la Iniciativa Privada a
tenor de lo previsto en el artículo 4°.
La cesión deberá ser integral y producirá efectos jurídicos sólo cuando
el Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o autoridad
superior del Organismo competente en razón de la materia la apruebe,
debiéndose anotar en la Base de Iniciativas Privadas.
ARTÍCULO 9°.- Llamado a Licitación. Dentro del plazo de SESENTA (60)
días de efectuada la declaración de interés público de la Iniciativa
Privada, el Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o
autoridad superior del organismo competente en razón de la materia
deberá convocar a licitación pública.
Las especificaciones particulares y técnicas del llamado a licitación
se corresponderán con los criterios técnicos, económicos, financieros y
jurídicos de la iniciativa declarada de interés público.
ARTÍCULO 10.- Procedimiento de selección. El procedimiento de
licitación pública se regirá por las disposiciones de las Leyes Nros.
13.064, 17.520, 23.696 y 27.328 y sus modificatorias, reglamentarias y
complementarias, según corresponda.
ARTÍCULO 11.- Oferta del promotor. El promotor de la Iniciativa Privada
podrá integrar sólo UN (1) consorcio postulante. Este requisito deberá
especificarse en los pliegos de la licitación y su incumplimiento será
causal de la inadmisibilidad de las ofertas presentadas por todos
consorcios integrados por el promotor.
ARTÍCULO 12.- Ofertas equivalentes. Cuando las ofertas presentadas
fueran de conveniencia equivalente, será preferida la del promotor de
la Iniciativa Privada.
Se entenderá que existe equivalencia de ofertas cuando la diferencia
entre la oferta del promotor de la Iniciativa Privada y la mejor oferta
según el orden de prelación establecido por la Comisión Evaluadora no
supere el DIEZ POR CIENTO (10%).
La oferta del promotor de la Iniciativa privada no podrá contemplar un
monto de inversión que supere en más de un VEINTE POR CIENTO (20%) el
que hubiera estimado al momento de presentar la Iniciativa, actualizado
por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción, bajo pena de
perder los derechos conferidos como promotor de la misma.
ARTÍCULO 13.- Mejora de ofertas. Si la diferencia entre la oferta mejor
calificada y la del promotor de la Iniciativa Privada fuese de entre un
DIEZ POR CIENTO (10%) y un QUINCE POR CIENTO (15%), ambos oferentes
serán invitados a mejorar sus ofertas, en forma simultánea y en sobre
cerrado, no siendo de aplicación en este extremo la fórmula de
equivalencia de ofertas del artículo 12 de este Régimen.
ARTÍCULO 14.- Honorarios del Promotor de la Iniciativa Privada. En el
supuesto de que el promotor de la Iniciativa Privada declarada de
interés público no resultare adjudicatario, tendrá derecho a percibir,
de quien resultare adjudicatario, en concepto de honorarios y gastos
reembolsables, un UNO POR CIENTO (1%) del monto de la oferta
adjudicada. Excepcionalmente, la autoridad licitante, previo al llamado
a licitación pública, podrá incrementarlo hasta un máximo del TRES POR
CIENTO (3%) del monto de la oferta adjudicada, en función de las
características del proyecto y de los trabajos llevados a cabo por el
promotor.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL en ningún caso estará obligado a reembolsar
honorarios o gastos de ninguna especie al promotor de la Iniciativa
Privada por su calidad de tal. Sin perjuicio de ello, para el caso que
la iniciativa sea declarada de interés público, pero no se efectuara el
llamado a licitación en un plazo de hasta DOCE (12) meses, deberá
reembolsarle al iniciador el UNO POR CIENTO (1%) del monto presentado
como gastos de capital.
ARTÍCULO 15.- Derechos del Promotor de la Iniciativa Privada por la
autoría del proyecto. Los derechos del promotor de la Iniciativa
Privada por la autoría del proyecto tendrán una vigencia de DOS (2)
años, computados a partir de su presentación, aún en el caso de no ser
declarada de interés público.
Si fuese declarada de interés público y luego el procedimiento de
selección fuese declarado desierto, fracasado por no presentarse
ofertas admisibles o convenientes, o el llamado fuera dejado sin
efecto, cualquiera fuera la causa, el promotor de la Iniciativa Privada
conservará los derechos previstos en el presente régimen por el plazo
máximo de DOS (2) años a partir del primer llamado, siempre que el
nuevo llamado se realice utilizando los mismos estudios y el mismo
proyecto.
